"El
Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente
de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres
Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos
ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos
Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República….
Art. 100 Constitucional
Este
lunes 26 de noviembre de 2012 las comisión es unidas de Justicia y de Estudios
Legislativos del Senado de la República, dieron por terminado el proceso de
presentación de proyectos para la elección del nuevo integrante del Consejo de
la judicatura Federal (CJF).
Durante tres sesiones
recibieron a aspirantes para sustituir a Jorge Moreno Collado en el CJF
quien concluye sus funciones el día 30 de noviembre de 2012. Moreno Collado es
uno de los dos Consejeros nombrados por el Senado (el otro es don César
Jáuregui Robles), fue nombrado hace cinco años -un 20 de noviembre- con el
aval de 73 votos de un total de total de 92 senadores presentes; sustituyó en
el cargo a Miguel A. Quiroz Pérez, quien entonces era asesor del
presidente del Senado Enrique Jackson Ramírez. Quiroz Pérez fue nombrado en
sustitución del de don Enrique Sánchez Bringas (1945-2001, difunto
tempranamente, quien fuera elegido por el Senado –junto con Manuel Barquín
Álvarez- en julio de 1999.
En ese sentido
se ha ventilado en voz baja que el bueno podría ser el ex senador y hoy magistrado Carlos
Chaurand Arzate, pero hoy las cosas podían haber cambiado y llegar a ese
cargo una persona afín al PRD.
Hay enormes posibilidades, me dicen.
Hay que subrayar
que el hecho de que las personas tengan alguna militancia no tiene nada que ver
con su función, una vez en el cargo deben actuar imparcialmente; el artículo
100 de la constitución precisa en el párrafo sexto “Los Consejeros no
representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con
independencia e imparcialidad….”
Que dicho sea de
paso ha sido el caso de Moreno Collado y César Jáuregui Robles.
¿Quién
será el Consejero, o Consejera?
Mmm.
El espacio –esta
vez- podría ser para una persona propuesta del PRD, debido a que se
habría dado una negociación política entre las distintas bancadas una vez que
se nombraron –casi por unanimidad-, a don Gelasio Pérez Dayán y Alfredo
Gutiérrez Ortiz-Mena para Ministros de la SCJN.
Y debemos decir
que en la lista de los 35 aspirantes hay dos con posibilidades a saber: i)
la Dra. Leticia Bonifaz Alonzo, Consejera Jurídica y de Servicios Legales
del gobierno de la Ciudad de México, quien es muy cercana a Marcelo Ebrard; ha
trabajado con él desde que éste era legislador independiente, y ii) la otra
personas es el Magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá presidente
del TSJDF en el periodo de 200 a 2003, tiempo que AMLO fue jefe de gobierno.
Pero no se
descarta que pudiera entrar la Magistrada Graciela Buchanan Ortega Graciela,
quien es la presidenta del TSJ del Estado de Nuevo León, y hasta en un descuido
se podría colar alguien como Elías Huerta Psihas, Presidente de la
Asociación de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas AC.
Las
comparecencias pasaron de noche, casi no se dieron a conocer, aunque el canal
del Congreso las trasmitió.
Fueron tres
comparecencias, debido a la lista enorme se aspirantes:
¿Cómo fueron las
comparecencias?
· El miércoles 21 de noviembre
Comparecieron
ante las comisiones 11 de los 35 aspirantes: Israel Alvarado Martínez, Rubén
Enrique Becerra Rojasvértiz, Carlos Armando Biebrich Torres, Jorge Humberto
Benítez Pimienta, Leticia Bonifaz Alfonzo, Graciela Buchanan Ortega, Marino
Castillo Vallejo, Carlos Chaurand Arzate, Gustavo de Silva Gutiérrez y
Guillermo Domínguez Belloc.
Durante 25
minutos, los aspirantes expusieron sus propuestas e iniciativas para mejorar y
modernizar el Poder Judicial.
Los candidatos
fueron cuestionados por los senadores de todas las bancadas sobre temas
relacionados con el papel que juega el CJF en la elaboración de políticas
públicas judiciales, facultades de vigilancia, protección de jueces y
magistrados, la modernización administrativa de ese órgano, facultades para
investigar y sancionar a servidores públicos, entre otros.
Asimismo, los
exponentes plantearon transformar a ese organismo en un “facilitador del
diálogo” entre los jueces del país, “oxigenar” al Poder Judicial, hacerlo
confiable y transparente, combatir el “exceso de burocracia” en su interior y
abatir el rezago que registra en materia de equidad de género.
Algunos
reconocieron que es necesario incrementar los controles y supervisión sobre los
juzgadores para garantizar que cumplan con su responsabilidad, alejados de la
corrupción.
La magistrada
Graciela Buchanan Ortega, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo
León, urgió a que el Poder Judicial avance en la implantación del nuevo
sistema de justicia penal acusatorio, que incluye la puesta en marcha de los
juicios orales en todo el País. Lamentó que mientras los gobiernos
estatales han avanzado en el tema, existen jueces que ni siquiera conocen el
sistema.
"El reto
mayor que tiene el Poder Judicial Federal, porque tiene un término, es el
acoger el sistema acusatorio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Poder Judicial?
Que tome la batuta. No es posible que los estados lo estén implementando y el
Poder Judicial no.
"Nos ha
tocado ver que los jueces de distrito no conocen el sistema, no tiene la
capacitación y siguen en un sistema inquisitorio", criticó (Nota de
Claudia Guerrero, 22 de noviembre en Reforma).
Buchanan planteó
fijar un plazo para que el Poder Judicial avance en materia de capacitación,
infraestructura, defensoría de oficio y justicia alternativa. "Si yo me
viera favorecida, el primer paso que tendría que hacer es cambiar la estructura
de la mentalidad de los jueces para que entren al sistema acusatorio, a la
modernidad y a la capacitación en materia de derechos humanos", ofreció,
en respuesta al senador Raúl Gracia, del PAN.
En su turno, Carlos
Chaurand Arzate, ex senador del PRI, advirtió que ser juez hoy no es tarea
fácil, como consecuencia del "fantasma" de la corrupción, que ronda
en el Poder Judicial, sobre todo ante el número creciente de expedientes
relacionados con la delincuencia organizada. "Todos sabemos que son
intereses económicos poderosísimos y que este fantasma habrá que desterrarlo a
través de acciones concretas de la transparencia de los recursos que se
entreguen al Poder Judicial y de la transparencia de las resoluciones de este
Poder", expresó. (Reforma).
Consideró que se
requiere un mayor esfuerzo de capacitación para preparar mejor a los jueces y a
los secretarios de acuerdo en el nuevo sistema penal que sustituirá al
inquisitorio. "Tenemos la necesidad de jueces para la ejecución de juicios
orales a fin de que den un mejor resultado".
Por su parte Leticia
Bonifaz, propuso que el Poder Judicial se anticipe en materia de
capacitación, pues debe haber un cambio de mentalidad en los jueces. Reconoció
que los abogados se encuentran en el campo con realidades diferentes para las
que fueron formados. "Los magistrados y jueces son los que más se resisten
al cambio", indicó luego de pronunciarse por mejorar la difusión del
trabajo del Poder Judicial y sus integrantes para hacerlo más cercano a la
ciudadanía.
Carlos Armando
Biebrich,ex Gobernador de
Sonora, aseguró que de conseguir el cargo en el Consejo, su prioridad sería
diseñar estrategias para combatir la corrupción. "Me concentraría en
vigilar la conducta de jueces y magistrados de circuito, porque en sus manos
está la libertad y patrimonio de los ciudadanos. El tráfico de influencias es
algo grave y sistemático en el Poder Judicial. "Lo estamos viendo, hay
delincuentes que entran y salen absueltos o no sabemos en qué termina un
juicio. Básicamente me comprometo a combatir la corrupción que es tan grave que
afecta tanto a los bienes, como a la integridad y la libertad de las
personas", dijo ante senadores.
Viernes 23 de noviembre
La segunda parte
de los aspirantes expusieron los motivos sobre la idoneidad de su candidatura
el viernes 23 de noviembre.
A preguntas de
los senadores Arely Gómez, Graciela Ortiz González y Arturo Zamora Jiménez, del
PRI; Roberto Gil Zuarth, del PAN; Manuel Camacho Solís, Dolores Padierna Luna y
Benjamín Robles Montoya, del PRD, y Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, los
aspirantes abordaron temas como el caso Paulette y la implementación de la
reforma en materia de derechos humanos y del nuevo sistema penal acusatorio.
En su
exposición, el Magistrado de Circuito por Michoacán, Gildardo Galinzoga
Esparza aseguró que a un año y medio de la reforma constitucional en
materia de derechos humanos, aún hay tribunales colegiados y jueces federales
que “no la han aplicado una sola vez” y en nada beneficia “el desgaste de
recursos económicos “si ésta no se aterriza en sentencias judiciales.
Para el
Magistrado del TSJDF Juan Luis González Alcántara –uno de los favoritos-, en
este momento en México no estamos en condiciones para implementar el sistema
penal acusatorio, pues se carece de la legislación secundaria y los estados en los que se ha
puesto en marcha lo han hecho de manera improvisada porque no existe
capacitación de abogados ni del personal judicial.
Por su parte, Salvador
González Baltierra –Magistrado de Circuito-, resaltó que para impartir
justicia de forma objetiva, imparcial e independiente no sólo basta con una
capacitación sobre las reformas constitucionales en derechos humanos o los
tratados internacionales sino también contar con ética. Asesor del Instituto
de Investigaciones Jurisprudenciales del PJF- urge “una visión compartida” sobre
los fines que se persiguen en la administración de la justicia federal, a fin
de asegurar que sus decisiones “tengan rumbo” y no sean condicionadas sólo por
la coyuntura y “los intereses circunstanciales”.
En su turno,
el Magistrado José Patricio González Loyola manifestó que “nos hemos
ocupado más de aspectos formales y necesitamos un cambio en la educación de los
juzgadores, así como en la operación del derecho”.
Martha María del
Carmen Hernández Álvarez-hoy visitadora del TEPJF-, aclaró que como
subprocuradora del estado de México -cuando ocurrió el caso Paulette- no llevó
a cabo “ni una sola actuación de ese expediente”, pues lo que tenía bajo su
responsabilidad en la procuraduría era solamente el desempeño jurídico y la
implementación de juicios orales. Aseguró que su papel se limitó al área
jurídica y “soy absolutamente responsable de todos los actos, respondo por
todos ellos en todos los ámbitos y me pongo a consideración de ustedes”, porque
“cómo podría integrar yo un órgano que es auxiliar de la comisión de
administración de justicia del Consejo de la Judicatura Federal si no tuviera
calidad moral para hacerlo”.
A su vez, Elías
Huerta Psihas- dirigente de Asociación de Doctores en Derecho, Colegio de
Profesionistas AC.-, , dijo que de llegar a ser elegido como consejero
impulsaría un sistema de prevención y protección para jueces y magistrados en
materia penal, así como ampliar los controles de confianza para evitar que se
infiltre el crimen organizado en el Poder Judicial.
El ex procurador
general de justicia del estado de Morelos, y hoy Magistrado de la sala regional
del TFJFA, David José del Carmen Jiménez González, aseguró que es el
“momento oportuno” para fortalecer el área jurisdiccional de ese órgano, que
permita sancionar las conductas de jueces y magistrados que violen el marco
legal.
Respecto al tema
de rendición de cuentas, Héctor Rodolfo Lara Ponte – quien ya fue
Consejero de la Judicatura Federal en el periodo 1996-1997- planteó una serie
de acciones para implementar mecanismos de supervisión e incidir en el acceso a
la información. Además, sugirió fortalecer la autonomía de los impartidores de
justicia, a fin de incrementar los niveles de confianza.
En tanto, Carlos
Fernando Matute González -cercano a Sergio Valls Hernández, y quien ya
compitió por el cargo hace cinco años-, consideró que el Senado puede
contribuir institucionalmente en el rumbo de la justicia en el país, pues el
consejero que designará será la expresión de la visión que ese órgano
legislativo tiene respecto a la política judicial, además se fortalecería al
Consejo “en una etapa crítica en la consolidación de las reformas
constitucionales en materia de juicio de amparo y de derechos humanos”.
Por último, Jorge
Mier y de la Barrera – Ex Oficial Mayor de la secretaria del Trabajo en 2009,
antes trabajo en el CJF-, afirmó que de ser elegido llevaría a cabo una estrategia
que permita transitar a un Consejo más eficiente, transparente, que ejerza
correctamente sus recursos y estructuras, a efecto de que los impartidores de
justicia puedan desarrollar de manera adecuada una carrera judicial
·
Lunes
26 de noviembre
Con la
comparecencia de los últimos 12 aspirantes, las comisiones de Justicia y de
Estudios Legislativos dieron por terminado el proceso de presentación de
proyectos para la elección del nuevo integrante de ese órgano.
Los candidatos
hicieron notar las deficiencias y retos que enfrenta esa institución del Poder
Judicial y propusieron consolidar su independencia, abatir su “pasmosa
inactividad” y llevar a cabo su modernización.
Asimismo,
recomendaron acercar la justica a la ciudadanía, eliminar el exceso de trabajo
en los tribunales, implementar las reformas en materia de derechos humanos, ley
de amparo, juicios orales y fortalecer la defensoría pública.
En su
exposición, el Magistrado Edgar Humberto Muñoz González propuso un plan
que busca consolidar la independencia judicial, implementar las recientes
reformas de derechos humanos y amparo, así como aplicar una racionalidad
económica en el organismo.
A su vez, Pedro
Nava Malagón –abogado postulante-, aseguró que se ha descuidado la
independencia y parcialidad de jueces y magistrados, además de que existe una
“pasmosa inactividad” en el Consejo que deja a su suerte a los impartidores de
justicia frente a un “ataque institucional” al que han sido sometidos, por lo
que es indispensable garantizar su función jurisdiccional.
Para Ramón
Ojeda Mestre –ambientalista, en estos momentos en los que el país enfrenta
a una delincuencia creciente, al Senado le toca la “delicadísima” función de
elegir al nuevo consejero de la Judicatura, y por lo tanto deberá designar a
uno que ayude a modernizarlo, acercar la justicia a los ciudadanos, recuperar
la confianza y evitar la tensión entre sociedad e instituciones.
En opinión de Alfonso
Pérez Daza –quien es cercano a la Procuradora Marisela Morales, actualmente
agregado de la PGR en Viena, ex funcionario de FEPADE- la justicia en
México no cumple con los requisitos mínimos de eficacia, ya que hay un exceso
de trabajo en los tribunales y personal insuficiente, que hacen lentos o
complicados los trámites jurídicos y por ello se necesita impulsar un plan que
agilice los procesos judiciales.
En tanto, el Dr.
Carlos Quintana Roldán –quien fuera el Primer director de Asuntos
religiosos de Segob y actual representante del gobierno federal en la sexta sala del
TFCA-, se pronunció
por enviar “un claro mensaje público” de que no habrá tolerancia, benevolencia
o complacencia con los miembros del Poder Judicial que transgredan los marcos
normativos éticos y legales.
Por su parte, Hugo
Ricardo Ramos Carreón –Magistrado de Circuito-, sugirió televisar y hacer
públicas las sesiones del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de dar
mayor transparencia a su actuar, de tal manera, que “el público en general
conozca la forma en cómo estamos administrando justicia”.
Respecto a los
retos que el Consejo enfrenta, Juan Antonio Salinas Castaño – en su
currículo dice ser secretario Técnico de la Subordinación jurídica de “una
fracción parlamentaria “de la Cámara de Diputados- dijo que no obstante el
éxito que ha logrado ese órgano se requiere de un Poder Judicial sólido y
confiable pero ante todo cercano al ciudadano, por lo que se debe terminar con
la idea del juzgador distante e inalcanzable.
En su turno,
el Dr.- Fernando Serrano Migallón –actual Secretario General de la Cámara
de Diputados, ex director de la facultad de la UNAM de 2000 a 2008.- planteó
fortalecer y dar mayor importancia al Instituto Federal de Defensoría Pública,
pues su actividad es de tal relevancia “que puede ayudar a que la imagen del
Poder Judicial satisfaga a quienes tienen menos recursos y necesiten del apoyo
de alguien que los acompañe en sus demandas jurisdiccionales”.
De igual forma,
la Magistrada Gloria Tello Cuevas– aspiro al cargo de Ministra de la SCJN en
2004, sin éxito.-, manifestó que existe un cambio radical en el sistema judicial del país, que
hace necesario impulsar la modernización y restructuración del Consejo de la
Judicatura, a fin acercarlo más a los ciudadanos.
Por su parte el
Magistrado Fernando Tovar y de Teresa expuso que se requiere una planeación
estratégica con “visión global”, que sea de mediano y largo plazos porque ese
organismo tiene el desafío “enorme” de implementar reformas constitucionales y
juicios orales, así como dotar de nuevas tecnologías a los impartidores de
justicia y al personal administrativo.
Para el
Magistrado pro Yucatán Jorge Enrique Edén Wynter García –cercano al
Senador Emilio Gamboa-, el Consejo debe diseñar un nuevo sistema de elección de
juzgadores, que sean de formación humanista y “que dejen ser esclavos de la ley
pero sin dejar de observarla para erigirse en agentes activos de la
transformación política y social del país”, con la finalidad de dar sentido a
las reformas constitucionales antes mencionadas.
Por último, para
el ex embajador del reino de España Jorge Zermeño Infante -consideró que
ante la percepción social de que la justicia es para aquellos que tienen más
recursos, se debe dar mayor atención a la defensoría pública y dotarla con
mejores defensores de oficio porque es una obligación del Estado brindar este
apoyo a las personas que lo necesitan.
Antecedentes del
CJF
Tiene su origen
en la iniciativa de reformas a la Constitución que el Ejecutivo Federal
–EZPL-,presentó al Congreso de la Unión, el 5 de diciembre de 1994.
La reforma tuvo
el propósito de avanzar en la consolidación del Poder Judicial de la federación
(PJF), mediante el fortalecimiento de sus atribuciones constitucionales, así
como de la autonomía de sus órganos e independencia de sus jueces y
magistrados, a efecto de incrementar la eficacia de sus funciones.
La iniciativa
presidencial culminó con su publicación en el Diario Oficial de la Federación,
el 31 de diciembre de 1994. El CJF, en los términos dispuestos por la
modificación constitucional, fue instalado el 2 de febrero de 1995.
A partir de
estas modificaciones a la constitución, el CJF tiene a su cargo la
administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de
la Federación, con excepción de la SCJN y del TEPJF,
También
determina la división y competencia territorial y, en su caso, la
especialización por materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de
Circuito y los juzgados de Distrito.
En de junio de
1999 se reformaron diversos artículos de la Constitución, entre ellos el
número 100, que determina la naturaleza jurídica del Consejo como el órgano
del PJF, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
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