Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
En 2016 la FEPADE recibió documentos sobre el desvío de más de 200 millones de pesos con fines electorales por parte del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Sin embargo, ahora que éste fue extraditado a México, luego de meses de cautiverio en Panamá, la Procuraduría General de la República lo acusa sólo de presunto lavado de dinero y desfalco al erario quintanarroense, pero no de peculado electoral. Y esa omisión resulta oprobiosa en tiempos de precampañas.
Durante los 214 días de prisión en Panamá, Roberto Borge Angulo, el exgobernador priista de Quintana Roo, no sólo perdió 20 kilos de su robusta figura sino también logró “adelgazar” los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), pues la dependencia ignoró los ilícitos derivados del peculado electoral por más de 200 millones de pesos y los relacionados con su presunto vínculo con el crimen organizado.
Considerado uno de los grandes “piratas” del erario federal y del de Quintana Roo, Borge hizo crecer la deuda pública estatal 115% durante su mandato, desvió más de mil 464 millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje, dejó más de mil millones de pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, destinó más de 500 millones de pesos del erario sólo en rentas de aeronaves privadas, pero la causa penal 381/2017 de la PGR sólo lo acusa por presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal de 900 millones 99 mil 48 pesos en la venta irregular de 22 predios que fueron parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).
La PGR sostiene en su acusación que esos 22 predios, que suman 7 millones 118 mil metros cuadrados, fueron rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE a familiares del entonces gobernador y a una red de prestanombres y amigos por debajo de su valor real. Los compradores pagaron sólo 238 millones 790 mil pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones, de ahí el quebranto calculado en poco más de 900 millones.
La madre de Borge, María Rosa Angulo Castilla, se quedó con dos terrenos de 116 mil 196 metros cuadrados en la isla de Cozumel, por los cuales pagó una suma inferior a su valor real.
Otros beneficiarios, según la PGR, fueron el empresario gasolinero Santiago Jiménez, el abogado César Celso González Hermosillo, la secretaria de su padre, María de Lourdes Pinelo Nieto, así como una red de empresas como Caveri Servicios Inmobiliaria, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch, Rancho La Posadita e Inmobiliaria Matics.
La fiscalía estatal le imputa diversos ilícitos a Borges por 3 mil 104 millones de pesos, pero desde julio pasado el exgobernador obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación contra delitos del fuero estatal.
El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, admitió el jueves 4 que sería difícil trasladar a Borge a la entidad, pero que las autoridades locales estarían “pendientes” de las carpetas de investigación en su contra para buscar que pague el daño al erario estatal por más de 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, en un caso muy similar al del exgobernador priista de Chihuahua César Duarte, la PGR no le está imputando ningún delito electoral a Borge, a pesar de que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) dejó desde agosto de 2017 muy avanzada la investigación contra Borge, así como contra Juan Pablo Guillermo Molina, quien fue el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante su administración, y contra el exdirigente del PRI estatal Raymundo King, por presunto desvío de 201 millones de pesos en el ejercicio de 2016, fondos que presuntamente fueron destinados a la campaña del candidato priista Mauricio Góngora Escalante.
Delincuencia electoral
Desde junio de 2016 la FEPADE inició una carpeta de investigación a raíz de la denuncia presentada por el expresidente del PRD, Agustín Basave Benítez, por la utilización ilegal de fondos públicos para apoyar a Góngora Escalante.
En las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRD se recibieron nueve copias simples de igual número de recibos por un total de 201 millones de pesos. Eliezer Villanueva Lanz, quien fungía como subsecretario de Sefiplan en ese periodo, fue el emitente; Góngora Escalante, el receptor.
La secuencia de las firmas de recibido fue la siguiente: 7 de marzo de 2016, la dependencia expidió un recibo por 50 millones de pesos; 11 días después Góngora Escalante firmó otro por 35 millones; el 31 de marzo, uno más por 20 millones; el 8 de abril, por 20 millones de pesos; el 14 de abril, otro por 30 millones.
El sexto se emitió el 18 de abril y fue por 8 millones; el día 22 de ese mismo mes, otro por 5 millones; el 28 de abril uno más por 22 millones, el 6 de mayo se registró el último, por 11 millones de pesos.
El PRD no sólo entregó copias a la FEPADE de estos recibos, sino también originales a la delegación de la PGR en Quintana Roo, desde el 25 de mayo de 2017, según consta en el expediente. La entrega de los “nueve recibos en formato original” se hizo a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la entidad.
El mismo día, la FEPADE solicitó a la dirección de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) que informara si durante las elecciones estatales de Quintana Roo se presentaron quejas contra Góngora o si inició algún procedimiento contra el candidato priista por la omisión de rendir cuentas o entregar informes.
El INE respondió que existían tres querellas contra el excandidato priista y excolaborador de Borge, pero “todas se encuentran concluidas” y “no se inició ningún procedimiento en contra de Mauricio Góngora Escalante”.
En otras palabras, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE pasó por alto el ingreso de más de 200 millones de pesos a la campaña del aspirante priista, lo que implicaría el rebase del tope de gastos.
El 31 de agosto de 2017, el perito en grafoscopía Óscar Godoy González analizó las firmas de Góngora Escalante en los recibos en poder de la FEPADE y concluyó que “por su origen gráfico sí corresponden por su ejecución” al excandidato priista a la gubernatura.
Hasta el 17 de octubre pasado, ni la FEPADE ni la PGR habían acusado a Borge por su presunta complicidad en este caso de peculado electoral.
Juan Melquiades Vergara, titular de la Sefiplan durante la gestión de Carlos Joaquín González, admitió ante la FEPADE que “encontró irregularidades relacionadas con la materia de su investigación, las cuales se hacen de su conocimiento para los efectos legales conducentes”.
Desde junio del año pasado Diana Talavera Flores, directora de Vinculación con Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la fiscalía quintanarroense, afirmó que es factible que los más de 200 millones de pesos desviados a la campaña del priista Góngora se hayan utilizado para la realización de obra pública y no para el PRI.
Complicidad de Hacienda
Una similitud en los casos de los exmandatarios de Chihuahua, César Duarte, y de Veracruz, Javier Duarte, con el de Roberto Borge es la complicidad de la Secretaría de Hacienda en el manejo desordenado de los recursos públicos y en el crecimiento exponencial de la deuda pública.
Los tres utilizaron mecanismos similares para el manejo irregular de recursos estatales como el caso del Impuesto sobre Nómina (en los casos de Chihuahua y Veracruz bajo el gobierno de los Duarte) o el Impuesto al Hospedaje (en Quintana Roo) que fue desviado por el propio Borge que, según cálculos, asciende a mil 464 millones de pesos.
Las deudas estatales en las entidades mencionadas crecieron de manera exponencial, y en los tres casos la Secretaría de Hacienda les permitió bursatilizar como un mecanismo para esconder la deuda pública.
En Chihuahua, de última hora, el Congreso estatal aprobó a Duarte bursatilizar 6 mil millones de un total de 15 mil millones de pesos por ingresos del Fideicomiso Carretero vigente hasta 2038, pero nadie sabe cómo se gastaron los 9 mil millones restantes.
La bursatilización de las deudas estatales fue un mecanismo que años antes aplicó el entonces consultor de la empresa Protego-Evercore, Luis Videgaray Caso, cuando fue contratado en 2002 por el gobierno del mexiquense Arturo Montiel para disminuir el abultado débito estatal.
Durante la gestión de Borge, la deuda de Quintana Roo creció 115%, pues se elevó de 10 mil 265 millones a 22 mil 542 millones de pesos, considerándose la deuda per cápita más alta del país (casi 15 mil pesos por habitante de la entidad).
Durante la gestión de César Duarte en Chihuahua, la deuda se disparó 210%, al pasar de 12 mil 547 millones a 48 mil 213 millones de pesos, siendo la tercera per cápita más grande (12 mil pesos), con todo y el “truco” para prorrogar los 6 mil millones del Fideicomiso Carretero.
En el sexenio de Javier Duarte en Veracruz, el crecimiento de la deuda estatal fue de 113%, pues creció de 21 mil 500 millones a 45 mil 879 millones de pesos y hoy es la cuarta más grande del país (sólo por debajo de Nuevo León, la Ciudad de México y el Estado de México). Per cápita, el débito veracruzano es de 5 mil 665 pesos.
Las similitudes entre Chihuahua y Quintana Roo en el manejo fraudulento de los impuestos estatales es sorprendente. Durante el gobierno de César Duarte, los empresarios pagaron 3.3% del Impuesto sobre Nómina, con la condición de que 0.3% se destinara a un fideicomiso. La Fundación Empresariado Chihuahuense denunció que nunca se aclaró el destino de estos recursos que ascenderían a 120 millones de pesos.
En el caso de Quintana Roo, Borge le quitó el control al fideicomiso que administraba el Impuesto al Hospedaje (IH) y lo pasó al gobierno del estado. Es el monto equivalente a 3% de cada noche de hotel vendida en la entidad. Se calcula que entre mil 465 millones de pesos y mil 950 millones de pesos de este impuesto fueron desviados por el exmandatario priista.
Sólo en 2015, una investigación realizada por José Antonio López Sosa, experto en temas turísticos, reveló que la recaudación total del IH en los tres principales municipios quintanarroenses con esta actividad ascendió a 935 millones de pesos, pero el gobierno de Borge sólo entregó 353 millones de pesos al fideicomiso y 72 millones a la Secretaría de Turismo. Se ignora qué pasó con los 510 millones de pesos restantes.
El empresario hotelero José Chapur Zahoul, dueño de la cadena Palace, y Abelardo Vara, integrante de las asociaciones hoteleras quintanarroenses, declararon a la revista Forbes lo que Borge no aclaró del IH y que asciende a mil 950 millones de pesos.
Sin embargo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiente de la PGR, no presentó ningún cargo por estos delitos contra Robert N, el sobrenombre del delgado exmandatario quintanarroense.
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