La Iglesia en Michoacán en contra de la "institucionalización"

Las autodefensas; una alianza que preocupa a la Iglesia

 ALVER METALLI

Vatican Insider, BUENOS AIRES

 Según informan las autoridades de México, se ha pactado la alianza entre los grupos de autodefensa y el ejército. Los primeros entregarán las listas de los miembros y del armamento que poseen; las armas de guerra, las de grueso calibre (superior al requerido para la defensa), serán sustituidas con otras de menor potencia; y además deberán coordinar las acciones con las fuerzas del orden. En cambio, serán legitimadas, recibirán equipo técnico, medios de transporte y dinero público.

Estos son, en síntesis, los términos del acuerdo entre el gobierno mexicano y las autodefensas que se han formado en el estado de Michoacán (en el centro-oeste del país), uno de los más violentos de México. El acuerdo en ocho puntos se hará valer, por ahora, con los grupos que operan en el territorio, que, según sus líderes, cuentan con 25.000 hombres armados, y con la capacidad de poder reunir, en caso de emergencia, 140.000 personas. Una cifra enorme si fuera cierta.

La que se ha creado en este punto de México es una simbiosis nueva para combatir contra el cártel de los “Caballeros Templarios” y el crimen organizado en general; pero la alianza no ha revelado aún cuál será su resultado a nivel nacional. Se trata de una especie de “probadita” que podría preanunciar otras alianzas semejantes entre el poder público y el poder privado en otros estados en los que la violencia parece estar más allá de los poderes del estado.

No es una verdadera sumisión de milicias aparecidas espontáneamente; no hay formación militar, no hay entrenamiento ni salario para los que forman parte de ellas; pero, a cambio de una relativa autonomía de acción, el gobierno puede ir recuperando el control del territorio y adquiere la información capilar, de base, que poseen los grupos de autodefensa y que hasta el momento le había faltado a las fuerzas públicas para realizar acciones contundentes en contra del cártel de los “Templarios” que, en el estado de Michoacán, representa mucho más que el simple tráfico de drogas. 

Este grupo, que nació de una división de “La Familia Michoacana”, ha sometido a la población de la región a un régimen de extorsiones, secuestros, violaciones y asesinatos que, tan solo en 2013, provocó la muerte de 990 personas. Por este motivo nacieron las autodefensas, que actúan en 11 municipios y en decenas de pequeños pueblos rurales.

La Iglesia también ha sufrido la prepotencia de los “Templarios”. Varios sacerdotes de Michoacán han recibido amenazas. Como botón de muestra, la célebre foto del sacerdote que celebra la misa con chaleco antibalas, Gregorio López, párroco de una parroquia de Apatzingán (con 80 mil habitantes y una de las ciudades más violentas de la región, pues es el centro de operaciones de los “Caballeros Templarios”, según los grupos de autodefensas.

 «La Iglesia es la única institución que los Templarios no han podido tomar», asegura otro sacerdote del lugar, Adrián Alejándrez Vázquez. «Al principio no era solo culpa del gobierno», reconoce. «Todos tenemos culpa: nos acostumbramos a callar, a susurrar. Durante años y años fueron ellos (los “Templarios”) los resolvían todo».

La Iglesia, por su parte, no ve con buenos ojos esta alianza entre el gobierno y las autodefensas. No quiere que milicias espontáneas hagan justicia con sus manos. 

El arzobispo de Morelia, la capital de Michoacán, Alberto Suárez Inda, no duda en subrayar la anticonstitucionalidad de las autodefensas. Pero reconoce que «hay momentos en los que la gente ha recurrido a esto como única salida». Para desarmar a las autodefensas es necesario que «las autoridades desarmen primero a los que amenazan la paz de las poblaciones».

A pesar de todo, las tensiones de estos últimos días han dado un resultado relevante. El arresto de Dionisio Loya, alias “El tío”, considerado por las autoridades como el número dos del grupo de narcotraficantes más poderoso en Michoachán. Había una recompensa por su captura de dos millones y medio de dólares. Loya, que figuraba en la lista de los 37 criminales más buscados del país (y a quien se acusa de haber ordenado el asesinato de doce agentes de la policía federal) fue capturado justamente en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán.