Rápido
y Furioso, operación “supervisada de manera irresponsable”, concluye EU
Notimex Febrero 11, 2016 12:08 pm
La
operación “Rápido y Furioso” de trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a
México fue “supervisada de manera irresponsable” por la Oficina de Alcohol,
Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y la fiscalía en Phoenix, concluyó hoy un reporte
oficial.
El
informe final de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de
Justicia sostuvo que tanto la oficina local de la ATF, como los fiscales
federales, “fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la
seguridad pública de Estados Unidos y México”.
“Encontramos
que los cuarteles generales de la ATF y el liderazgo de la Oficina de Fiscales
fallaron en ejercer una supervisión adecuada de la operación (…) a la luz de
sus riesgos y de nuestra relación con México”, sentenció el documento de 26
páginas y anexos.
La
operación “Rápido y Furioso” fue conducida de 2006 a 2011 por la ATF y permitió
el trasiego ilegal “supervisado” de más de dos mil armas de Estados Unidos a
México, como parte de un operativo estadunidense contra el cártel de Sinaloa.
El
nuevo reporte de la OIG, solicitado para evaluar sus propias recomendaciones
originales, atribuyó una parte de la responsabilidad del fracaso de “Rápido y
Furioso” al liderazgo de la ATF en Washington.
“Concluimos
que el liderazgo de la ATF debió percatarse que los agentes no estaban
adoptando acciones apropiadas conforme la compra de armas por intermediarios
ocurría a un ritmo alarmante y debió haberle puesto fin a la operación”, apuntó
el informe.
“Adicionalmente
determinamos que algunos altos funcionarios de ATF ignoraron advertencias de
personal de la ATF sobre la decisión de los agentes de no confiscar armas a
pesar de que tenían la autoridad legal para hacerlo”, concluyó el Inspector
General.
Apenas
el pasado 19 de enero la jueza federal Amy Berman dictaminó que el presidente
estadunidense, Barack Obama no puede invocar “privilegio ejecutivo” y debe
entregar al Congreso documentos conectados con “Rápido y Furioso”.
Aunque
Obama ha hecho llegar más de 64 mil documentos al Congreso, había invocado
“privilegio ejecutivo” para limitar la cantidad y alcance de los archivos que
su gobierno estaba dispuesto a entregar al Legislativo en relación con la
pesquisa de la Cámara de Representantes.
Antes,
en agosto de 2015, la propia jueza Berman ordenó al Departamento de Justicia la
entrega de la lista de documentos privilegiados sobre la polémica operación.
La
orden judicial obligó al procurador federal la entrega de los documentos del
operativo que no son considerados como protegidos por el privilegio ejecutivo,
a fin de que puedan ser evaluados por el Comité de Supervisión de la Cámara de
Representantes.
En
2013, la misma jueza rechazó una petición del entonces procurador de Justicia,
Eric Holder, para anular la demanda del Comité de Supervisión para la entrega
de documentos relacionados con la operación.
Aunque
un reporte separado del Inspector General exoneró a Holder de cualquier
responsabilidad, hizo sin embargo críticas a tres funcionarios: el ex
subprocurador Gary Gindler, el procurador adjunto Lanny Breuer y el
subprocurador adjunto Jason Weinstein.
#
C
Nota de J. JESÚS ESQUIVEL/ Agencia APRO…
11 FEBRERO, 2016
Washington (apro).– La oficina del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) manejó con “irresponsabilidad” la supervisión de las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto, poniendo en riesgo la seguridad pública de México y Estados Unidos, destacó en un informe el Departamento de Justicia.
“Concluimos que las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto fueron irresponsablemente supervisadas por la oficina de ATF y del Departamento de Justicia en Phoenix (Arizona), y que lo más significativo de su fracaso fue considerar de manera adecuada los riesgos que esto implicaba para la seguridad pública en México y Estados Unidos”, indica el reporte elaborado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia.
Las nuevas conclusiones, que dan seguimiento a la primera que realizó el Inspector General en 2012, sostienen además que la oficina central de ATF en Washington “fracasó” en imponer una supervisión adecuada a las operaciones de tráfico de armas que orquestó y llevó a cabo la oficina en Phoenix.
De acuerdo con Michael Horowitz, Inspector General del Departamento de Justicia, el fracaso en la supervisión de las dos operaciones de tráfico de armas “supervisadas”, incluso “por los riesgos a la seguridad pública que implicó, puso en riesgo la relación de Estados Unidos con México”.
Las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto fueron desarrolladas y aplicadas por la oficina de ATF en Phoenix para presuntamente detener el tráfico ilegal de armas a México.
En 2008 y 2009, agentes de la oficina de ATF en Phoenix contrataron a reconocidos traficantes de armas de la región del estado de Arizona para que las compraran al mayoreo y las entregaran a otros individuos en la frontera sur de Estados Unidos, quienes se dedican a meter ilegalmente armamento a México.
Supuestamente la intención de la oficina de ATF en Phoenix era rastrear cada una de las armas adquiridas bajo su supervisión, para así poder desmantelar el tráfico ilegal de armas a México, enfocado a ‘empoderar’ bélicamente a los cárteles del narcotráfico.
Tanto Rápido y Furioso como Receptor Abierto resultaron ser un fracaso, porque los agentes de la oficina de ATF en Phoenix no sólo no pudieron rastrear el paradero de cientos de armas de alto poder que se adquirieron, sino que incluso provocaron un incidente fatal de un agente federal estadunidense.
El 14 de diciembre de 2010, Brian Terry, agente de Aduanas y Protección Fronteriza, fue asesinado en Río Rico, Arizona, cerca de la frontera con México, justamente con una de las armas compradas por medio de la operación Rápido y Furioso. La muerte de Terry provocó no solo un escándalo a nivel gubernamental, sino que el Congreso federal estadunidense intentó someter a un juicio político al entonces procurador general Eric Holder, a quien buscó acusar directamente de la muerte del agente por no imponer supervisiones adecuadas a las operaciones de ATF en Phoenix.
“Determinamos que los jefes de ATF debieron reconocer que estos agentes (los de Phoenix) no instrumentaron las medidas adecuadas al tiempo que se hacían las compras de armas, y que se hacían con una frecuencia y a un nivel alarmante, por tanto debieron dar por terminadas a las operaciones”, machaca el reporte del Inspector General entregado a la procuradora general Loretta Lynch.
“Además”, insiste en sus conclusiones Horowitz, “determinamos que algunos de los jefes de ATF ignoraron las advertencias que hicieron otros agentes de que sus colegas involucrados en las operaciones no estaban confiscando las armas, aun teniendo la autoridad para hacerlo”.
La investigación de Horowitz resalta en otro apartado que por diferencias con otras agencias federales, como la Administración Federal Antidrogas (DEA), ATF provocó la pérdida de varias oportunidades de investigar y capturar a personajes directamente involucrados en el trasiego de armas y de drogas.
“ATF fracasó en aprovechar la oportunidad que le dio Rápido y Furioso para avanzar en una investigación al desaprovechar la información que le dio la DEA, y pudo haber servido para identificar a un personaje sospechoso y significativo”, remata.
Como resultado del fracaso de las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto, el mismo gobierno y el Congreso federal de Estados Unidos han asegurado que la gran mayoría de las armas compradas con la autorización y supervisión de la oficina de ATF en Phoenix terminaron en manos de narcotraficantes mexicanos, en su mayoría integrantes del cártel de Sinaloa.
Nota de J. JESÚS ESQUIVEL/ Agencia APRO…
11 FEBRERO, 2016
Washington (apro).– La oficina del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) manejó con “irresponsabilidad” la supervisión de las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto, poniendo en riesgo la seguridad pública de México y Estados Unidos, destacó en un informe el Departamento de Justicia.
“Concluimos que las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto fueron irresponsablemente supervisadas por la oficina de ATF y del Departamento de Justicia en Phoenix (Arizona), y que lo más significativo de su fracaso fue considerar de manera adecuada los riesgos que esto implicaba para la seguridad pública en México y Estados Unidos”, indica el reporte elaborado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia.
Las nuevas conclusiones, que dan seguimiento a la primera que realizó el Inspector General en 2012, sostienen además que la oficina central de ATF en Washington “fracasó” en imponer una supervisión adecuada a las operaciones de tráfico de armas que orquestó y llevó a cabo la oficina en Phoenix.
De acuerdo con Michael Horowitz, Inspector General del Departamento de Justicia, el fracaso en la supervisión de las dos operaciones de tráfico de armas “supervisadas”, incluso “por los riesgos a la seguridad pública que implicó, puso en riesgo la relación de Estados Unidos con México”.
Las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto fueron desarrolladas y aplicadas por la oficina de ATF en Phoenix para presuntamente detener el tráfico ilegal de armas a México.
En 2008 y 2009, agentes de la oficina de ATF en Phoenix contrataron a reconocidos traficantes de armas de la región del estado de Arizona para que las compraran al mayoreo y las entregaran a otros individuos en la frontera sur de Estados Unidos, quienes se dedican a meter ilegalmente armamento a México.
Supuestamente la intención de la oficina de ATF en Phoenix era rastrear cada una de las armas adquiridas bajo su supervisión, para así poder desmantelar el tráfico ilegal de armas a México, enfocado a ‘empoderar’ bélicamente a los cárteles del narcotráfico.
Tanto Rápido y Furioso como Receptor Abierto resultaron ser un fracaso, porque los agentes de la oficina de ATF en Phoenix no sólo no pudieron rastrear el paradero de cientos de armas de alto poder que se adquirieron, sino que incluso provocaron un incidente fatal de un agente federal estadunidense.
El 14 de diciembre de 2010, Brian Terry, agente de Aduanas y Protección Fronteriza, fue asesinado en Río Rico, Arizona, cerca de la frontera con México, justamente con una de las armas compradas por medio de la operación Rápido y Furioso. La muerte de Terry provocó no solo un escándalo a nivel gubernamental, sino que el Congreso federal estadunidense intentó someter a un juicio político al entonces procurador general Eric Holder, a quien buscó acusar directamente de la muerte del agente por no imponer supervisiones adecuadas a las operaciones de ATF en Phoenix.
“Determinamos que los jefes de ATF debieron reconocer que estos agentes (los de Phoenix) no instrumentaron las medidas adecuadas al tiempo que se hacían las compras de armas, y que se hacían con una frecuencia y a un nivel alarmante, por tanto debieron dar por terminadas a las operaciones”, machaca el reporte del Inspector General entregado a la procuradora general Loretta Lynch.
“Además”, insiste en sus conclusiones Horowitz, “determinamos que algunos de los jefes de ATF ignoraron las advertencias que hicieron otros agentes de que sus colegas involucrados en las operaciones no estaban confiscando las armas, aun teniendo la autoridad para hacerlo”.
La investigación de Horowitz resalta en otro apartado que por diferencias con otras agencias federales, como la Administración Federal Antidrogas (DEA), ATF provocó la pérdida de varias oportunidades de investigar y capturar a personajes directamente involucrados en el trasiego de armas y de drogas.
“ATF fracasó en aprovechar la oportunidad que le dio Rápido y Furioso para avanzar en una investigación al desaprovechar la información que le dio la DEA, y pudo haber servido para identificar a un personaje sospechoso y significativo”, remata.
Como resultado del fracaso de las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto, el mismo gobierno y el Congreso federal de Estados Unidos han asegurado que la gran mayoría de las armas compradas con la autorización y supervisión de la oficina de ATF en Phoenix terminaron en manos de narcotraficantes mexicanos, en su mayoría integrantes del cártel de Sinaloa.
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