“Que la Corte hable", ampare a Aguayo y mejore los criterios para defender periodistas
Federico Arreola
@FedericoArreola
SDP, FEBRERO 04, 2020
Sergio AguayoMoisés Pablo / Cuartoscuro
Las razones de un juzgador hoy que #TodosSomosSergioAguayo
(Solicité una entrevista al magistrado Francisco José Huber Olea Contró, quien dictó la polémica sentencia contra el periodista Sergio Aguayo, condenado a pagar 10 millones de pesos al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira.
Desde luego, no puedo estar de acuerdo con esa decisión. Nunca debe condenarse al periodista por ejercer su libertad de expresión, menos aún si lo ha hecho analizando la vida pública de alguien poderoso y polémico, ya sea político, empresario u otra clase de figura pública. Si se me preguntara, diría que comparto absolutamente los juicios de Aguayo sobre el señor Moreira, un tipo sin duda sinónimo de corrupción en México.
Respecto del magistrado Huber siempre he pensado que es un hombre decente y un jurista competente. ¿Por qué condenó al articulista de Reforma, uno de los grandes diarios de México? Le busqué para una entrevista y, después de una larga conversación, no aceptó este ejercicio periodístico, pero tomó la decisión de enviarme un escrito con sus reflexiones. Son interesantes, sin duda, sobre todo porque el magistrado Francisco José Huber Olea Contró espera que la Corte hable y deje a Sergio Aguayo libre de la condena de 10 millones de pesos.
¿Por qué no lo hizo el propio Huber? Aquí sus razones, que hace un momento dio a conocer en Radio Fórmula el periodista Ciro Gómez Leyva, con quien compartí la carta del magistrado Huber porque él es un periodista bastante equilibrado en el análisis de estos asuntos).
Señor Federico Arreola.
Director General de SDP Noticias.
P R E S E N TE.
Mucho le agradezco su solicitud de entrevistarme respecto del controvertido caso que resolví, que involucra al periodista Sergio Aguayo; sin embargo, después de hablarlo con usted, lo más conveniente es que le envíe la presente carta.
Soy Magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México, y he ejercido la función de impartir justicia durante 11 años, periodo durante el cual he dado lo mejor de mí; he estudiado, investigado y he depositado en este trabajo mi experiencia profesional en el servicio público y la academia.
Soy un demócrata por convicción y tengo absoluto respeto por los derechos humanos, y por ello estoy convencido de que la libertad de expresión debe ser absoluta, y que es gracias a la labor de los periodistas, que se ha logrado que este país sea más grande y sobre todo más informado.
Sin embargo, en mi labor como juzgador es mi deber dejar de lado mis convicciones personales y aplicar estrictamente la letra de la ley y la jurisprudencia que emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los principios provenientes de los tratados internacionales de los que México es parte.
Por ello, en el caso del periodista Sergio Aguayo, mismo que me fue asignado conforme al sistema aleatorio de distribución de demandas del Tribunal del que formo parte, con base en dicha labor, me constreñí a aplicar la ley conforme a mi saber y capacidad. No obstante, lo que se ha venido manifestando en el gremio periodístico en los últimos días respecto al caso, me ha conducido a hacer una seria reflexión acerca de lo acontecido.
Es por dicha circunstancia que hoy considero oportuno señalar que, desde mi perspectiva, de ninguna forma se debería condenar una opinión periodística, por estimar que tal circunstancia podría vulnerar un derecho tan esencial como la libertad de expresión; sin embargo, en la actualidad, tal proceder es el que se ha establecido conforme a los criterios emitidos por nuestros Más Altos Tribunales, y con base en dichas pautas, fue que se dictó la sentencia motivo de controversia. Pese a ello, si me equivoqué, espero me lo hagan saber otras instancias judiciales; lo aceptaré como es mi obligación y usaré los criterios que se establezcan en futuras ocasiones.
En ese sentido, estimo oportuno manifestar a la opinión pública que, en lo personal, pugno, y con toda sinceridad confío, en que en un futuro cercano la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Legislativos de nuestro país, nos provean de criterios y leyes firmes, claras y contundentes, que nos faculten como Juzgadores para aplicar los mismos, asegurando así la máxima protección a la libertad de expresión y a los periodistas, sin que sus opiniones y labores estén condicionadas a una debida defensa que pueda hacerse valer en juicio.
Así, creo que el caso en cita debe generar un parteaguas que permita emitir criterios que favorezcan a la protección de los periodistas, y entonces se nos dote a los juzgadores de todas las armas necesarias para proteger sus derechos, sin que dichos profesionistas se encuentren en la necesidad de acudir con abogados que muchas veces no cuentan con los conocimientos suficientes para la defensa de sus intereses, al no poder cubrir los honorarios de litigantes especializados; pues de ninguna forma los periodistas deben estar sujetos a defensas legales sofisticadas, o los juzgadores locales a la aplicación de criterios limitados.
En ese tenor, no se debe olvidar que los juzgadores nos encontramos obligados a basar nuestras decisiones únicamente en lo asentado en el expediente, y que el mismo se conforma con los actos derivados de la pericia o impericia de los abogados a cuyo cargo se encuentra el asunto.
No obstante lo señalado, no se debe soslayar que, contrario a lo manifestado en días recientes, en el caso concreto, la sentencia emitida en el juicio en que se demandó al Dr. Sergio Aguayo, se dictó a principios de octubre de 2019, el amparo tuvo como vencimiento el mes de noviembre de 2019, y a la fecha, no se ha cubierto la garantía que la ley exige para suspender la ejecución de dicha resolución, no obstante que se ha dicho que ya se hizo.
Nunca existió o existe prisa de ningún juzgador, en el procedimiento se respetaron los plazos y los mismos se vencieron, y eso, aunado a una, tal vez inmerecida y deficiente defensa, ha llevado el caso a otras fronteras y horizontes.
Por lo anterior, es la intención del suscrito señalar con toda la humildad posible, que los comentarios esgrimidos acerca de mi persona derivados de este caso, han permeado en mi esfera personal y profesional, sin que exista sustento para ello, pues no hay verdad en las acusaciones hechas en mi perjuicio; no poseo ni Ferraris, ni las riquezas de las que injustificadamente se habla; no soy un cínico. Sin embargo, sí tengo capacidad de autocrítica, y como juzgador, académico y ser humano, espero que la Corte nos hable con su sentencia, como lo hemos hablado desde la justicia local de la Ciudad de México, y en caso de existir algún error en la labor ejercida, se rectifique en beneficio de quien la justicia estime necesario amparar.
Hago votos para que las leyes y criterios que apliqué en mi decisión jurídica, puedan ser confirmados o modificados por las autoridades federales del poder judicial, e incluso si llegaren a revocar la decisión, sabré entender y aprender de la decisión que se asuma por el máximo tribunal del pais, en aras de continuar impartiendo justicia a seres humanos y no sólo a un nombre asentado en un expediente.
Atentamente,
Magistrado Francisco José Huber Olea Contró.
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