Revista
Proceso
# 2034, 24 de octubre de 2015
La mano del
Estado, en 250 desapariciones forzadas/JUAN ALBERTO CEDILLO
La
“guerra contra el narcotráfico” de Calderón y Peña Nieto ha dejado en tres
estados –Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas– por lo menos 250 desapariciones
forzadas atribuidas a miembros del Ejército, la Marina, la Policía Federal y
cuerpos policiacos estatales. Familiares y defensores de derechos humanos
integran los expedientes que entregarán a la CIDH y hacen acopio de las pruebas
con el propósito de exigir el fin de la impunidad existente cuando se apruebe
la nueva Ley sobre Desapariciones Forzadas.
Hasta
la fecha no existe una averiguación oficial contra el GATE por la desaparición
de Víctor Manuel. En cambio, sí existen amenazas contra su familia procedentes
de ese cuerpo policial. Una de ellas se produjo cuando los parientes de Víctor
Manuel se manifestaban con pancartas afuera de la corporación. Un efectivo del
cuerpo de élite se acercó a la madre para decirle: “Si usted hubiera visto (que
nosotros nos lo llevamos), no estaría aquí”.
En
la búsqueda de su hijo, Hortensia Rivas se encontró con otras 10 familias que
trataban de localizar a igual número de desaparecidos por efectivos del GATE.
Cuerpo
de élite “delincuente”
Aunque
el Grupo de Armas y Tácticas Estratégicas –el cual forma parte de la Secretaría
de Seguridad Pública de Coahuila– fue creado durante la administración del
gobernador Rubén Moreira para combatir a la delincuencia organizada, a los
pocos meses de su creación se le acusó de haber pasado a formar parte de ella.
Actualmente
hay más de 100 expedientes contra el GATE en la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), y se ha confirmado que miembros de ese
cuerpo participaron en al menos tres ejecuciones extrajudiciales.
El
caso más evidente de desaparición forzada, tortura y asesinato fue documentado
en el expediente CDHEC/085/2013/MON/AOE, el cual obligó a la CDHEC a emitir la
recomendación 6/2015 –de la que Proceso obtuvo copia.
El
expediente se abrió a petición de los familiares de Juan Carlos Moreno Zavala,
de 24 años de edad, quien desapareció la segunda quincena de junio de 2013
después de que fue detenido por ocho efectivos del GATE en Monclova.
Por
su parte, la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, de
Piedras Negras, tiene documentadas 69 desapariciones forzadas perpetradas por
el cuerpo de élite, cuyos expedientes serán entregados a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras
tanto, la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos
(Cadhac) presentará a la CIDH 91 casos de desapariciones forzadas ocurridas
entre 2009 y 2015, así como tres de ejecuciones extrajudiciales: uno contra
Otilio Cantú, presuntamente asesinado por militares, y otra contra Gustavo
Acosta Luján.
Consuelo
Morales, directora de la asociación civil, declaró que Acosta Luján fue
“ejecutado de manera extrajudicial, con un disparo en la frente, en su casa,
con su familia, por elementos de la Marina, el 1 de septiembre de 2011”.
Añadió
que la Secretaría de Marina emitió un comunicado que aún puede encontrarse en
su página de internet, donde presenta a Gustavo como un “delincuente”. Al día
de hoy, ningún marino ha sido procesado ni sentenciado por esta ejecución.
También
darán cuenta del caso de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier
Francisco Arredondo Verdugo, quienes murieron en un enfrentamiento entre
militares y sicarios el 19 de marzo de 2010.
La
organización defensora de derechos humanos considera que los alumnos fueron
muertos por las balas de los soldados, y que debido a ello la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Nuevo León y los militares alteraron la escena
del crimen.
En
esa ocasión los elementos castrenses ingresaron a las instalaciones de la
universidad y desde su interior abrieron fuego. Cuando terminó el evento, la
Procuraduría de Justicia estatal emitió un comunicado señalando que Jorge y
Javier, dos estudiantes de excelencia que cursaban un posgrado, eran
delincuentes que habían sido abatidos.
La
impunidad
“Hasta
2014 –según las estadísticas que maneja la Procuraduría General de la
República– existen en Tamaulipas cerca de 100 averiguaciones por desapariciones
forzadas”, manifestó a Proceso Raymundo Ramos, presidente del Comité de
Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
“Vamos
a presentar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde
incluimos 23 casos de desaparición forzada, la mayoría de Marina, que incluyen
menores y mujeres. Todos ocurridos en Nuevo Laredo”, refirió el activista.
Mencionó
que estos casos también involucran a la Policía Federal, al Ejército y a la
Policía Estatal Acreditable, y que ocurrieron entre 2010 y 2015.
“Este
año tenemos tres nuevos casos. Además se presentarán 13 reportes de ejecuciones
extrajudiciales. Así que estamos hablando de alrededor de cerca de 40 graves
violaciones a los derechos humanos donde la constante es la impunidad.”
Enfatizó
que la impunidad se manifiesta de muchas formas, incluyendo la situación en que
un juez impone a un militar la pena más baja, pues “las autoridades estatales
cierran la pinza para provocar el menor daño posible a las Fuerzas Armadas”.
Pese
a que el gobierno federal calcula los desaparecidos en Tamaulipas en alrededor
de 5 mil 300 entre el 1 de enero de 2007 y diciembre de 2014, señaló Raymundo
Ramos, esa cifra está maquillada, ya que solamente los casos acumulados en 2015
son unos 2 mil desaparecidos más.
“La
inseguridad y la violencia que se viven en Tamaulipas –insiste Raymundo Ramos–
es generada por la impunidad que existe en las altas esferas de gobierno. Hay
que recordar que actualmente dos exgobernadores de Tamaulipas tienen órdenes de
aprehensión en Estados Unidos, y en México ni se les busca ni se les molesta.
Mientras esas dos personas no sean puestas ante las autoridades de Estados
Unidos o de México, la violencia seguirá en el estado”, planteó.
En
contraparte, un oficial retirado que combatió a las organizaciones criminales
en Nuevo León y Tamaulipas de 2007 a 2014 dijo al reportero –con la condición
de no revelar su nombre– que la Secretaría de la Defensa Nacional los mandó a
las calles a pelear una guerra sin “armas legales”.
“Las
Fuerzas Armadas no tenían ningún respaldo en las leyes para las funciones que
desempeñamos como policías, ministerios públicos o incluso como agentes de
tráfico para combatir al narcotráfico.”
Y
aseveró que en muchas ocasiones los soldados detenían a delincuentes y los
entregaban a los policías estatales y municipales, pero ellos terminaban
desapareciéndolos, porque dichos elementos trabajaban para los cárteles
rivales. Sin embargo, concluyó, ahora se culpa a las Fuerzas Armadas de esas
desapariciones. l
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