El coordinador del PRD, Miguel Alonso
Raya, afirmó que el informe que presentó la PGR plantea una
urgente reforma del Estado en materia de seguridad, procuración e impartición
de justicia. “Esto
no puede seguir aconteciendo en nuestro país, nunca debió pasar, sucedió porque
se permitió la operación del crimen organizado y de los grupos del narcotráfico
en la región”, aseveró.
Subrayó
que ese caso “se convirtió en un fenómeno de narcopolítica, al ser infiltradas
las policías locales y las propias autoridades municipales, no solo de (los
municipios de) Iguala y Cocula, sino también de otros 17 municipios ubicados en
Tierra Caliente”, del estado de Guerrero, añadió.
Recordó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero
remitió a la SEIDO el 3 de julio de 2013, la Averiguación Previa
HID/SC/01/0758/2013.
Esta
averiguación “está relacionada con los homicidios de Arturo Hernández Cardona,
Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas Román; y la confesión de Ernesto
Pineda Vega, quien involucra en estos hechos al Director de Seguridad Pública
de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y al propio presidente municipal, José Luis
Abarca; vinculándolos a Mario y Rafael Casarrubias, este último apodado El
Mochomo, mismo que fue detenido por la PGR posterior a los hechos violentos en
Iguala”.
Sostuvo
que “si se hubiera hecho la consignación respectiva por parte de la SEIDO y de
las autoridades federales a quien corresponde atender los asuntos relacionadas
con el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que pasó en Iguala, la
desaparición forzada y el supuesto asesinato de los 43 estudiantes, se pudieron
haber evitado”.
“Cuando
uno exige que se investigue a la 27 Zona Militar, al destacamento de la Policía
Federal, a la Subprocuraduría de la PGR, a la Policía Estatal, entre otras
corporaciones, es para que las autoridades determinen si acaso los elementos de
estas corporaciones no se daban cuenta de todo lo que venía aconteciendo en la
región, de lo que sucedía con las policías de Iguala y Cocula y la infiltración
del crimen organizado en las propias presidencias municipales”, precisó.
“Por
eso es obligatorio que la investigación no deje ninguna duda, se debe sentar un
precedente de justicia a secas, para que no haya impunidad, caiga quien caiga,
tope donde tope”, insistió.
Alonso
Raya sostuvo que después de esto tiene que haber un gran acuerdo que permita
construir las bases de una gran reforma del Estado, particularmente en materia
de seguridad pública, impartición y procuración de justicia.
En
este acuerdo “deben participan las fuerzas económicas, políticas y sociales,
gente prestigiada, entre otros, que vayan a fondo en estos cambios y que
podamos tener un antes y un después de los acontecimientos de Iguala”, delineó.
Nota de la CD..MAV/JGM
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