En la trayectoria de Barrales, múltiples acusaciones de corrupción/RAÚL MONGE

En la trayectoria de Barrales, múltiples acusaciones de corrupción/RAÚL MONGE
Revista Proceso # 2172, 16 de junio de 2018...
El despegue de Alejandra Barrales en la vida pública comenzó en 1985, cuando terminó sus estudios en el Conalep e ingresó a Aeroméxico para realizar el servicio social. La trayectoria de la exsobrecargo en el ámbito sindical está manchada con denuncias por fraudes e irregularidades en el manejo de recursos del gremio. En la política, la candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ha sorteado turbulencias causadas por acusaciones de corrupción y escándalos como los relacionados con la adquisición de propiedades de lujo, algunas de las cuales intentó ocultar.
La vertiginosa trayectoria de la exsobrecargo Alejandra Barrales Magdaleno ha estado marcada por una serie de sucesos en los que se entreveran elementos propios de una telenovela: ambición, manipulación, traiciones, intriga y sospechas de corrupción.


La historia sindical y política de la actual candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente –que sumió al PRD en una profunda crisis de identidad al poner las siglas de su partido al servicio de su otrora acérrimo adversario histórico, el PAN, y que sacrificó las aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera en aras de afianzar su anhelo personal de gobernar la capital del país– comenzó a fraguarse en 1985, cuando concluyó sus estudios de nivel medio superior en el Conalep y realizó su servicio social en Aeroméxico, como asistente de la secretaria particular del entonces director de Recursos Humanos.   

Tres años más tarde, cuando tenía 21 –en 1988–, ingresó a trabajar formalmente en la aerolínea como sobrecargo, con un sueldo inferior a los 15 mil pesos mensuales. Con apenas 12 meses de servicio, dio el salto a la lucha sindical como secretaria de Prensa de la Mesa Directiva de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), cargo que ejerció de 1989 a 1991, lo que le permitió afianzar su relación con los medios de comunicación.

En el siguiente proceso interno, la ahora senadora con licencia decidió contender por la dirigencia de la ASSA, y en 1995, con apenas 27 años, fue electa secretaria general de la asociación para un periodo de tres años. Pero la dirigente no tuvo empacho en torcer los estatutos internos de la agrupación para extender su mandato otro trienio, hasta 2001.  

Antes de terminar su gestión en la ASSA, la ahora candidata de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano enfrentó el escrutinio de sus agremiados tras descubrirse una serie de irregularidades en el manejo de las pólizas de seguros. El asunto no terminó en los tribunales debido a la omisa actuación del representante jurídico que defendió los intereses de los sobrecargos en aquel tiempo.

Inicialmente sólo se iba a revisar una póliza, pero la cantidad de anomalías encontradas fue de tal magnitud que la Comisión de Vigilancia de la asociación, entonces a cargo de Vicente Ortega, decidió examinar el resto de los contratos de seguro que fueron gestionados por Barrales durante los seis años de su administración. 

El resultado de la indagatoria, de la que Proceso tiene copia, no dejó dudas sobre el manejo fraudulento en algunas de ellas, por lo que, en asamblea, la Comisión de Vigilancia solicitó la remoción del agente de seguros involucrado, Adrián Eduardo Salazar Abonce, a la sazón gerente de la correduría Caresa.

Barrales no movió ni un dedo para deshacerse del agente de seguros. Según el resultado de la investigación interna, Salazar Abonce siguió prestando sus servicios a la asociación, aunque ahora como gerente y representante de la empresa Bio-Asesores.

En la verificación realizada a las pólizas, la Comisión de Vigilancia detectó otra inconsistencia en el Seguro Grupo Vida, contratado con la Aseguradora Hidalgo (número GA1694) de abril de 1999 a abril de 2000. Según el reporte de la aseguradora, resultaron dividendos por tres millones 157 mil 308 pesos, de los cuales los sobrecargos sólo recibieron un millón 643 mil 471 pesos, es decir, un millón 513 mil 837 pesos menos de lo manifestado por la compañía.

El 11 de diciembre de 2000, en asamblea general extraordinaria y fuera del orden del día, Barrales y la tesorera Freyja Doridé Puebla López informaron a sus agremiados del cambio de aseguradora –de Hidalgo a Inbursa–, con el argumento de que se introduciría un “seguro de vida adicional”. De paso también les dieron la noticia de que ese año no habría dividendos o que si hubiera serían mínimos.

Sin embargo, la Comisión de Vigilancia recuperó la póliza GA1694 y detectó que había sido cancelada cuatro meses antes, el 4 de agosto de ese mismo año. “Los sobrecargos estuvimos sin seguro de vida durante casi cinco meses, pues la aseguradora nos informó que no recibió ningún pago desde el 6 de junio de 2000”, según se desprende del dictamen.

Sin consulta previa a la asamblea, el 22 de diciembre de 2000 Barrales formalizó el contrato con Seguros Inbursa (póliza 161247) mediante Promotoría Fabrum, la empresa en la que, curiosamente, volvía a aparecer el nombre de Adrián Eduardo Salazar Abonce como agente de seguros y gerente de la firma.

Derivado del retraso en el pago de dos siniestros en el periodo 2000-2001, la Comisión de Vigilancia solicitó información a Inbursa sobre el origen de la demora. La aseguradora aclaró que no registraba siniestro alguno, que los dividendos se habían pagado puntualmente a Salazar Abonce y que sólo restaba por cobrar el último cheque de un total de 12, todos expedidos a nombre de la ASSA por un monto de cinco millones 654 mil 588 pesos con 50 centavos.

La entonces secretaria de Previsión Social, Julia Cabrera Vázquez, adujo que eso no era posible, que Inbursa había pagado algunos siniestros, uno de ellos en dos exhibiciones, y que los dividendos jamás habían llegado a la asociación, pues la dirigencia de Barrales les había informado que dicha póliza se había suscrito sin dividendos. 

Cabrera Vázquez llevó a la compañía los documentos de soporte con los sellos de Inbursa y ahí brincó el fraude: la papelería y los sellos eran falsos. Una vez que la comisión dio con la carátula de la póliza verdadera con sus endosos respectivos, advirtió que Barrales los había engañado, pues la fórmula de dividendos era de 92%, entre otros beneficios.

Comprobado el fraude, Inbursa investigó y logró la detención de Salazar Abonce cuando pretendía cobrar el último cheque de los rendimientos. Además, descubrió que el agente de seguros contaba con cinco cuentas abiertas en BBVA Bancomer mediante documentación falsa a nombre de ASSA, en las cuales depositó los recursos de los sobrecargos y de las que traspasó parte del dinero a su socio Arturo Vargas, quien, casualmente, era asesor de Barrales, con un suelo de 17 mil pesos mensuales. Éste último sigue prófugo.

Según el dictamen de la Comisión de Vigilancia, los trabajadores de la ASSA dejaron de cobrar beneficios por un total de nueve millones 312 mil 339 pesos con 10 centavos, correspondientes a los periodos 1999-2000, abril 2000-agosto 2000 y 2001-2002.

Por recomendación del entonces asesor legal de la ASSA, José Luis Mendoza, el caso no llegó a los tribunales civiles ni penales. Inexplicablemente, el representante jurídico prefirió desahogar el asunto en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Sin embargo, nunca le dio seguimiento, en una clara “actitud dilatoria”. El abogado fue echado y, en represalia, éste demandó a ASSA por despido injustificado.

La guardería, la política, 

las propiedades

Otro hecho que empañó la actuación de Barrales al frente de ASSA fue la fallida puesta en operación de una guardería para los hijos de los trabajadores, construida en un predio localizado en las inmediaciones de la terminal aérea y en el que se invirtieron poco menos de 12 millones de pesos, la mitad de los cuales fueron aportados por Aerovías de México (Aeroméxico), la extinta Mexicana de Aviación y el resto por la agrupación.

Por ese caso, Barrales fue denunciada penalmente en mayo de 2004. La querella fue interpuesta por la dirigencia sindical en turno, encabezada por Arturo Aragón Sosa, al documentar inconsistencias en el proceso de licitación, así como en la construcción y equipamiento de la estancia infantil ubicada en el número 80 de la calle de Matilde Márquez, en la colonia Peñón de los Baños, delegación Venustiano Carranza.

La guardería se entregó en tiempo y forma, pero nunca llegó a operar a causa de presuntos problemas administrativos y de coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el gobierno de la ciudad.

Según consta en la averiguación previa iniciada entonces
–número FDF/TT1/840/04–06–, en la licitación de la obra participaron cuatro empresas: Indopesa, Suprisa, Mole Construcciones y Morhfe. Las dos primeras no tenían antecedentes en el ramo de la construcción y las otras dos pertenecían al mismo propietario, el arquitecto Francisco Morales Flores.

Barrales se inclinó por la constructora Morhfe para construir el inmueble. Y lo hizo a sabiendas de que esta empresa había presentado una cotización superior a las del resto de las compañías licitantes en “detrimento del patrimonio de la representación sindical”, de acuerdo con la denuncia interpuesta por el entonces representante legal de ASSA, Francisco Javier Tinoco Balcorta.

Sin agotar todas las diligencias, el 12 de noviembre de 2004 el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros de la Procuraduría capitalina, Marco Antonio García Anievas, resolvió el no ejercicio de la acción penal en el proceso contra Barrales y coacusados, “toda vez que los hechos que nos ocupan están prescritos y no son constitutivos de delitos”.

En 2002, Barrales se afilió al PRD y adquirió el primero de los cinco bienes inmuebles que tiene registrados actualmente en su declaración patrimonial #3de3: un apartamento de 130 metros cuadrados en la colonia Del Valle por el que pagó 1.3 millones de pesos en una sola exhibición.

En 2009, como coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y presidenta de la Comisión de Gobierno, sacó adelante dos iniciativas promovidas por Marcelo Ebrard: la que avala los matrimonios entre personas del mismo sexo y la relativa a la despenalización del aborto. Del segundo proyecto, Barrales se acaba de arrepentir. “Yo, personalmente, estoy contra el aborto”, declaró en mayo pasado en un acto de campaña.

Durante su gestión como en la ALDF se hizo de otra propiedad, ubicada en Cerrada de Miguel Noreña, colonia San José Insurgentes, por la que pagó dos millones de pesos en efectivo. 

En dicha propiedad, que no aparece registrada en su #3de3, vive su hermano Esteban Barrales, a quien en 2015 la Contraloría General de la Ciudad de México amonestó, apercibió y suspendió por 80 días en dos ocasiones y multó con un millón 147 mil 443 pesos y con 828 mil 518 pesos con 40 centavos, respectivamente, por presuntas anomalías en el desempeño de su encargo en la Secretaría de Educación del gobierno de la CDMX, cuando su hermana fungía como titular de la dependencia.

Como líder en la ALDF, Barrales tampoco se distinguió por ejercer con pulcritud el gasto y los programas sociales, como el fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de los Jóvenes del Distrito Federal (Fijov), creado con un noble propósito: evitar que jóvenes abandonaran sus estudios por falta de recursos económicos.

A este fideicomiso se le destinaron 350 millones de pesos en sus tres años de vida, de 2011 a 2013. Sin embargo, desde un principio operó con desorden normativo, contable y financiero, según los resultados de la auditoría que mandó hacer el predecesor de Barrales en la presidencia de la Comisión de Gobierno de la ALDF, el mancerista Manuel Granados (hoy dirigente nacional del PRD), ante las fundadas sospechas de una posible malversación de fondos.

Realizado por el despacho Multiasesorías Empresariales Corporativas SC, el arqueo arrojó que la mayoría de las instituciones educativas particulares con las que se celebraron convenios para atender a los beneficiarios del programa no estaban incorporadas –o al menos no entregaron la certificación al momento de la firma– a la SEP, UNAM o IPN; además, carecían de certificación local, nacional e internacional, tenían poco tiempo de impartir educación media superior y superior, no contaban con el  número suficiente de catedráticos y no llevaban un control del universo, asistencia y rendimiento de los becarios atendidos.

Peor aún, Barrales otorgó un número indeterminado de becas a diputados que las usaron con fines clientelares.

Otro de los hallazgos fue que se pagaron tres millones 987 mil 905 pesos con 54 centavos a Administración de Recursos Operativos S.A. de C.V. sin existir convenio alguno y sin que dicho establecimiento formara parte de la Red de Servicios Educativos con la que se firmó el convenio.

Los auditores también detectaron inconsistencias “graves” en la contabilidad, en los convenios con las instituciones educativas oficiales y privadas, en la selección de los beneficiarios, en las reglas de operación de las becas y en el sistema de evaluación general del programa.

Además, se detectaron pagos duplicados a trabajadores del Fijov en el mismo mes, sin justificación ni autorización del comité técnico, por un monto de 301 mil 600 pesos.

De todo ello tuvo conocimiento la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF. Sin embargo, por órdenes de Manuel Granados se solventaron algunas observaciones y se “maquillaron” otras a fin de congelar cualquier posibilidad de emprender acciones de tipo administrativo o penal contra Barrales y los diputados que formaron parte del Comité Técnico del Fijov.

En el Senado, Barrales presidió la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y formó parte del consejo rector del Pacto por México que aprobó las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, entre ellas las más polémicas: la educativa y la energética.

Además, adquirió dos propiedades más: un departamento en Acapulco, con valor de 8.1 millones de pesos, y una casa en Cuernavaca, en el complejo Tikal, con valor de dos millones de pesos. Esta última tampoco aparece registrada en su #3de3.

Un par de años después, en 2014, la candidata frentista se dio otro gusto: compró una residencia en la colonia Lomas de Chapultepec, donde vive actualmente. La casa tiene una superficie de 535 metros cuadrados y le costó 13 millones 300 mil pesos. La adquisición fue a crédito, según su #3de3.

En 2015, por invitación del entonces jefe de Gobierno capitalino, Barrales regresó a la administración de la ciudad como titular de la Secretaría de Educación, donde permaneció poco tiempo, hasta julio de 2016. Dejó el cargo para buscar la dirigencia nacional del PRD luego de la dimisión de Agustín Basave.

Sin renunciar a su curul en el Senado, Barrales fue electa presidenta del PRD por mayoría de votos.

Pero los escándalos la perseguían: En marzo de 2017, la cadena Univisión dio a conocer la primicia de que la líder perredista había comprado meses atrás un departamento en Miami, valuado en 14 millones 355 mil pesos, que no registró en su declaración patrimonial de abril de 2016.