La Silla Rota..., 28 de agosto de 2013
Frontera de Mexicali, Baja California, 4 de abril de 1955. La policía federal mexicana detiene un vehículo que venía de Culiacán, en el interior viajaban tres hombres, dos de ellos muy jóvenes. Se trataba de Fidel Carrillo Elenes, un agricultor de la sierra sinaloense quien venía acompañado de su hijo Fidel Carrillo Caro y su sobrino Ernesto Fonseca Carrillo. Cuando los agentes revisaron el vehículo, encontraron en la cajuela unos paquetes de mariguana y de heroína. Era un cargamento que buscaban pasar a Caléxico, señalaron, para después trasladarlo a Los Ángeles, California.
Los tres tripulantes del auto observaban el movimiento a detalle de los agentes cuando inspeccionaron alfombra, llantas y motor, de pronto hubo un descuido de los uniformados y aprovecharon para huir del lugar. Comenzó una persecución a la que le seguiría un intercambio de disparos. La prensa de la época recogió que la captura de Fidel y su hijo fue relativamente fácil, pero la del sobrino tardó un poco más pues se les complicó. Aquel muchacho, de estatura media y porte enjuto, se parapetó en “un andamio, disparaba su arma sin lograr hacer blanco y para concretar su captura fue necesario utilizar gases lacrimógenos”. Fue la primera detención de la que existe registro de Ernesto Fonseca Carillo.
Su padre se llamaba Rafael Fonseca, era un agricultor de maíz y amapola nacido en Santiago de los Caballeros, comunidad serrana que pertenece al municipio de Badiraguato. Don Rafael tuvo un negocio de transporte público que inició en 1956 cuando se asoció con Eduardo Fernández, el legendario “don Lalo”, personaje clave para entender la evolución del tráfico de drogas en Culiacán, y Eliodoro Cázarez, padre de un pistolero que se haría célebre en los años 70 con el mote de “el Cochi”. Aquella primera ruta de tranvías, que eran camionetas chasis adaptadas para el transporte de mercancías y personas, iba de los Naranjos, en la sierra a Culiacán, llegaban por el rumbo del café Cosmos, hoy día desaparecido.
Ernesto nació también en Santiago de los Caballeros, distante a seis horas de la cabecera municipal de Badiraguato, la comunidad sinaloense de referencia cuando se trata de hablar del cultivo de drogas en México desde la década de los cuarenta. Una versión documentada por especialistas data su año de nacimiento en 1931, otra que se difunde en breves perfiles periodísticos que no citan fuente, sugieren el año de 1942. Su trayectoria dentro del mundo del narcotráfico no se explica sin el papel que tuvo en la organización de Pedro Avilés Pérez, conocido como “el León de la Sierra”, considerado uno de los primeros grandes capos que aglutinó a sembradores de amapola y mariguana para comercializar sus cosechas en Estados Unidos. Hasta 1978, año en que cayó abatido a tiros Avilés Pérez a las afueras de Culiacán, Fonseca se desempeñó como tesorero de su organización.
Su figura era considerada de respeto entre los primeros jefes de los clanes de traficantes, al amparo de “don Pedro” y con un profundo respeto por la labor de mediador y consejero que tuvo “don Lalo”, Ernesto caracterizó los primeros arrebatos de los mandos que a finales de los años sesenta acrecentaban su poder. En su vida tuvo especial significado el año de 1967, cuando conoció a una joven que llegó de Los Mochis a estudiar a Culiacán. Se llamaba Ana Victoria Santanares, quien en aquel año había sido electa como señorita Sinaloa, se hicieron novios y se casaron tiempo después. El matrimonio duró cuatro años y procrearon una hija. Ernesto se volvería a casar tiempo después, y su primera esposa pasaría a un discreto segundo plano.
En 1979, Fonseca se convertiría en uno de los líderes del narcotráfico que tuvo que mudar su lugar de residencia de Culiacán, Sinaloa, a Guadalajara, Jalisco. A principios de los años 80, junto a Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, su organización fue “bautizada” por la DEA como cártel de Guadalajara. Desde entonces comenzó a ser conocido como “don Neto”, cuando esta palabra reunía connotaciones de jerarquía, antigüedad y respeto dentro de las organizaciones del narcotráfico.
“Don Neto” fue de los capos del narcotráfico que siguió las enseñanzas de Avilés Pérez y don Lalo para tender puentes con políticos mexicanos. En Sinaloa existen registros periodísticos, que citan como fuente expedientes judiciales, sobre su cercanía con ex gobernadores del PRI como Leopoldo Sánchez Colín (Sic, es Celis) y Antonio Toledo Corro. En 1977 cuando el gobierno federal lanzó la primera operación militar antidrogas conocida como “Operación Cóndor”, que se desarrolló en la confluencia montañosa que une a los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua en el llamado “Triángulo Dorado”, Guadalajara se convirtió no solo en su nuevo lugar de residencia sino en la base de operaciones desde donde conectaban con sus socios colombianos en Medellín así como sus clientes en Los Ángeles, Tucson y Nueva York.
En 1982, la DEA anunció una de las primeras acciones en su contra cuando “descubrió” una serie de operaciones de lavado de dinero de sus empresas establecidas en San Diego, California. No fue sino hasta abril de 1985, meses después del secuestro y muerte del agente estadounidense antinarcóticos Enrique Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Zavala, que fue detenido en una de sus residencias en Puerto Vallarta, en la costa de Jalisco. Desde entonces se encuentra encarcelado en el penal de máxima seguridad de Almoloya, Estado de México, conocido hoy como La Palma.
Fosa Común
La PGR realizó un control de daños tras la liberación de Rafael Caro Quintero y vislumbró que el camino que emplearon los abogados del viejo capo, era muy similar al que desde hace varios años han elaborado los litigantes que defienden en tribunales a “don Neto” Fonseca Carrillo. Hace unos días se informó que un tribunal unitario de circuito le negó la libertad para que continuara el juicio que tiene pendiente en su contra desde su domicilio. El abogado José Luis Guizar, declaró a los medios que la negativa a conceder la prisión domiciliaria a su cliente, quien tiene más de 70 años de edad, viola sus garantías constitucionales y los derechos que tiene cualquier reo que rebase esa edad. El argumento se basó en el delicado estado de salud que padece desde hace varios años, y en la necesidad de recibir tratamiento especial ante lo avanzado de su edad.
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