Revista
Proceso
# 2034, 24 de octubre de 2015
En México
aplicaría un tribunal estilo Bosnia/LOUISA REYNOLDS
La
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha dado excelentes
resultados en el desmantelamiento de redes mafiosas enquistadas en las
estructuras del Estado de esa nación centroamericana… pero sólo ahí. Algunas
voces han pedido la creación de un organismo similar para México (especialmente
para aclarar los casos Ayotzinapa y Casa Blanca), pero los especialistas
advierten: funcionaría mejor un tribunal internacional más cercano a la
experiencia de Bosnia.
Ciudad
de Guatemala.- El papel clave que ha jugado la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG, entidad de investigación financiada por la
Organización de las Naciones Unidas) en la desarticulación de una red de
defraudación aduanera conocida como La Línea –escándalo de corrupción sin
precedente en la historia reciente del país–, generó un debate en naciones
vecinas sobre la idoneidad de solicitar la creación de comisiones externas que
contribuyan al desmantelamiento de redes de corrupción y crimen organizado
enquistadas en el aparato estatal.
La
dimisión del presidente Otto Pérez Molina el 1 de septiembre tras las
revelaciones de que él y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, fungían como
cabecillas de La Línea, señalamientos por los cuales enfrentan proceso penal,
ha suscitado expresiones de admiración por parte de líderes de opinión en el
mundo.
“México tiene mucho que aprender. Urge que el
investigador de Naciones Unidas, Iván Velásquez, vaya a México, invitado por el
Congreso, para entrarle de manera independiente a los casos de la Casa Blanca y
de la casa de Videgaray en Malinalco”, escribió el periodista mexicano Jorge
Ramos en su página de Facebook, poco antes de la dimisión de Pérez Molina.
Una
semana después, senadores del Partido Acción Nacional anunciaron que
promoverían ante la Organización de Estados Americanos la creación de una
comisión internacional contra la impunidad, similar a la CICIG, para esclarecer
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y delimitar
responsabilidades.
Aunque
diversos sectores de la sociedad mexicana puedan ver en la CICIG un modelo, los
expertos advierten que se trata de un organismo creado para el contexto específico
de Guatemala, lo cual lo hace difícil de exportar, incluso a países como
Honduras y El Salvador, que enfrentan problemas muy similares a los
guatemaltecos.
Como
se explica en un estudio de la Oficina en Washington para América Latina
(WOLA), la guerra contrainsurgente en Guatemala dejó una serie de grupos
armados ilegales que actuaban a instancias de poderes ocultos en el país.
Algunos
de éstos fueron creados como parte del aparato represivo contrainsurgente del
Estado, otros fueron creados por las élites para eliminar a opositores
políticos, y otros más fueron integrados por efectivos públicos y privados.
“Estos grupos, actuando en forma de redes
informales y amorfas, hacían uso de sus posiciones y conexiones en los sectores
públicos y privados para enriquecerse a través de actividades ilegales, a
menudo relacionadas con los recursos del Estado y el contrabando. Al mismo
tiempo, buscaban manipular o cooptar el sistema de justicia y seguridad para
controlarlo y garantizar su impunidad”, afirma la WOLA.
Lejos
de desaparecer con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, estos grupos
siguieron operando en la sociedad guatemalteca. La estructura de La Línea,
presuntamente encabezada por Pérez Molina, un general retirado, constituye un
claro ejemplo de cómo han seguido funcionando.
La
investigación de la CICIG reveló que La Línea estaba dividida en dos partes:
una estructura jerárquica que operaba desde las entrañas de la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT) e incluía desde personal administrativo de
bajo nivel hasta el superintendente; y una estructura externa.
Entre
las figuras clave de la estructura externa estaba Francisco Javier Ortiz
Arriaga, Teniente Jerez, quien fue subadministrador de la desaparecida
Dirección General de Aduanas (ahora SAT) de 1990 a 1994.
Ortiz
fue señalado como la mano derecha del contrabandista salvadoreño Alfredo Moreno
Molina, cabecilla de una estructura criminal conocida como La Red Moreno.
Dedicada al contrabando aduanero y al robo de camiones de carga, la organización
estaba integrada por militares, policías y funcionarios corruptos, y operó en
Guatemala desde los setenta hasta mediados de los noventa. En 1996, cuando
Moreno fue capturado, la estructura fue acusada de defraudar 11.7 millones de
dólares al fisco.
Según
un informe de la WOLA, entre los integrantes de la Red Moreno estaba el general
retirado Roberto Letona Hora, quien mantiene una estrecha amistad con Pérez
Molina. Ambos integraban una fraternidad secreta en las fuerzas armadas
conocida como El Sindicato.
Entre
las escuchas telefónicas que la CICIG presentó como evidencia para solicitar
que Pérez Molina fuera ligado a proceso por asociación ilícita, defraudación
aduanera y cohecho pasivo, se encuentra una conversación entre dos
exfuncionarios de la SAT que evidencia que Ortiz Arriaga ingresó a la
estructura de La Línea a petición del exmandatario.
Tras
la detención de Ortiz Arriaga, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, dijo que la
estructura de defraudación aduanera creada por Moreno nunca había desaparecido;
simplemente se transformó en La Línea.
Nace
la CICIG
Como
parte de los Acuerdos de Paz, el gobierno guatemalteco se comprometió a
desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS),
cosa que no ocurrió, como demuestran las declaraciones de Velásquez. En
reiteradas ocasiones, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Guatemala, creada para velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz,
expresó su preocupación por el tema.
En
enero de 2004, ante la manifiesta incapacidad del gobierno de investigar esos
grupos y perseguirlos penalmente, debido al control que ejercían dentro de las
instituciones del Estado, grupos de la sociedad guatemalteca instaron al
gobierno a firmar un acuerdo con la ONU para crear una Comisión de
Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad
(CICIACS). Ésta fue concebida como un órgano internacional e independiente,
cuya misión sería trabajar de cerca con las instituciones locales.
Pero
un dictamen de la Corte de Constitucionalidad impidió la creación de la
CICIACS, por considerar que violaría la Constitución al asumir funciones del
Ministerio Público.
Tres
años después, en la presidencia de Óscar Berger, el asesinato de tres
diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano por efectivos de la
Policía Nacional Civil –quienes luego fueron ejecutados en una cárcel de máxima
seguridad–, generó la presión social y mediática necesaria para obligar a la
Corte Constitucional a acceder a la creación de la CICIG.
“La experiencia de la CICIG en Guatemala es
irrepetible. Fueron condiciones muy especiales y particulares de aquel momento
en el país”, afirma el exvicepresidente Eduardo Stein, quien integró el equipo
que suscribió el acuerdo con las Naciones Unidas.
Eric
Olson, director asociado del programa latinoamericano del centro de
investigación Woodrow Wilson, agrega que la CICIG fue creada en 2007 para
desmantelar estructuras paralelas enquistadas en el Estado, que tuvieron origen
en el conflicto armado y no tienen un equivalente en el contexto mexicano.
“En Guatemala había redes en el ejército que
siguieron operando de manera clandestina. Eso no lo ves en México. Con la
excepción de Los Zetas, no existe ninguna estructura en México que sea
comparable”, afirma Olson.
Sólo
para Guatemala
El
acuerdo suscrito entre el gobierno guatemalteco y la ONU estableció a la CICIG
como un organismo independiente que apoyaría al Ministerio Público, a la
policía y a otras instancias públicas en la investigación y el desmantelamiento
de las CIACS.
La
CICIG está facultada para convertirse en querellante adhesivo en los
procedimientos penales y entablar procedimientos disciplinarios contra
funcionarios vinculados con estructuras criminales. Actualmente, por ejemplo,
la CICIG actúa como querellante adhesivo en el proceso penal contra los
integrantes de La Línea, incluyendo a Pérez Molina.
Los
casos de alto impacto que la CICIG ha investigado incluyen: el asesinato del
abogado Rodrigo Rosenberg en 2009, del cual fueron falsamente acusados el
expresidente Álvaro Colom y la exprimera dama Sandra Torres; la ejecución
extrajudicial de 10 reos en 2010; actos de corrupción en el periodo
presidencial de Alfonso Portillo; y el supuesto involucramiento del
vicepresidenciable del partido Lider en una red de lavado de dinero mientras
fungía como presidente del Banco de Guatemala.
Édgar
Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de
San Carlos, hace notar que el éxito de la CICIG ha variado según el comisionado
que la preside. El juez español Carlos Castresana, quien dirigió la comisión
hasta 2010, fue acusado de cometer arbitrariedades. Su sucesor, el
costarricense Francisco Dall’Anese, tuvo un perfil bajo que contrasta con el
del actual comisionado, el colombiano Iván Velásquez.
Como
procurador departamental de Antioquia, Velásquez investigó casos de tortura,
desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos cometidas por el
ejército colombiano en sus acciones contra la guerrilla.
Luego,
como magistrado, emprendió investigaciones contra grupos paramilitares acusados
de masacres, homicidios selectivos y desplazamientos masivos, revelando los
vínculos entre esos grupos y los llamados narcopolíticos. Familiarizado con las
estructuras criminales que resultan de una guerra contrainsurgente, Velásquez
ha sabido leer e interpretar a Guatemala. Bajo su mandato se destapó el
escándalo de La Línea y Gutiérrez lo describe como “comprometido con la
justicia”.
La
CICIG también tiene la potestad de promover políticas públicas y reformas
legales.
Entre
los instrumentos legales adoptados a petición de la CICIG destacan las escuchas
telefónicas con fines de investigación, las cuales jugaron un papel clave en el
desmantelamiento de La Línea, y la figura del “colaborador eficaz”, la cual
concede beneficios a los integrantes de estructuras criminales a cambio de
información relevante para la investigación.
Pese
al entusiasmo que el éxito logrado por la CICIG en Guatemala ha despertado en
el país vecino, el mexicano David Martínez-Amador, investigador asociado de
Insight Crime, advierte que el modelo no es exportable, pues fue creado con el
propósito de desmantelar estructuras paralelas enquistadas en el Estado en el
contexto de la posguerra.
“Debido
a las debilidades estructurales del Estado guatemalteco, la comisión se
transforma en un respirador artificial que oxigena las estructuras del Estado.
En cambio, el Estado mexicano no tiene esas debilidades ni depende de la
cooperación internacional, como Guatemala. Una comisión que quisiera imponer
justicia sería vista como una intromisión”, afirma en entrevista.
Además,
asegura Maureen Meyer, investigadora de la WOLA, México es un país mucho más
grande y con un gobierno federal, lo cual dificultaría enormemente la creación
de un organismo supranacional con la potestad de investigar y perseguir
penalmente a las redes del crimen organizado.
Lo
que otros países sí pueden aprender del caso guatemalteco es que nadie es
intocable, y si bien no sería factible plantear la creación de una CICIG en
México, sí podría plantearse la creación de un ente internacional con un
mandato más reducido y específico. “Lo que funcionaría para el caso de
Ayotzinapa, en México, sería un tribunal internacional más cercano a la
experiencia de Bosnia”, afirma Martínez-Amador. l
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