Revista
Proceso
# 2034, 24 de octubre de 2015
Castigo
imperial/GLORIA LETICIA DÍAZ
En
una decisión más política que económica, Washington decidió recortar los
recursos de la Iniciativa Mérida debido a las recurrentes violaciones de los
derechos humanos que perpetran las fuerzas de seguridad mexicanas. A causa de
hechos como Ayotzinapa y Tlatlaya, el Departamento de Estado quitó un apoyo de
5 millones de dólares, y se sumó a un movimiento creciente que desde Estados
Unidos le exige a Los Pinos poner orden entre sus militares y policías.
Por
primera vez desde que en 2008 arrancó la Iniciativa Mérida para combatir el
narcotráfico, el Departamento de Estado estadunidense redujo el apoyo a México
debido a casos como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, Ecuandureo, Apatzingán, Ostula
y Calera, en los que integrantes de fuerzas federales de seguridad perpetraron
graves violaciones a derechos humanos, hasta ahora impunes.
El
lunes 19 los medios más influyentes de Estados Unidos, The Washington Post y
The New York Times, revelaron la decisión del Departamento de Estado de
recortar 5 millones de dólares de la partida de 148 millones que se proyectaba
entregar este año a México, ante la imposibilidad de informar al Congreso
estadunidense sobre avances sustanciales en materia de derechos humanos, a los
que están condicionados 15% de los fondos destinados para la Iniciativa Mérida.
Según
The Washington Post, de 2008 a la fecha el Congreso de Estados Unidos ha
destinado 2 mil 300 millones de dólares a la Iniciativa Mérida. De ese monto,
mil 300 millones fueron a entrenamiento y compra de equipo.
La
sanción del gobierno de Obama a México fue tomada con el beneplácito de
representantes de organizaciones de derechos humanos radicadas en Estados Unidos,
que junto con agrupaciones mexicanas han pugnado desde hace varios años por
hacer efectivas las condiciones de respeto a las garantías individuales en los
operativos binacionales de combate al narcotráfico.
En
entrevistas por separado, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch (HRW);
Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus
siglas en inglés), y Arturo Viscarra, de School of Americas Watch (SOAW),
coincidieron en que al Departamento de Estado no le quedó más alternativa que
ejecutar la sanción, habida cuenta de la gravedad de los casos registrados
recientemente en México.
“Hasta
ahora, el papel del Departamento de Estado había sido el de preservar la
relación bilateral –comenta Vivanco–, haciendo todo tipo de malabarismos para
evitar la aplicación de las consecuencias que se derivan de la falta de respeto
a los derechos humanos según la Iniciativa Mérida.”
Tras
recordar que el Departamento de Estado y el Congreso estadunidenses suelen
“mantener reuniones periódicas para consultar con la sociedad civil, incluyendo
a HRW, cuando hay preocupación por la violación de derechos humanos en
diferentes países”, Vivanco considera que con el reconocimiento de “la grave
situación de México” por parte de la oficina del secretario John Kerry,
“podemos decir que el sistema está funcionando”.
Eso
en Estados Unidos, porque en México, según Vivanco, se vive una “actitud de
cerrazón corporativa” de la Sedena, puesta en evidencia durante la reciente
audiencia en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
cuando se expusieron las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) y se avaló la negativa del titular de la Sedena, Salvador
Cienfuegos Zepeda, para que los miembros del GIEI entrevistaran a los soldados
del 27 Batallón de Infantería.
“El
rechazo del Ejército a la fiscalización internacional en derechos humanos
–apunta Vivanco– demuestra su intención de seguir operando al margen de todo
control, de acuerdo con sus propias reglas, como lo hicieron durante buena
parte del siglo XX.”
Maureen
Meyer, de WOLA México, destaca que aunque la reducción de 5 millones de dólares
no es inmensa, lo cierto es que “se trata de un reflejo claro de la
preocupación que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la situación de
derechos humanos en México. Es una muestra clara de la crisis”.
Meyer
resalta que cada año el Pentágono apoya a la Sedena y a la Secretaría de Marina
(Semar) con alrededor de 50 millones de dólares. “Es un apoyo militar en el que
no hay condiciones ni transparencia” y está al margen de la llamada Ley Leahy,
auspiciada por el senador Patrick Leahy en 1997, que limita el apoyo de Estados
Unidos a las fuerzas de seguridad extranjeras vinculadas a violaciones de
derechos humanos.
Pese
a todo, la experta insiste en que más allá del monto acortado a la Iniciativa
Mérida, la medida “es muy importante porque ha obligado a ambos gobiernos a
sentarse y a hablar sobre lo que está pasando en México”.
Desde
2009, recuerda Meyer, WOLA y otras organizaciones de Estados Unidos (como
Amnistía Internacional, Robert F. Kennedy Human Rights y Latin America Working
Group) y México (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Fundar Centro de
Análisis e Investigación, Agustín Pro Juárez y Tlachinollan) han presentado
informes periódicos sobre la situación de México al Departamento de Estado,
documentando casos específicos “de por qué creemos que México no ha cumplido
con los requisitos de la Iniciativa Mérida, es algo que también hemos llevado a
reuniones en el Congreso”.
El
acuerdo de colaboración condiciona los fondos a la comprobación de acciones
para garantizar que las violaciones a las garantías individuales perpetradas
por militares sean investigadas en el fuero civil; a no admitir testimonios basados
en tortura; a poner a disposición de autoridades civiles a todos los detenidos,
de forma inmediata, y a tener un registro y localizar a víctimas de
desaparición forzada, amén de sancionar a los responsables.
En
el último memorándum que enviaron las organizaciones a la oficina de John
Kerry, el 9 de julio de 2015, expusieron ampliamente casos emblemáticos como la
desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa; la masacre de 22 personas
en Tlatlaya, Estado de México; los abusos sexuales a las indígenas Valentina
Rosendo e Inés Fernández en Guerrero, en 2002; la ejecución extrajudicial de
Bonfilio Rubio en 2012, y la de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier
Francisco Arredondo Verdugo en marzo de 2010, casos hasta ahora impunes.
El
documento informa que de enero a agosto de 2014 jueces federales turnaron a la
Procuraduría General de la República (PGR) “174 casos de tortura denunciados al
mes”, sumando mil 395 quejas, y que de enero a marzo de 2015 el Consejo de la
Judicatura Federal “recibió notificaciones de 840 casos de tortura u otros
tratos crueles inhumanos y degradantes, un promedio de 280 reportes por mes”.
Al
citar las conclusiones del relator de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan
Méndez, en cuanto a la situación “generalizada” de este delito en México, se
exponen casos ocurridos en 2012, entre los que destacan el de Claudia Medina
Tamariz, víctima de tortura sexual atribuida a marinos que allanaron su casa y
la detuvieron; de Adrián Vázquez, torturado por policías estatales de Baja
California para implicarlo con el crimen organizado, y de Yecenia Armenta,
torturada sexualmente por policías estatales de Sinaloa.
En
cuanto a los registros de puestas a disposición, el memorándum de WOLA y las
otras siete organizaciones civiles resalta las imprecisiones en el Sistema de
Registro de Detenidos (Sired) en el fuero federal, pues mientras de diciembre
de 2012 a julio de 2014 reportó 18 mil 735 detenidos, la PGR informó en 2012 de
78 mil 818 arrestos por delitos federales y de 47 mil 618 en 2013.
Respecto
de las desapariciones forzadas, el documento hace referencia a las conclusiones
sobre México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y también califica
de “generalizado” el problema de las desapariciones, considera descomunal la
cifra de casi 26 mil casos reconocidos por el Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas, menciona las limitaciones de la Unidad
Especializada de Búsqueda de Personas de la PGR para enfrentar el problema, y
denuncia los pocos esfuerzos para castigar a los responsables.
Los
casos emblemáticos considerados son la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, en septiembre de 2014, y el de Héctor Rangel Ortiz, desparecido en
noviembre de 2009, después de haber sido detenido por policías municipales de
Monclova, Coahuila. En ambos casos resaltan los esfuerzos de las familias por
localizar a sus hijos y, en el último, las amenazas de muerte recibidas durante
la búsqueda.
Previo
al memorándum de las organizaciones, Kerry recibió una carta firmada por 82
congresistas estadunidenses, encabezados por Alan Lowenthal, del Comité de
Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en la que expresaban su preocupación
por la situación de los derechos humanos en México.
El
texto enviado el 30 de junio considera que los hechos de Ayotzinapa y Tlatlaya
“no son incidentes aislados en México, sino que ilustran un patrón más amplio
de graves violaciones a derechos humanos en el país”.
Meses
después, el 25 de septiembre, 12 senadores liderados por Robert Menéndez y Mark
Kirk firmaron una carta para llamar la atención del secretario de Estado sobre
Ayotzinapa, y para que utilizara “los canales diplomáticos para insistir ante
las autoridades mexicanas sobre la importancia de continuar con las
investigaciones sobre las desapariciones y alentarlos a aceptar las
recomendaciones emitidas el 6 de septiembre por el GIEI”.
Los
senadores advirtieron que “el incidente de Guerrero es sintomático del enorme y
endémico problema de personas desaparecidas en México”, y que hay “más de 25
mil personas desaparecidas desde hace más de 10 años”.
Eliminación
total
Con
una visión más radical y buscando “la eliminación de la Iniciativa Mérida y la
suspensión total de los apoyos económicos a México en la guerra contra el
narcotráfico”, a principios de año organizaciones de la sociedad civil
intensificaron su presión al Congreso y al Departamento de Estado, relata
Arturo Viscarra, de SOAW, “porque no tiene ningún impacto sólo acabar con la
vida de miles de mexicanos y centroamericanos”.
Dirigente
de esta organización, que pugna por el cierre total de la Escuela de las
Américas en Panamá, ahora llamada Instituto del Hemisferio Occidental para la
Cooperación en Seguridad, Viscarra, de origen salvadoreño, indica que
revelaciones sobre el entrenamiento militar de Estados Unidos a miembros del
batallón involucrado en los hechos de Tlatlaya reflejan que “es una cuestión
sistemática, no es casualidad que Estados Unidos entrene a militares y después
sus graduados violen derechos humanos”.
Viscarra
se refiere a las revelaciones en mayo de este año expuestas en la revista
electrónica The Intercept, sobre archivos desclasificados del Archivo Nacional
de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que revelan la suspensión del
apoyo al Batallón 102 de Infantería de la 22 Zona Militar mexicana, luego de
las muertes no aclaradas de 22 personas a manos de militares en Tlatlaya.
En
los documentos desclasificados se lee que en octubre de 2014 el Comando Norte
del Ejército de Estados Unidos aludió a los hechos de Tlatlaya y cómo “a medida
que más datos salen a la luz, hay una mayor aceptación de que el Ejército
estaba involucrado en actos ilícitos”.
Y
alerta que si el comandante responsable del 102 Batallón estuviera implicado
“en una grave violación a derechos humanos”, entonces toda esa Zona Militar
–conformada por 10 mil soldados– “no podrán ser elegidos para recibir
asistencia en seguridad por parte de Estados Unidos”.
En
enero de 2015, otro cable del Comando Norte reportó que “se han suspendido los
fondos de asistencia para esta unidad (102 Batallón) dependiendo del resultado
de las investigaciones”.
De
acuerdo con The Intercept, el Departamento de Estado confirmó que “cinco
integrantes de la unidad recibieron entrenamiento del Comando Norte, pero que
ninguno de ellos tenía cargos por los asesinatos” de Tlatlaya.
La
revista electrónica destacó que el Departamento de Estado también informó “no
haber recibido ninguna solicitud de financiamiento del gobierno mexicano para
entrenar a fuerzas de seguridad o agencia de investigación en Guerrero desde
otoño pasado (2014)”.
Desde
enero de este año, recuerda Arturo Viscarra, SOAW hizo cabildeo con senadores y
congresistas, presentó a familiares de desaparecidos en México, víctimas de la
guerra contra el narcotráfico, y en septiembre acompañaron a las madres de los
43 normalistas que viajaron a Washington, quienes entregaron el informe del
GIEI al Congreso y al Departamento de Estado.
“Hay
gente en el gobierno de Estados Unidos que sabe que todo esto es una farsa y
que no puede seguir dándole el dinero a México como si nada hubiera pasado
–asegura Viscarra–. Saben que con su silencio, con su apoyo financiero, con su
apoyo militar, con su entrega de armas, con su entrenamiento, dan apoyo moral y
político para que militares y policías sigan violando derechos humanos sin
temor a ser juzgados, por eso tomaron esa decisión de cortar fondos.” l
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