Nuestro viejo dilema con la DEA/Roberto Rock L.

Nuestro viejo dilema con la DEA/Roberto Rock L.

El clímax del poder de la DEA lo tuvo en el gobierno de Calderón. Bajo las administraciones Peña Nieto y lo que va de la López Obrador su peso disminuyó

El Universal, 27/10/2020;

En abril de 1990, el ginecólogo tapatío Humberto Álvarez Machain fue secuestrado en Guadalajara por un comando de exmilitares y de policías mexicanos, que lo trasladó en un vuelo privado a Estados Unidos. Ahí lo esperaban cargos de haber mantenido con vida a un miembro de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), Enrique Camarena, mientras era torturado por la banda de Rafael Caro Quintero, cinco años antes, en febrero de 1985.

Se trata del incidente grave más remoto entre el gobierno mexicano y la poderosa DEA, que ahora resurge ante evidencias claras de que investigó e incluso espió aquí presuntas comunicaciones del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos. Esta crisis tomó descolocado al propio presidente López Obrador y a su gobierno que, tras varios pasos inciertos, anunció que revisará los términos en los que opera esa agencia en el país.

Se trata de la misma película, con diversos actores, vivida 30 años atrás en torno a qué hacer con esta entidad que levanta polémica aun Washington, donde se describe a sus integrantes como pistoleros arbitrarios. En tono de mofa, las siglas de la corporación son traducidas en el Departamento de Justicia y el FBI como “Drunk Every Afternoon” (ebrios todas las tardes). Pero en naciones como México los agentes de la DEA son una sombra adherida a los fiscales federales, a los que aportan información relevante. Un matrimonio tormentoso de seres adictos a la codependencia.

El secuestro de Álvarez Machain fue, igual que ahora, tomado como una bofetada a la justicia y la diplomacia mexicanas, por violar tratados de extradición y colaboración firmados desde 1978 y1980.

Tras el rapto, por el que la DEA habría pagado al menos 20 mil dólares, el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, ordenó a sus secretarios de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios; de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, y al procurador general Ignacio Morales Lechuga, “revisar” la normatividad que permitía operar aquí a la DEA.

Morales Lechuga se reunió en Washington con el legendario juez William Rehnquist, presidente de la Suprema Corte desde 1986 y hasta su muerte, en 2005. Le pidió anular el juicio. Pero en junio de 1992 ese tribunal resolvió que los agentes de la ley norteamericanos tienen mandato extraterritorial, un precedente ominoso y aun vigente.

El gobierno Salinas acabó publicando en el Diario Oficial un acuerdo negociado con la embajada de Estados Unidos, cuya aplicación regulaba la estadía de efectivos de la DEA a zonas específicas, sin inmunidad, armas ni autoridad para realizar investigaciones a espaldas de funcionarios mexicanos, en particular la entonces PGR.

En diciembre de ese mismo 1992, gracias a una apelación de sus abogados y tras un juicio de tres años sin sentencia, Álvarez Machain fue exonerado y liberado.

Hoy es un hecho incontrovertible que la DEA tiene en México su propia red de informantes; que puede solicitar a fiscales federales el inicio de causas penales por indagatorias propias; que mantiene agentes en media docena de ciudades del país, y que ejerce enorme influencia incluso sobre las Fuerzas Armadas, en particular la Marina.

El clímax de su poder en los años recientes lo tuvo en el gobierno de Felipe Calderón, cuando funcionarios de la PGR y de Seguridad Pública federal eran sometidos incluso a “exámenes de confianza” en instalaciones de la embajada norteamericana. Bajo las administraciones Peña Nieto y lo que va de la López Obrador el peso de la DEA disminuyó, con el procurador Jesús Murillo Karam y el fiscal Alejandro Gertz, respectivamente. Y entonces estalló el caso Cienfuegos, que reavivó nuestro viejo dilema: ¿Qué hacemos con la DEA? 

rockroberto@gmail.com

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La DEA en México/ROBERTA GARZA

Milenio, 27.10.2020/01;

Luego del tremendo arresto del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles la semana antepasada, el Presidente pidió investigar el papel en México de la agencia gringa de control de drogas, o DEA, por sus siglas en inglés. Preguntó así: “¿Por qué solo se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen autocrítica, una reflexión de toda la intrusión de esas agencias en México? Porque, sin duda, ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían”.

Las fundadas inquietudes del Presidente necesitan traducirse del amlés al español: por un lado, la DEA no tiene por qué hacer autocrítica alguna del hecho de que en México se le permita operar sin restricción; esa penitencia le corresponde completita a las autoridades mexicanas. Por el otro, es cierto que la DEA deja sentir su huella con mayor fuerza fuera de las fronteras de la Unión Americana: la “guerra contra las drogas”, repleta de tintes xenófobos y racistas, se originó y sigue siendo parte de la agenda política, interior y exterior, de Washington.

El hecho es que los agentes de la DEA operan en México, en franco desafío a nuestra Constitución, no solo como los agregados, observadores o coadyuvantes de las policías nacionales que oficialmente son. El ex agente Víctor Vásquez, quien declaró en Brooklyn como testigo de cargo en el juicio contra El Chapo —perdón, Joaquín Guzmán—, describió cómo en 2014 persiguió al capo por sus casas de seguridad en Culiacán seguido de un puñado de marinos mexicanos. La corte presentó videos donde se le ve claramente con metralleta al hombro y uniforme militar mexicano, dándole de mazazos a la puerta blindada de la casa de donde Guzmán escaparía por un túnel para ser capturado días después en el hotel Miramar de Mazatlán. En la foto de prueba de esa captura, que lo muestra rendido e hincado en el sótano del hotel, se ve una mano agarrándolo rudamente del cabello para doblarle la cara hacia la cámara. Esa mano es del agente Vásquez.

Desde que, dos años antes de ese operativo en Sinaloa, el Ejército dejara escapar al Chapo por la parte de atrás de la casa donde descansaba en Los Cabos, la DEA decidió trabajar solo con los marinos, quienes compartían la desconfianza de los gringos en las autoridades nacionales: cuando en 2016 el sinaloense fue recapturado en Los Mochis, el presidente Peña Nieto tuiteó así: “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”. El asuntito es que el entonces presidente se enteró de la existencia de ese operativo hasta cuando Guzmán ya iba en el avión militar rumbo a la cárcel.

Sí, es cierto que la DEA opera en México, con total respaldo de Washington, de manera extralegal. También es cierto que la mayoría, sino es que todas las detenciones de nuestros grandes criminales, se han dado en distinto grado gracias a su intervención, y que la corrupción, ineptitud y descomposición institucional en México hacen imposible la rendición de cuentas de los cárteles por medios propios.

Pese a los desplantes de López Obrador, no hay cómo ni quién se aviente a deshacer ese nudo gordiano.

@robertayque

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Respuesta ‘menos que tibia’ de la SRE/Martha Anaya

El Heraldo, 26 de octubre de 2020

La detención de Cienfuegos, una afrenta al Estado Mexicano

La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la detención en Estados Unidos del ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ha sido “menos que tibia”.

Me parece —apunta Javier Oliva Posada, especialista en temas de Seguridad Nacional— que debiera haber un verdadero esfuerzo, del mejor nivel, no digo que la embajadora (Martha) Bárcena, pero sí un funcionario: el segundo más importante de la embajada, que debiera estar apersonado afuera de la prisión de Los Ángeles, porque estamos hablando de un representante de las Fuerzas Armadas.

No es lo mismo los derechos consulares de un defraudador, de un delincuente confeso que lavó dinero comprando caballos, comprando ranchos en San Louis Missouri, al secretario de la Defensa en el sexenio pasado.

El general Cienfuegos —subraya el doctor en Ciencia Política— requiere una asistencia de primer nivel, un funcionario que demuestre que esto no es un asunto de sexenio.

“El nivel de importancia estratégico-militar que tiene este aspecto no debiera ser trastocado por esta…, como no hay pruebas, yo lo podría calificar como una afrenta al Estado mexicano en su conjunto”.

El doctor Oliva plantea la situación de este otro modo, con una interrogante, para darle contexto al significado de esta detención en la que aún no se ha presentado prueba alguna de las imputaciones: ¿una de las 17 agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos (la DEA) poniendo bajo acoso al Estado mexicano?

Así estamos. Y eso lo que indica “es un nivel de operación política de parte nuestra bastante pobre”.

Llama la atención el hecho de que Mike Pompeo, titular del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no se haya pronunciado respecto de la detención del general Salvador Cienfuegos, el general secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Indudablemente estamos “en el punto más bajo” de la relación de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, por lo menos en el siglo XXI. De eso no hay duda, asentó el profesor-investigador de la UNAM en la entrevista para El Heraldo TV.

Por ello, y en este contexto Oliva consideró “muy desafortunada” la renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad para buscar la candidatura de su partido a la gubernatura de Sonora.

“Me parece —además de atender a sus apetitos personales por encima de la tragedia que vive el país—, que lo hace en lo que a mí me parece la peor crisis en materia de seguridad con Estados Unidos, por lo menos desde que los civiles gobiernan este país”, reprochó.

Asesor y conferencista en el Colegio de Defensa y en el Centro de Estudios Superiores Navales, el especialista —quien por ahora sólo ha tenido reuniones virtuales con los elementos militares debido a la pandemia— infiere que el arresto del general Cienfuegos, “al tratarse de un militar de tan brillante trayectoria, que debe haber algo más que un ambiente de sorpresa; puede ser que haya incluso un tanto de desconcierto a propósito de esta acción”.

Y, por supuesto, anota el agravio por la forma en la que se detuvo al general y la manera como se le ha tratado —de ello sí hay testimonio—: no sólo detienen al general, sino que a su esposa, sus dos hijas y dos de sus nietas que recibieron un trato ríspido de las autoridades. Y cuando presentan al general ante la Corte de Los Ángeles cometen el abuso de esposarle los tobillos y las muñecas.

GEMAS: Obsequio del presidente Andrés Manuel López Obrador a congresistas norteamericanos que lo acusan de violar el espíritu del T-MEC en materia energética: “A mí no me paga Repsol, me pagan los mexicanos para servirles”.