27 de agosto de 2013;
Consejo Nacional de Seguridad
Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.
Saludo, también, a los invitados permanentes de la sociedad civil que se integran formalmente a este Consejo, a partir de hoy.
Señoras y señores:
Tal y como instruyó al inicio de su Gobierno, señor Presidente, para devolver la seguridad de los mexicanos no hay tiempo que perder.
Hay acciones conjuntas, estrategias claras y definidas que parten de una efectiva coordinación. Pero, sobre todo, parten de la confianza, misma que se logra a partir de la disposición, el compromiso y la transparencia en el actuar.
Hoy podemos afirmar que existe trabajo conjunto de parte de los Gobernadores y autoridades Federales. Que mantenemos una coordinación permanente, porque nada está por encima de la tranquilidad y de la seguridad de las familias.
Hemos honrado la palabra de no mezclar el tema de la seguridad con la política. Tenemos claro que la aplicación de la ley es una obligación de la autoridad, nunca una opción del gobernante.
Todos hemos entendido el objetivo de la nueva política de seguridad y nos apegamos a ella para funcionar mejor.
No es unilateral. Es incluyente. Parte de lo local a lo nacional. Incorpora todas las aportaciones y planteamientos que la hacen ya la guía del trabajo del Estado mexicano.
Me permito enumerar las estrategias fundamentales de la nueva política de seguridad y procuración de justicia, que parte de los propósitos fundamentales de reducir la violencia, el combate eficaz de los delitos y el restablecimiento de la paz en nuestro país.
Partimos de un programa nacional sin precedentes en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, que genere condiciones de bienestar social e inhiba los múltiples factores sociales que generan la delincuencia.
Contempla acciones de alcance nacional, en el entorno escolar, de las adicciones y de violencia familiar, de género y en el noviazgo; así como la detección y atención temprana de problemas de aprendizaje y conductuales; tareas de recuperación de espacios públicos, proyectos productivos; ampliación de horarios en escuelas y la promoción del deporte y la cultura.
Con la participación de nueve Secretarías y un presupuesto en conjunto de 118 mil millones de pesos, estamos atendiendo 57 demarcaciones del país que requerían mayor apoyo en el corto plazo.
Para una justicia penal eficaz implementamos, por mandato constitucional, un nuevo sistema de justicia que abata la impunidad y garantice que la administración de justicia sea pronta y expedita; así como una nueva política de procuración de justicia que permita incrementar las capacidades de investigación y recuperar la confianza de la sociedad, a partir de una transformación de la Procuraduría General de la República, sobre cuyos avances más adelante el Procurador comentará.
En materia de profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos policiacos, partimos de la formación, capacitación y entrenamiento de las policías del país, así como del impulso hacia el Mando Único estatal y la creación de la Gendarmería Nacional y un esquema de condiciones mínimas de trabajo y seguridad social para policías que les provea de elementos necesarios para desarrollar su trabajo con eficacia y dignidad.
Iniciamos la transformación del sistema penitenciario con una nueva política para prevenir y atender fenómenos de sobrepoblación, delincuencia y autogobierno en los centros penitenciarios Federales y estatales, así como acciones para lograr una auténtica readaptación social de los internos, tales como la implementación de políticas de respeto a sus derechos humanos, mejora de instalaciones, disciplina, capacitación de personal y empleo penitenciario.
Promovemos y articulamos la participación ciudadana, vinculando a la sociedad a las tareas de reconstrucción del tejido social, la denuncia anónima y la aportación de información para la captura de criminales.
Trabajamos de la mano de las organizaciones de la sociedad civil en la revisión de las políticas concretas de esta estrategia. Alentamos la organización en comités vecinales, para coadyuvar en el diagnóstico de las necesidades de sus barrios, colonias y comunidades, así como el fenómeno de proyectos de servicio social y la convivencia entre vecinos.
Mediante la cooperación internacional, el Gobierno de la República intensifica la cooperación con otros países, particularmente con los de nuestra región, con quienes establecimos estrategias compartidas y acordadas para atender fenómenos como el tráfico de armas, drogas y personas, así como las redes criminales internacionales que operan en México.
La nueva política de comunicación brinda información que sirva al ciudadano. Hacemos énfasis en informar puntualmente sobre índices delictivos y las cifras que permitan a la sociedad conocer los resultados más importantes de la estrategia a nivel nacional y local.
Con transparencia y oportunidad, damos a conocer los datos del comportamiento de los principales delitos. Trabajamos estrechamente en coordinación con los gobiernos estatales, las organizaciones de la sociedad civil y con expertos en la materia en la elaboración y perfeccionamiento de protocolos de comunicación que garanticen los objetivos de informar sin hacer apología de la violencia y el crimen, con una estricta observancia de los derechos humanos.
Avanzamos en la coordinación entre autoridades. Se estableció un sistema de cooperación entre las instituciones del Gobierno de la República, así como con las autoridades de los estados, del Distrito Federal y los municipios, para tener orden, confianza, responsabilidades y competencias claras.
Atendiendo su instrucción, señor Presidente, el Gabinete de Seguridad ha realizado 26 reuniones: 21 regionales y cinco especiales; y semanalmente, todos los gobernadores y el Jefe de Gobierno, realizan reuniones en sus entidades con los delegados federales.
A partir de la regionalización, coordinamos operativos, estrategias y acciones en consenso con las entidades federativas. Para ello, dividimos el territorio nacional en cinco regiones, atendiendo los aspectos locales con políticas focalizadas.
Finalmente, a través del fortalecimiento de la inteligencia, privilegiamos la información por encima de la fuerza, como elemento fundamental para reducir la violencia y la impunidad.
Trabajamos en el incremento sustancial de la capacidad de procesar datos para la toma de decisiones y la mejora constante de las plataformas tecnológicas que permitan el intercambio de información entre instituciones federales y entre los gobiernos locales.
Ya se han integrado los centros de inteligencia en las regiones Centro y Sureste para coordinar estas tareas, con el propósito de optimizar todos los recursos financieros, humanos y materiales, así como optimizar y potencializar las capacidades.
La nueva estrategia de seguridad y procuración de justicia hace énfasis en el respeto a los Derechos Humanos.
La nueva estrategia mantendrá una evaluación permanente, que permita hacer ajustes oportunos; así como mecanismos de retroalimentación con la sociedad civil y con los gobiernos estatales y municipales.
Por ello, hoy les informo de los avances de los acuerdos convenidos en la Segunda Sesión Extraordinaria de este Consejo Nacional, celebrada el 17 de diciembre pasado.
Cumplimos con siete: cinco de ellos que tenían plazo específico y avanzamos en dos más.
El primero. La inclusión de la sociedad civil en este Consejo.
Segundo. Contamos ya con un Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el que nos comprometimos, el cual comenzó su aplicación en el nivel más importante: el municipal.
Mediante la celebración regular de reuniones mensuales en las cinco regiones del país, se cumple con el compromiso de establecer un sistema de coordinación y cooperación.
Ya se completó la acreditación de todos los Centros de Evaluación y Control de Confianza en los estados. Todas las entidades cuentan ya con Unidades Antisecuestro, las cuales debemos ahora fortalecer con infraestructura, recursos humanos, soporte y equipamiento.
Se actualiza y sistematiza la consulta de la base de datos de Plataforma México, y se avanzó en la elaboración de los protocolos de actualización policial, de investigación, prevención y reacción.
Seguiremos trabajando. Estamos comprometidos con cumplir con el establecimiento de un modelo nacional de capacitación con calidad de los instructores, pertinencia de los contenidos y desarrollo de habilidades de investigación y operación para el trabajo policial.
Ya contamos con la propuesta de una academia de mandos, que será sometida a la consideración de este Consejo.
Señor Presidente:
En seguridad y procuración de justicia, así lo hemos convenido, no hay disputas, no hay protagonismos, ni se compite entre instituciones. Lo que sí hay es un objetivo que compartimos de disminuir la violencia y devolverle la paz a la sociedad, a las familias; dar seguridad a su patrimonio y a sus hijos, porque la seguridad es una parte del desarrollo.
Si la coordinación, la firmeza y la inteligencia, son los medios, los resultados y la tranquilidad de las familias se constituyen en los fines. Hay datos y cifras que nos señalan que vamos por el camino correcto.
Pero el verdadero dato duro se alcanzará cuando la sociedad se encuentre tranquila, en paz, con la convicción de que en materia de seguridad el país se encuentra mejor.
A esa evaluación nos atenemos. Por ese juicio social es por el que debemos seguir trabajando. Es una asignatura pendiente que reclama el esfuerzo de todos.
Como usted lo señaló, seremos tenaces y disciplinarios hasta cumplir con este objetivo.
Muchas gracias.
Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.
-SECRETARIO
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Señor Presidente de la
República, licenciado Enrique Peña Nieto; señores representantes de las Cámaras
del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señores Secretarios de Defensa, Marina, Hacienda;
señor Procurador, señor Comisionado; señor Presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos; señores Gobernadores, señor Jefe de Gobierno del Distrito
Federal.Saludo, también, a los invitados permanentes de la sociedad civil que se integran formalmente a este Consejo, a partir de hoy.
Señoras y señores:
Tal y como instruyó al inicio de su Gobierno, señor Presidente, para devolver la seguridad de los mexicanos no hay tiempo que perder.
Hay acciones conjuntas, estrategias claras y definidas que parten de una efectiva coordinación. Pero, sobre todo, parten de la confianza, misma que se logra a partir de la disposición, el compromiso y la transparencia en el actuar.
Hoy podemos afirmar que existe trabajo conjunto de parte de los Gobernadores y autoridades Federales. Que mantenemos una coordinación permanente, porque nada está por encima de la tranquilidad y de la seguridad de las familias.
Hemos honrado la palabra de no mezclar el tema de la seguridad con la política. Tenemos claro que la aplicación de la ley es una obligación de la autoridad, nunca una opción del gobernante.
Todos hemos entendido el objetivo de la nueva política de seguridad y nos apegamos a ella para funcionar mejor.
No es unilateral. Es incluyente. Parte de lo local a lo nacional. Incorpora todas las aportaciones y planteamientos que la hacen ya la guía del trabajo del Estado mexicano.
Me permito enumerar las estrategias fundamentales de la nueva política de seguridad y procuración de justicia, que parte de los propósitos fundamentales de reducir la violencia, el combate eficaz de los delitos y el restablecimiento de la paz en nuestro país.
Partimos de un programa nacional sin precedentes en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, que genere condiciones de bienestar social e inhiba los múltiples factores sociales que generan la delincuencia.
Contempla acciones de alcance nacional, en el entorno escolar, de las adicciones y de violencia familiar, de género y en el noviazgo; así como la detección y atención temprana de problemas de aprendizaje y conductuales; tareas de recuperación de espacios públicos, proyectos productivos; ampliación de horarios en escuelas y la promoción del deporte y la cultura.
Con la participación de nueve Secretarías y un presupuesto en conjunto de 118 mil millones de pesos, estamos atendiendo 57 demarcaciones del país que requerían mayor apoyo en el corto plazo.
Para una justicia penal eficaz implementamos, por mandato constitucional, un nuevo sistema de justicia que abata la impunidad y garantice que la administración de justicia sea pronta y expedita; así como una nueva política de procuración de justicia que permita incrementar las capacidades de investigación y recuperar la confianza de la sociedad, a partir de una transformación de la Procuraduría General de la República, sobre cuyos avances más adelante el Procurador comentará.
En materia de profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos policiacos, partimos de la formación, capacitación y entrenamiento de las policías del país, así como del impulso hacia el Mando Único estatal y la creación de la Gendarmería Nacional y un esquema de condiciones mínimas de trabajo y seguridad social para policías que les provea de elementos necesarios para desarrollar su trabajo con eficacia y dignidad.
Iniciamos la transformación del sistema penitenciario con una nueva política para prevenir y atender fenómenos de sobrepoblación, delincuencia y autogobierno en los centros penitenciarios Federales y estatales, así como acciones para lograr una auténtica readaptación social de los internos, tales como la implementación de políticas de respeto a sus derechos humanos, mejora de instalaciones, disciplina, capacitación de personal y empleo penitenciario.
Promovemos y articulamos la participación ciudadana, vinculando a la sociedad a las tareas de reconstrucción del tejido social, la denuncia anónima y la aportación de información para la captura de criminales.
Trabajamos de la mano de las organizaciones de la sociedad civil en la revisión de las políticas concretas de esta estrategia. Alentamos la organización en comités vecinales, para coadyuvar en el diagnóstico de las necesidades de sus barrios, colonias y comunidades, así como el fenómeno de proyectos de servicio social y la convivencia entre vecinos.
Mediante la cooperación internacional, el Gobierno de la República intensifica la cooperación con otros países, particularmente con los de nuestra región, con quienes establecimos estrategias compartidas y acordadas para atender fenómenos como el tráfico de armas, drogas y personas, así como las redes criminales internacionales que operan en México.
La nueva política de comunicación brinda información que sirva al ciudadano. Hacemos énfasis en informar puntualmente sobre índices delictivos y las cifras que permitan a la sociedad conocer los resultados más importantes de la estrategia a nivel nacional y local.
Con transparencia y oportunidad, damos a conocer los datos del comportamiento de los principales delitos. Trabajamos estrechamente en coordinación con los gobiernos estatales, las organizaciones de la sociedad civil y con expertos en la materia en la elaboración y perfeccionamiento de protocolos de comunicación que garanticen los objetivos de informar sin hacer apología de la violencia y el crimen, con una estricta observancia de los derechos humanos.
Avanzamos en la coordinación entre autoridades. Se estableció un sistema de cooperación entre las instituciones del Gobierno de la República, así como con las autoridades de los estados, del Distrito Federal y los municipios, para tener orden, confianza, responsabilidades y competencias claras.
Atendiendo su instrucción, señor Presidente, el Gabinete de Seguridad ha realizado 26 reuniones: 21 regionales y cinco especiales; y semanalmente, todos los gobernadores y el Jefe de Gobierno, realizan reuniones en sus entidades con los delegados federales.
A partir de la regionalización, coordinamos operativos, estrategias y acciones en consenso con las entidades federativas. Para ello, dividimos el territorio nacional en cinco regiones, atendiendo los aspectos locales con políticas focalizadas.
Finalmente, a través del fortalecimiento de la inteligencia, privilegiamos la información por encima de la fuerza, como elemento fundamental para reducir la violencia y la impunidad.
Trabajamos en el incremento sustancial de la capacidad de procesar datos para la toma de decisiones y la mejora constante de las plataformas tecnológicas que permitan el intercambio de información entre instituciones federales y entre los gobiernos locales.
Ya se han integrado los centros de inteligencia en las regiones Centro y Sureste para coordinar estas tareas, con el propósito de optimizar todos los recursos financieros, humanos y materiales, así como optimizar y potencializar las capacidades.
La nueva estrategia de seguridad y procuración de justicia hace énfasis en el respeto a los Derechos Humanos.
La nueva estrategia mantendrá una evaluación permanente, que permita hacer ajustes oportunos; así como mecanismos de retroalimentación con la sociedad civil y con los gobiernos estatales y municipales.
Por ello, hoy les informo de los avances de los acuerdos convenidos en la Segunda Sesión Extraordinaria de este Consejo Nacional, celebrada el 17 de diciembre pasado.
Cumplimos con siete: cinco de ellos que tenían plazo específico y avanzamos en dos más.
El primero. La inclusión de la sociedad civil en este Consejo.
Segundo. Contamos ya con un Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el que nos comprometimos, el cual comenzó su aplicación en el nivel más importante: el municipal.
Mediante la celebración regular de reuniones mensuales en las cinco regiones del país, se cumple con el compromiso de establecer un sistema de coordinación y cooperación.
Ya se completó la acreditación de todos los Centros de Evaluación y Control de Confianza en los estados. Todas las entidades cuentan ya con Unidades Antisecuestro, las cuales debemos ahora fortalecer con infraestructura, recursos humanos, soporte y equipamiento.
Se actualiza y sistematiza la consulta de la base de datos de Plataforma México, y se avanzó en la elaboración de los protocolos de actualización policial, de investigación, prevención y reacción.
Seguiremos trabajando. Estamos comprometidos con cumplir con el establecimiento de un modelo nacional de capacitación con calidad de los instructores, pertinencia de los contenidos y desarrollo de habilidades de investigación y operación para el trabajo policial.
Ya contamos con la propuesta de una academia de mandos, que será sometida a la consideración de este Consejo.
Señor Presidente:
En seguridad y procuración de justicia, así lo hemos convenido, no hay disputas, no hay protagonismos, ni se compite entre instituciones. Lo que sí hay es un objetivo que compartimos de disminuir la violencia y devolverle la paz a la sociedad, a las familias; dar seguridad a su patrimonio y a sus hijos, porque la seguridad es una parte del desarrollo.
Si la coordinación, la firmeza y la inteligencia, son los medios, los resultados y la tranquilidad de las familias se constituyen en los fines. Hay datos y cifras que nos señalan que vamos por el camino correcto.
Pero el verdadero dato duro se alcanzará cuando la sociedad se encuentre tranquila, en paz, con la convicción de que en materia de seguridad el país se encuentra mejor.
A esa evaluación nos atenemos. Por ese juicio social es por el que debemos seguir trabajando. Es una asignatura pendiente que reclama el esfuerzo de todos.
Como usted lo señaló, seremos tenaces y disciplinarios hasta cumplir con este objetivo.
Muchas gracias.
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