Revista
Proceso
# 2034, 24 de octubre de 2015
Este trabajo forma parte de la investigación iniciada desde hace un año con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
La “verdad histórica”, basada en
torturas/ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
La “verdad histórica” presentada por el
procurador Jesús Murillo Karam afirmaba que los 43 normalistas de Ayotzinapa
habían sido incinerados en un basurero de Cocula, y para probarlo presentó
confesiones de dos de los presuntos asesinos. Sin embargo, los dos supuestos
halcones de Guerreros Unidos fueron torturados para que dieran la fantasiosa
versión, como parte de una investigación conducida por un hombre inclinado a la
invención de delitos y de testigos.
La investigación del ataque contra los
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos el 26
de septiembre de 2014 –pesquisas encabezadas por Víctor León Maldonado– estuvo
viciada desde el comienzo.
Las irregularidades comenzaron cuando
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG, ahora
Fiscalía General de Guerrero) detuvo, aparentemente al azar, a los dos primeros
sospechosos, quienes presuntamente fueron torturados para obligarlos a firmar
declaraciones que atribuían el ataque a policías municipales de Iguala y de
Cocula y al entonces alcalde igualteco José Luis Abarca. Esos testimonios
fueron el origen de la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la
República (PGR).
Los detenidos son Luis Alberto José
Gaspar, de 18 años, y el entonces policía municipal Honorio Antúnez Osorio, de
51, aprehendidos en Iguala a principios de octubre de 2014.
Como consta en sus declaraciones
preparatorias –de las cuales este semanario tiene copia–, el 25 de noviembre le
dijeron al juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en
Tamaulipas, Guillermo Baltazar, que fueron torturados y obligados en la PGJEG a
firmar declaraciones prefabricadas.
León Maldonado, responsable de la
investigación y quien estuvo en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014,
tiene antecedentes de haber fabricado cargos en otros casos.
En 2009, cuando era coordinador general
en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO, ahora SEIDO) y en vísperas de las elecciones estatales en Michoacán,
con falsas acusaciones de delincuencia organizada arrestó a 30 funcionarios
públicos. Todos salieron libres vía amparo o con sentencias absolutorias.
Estuvo asimismo implicado en la
Operación Limpieza, iniciada a finales de 2008 por la PGR contra servidores
públicos federales acusados de haber trabajado para los hermanos Beltrán Leyva.
Entre ellos estaba Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO. Tras cuatro
años en prisión fue absuelto y se descubrió que se usaron testigos protegidos
para imputarle cargos falsos.
Presuntamente torturado, José Gaspar
confesó que trabajaba como halcón para Guerreros Unidos y que el grupo criminal
controlaba la plaza. Antúnez, que también denunció haber sido sometido a
torturas, afirmó que esa organización estaba detrás del ataque contra los
normalistas y que los había llevado a Cocula para incinerarlos; además, acusó a
policías municipales de trabajar para la banda delincuencial.
Antúnez señaló al entonces alcalde de
Iguala, José Luis Abarca, de tener vínculos con Guerreros Unidos y agregó que
por órdenes suyas fue asesinado el líder de la Unión Popular, Arturo Hernández
Cardona, en junio de 2013.
Las declaraciones de los dos detenidos
están en todas las averiguaciones previas de la PGR relacionadas con el caso,
entre ellas la primera, abierta el 5 de octubre: PGR/SEIDO/UEIDMS/806/2014. Los
testimonios de los demás detenidos, más de 100, fueron encaminados a afianzar
esos dos primeras versiones y no se atendieron otras hipótesis ni líneas de
investigación.
Otros documentos que obran en la causa
penal 1/2015 muestran que ni la PGJEG ni la PGR tenían pruebas contra José Luis
Abarca por el homicidio de Hernández Cardona (Proceso 1999). La acusación de
que el exalcalde había asesinado al líder de la UP sirvió para crear un
ambiente de linchamiento e implicarlo así en el ataque y desaparición de los
normalistas, sostiene en entrevista con Proceso su abogado, Luis Argüelles
Meraz.
Este trabajo forma parte de la
investigación iniciada desde hace un año con el apoyo del Programa de
Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
Sentado en la banqueta
Luis Alberto José Gaspar tenía 18 años
cuando fue detenido. Declaró ante el juez que era ayudante de albañil y
responsable de mantener a su esposa, un hijo y dos hermanos. Señala que el 2 de
octubre de 2014, cuando lo arrestaron en Iguala, estaba sentado en una banqueta.
“En relación a los hechos que me
imputan yo no tengo nada que ver en eso de lo que me están acusando, yo soy un
hombre de bien, de trabajo, yo soy inocente de lo que me están acusando”, dijo
al juez en audiencia el 25 de noviembre de 2014.
Lo detuvieron policías ministeriales,
quienes le dijeron que lo veían “sospechoso”. Le preguntaron dónde había estado
el 26 de septiembre y respondió que en su casa. Ahí, afirma, comenzó la
tortura. Refiere que lo golpearon y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza
para asfixiarlo. Le dijeron que era miembro de Guerreros Unidos, pero él
respondió que no pertenecía a ninguna organización delictiva y tenía pruebas
para demostrar que era albañil. “No nos importan tus pruebas”, le espetaron.
Después lo llevaron a la PGJEG, en Chilpancingo, para que rindiera su
declaración.
“En la madrugada me sacaron, me
vendaron los ojos, me llevaron a un lugar solitario; ya después me encueraron,
me amarraron con una venda, después de que me amarraron me pusieron cinta en mi
cabeza, ya después me amenazaron que dijera qué es lo que sabía de los
estudiantes. Yo les dije que cómo les iba a decir, si yo no sabía nada de los
estudiantes, y ellos me dijeron que cómo no iba a saber nada si era de Iguala,
ya después me tuvieron cuatro horas echándome agua en la cabeza y pegándome en
las costillas y en la cabeza…”
Afirmó que la tortura ocurrió atrás de
los separos, en Chilpancingo, y que después lo llevaron a declarar: dijo cómo
lo habían capturado. Cuando le pidieron que firmara su declaración, asegura que
no permitieron que una abogada se la leyera antes de firmarla y le ordenaron
que lo hiciera rápido para irse a su casa. Él se negó, pero –sostiene– los
policías lo amenazaron: si no estampaba su firma lo llevarían de nuevo adonde
lo estaban golpeando. “Yo, por miedo, firmé los papeles”, dijo al juez.
La noche siguiente un avión lo llevó a
la Ciudad de México. Asegura que en la SEIDO le dijeron qué debía declarar,
pero él se negó, pues no sabía siquiera de qué lo acusaban. Al llegar, cuenta,
le tomaron fotos donde se veía golpeado. Luego lo arraigaron.
En la declaración que según él lo
obligaron a firmar señaló que trabajaba con Guerreros Unidos desde febrero de
2014, que era halcón y los “jefes de plaza” de Iguala eran Los Peques, como se
conoce desde hace años a los hermanos Benítez Palacios, presuntamente
implicados en el crimen organizado.
“Tú sabes dónde los enterraron”
Antúnez, a quien se identifica con el
alias El Patachín, declaró ante el juez: “No ratifico la declaración que me hicieron
firmar en Chilpancingo. No la ratifico porque fue por medio de tortura”.
Durante 20 años fue militar. Luego de
jubilarse entró a la Policía Municipal de Iguala. Narró que el 26 de septiembre
no trabajó, pues estaba en un curso de capacitación. El sábado 27 fue a pasar
lista y recibió la orden de ir al cuartel de la Policía Estatal. Refiere que
ahí, junto con sus demás compañeros, le hicieron pruebas a su arma y a sus
manos para saber si había disparado. Dio negativo y lo dejaron libre.
Desde entonces, refirió, no trabajó ni
recibió ninguna llamada y el 3 de octubre fue a ver si había pase de lista; en
ese momento llegó un operativo de la Policía Federal Ministerial y se lo
llevaron detenido. “Tú eres policía municipal, ya te cargó tu chingada madre”,
le dijeron los agentes, según declaró ante el juez.
Lo llevaron a un lugar donde había
estacionados varios vehículos, entre ellos un camión rotulado Unidad Médica
Móvil Dental. Dijo que ahí llegaron dos personas que había visto en el cuartel
de la Policía Estatal el 27 de septiembre.
En su declaración ministerial ante la
PGR, Iñaky Blanco, exprocurador de Guerrero, dijo que estuvo en el lugar donde
estaba detenido Antúnez. “Al estar ahí vi que detenían a una persona que estaba
halconeando y que después supe que le decían El Patachín. Esta persona recuerdo
que lo entrevistaron los policías y empezó a manifestar que era halcón y
policía municipal de Iguala”.
Lo que contó Antúnez fue distinto.
Señaló que le preguntaron por Abarca y su esposa y dónde se encontraban los
normalistas desaparecidos. No sabía. Lo insultaron y sentenciaron: “Tú sabes
dónde los enterraron”. El gobierno ya daba por muertos a los normalistas.
Los policías federales lo metieron
esposado al camión de la Unidad Médica Móvil Dental y lo sentaron en el sillón
de los pacientes. Ahí, según su dicho, lo torturaron. Le indicaban que debía
señalar dónde estaban enterrados los normalistas, “diciéndome que de todos
modos nadie sabía que estaba en esa área y que si me moría yo en la tortura no habría
problema”.
Blanco declaró a la PGR que Antúnez
inmediatamente dijo que policías municipales de Iguala y personal de Protección
Civil trabajaban para Guerreros Unidos, al igual que policías municipales de
Cocula.
Antúnez narró que la segunda sesión de
tortura ocurrió cuando los federales ministeriales lo entregaron a policías de
la Gendarmería en la carretera a Chilpancingo, en el crucero del Rancho del
Cura.
“En dirección a Tepecoacuilco se
orillaron hacia debajo de la carretera en la maleza, ahí inició otra tortura
golpeándome en el estómago y preguntándome por los muchachos normalistas”.
Luego lo llevaron a Chilpancingo.
Esa noche, dice, rindió declaración. Le
empezaron a dar nombres de policías municipales. “Como no les dije nada y no
contesté a las preguntas que me hacían, me llevaron a otra oficina y me
enseñaron fotografías”.
Afirma que le mostraron fotos de
compañeros a quienes sólo conocía de vista. Le preguntaron si eran de Guerreros
Unidos y él dijo que no sabía. Por último, cuando le dieron a firmar la
declaración ministerial, les dijo “que no traía lentes y no podía leer”.
“Fírmale, porque si no, te vamos a partir tu madre”, le dijo uno de los
policías. El 4 de octubre lo llevaron a la Ciudad de México.
En la declaración presuntamente fabricada
por la PGJEG Antúnez dio nombres de policías municipales de Iguala –conocidos
como Los Bélicos– y de Cocula supuestamente involucrados con la organización
criminal. También señaló que esa noche los estudiantes fueron llevados a la
base de la Policía Municipal de Iguala. Y dijo que en una ocasión Osiel Benítez
Palacio, supuesto miembro de Guerreros Unidos, le comentó “que habían privado
de la vida a Arturo Hernández Cardona por órdenes de José Luis Abarca
Velázquez”.
De acuerdo con los documentos de la PGR
revisados por los reporteros, José Gaspar y Antúnez no ratificaron su
declaración ante la procuraduría, permanecieron bajo arraigo hasta el 15 de
noviembre y fueron trasladados al penal de Tepic. Sólo entonces se les hizo un
examen médico que dictaminó: “No presentan lesiones traumáticas recientes”.
Sus declaraciones fueron usadas por la
PGR para imputar a otros policías de Iguala que tampoco habían trabajado el 26
de septiembre de 2014 ni habían dado positivo en las pruebas de disparos.
También sirvieron para direccionar las declaraciones de policías y otros
detenidos en las que se autoincriminaron hasta llegar a la versión de que los
43 estudiantes desaparecidos fueron quemados en el basurero de Cocula.
La mayoría de los detenidos que
declararon saber o haber participado en los hechos también fueron golpeados o
torturados, según el reporte publicado por los autores de este trabajo en mayo
de 2015 (Proceso 2011), el cual fue confirmado en septiembre último por el
informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
“Contradicciones” e “inconsistencias”
En su declaración ante la PGR rendida
el 29 de octubre de 2014, Blanco afirmó que en los testimonios que recabaron
sobre el homicidio de Hernández Cardona “se advertían contradicciones o
inconsistencias”, como el tipo de armas supuestamente usadas y la mecánica de
las lesiones. “Difícilmente algún juez les daría credibilidad”, declaró por su
parte el subprocurador Ricardo Martínez.
Blanco afirmó que la supuesta
declaración rendida por el chofer de Hernández Cardona, Nicolás Mendoza Villa,
ante el notario público 27 del Distrito Federal, en la que afirma que vio a
Abarca disparar contra el líder de la UP –la cual fue entregada a la PGJEG y
circuló en varios medios– era falsa.
Martínez dijo que en una investigación
relacionada con Guerreros Unidos se inspeccionó un terreno propiedad de
Hernández Cardona, conocido como El Zapatero, en mayo de 2014. Se encontraron
19 cadáveres en fosas clandestinas y dos personas que estaban cavando una más
fueron detenidas, según dijeron, por órdenes de una hija de Hernández Cardona.
Señaló que durante varios meses
trabajaron con la PGR en torno a las acusaciones contra Abarca por el homicidio
del líder de la UP y su supuesta relación con Guerreros Unidos. El 10 de
septiembre de 2014 Jesús Villalobos, de la SEIDO, le dijo que las pruebas que
tenían “no eran suficientes para determinar que José Luis Abarca era parte de
los Guerreros Unidos”.
En entrevista, Luis Argüelles, abogado
de Abarca y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, sostiene que las
únicas acusaciones contra el exedil en los juzgados es por el caso del
homicidio de Hernández Cardona y sus supuestos vínculos con Guerreros Unidos;
contra su esposa, uso de recursos de procedencia ilícita.
Refiere que la detención de la pareja
fue ilegal. El gobierno federal mostró en televisión un amplio operativo para
capturar a Abarca y a su esposa en la casa ubicada en Cedros 50, colonia Los
Tenorios, Iztapalapa, pero en los expedientes de la PGR subidos a internet los
policías federales de la División de Investigación aseguran que los detuvieron
en la puerta de calle de ese inmueble a las 02:30 horas, supuestamente cuando
la pareja intentaba abordar un taxi.
Dicen que se identificaron y que en ese
momento supuestamente Pineda Villa les ofreció medio millón de pesos y un auto
Mercedes Benz por dejarlos ir. Por estar en flagrancia del delito de cohecho
les leyeron sus derechos y sin dilación fueron llevados a las instalaciones de
la SEIDO. No hay ninguna diligencia relacionada con la casa donde fueron
encontrados, según las imágenes presentadas en televisión.
Argüelles afirma que en realidad la
detención ocurrió dentro del domicilio, pero fue ilegal pues no había orden de
cateo ni de arresto contra Pineda Villa, por lo cual hubo violaciones al debido
proceso.
“Los señores son inocentes. Los señores
no han cometido el delito del que los acusa la procuraduría y menos aún de lo
que se les acusa mediáticamente o lo que la gente piensa”. El abogado afirma
que el móvil de la acusación contra Abarca “es cien por ciento político”.
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