CIDH: México es el país más peligroso del hemisferio para los periodistas/J. JESÚS ESQUIVEL

CIDH: México es el país más peligroso del hemisferio para los periodistas/J. JESÚS ESQUIVEL
Revista Proceso # 2172, 16 de junio de 2018...
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visitó México a fines de 2017 con el relator especial de la ONU David Kaye, a fin de recopilar información sobre la violencia contra los periodistas. Con motivo de la presentación del informe respectivo, que se realizará el próximo martes 19, Lanza conversó con este semanario. Considera que la protección a algunos periodistas es un avance, pero deplora que México siga siendo “el país más peligroso del hemisferio para los periodistas” por las omisiones en el cumplimiento de la ley. Por eso considera que el cambio de gobierno puede ser una ocasión propicia para hacer los cambios necesarios en las políticas en la materia.  



Washington.- La combinación de intereses del narcotráfico y políticos, aunados a la falta de voluntad del gobierno federal para garantizar la integridad de la libertad de expresión, son causa de tantos asesinatos de periodistas y de que México sea el país del hemisferio más peligroso para ejercer la profesión, sentencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, resalta la gravedad del hecho de que México sea una de las naciones del mundo donde se mata con tanta frecuencia a periodistas, por lo que espera que el próximo gobierno mexicano atienda con urgencia el problema.

“Es el momento, con un cambio de gobierno, para replantearse estas cosas”, dice Lanza durante la entrevista que concedió a Proceso en su oficina.

Al relator se le hace inconcebible que en México el ejercicio del periodismo sea sinónimo de muerte, tomando en cuenta que desde el año 2000 a la fecha son 116 los periodistas asesinados, crímenes que en su mayoría siguen impunes y sin que las autoridades hagan algo para esclarecerlos. 

“Sin duda hoy en día puede uno concluir que México es el lugar más peligroso del hemisferio para hacer periodismo porque no hay otro país que tenga punto de comparación”, apunta Lanza.

La evaluación del problema de la libertad de expresión y del asesinato de periodistas en México está condensada en el informe que presentarán este martes 19 Lanza y David Kaye, relator especial de la ONU sobre la Libertad de Expresión. 

El informe de los dos relatores contiene una serie de observaciones, conclusiones y recomendaciones derivadas de la visita que realizaron a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 para constatar esos dos graves problemas. 

“En la visita me impactó mucho lo que reflejamos en algunos párrafos del informe, pero obviamente vivirlo es otra cosa. Yo digo siempre que cuando me vaya de acá voy a escribir un libro sobre libertad de expresión y esa visita a México va a tener un capítulo detallado, importante”, subraya Lanza.

La impresión imborrable que sufrió el relator de la CIDH en su visita a México se refiere al involucramiento del narcotráfico en el ejercicio del periodismo. Lanza admite que eso fue lo que recogió luego de hablar con periodistas en Tamaulipas para intentar entender por qué son asesinados tantos informadores en el país.

Al preguntarle al funcionario de la CIDH si el narcotráfico está muy involucrado con el periodismo en Tamaulipas, responde: 

“Sabíamos un poco lo que pasaba y lo que pasa en Tamaulipas. Hicimos una metodología muy productiva que fue reunirnos con periodistas individualmente, o con pequeños grupos donde ellos se sintieran cómodos para hablar.

“Recibimos una cantidad de narrativas sobre cómo opera el narcotráfico. Allí vimos cosas como que, efectivamente, durante los últimos 10 o 15 años los grupos del crimen organizado han descubierto que no se trata sólo de silenciar a periodistas sino de influir en la agenda noticiosa a favor de sus intereses. Muchos periodistas nos admitieron: ‘A mí me levantaron, yo cubro policiales y estoy en relación directa con la policía y con grupos delincuenciales y me llevaron a ver como han asesinado a zutano y mengano para que lo cuente. O me han pedido que dé un mensaje a un compañero. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué haría usted en mi lugar? O después de hacer dos o tres encargos de este tipo al crimen organizado y por presión de ellos, me han dicho: toma, para pagarle un remedio a tu hija o lo que fuera.

“Por otro lado, del nuevo gobierno (el de Francisco García Cabeza de Vaca) en Tamaulipas, los periodistas nos dijeron que no es un gobierno como el anterior (el de Egidio Torre Cantú) que estaba cooptado. Pero el gobierno tiene mucha desconfianza hacia el gremio periodístico.

“Y en el gobierno nos dijeron que desconfiaban de los periodistas porque han estado en contacto con el narcotráfico y que ellos en el narco no pueden confiar y por lo tanto los consideran enemigos.

“Es como un círculo vicioso donde están atrapados una cantidad de periodistas, de colegas y de medios, en el cual el crimen organizado presiona, manda órdenes y ahora el Estado dice: yo no confío en ustedes y tengo a mis periodistas confiables. En un estado tan complicado y tan complejo se debería crear una institución para prevenir y proteger esto; la publicidad debería tener reglas claras.

“Si fuera necesario, incluso, un subsidio a los medios. Que fuera claro y objetivo porque obviamente hay una situación donde muchos medios locales dependen de la publicidad o del subsidio del Estado. Para temas excepcionales hay que buscar respuestas excepcionales.

“Percibimos eso: gente quemada por la situación, periodistas totalmente sobrepasados por la desconfianza dentro del medio y esa modalidad. Incluso nos han contado que, directamente, en algún caso hay medios que los pone el narcotráfico y los paga el narcotráfico”.

Desconcierto internacional

Lanza anota que, pese a todo, en México se han logrado avances para proteger y garantizar la libertad de expresión. Así considera la discusión sobre la publicidad gubernamental en los medios y la ley aprobadas al respecto.

“Ya nadie en México niega que la publicidad oficial de algún modo sigue utilizándose como un mecanismo que interfiere en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son montos muy elevados, porque muchos medios cuentan con ese dinero, porque no está relacionado con nada, salvo para las grandes cadenas. Es un monto muy elevado y se distribuye como una suerte de piso para todo, y de ahí para arriba; para los que son más afines al gobierno hay más, y para los que son críticos, menos”.

La ley aprobada por el Congreso mexicano sobre la distribución de la publicidad gubernamental en los medios y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se instrumente son, desde el punto de vista del relator de la CIDH, una decisión diáfana que expone el motivo por el cual el gobierno sigue recurriendo a la publicidad para premiar a sus aduladores y castigar a los que lo cuestionan, critican y exhiben.

“Esa regulación que adoptaron no cumple con los estándares internacionales para terminar de quitarle el pie de encima a los medios en definitiva”, puntualiza.

La situación de la libertad de expresión en México sacude a los organismos multilaterales, sobre todo porque se consideró que, con la elección de Vicente Fox como presidente en 2000, habría mayor apertura para que los periodistas trabajaran con libertad. 

La CIDH sostiene que hay un desconcierto internacional porque a partir de ese año se incrementó el número de periodistas asesinados, perseguidos y desaparecidos: “En México la cifra (tendencia) es sistemática, incluso comparado con países que tienen una situación de crimen organizado operando de manera tan brutal, como Honduras y Guatemala”, destaca Lanza.

Los crímenes contra los periodistas carecen de una explicación judicial satisfactoria porque, de acuerdo con la CIDH, en el gobierno federal no hay voluntad para esclarecerlos. Lanza expone que, sin embargo, no existen evidencias para afirmar que se trata de eliminar a los informadores desde el poder central.

El componente político, aclara, “puede estar vinculado al fenómeno de la política regional, de la colusión entre el crimen organizado y la política regional. Eso está claro en el caso, por ejemplo, del asesinato de Miroslava Breach, y en algunos otros casos de Veracruz. Incluso este año, con los últimos casos en los que aparentemente están vinculando a periodistas que de algún modo estaban ligados a campañas políticas”.

Al plantearle que el gobierno federal incurre en omisiones al no cumplir la ley para esclarecer los crímenes, prevenirlos y proteger a los comunicadores. El relator subraya que no se han construido políticas eficientes de prevención porque no hay recursos:

–Salvo una cosa simbólica, como las condenas que hace el presidente cuando asesinan a un periodista –agrega Lanza. Con todo, admite que en la protección sí hay cambios positivos, ya que varios periodistas mexicanos están protegidos.  

Donde la CIDH encuentra las mayores omisiones y la aparente falta de interés del gobierno federal es en la investigación de los asesinatos de periodistas. Indica que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) no alcanza para resolver los crímenes porque no cuenta con los recursos necesarios ni con el perfil judicial adecuado para darle solución a los expedientes.

“Obviamente tenemos una cantidad de casos, 60 o 70, que no han sido resueltos en forma completa: autor intelectual más el material. Lo digo porque vengo de una visita y hay que decir lo que uno constató ahí”, dice el relator de la CIDH.

Entre las deficiencias en la FEADLE está la problemática de mantener una fiscalía especializada, porque no está claro cómo se utiliza la facultad de atracción de los casos locales al ámbito federal para definir una investigación conjunta. Lanza piensa que esta combinación no funciona porque no hay confianza entre las instancias.

“Eso no va a cambiar. Eso le dijimos al fiscal: por más que usted esté trabajando 24 horas y este yendo a los lugares, debe haber una política que diga que hay determinados casos emblemáticos, pero que todos tienen que ser investigados, que no pueden quedar impunes, porque el Estado mexicano le está mandando un mensaje a la sociedad y al crimen organizado de que no pasa nada si se asesina a un periodista, aunque sea un periodista pesado en términos periodísticos, emblemático, que esté en un medio grande o en un medio chico”, insiste Lanza.

Recomendaciones 

para una política de Estado

La solución por la que aboga la CIDH es que se establezcan mecanismos de seguimiento a los casos de asesinato de periodistas, parecidos al que en la OEA se definió para el asunto de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

En su opinión, esos mecanismos deben contar “con expertos internacionales que permitan dar la confianza de que se van a agotar las líneas de investigación que se deben agotar y no van a pasar cosas raras; que no van a desaparecer pruebas o estas cosas que a veces pasan. Por ejemplo, en el caso de Miroslava Breach, parece que tienen identificados a los autores, pero no se les puede atrapar porque hay que coordinar una operación con la policía, con el Ejército y no se combinan. Una operación federal para entrar a una zona peligrosa”.

Para resolver los casos de 116 periodistas asesinados en México en los últimos 18 años, la CIDH afirma que son insuficientes los 15 o 16 fiscales que integran la FEADLE. Esta instancia requiere personal especializado y mayores recursos para acoger, averiguar y esclarecer los casos de los crímenes contra los informadores.

–¿Hay solución a este problema en el corto plazo? –se le pregunta al relator de la CIDH.

–Creo que sí, es un gran país que está construyendo. Con una ley de publicidad clara, transparente, con mecanismos objetivos y con un órgano fiscalizador en serio, como pasó con la ley de acceso, se garantiza más que con la reforma que acaban de hacer.

“El Ifetel que genere garantías para democratizar a los medios de comunicación de radio y televisión es otra cosa importante. Creo que la fiscalía y el mecanismo de prevención y de protección van a depender del fortalecimiento de esto.

“Si uno mira a Colombia, que tuvo un proceso bastante similar, gasta más que México en el mecanismo de protección y lo ha sostenido durante 10 o 12 años. Es bastante la inversión, se habla de ocho o nueve millones de dólares por año, sólo para periodistas. México gasta mucho menos, en su globalidad todavía no alcanza lo que gasta Colombia.

“Todo va a depender de que la fiscalía sea independiente, de que quien siga al frente tenga las garantías de independencia, los recursos, y que se generen tal vez algunos mecanismos internacionales. 

“La CIDH, la relatoría y el Estado de Ecuador firmaron un acuerdo para generar un mecanismo internacional de seguimiento al asesinato de tres periodistas en la frontera con Colombia. Es el primer mecanismo internacional de seguimiento de crímenes contra periodistas. Esto puede ser un modelo para explorar con el próximo gobierno de México, ¿por qué no? Si lo ha hecho Ecuador, no es imposible hacerlo. 

“La voluntad política y los recursos generan confianza. Los recursos son imprescindibles, pero tengo la confianza de que el informe nuestro va a dejar algunas recomendaciones muy claras que deberían ser política de Estado en México”, concluye Lanza.
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El ganador del Premio Carlos Montemayor denuncia la "fabricación" de un delito en su contra
LA REDACCIÓN
Revista Proceso # 2172, 16 de junio de 2018...
PALABRA DE LECTOR
Señor director: 
El 12 de abril de 2016 fui aprehendido, todavía bajo el viejo sistema de justicia penal, que no consideraba la posibilidad de comparecer previamente ante un juez para tener derecho a legítima defensa. El delito falsamente armado fue el de fraude procesal. 

Mediante chantaje fui obligado a firmar pagarés dentro de la prisión, a entregar las cámaras de video con las que había realizado mi trabajo como corresponsal periodístico y así obtener la libertad con fianza 18 días más tarde. 

Desde entonces he enfrentado un juicio en el que he padecido indefensión, debido a que el contrato que presenté en su oportunidad ante un juzgado civil, con la firma de mi arrendador, ya finado, el señor Tomás Tarno Barro, parece haber sido alterado a conveniencia de la parte acusadora y no se ha vuelto a ver el original, al menos desde 2014, por lo que el juicio se ha realizado con una copia fotostática. Un procedimiento doloso que por cierto es común entre los latifundistas urbanos. 

El contrato que fue originalmente depositado en el Juzgado 83 Civil, pasó, a la extinción de éste, al Juzgado 14 Civil, que durante más de un año se ha negado a certificar su desaparición, en perjuicio de mi defensa.

Estos hechos fueron relatados en el libro Reportero encubierto, que me valió el Premio Nacional de Literatura Testimonial Carlos Montemayor (https://www.proceso.com.mx/467265/reportero-encubierto-gana-el-premio-bellas-artes-carlos-montemayor).

A pesar de que todos los peritajes han determinado que debido a la mecánica de ejecución no se me puede atribuir la firma, la desaparición del original ha impedido probarlo científicamente. Todo indica que la falsa firma fue sobrepuesta a la original para incriminarme.

Aunque en este momento el litigio se encuentra por tercera vez en proceso de apelación en la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y está fundamentado en el principio de absolución ante la duda, el contrato original, o la certificación del juez de que está desaparecido desde 2014, sería la prueba superviniente indispensable para poder demostrar mi inocencia.

Hay otros elementos que tampoco se han tomado en consideración, como el hecho de que aun la copia del contrato tiene otros elementos de seguridad, tales como un número de cuenta y el RFC del señor Tarno Barro, además de 27 recibos de arrendamiento que no fueron objetados, por lo que si se cometió un fraude procesal, éste me tuvo como víctima y no como actor. 

Por lo anterior atentamente solicito al presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Alberto Augusto Juárez Pérez, dé instrucciones al juez 14 de lo Civil para no prolongar más lo que en derecho corresponda, y a la Judicatura y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tomar nota sobre las posibles irregularidades en el proceso. 

Atentamente

Ramsés Ancira