Cantan victoria pero medicinas no llegan
Aunque el Gobierno federal calificó como un triunfo la compra de medicinas a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS), el 86.8 por ciento de los fármacos no ha sido entregado a las instituciones.
De acuerdo con cifras presentadas por la Secretaría de Salud en la conferencia matutina, la UNOPS compró 196.5 millones de piezas de medicamentos y material de curación, de las cuales 25.8 millones ya fueron entregadas y 170.7 millones están en tránsito.
"Era un negocio de una minoría rapaz, políticos, dueños de medios de información y gente muy ambiciosa que eran capaces hasta de medrar con el dolor humano. Entonces, fue realmente un triunfo (la compra)."Como ya se estableció este sistema de contratación, tanto en lo que corresponde a la UNOPS, como la compra con otros países, ya podemos hablar de una compra multianual, es decir, hasta el 24", señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que se aplicó un "Plan B" para comprar 996 claves que la UNOPS no adquirió, debido a que los proveedores no cumplían con requisitos mínimos, no había ofertas razonables o eran empresas inhabilitadas en México.
"Nuestra meta era adquirir 996 claves, pero para hacerlo responsablemente teníamos que hacerlo rápido, con precios justos, con proveedores nacionales y extranjeros, sin afectar la calidad, con un soporte normativo y sin abusos o corrupción. Podemos decir que lo logramos", afirmó.
"Emocionados ante un reto de este tamaño demostramos que sí se puede hacer una compra sectorial. Se pudo comprar de manera eficiente. En 37 días, el Gobierno pudo adquirir lo que al organismo internacional le llevó 10 meses. Se adquirieron 950 claves, 639 de medicamentos y 311 de material de curación".
Indicó que el presupuesto para esta compra sectorial era de 38 mil 727 millones de pesos y se gastaron 31 mil 547 millones, un ahorro de 7 mil 180 millones de pesos. (Nota de Claudia Guerrero y Antonio Baranda/Reforma).
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HRW ve un "circo político" en consulta para enjuiciar a expresidentes de México
La consulta popular del 1 de agosto para enjuiciar a expresidentes mexicanos es un "circo político", pues deberían ser investigados por la Fiscalía General si hay pruebas en su contra sin necesidad de un referendo, advirtió este lunes Human Rights Watch (HRW).
"El fiscal general mexicano (Alejandro Gertz) puede iniciar una investigación sobre los expresidentes en cualquier momento. No requiere una consulta popular. Si tiene pruebas contra ellos, es su deber investigarlos. Esperar los resultados de una consulta es hacer de la justicia un circo político", opinó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
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Nombran a Leopoldo Gómez como presidente de Noticias en Univision
Tras darse a conocer su salida en Televisa, Univision informó este lunes que el periodista Leopoldo Gómez será el nuevo presidente de Noticias de la cadena de televisión estadounidense.
Gómez entrará en lugar de Daniel Coronell, quien cederá su cargo a partir del 1 de agosto de 2021, informó la cadena hispana.
"Gomez es un experto ejecutivo de noticias, con resultados comerciales comprobados y más de 20 años de experiencia a cargo de un grupo numeroso y diversificado de noticias en México, el mercado con más hispanohablantes del mundo", destacó la televisora.
Univision recordó que Televisa Noticias no será parte de la compañía combinada, Televisa-Univision, por ello, Gómez dejará de ser parte de las operaciones de la televisora mexicana.
Además, confirmó que la nueva estructura de Entretenimiento, Deportes y Noticias estarán a cargo de Luis Silberwasser, presidente de Univision Television Networks Group.
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Las columnas políticas hoy, martes 20 de julio de 2021
Templo Mayor en REFORMA
DADO QUE el propio Andrés Manuel López Obrador y su familia fueron víctimas del espionaje a través de Pegasus, resulta inevitable preguntar: ¿en serio el gobierno ya dejó de espiar a opositores, activistas y periodistas?
PORQUE no es por dudar de nadie, pero la sola palabra del Presidente no garantiza nada. Por más que el mandatario insista en que no son iguales y que ya no se espía a nadie, la realidad es que hasta ahora no se han presentado pruebas de que haya cancelado los contratos de espionaje con NSO Group o con cualquier otra empresa similar.
EL CAMBIO de nombre del Cisen no implica que haya dejado de lado las mañas de otros tiempos. Además, las Fuerzas Armadas también eran clientes de la plataforma digital de espionaje. Tan es así que México fue el país con más gente espiada: ¡15 mil personas!
LO QUE PARECE un hecho es la tolerancia absoluta de este gobierno con las prácticas ilegales de espionaje que practicaba su antecesor. Al parecer el pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto no sólo era un blindaje contra la corrupción del sexenio pasado, sino también para una amplia gama de prácticas criminales que estaban (¿y siguen?) perfectamente normalizadas. Ahora falta saber si realmente la 4T le cortó las alas al pegaso espía o si lo sigue usando.
EL QUE se quedó como el perro de las tres tortas fue Ricardo Sheffield. Renunció como titular de Profeco para ser candidato morenista a la alcaldía de León y, desde ahí, buscar la gubernatura de Guanajuato en 2024. Pero su ex partido, el PAN, lo barrió en las urnas y se quedó con las ganas.
PARA COLMO, la dirigencia estatal de Morena -ya desde ahora- le dejó muy en claro a Sheffield que se olvide de la idea de ser postulado dentro de tres años. Según Ernesto Prieto, el ex procurador del consumidor no les dio los resultados que les prometió en las urnas. Y que si a eso se le suma que ya lo derrotaron en la gubernatura y en la alcaldía, se ve "complicado" que lo vuelvan a postular en 2024. "Y así llorando se acaba...", diría José Alfredo.
LA TERCERA OLA avanza con fuerza, ayer se desplomaron las bolsas por el temor a un nuevo confinamiento, en Francia se hace obligatorio vacunarse... ¿y la Secretaría de Salud de México? ¡Preparando la mudanza!
RESULTA EXTRAÑO, por decirlo suavemente, que la dependencia que encabeza Jorge Alcocer tenga como prioridad mudarse a Guerrero, justo cuando está en medio de una pandemia que no cede. Más extraño resulta el desorden que trae el subsecretario Hugo López-Gatell, que ya volvió a cambiar las reglas para el semáforo covidiano ¡y nadie las conoce!
A VER si hoy en la conferencia mañanera, finalmente se presenta algún plan claro y conciso para enfrentar este nuevo repunte del Covid-19 o si la idea es que a la gente y a la economía se los lleve la... tercera ola.
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Bajo Reserva/EL UNIVERSAL
El pleito entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Felipe Calderón no da tregua. El sábado el actual mandatario dijo que Calderón y los demás expresidentes que le antecedieron, desde Carlos Salinas, debieran ser juzgados por haber privatizado la educación en el país. Ayer, don Felipe, le regresó los saludos a don Andrés y tras conocerse el asesinato del periodista Abraham Mendoza, quien tenía un espacio radiofónico en EXA-Morelia, y fue ultimado en Michoacán por motivos que aún se investigan, el expresidente cuestionó por medio de su cuenta de Twitter la falta de seguridad en el país. “Otro periodista asesinado… Descanse en Paz Abraham Mendoza y que se haga justicia. A eso deberían dedicar el dinero público, a fortalecer policías, fiscalías y juzgados. No a consultas gansito ni a estadios de beisbol”.
¿Quién autorizó en Sedena dar servicio médico a un actor de telenovelas?
Nos comentan que quienes al parecer prefieren evitar problemas y no andar desenterrando cosas del sexenio pasado es en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Nos detallan que luego de que en mayo el actor Eduardo Yáñez reveló en una entrevista que su compañera actriz Angélica Rivera, cuando estuvo casada con el expresidente Enrique Peña Nieto, movió influencias para ayudarle para que fuera operado en el Hospital Militar, un particular pidió a la Sedena el expediente del caso, puesto que el actor no es militar. Sin embargo, el Ejército negó entregar esta información al señalar que “lo requerido contiene datos personales que deberán de ser protegidos y tratados con confidencialidad…”, luego entonces sí hay un expediente médico del actor Eduardo Yáñez, quien, por cierto, hace unos días declaró a la prensa que él considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un dictador que llevará a México a estar como Cuba. Será que ahora que la Sedena aceptó que don Eduardo, sin ser miembro del Ejército, tiene un expediente médico en el Hospital Militar, ya haya encontrado a quién autorizó que se le prestara atención médica. ¿O eso también es información que debe ser tratada como confidencial?
Barren, pero dejan la basura de la corrupción bajo la alfombra
En Segalmex, la Conasupo del actual gobierno, entregaron el año pasado adjudicaciones directas por casi 800 millones de pesos a empresas denunciadas por las propias autoridades federales como factureras. Coincidentemente, en junio de 2020 en Segalmex, el entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, quien firmó esas adjudicaciones, fue cesado sin que se supiera la razón y si había alguna denuncia en su contra. Ahora, un año después, que ha salido a la luz el caso, resulta que las finanzas de don René son objeto de investigación. En septiembre de 2020 Jaime Cárdenas renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), a poco más de tres meses de haber ocupado el cargo y argumentando la existencia de corrupción. Nada se sabe sobre si esas acusaciones fueron investigadas y si hubo culpables y recibieron algún castigo. Nos hacen ver que quizá las escaleras se están barriendo de arriba hacia abajo, pero están escondiendo la basura debajo de la alfombra.
Los “golpistas” atacan de nuevo
El próximo sábado, nos cuentan, la Ciudad de México se vestirá de protesta. Padres de niños con cáncer, pacientes con VIH, a quienes les han retrasado sus tratamientos antirretrovirales, y mujeres con distintos tipos de cáncer que ahora son expacientes de FUCAM, realizarán una manifestación que partirá del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo para unir sus voces y exigir al Presidente que no los ignore y atienda sus demandas. Nos comentan que esperan que los partidos políticos y algunos otros personajes opositores al gobierno no se sumen a esta manifestación, pues no quieren ser, una vez más descalificados o insultados, como lo han sido por funcionarios federales, como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dijo que las demandas de los padres de niños con cáncer eran falsas y calificó su actitud como golpista. Así que mientras don Hugo, seguramente opinará que los “golpistas” salen de nuevo a las calles, el hecho real es que el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, y para otros muchos padecimientos, persiste.
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Los expedientes secretos del Cisen/Roberto Rock L.
El Cisen, con sus mismas atribuciones, recursos e incluso personal, sigue operando sin más cambio que el nombre y su secretaría de adscripción
El Universal, 20/07/2021;
El nuevo ciclo de revelaciones en torno al abuso del programa israelí Pegasus para espiar celulares, en particular durante el último tercio de la administración Peña Nieto (2016-2018), es un pálido reflejo de lo que ocurrió en ese periodo, cuando llegó a darse por un hecho que desde un despacho de tercer nivel se escrutaban de forma ilegal movimientos y conversaciones de todos los ocupantes de la residencia oficial de Los Pinos, incluido el entonces presidente.
Investigaciones judiciales y testimonios generados por años ilustran cómo operó el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), que durante casi todo el pasado sexenio estuvo a cargo de Eugenio Ímaz, un cercanísimo operador del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Afectado por una grave enfermedad, Ímaz fue una presencia fantasmal en el Cisen durante prolongados periodos, pero Osorio (hoy senador) nunca lo relevó. Juntos revisaban, en discretos coloquios, una serie de carpetas especiales producto del espionaje sobre personajes clave, ninguno de los cuales estaba ligado a actividades criminales o era un peligro para la seguridad nacional.
Esos expedientes contenían aspectos sinuosos sobre la vida privada y los intereses de políticos de todo género, incluido Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano (más de 50 personas, ahora se sabe). A ellos se agregaban gobernadores, líderes partidistas, periodistas, defensores de derechos humanos y un enorme etcétera.
Pegasus llegó a México por la vía de la Procuraduría General de la República que encabezó Jesús Murillo Karam. El responsable de su manejo fue Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo y refugiado en Israel. Se contrató a través de una intermediaria, Proyectos y Diseños VME, en lugar de acudir con el fabricante, la compañía israelí NSO Group Technologies Ltd, cuyos registros han sido ahora puestos al descubierto.
Murillo salió de PGR en marzo de 2015, y Zerón aguantó hasta septiembre de 2016, pese a que chocó con la nueva titular, Arely Gómez, desde que el día que ésta llegó. Ella emitió un acuerdo para que Pegasus fuera controlado directamente por su oficina, lo que nunca ocurrió. En los meses siguientes se contrataron “actualizaciones” por casi 500 millones de pesos, o sea más licencias para ser usadas por el Cisen y las secretarías de la Defensa y de Marina. Eso desató la orgía de espionaje de la que ahora se da cuenta, con más de 15 mil teléfonos celulares intervenidos.
Un expediente confidencial abierto por PGR ante denuncias de periodistas por ser espiados a través de sus celulares incluyó un mapa georreferenciado con el cual debía concluirse que en los casos de Carlos Loret de Mola y de Carmen Aristegui la intrusión era operada desde el Cisen.
Ese mismo Cisen, con sus mismas atribuciones, recursos e incluso personal, sigue operando en el gobierno López Obrador sin más cambio que el nombre (Centro Nacional de Inteligencia) y su secretaría de adscripción, Seguridad. Lo rigen la misma ley y opacidad.
El actual presidente asegura que ya no se espía a periodistas ni a adversarios políticos. Desde ambos sectores se asegura que ello no es cierto. ¿A quién le cree usted?
Apuntes: Funcionarios de Segalmex, que encabeza Ignacio Ovalle, utilizaron fondos de la institución por más de 2,000 millones de pesos para invertirlos en instituciones privadas, lo que es ilegal. En varios casos hubo pérdidas notables; uno de los fondos, por 200 millones de pesos, venció, pero el dinero nunca regresó a las cuentas oficiales. Las auditorías respectivas sobre estas y otras maniobras desastrosas para el erario ya están en el escritorio del Presidente.
rockroberto@gmail.com
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EN PRIVADO
La tercera ola, un pequeño rebrote/JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA
Milenio, 20.07.2021;
No caigamos en el juego de las palabras vacías...Florestán
El miércoles pasado, 14 de julio, cuando el subsecretario Hugo López-Gatell había reconocido que llevamos cuatro semanas en la tercera ola de covid, el presidente López Obrador la redujo a un pequeño rebrote, afortunadamente.
Y es no dejar ese manejo de sus otros datos, aunque choquen con la realidad que muestra que en la tercera semana de mayo fueron 14 mil 681 casos y en la tercera de julio, la pasada, 68 mil 337, más del cuádruple, mucho más que un pequeño rebrote.
El viernes se registró el mayor número de casos en esta tercera fase, 12 mil 821, muy superior a lo más alto de la primera oleada, 9 mil 556. Entonces con menos contagios, pero con más muertes, estábamos en semáforo rojo y confinados. La semana pasada en Ciudad de México estábamos en verde y con todo abierto, aunque ésta hayamos pasado a amarillo, que es lo único que cambió, el color del semáforo, no sus implicaciones ni limitaciones.
Hoy, a diferencia de las oleadas anteriores, el número de muertos no ha aumentado en la misma proporción de los casos: El 30 de diciembre con 12 mil 406 casos fueron mil 52 fallecimientos; el 5 de febrero con 13 mil 51, mil 368 muertes; y el 15 de julio, 12 mil 821 contagios y 233 decesos.
La diferencia han sido las vacunas: al día de ayer había 21 millones 700 mil 199 personas con la dosis completa y 16 millones 522 mil 293 con una, para un total de 38 millones 222 mil 492.
Pero eso significa que hay 52 millones de mayores de 18 años, más de la mitad, sin una sola dosis, que con la irrupción incontenible de esta oleada Delta dispara el riesgo, como se ha venido registrando, aunque en Palacio Nacional se le califique como un pequeño rebrote.
RETALES
1. RECURSOS. Santiago Nieto impugnará el no ejercicio de la acción penal a favor del presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, acusado de corrupción, lo que acompaña de una nueva denuncia contra dos cercanos suyos y cuatro empresas que habría usado. El otro caso es el de Emilio Lozoya, a quien la misma UIF le agregó otra denuncia por 3 mil millones de pesos;
2. SIGUEN. Pues dirán misa, pero los asesinatos de periodistas continúan y todos en la impunidad. Ayer fue ejecutado en Morelia Abraham Mendoza. Ya van cerca de medio centenar de periodistas asesinados en los 31 meses de este gobierno y todos, salvo alguna excepción, en la impunidad, que es el motor que todo lo mueve y promueve; y
3. ¿COMPLICIDAD? Morena en la Cámara de Diputados, que coordina Ignacio Mier, y el PT se han unido para impedir un periodo extraordinario que lleve al desafuero de Saúl Huerta, acusado de violación y abuso de menores, y al petista reelecto, Mauricio Toledo, por enriquecimiento ilícito. No entiendo la protección que los hace cómplices. ¡Ah! ya sé: es que son diferentes.
Nos vemos mañana, pero en privado
lopezdoriga@milenio.com
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EL ASALTO A LA RAZÓN
Se consultará una cantinfleada/CARLOS MARÍN
Milenio, 20.07.2021;
Contra toda razón, la “consulta popular” sobre la idiotez de si debe o no aplicarse la ley a probables criminales cobra tal formalidad que el INE organiza 355 “foros de reflexión” para que los ingenuos sepan de qué se trata.
El propósito de la 4T es que “el pueblo” decida llevar o no a “juicio” a cinco ex presidentes (el sexto vivo, Luis Echeverría, fue salvado de este linchamiento político), mismos que ni siquiera están acusados menos aún sujetos a proceso judicial alguno por hechos, en boca del presidente López Obrador, ajenos al Código Penal Federal:
Por entregar “todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo”, Carlos Salinas de Gortari; “porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública”, Ernesto Zedillo; “porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la Presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia”, Vicente Fox; “porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas”, Felipe Calderón, y “por los actos evidentes de corrupción”, Enrique Peña Nieto.
La semántica juega un papel galimático en todo el embuste desde que la propuesta original de AMLO fue modificada y reducida por la Suprema Corte de Justicia.
Rezaba: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Y remendada por el pleno de ministros quedó así: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.
La premisa del “apego al marco legal” anula que se vote por “enjuiciar” o “esclarecer” lo que sea.
Más que merecido zape a la Suprema Corte: en el “neoliberal” semanario The Economist, el columnista Michael Reid acierta al publicar que la pregunta bien “pudo haber sido ideada por Cantinflas, un cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda”. Y todo para “orquestar una especie de juicio-espectáculo”. Recurrir al voto popular –comenta– “para decidir si enjuiciar o no, es una parodia del Estado de derecho”. En el colmo, lo que vuelve más surrealista el ejercicio es que “el presidente dice que no votará, porque no es vengativo ni quiere quedarse aferrado al pasado…”.
Para como quedó la pregunta, son varios los achichincles del Presidente que, con acusaciones por delitos precisos, están en riesgo firme de ir a la cárcel, sobre todo del sector Salud por la desastrosa “estrategia” contra la pandemia y el manejo político de la vacunación, así como el escamoteo de medicinas, en especial contra el cáncer infantil.
cmarin@milenio.com
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Sin policías no hay seguridad/Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excelsior.
La semana pasada, cuando se reunió el presidente López Obrador con los 16 gobernadores electos y en funciones de Morena, se habló de concentrar tareas de seguridad en 50 municipios de alto riesgo en esos estados.
Más allá de la reasignación de recursos humanos y materiales que haga la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en ellos, es evidente que sin una estrategia y un verdadero esfuerzo político del gobierno federal, de los gobernadores y presidentes municipales, todo terminará siendo insuficiente. Es evidente que las autoridades locales solas no pueden con el fenómeno, pero sin que ellas garanticen por lo menos la seguridad cotidiana tampoco se podrá avanzar.
Las cifras oficiales permiten también interpretar lo que está sucediendo en el ámbito de la seguridad. De esos 50 municipios, 31 (en realidad 32, porque a ellos se sumó un alcalde electo como independiente) son gobernados por Morena. Muchos de ellos no tienen o tienen policías locales simplemente inoperantes. Y en la mayoría de los casos tampoco existen policías estatales que cumplan mínimamente con su labor. Eso se replica también en la percepción ciudadana. La encuesta del Inegi sobre percepción que se divulgó ayer lo exhibe con claridad.
Según la encuesta del Inegi, el 66% de la población mayor de 18 años se siente insegura en sus ciudades. Las ciudades más inseguras, según sus pobladores, son Fresnillo, Zacatecas, donde el 96.2% de sus pobladores se sienten inseguros. Este fin de semana, en Zacatecas hubo más de 30 muertes entre enfrentamientos, ejecuciones y embocadas entre grupos criminales, del Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. También murieron policías que intentaron intervenir. En un mes y medio hay cambio de autoridades locales en Zacatecas, asume David Monreal, hermano del senador Ricardo Monreal, en un escenario de seguridad simplemente catastrófico.
La segunda ciudad donde la gente se siente más insegura es nada menos que Cancún, Quintana Roo, donde el 88.7% se siente inseguro. Durante años, esa ciudad tuvo índices de seguridad bastante aceptables, pero la lucha que se abrió desde el inicio de la actual administración local entre distintos cárteles de la droga, aunado a todo otro tipo de actividades delictivas, dejaron a Cancún en una situación crítica. Esa percepción de inseguridad no tardará en trasmitirse a los turistas y, de esa forma, se terminará de arruinar (gracias al también incontenible sargazo) el principal destino turístico del país. Resulta incomprensible que Cancún y toda esa zona turística no tenga una seguridad acorde a las exigencias de la región y de los ingresos que proporciona al estado y al país. La tercera ciudad es el municipio conurbado de Ecatepec, en el Estado de México, con el 87.7 por ciento. Allí se concentra uno de los cinturones de pobreza más importantes del país y los núcleos delincuenciales se extienden a muchas zonas.
Luego sigue Coatzacoalcos, en Veracruz, con el 86.9 por ciento. Otra ciudad petrolera, que alguna vez fue rica, azotada por la crisis del sector, pero sobre todo por la enorme inoperancia de las autoridades municipales y estatales.
Las ciudades con una percepción de mayor seguridad también dicen mucho: las encabeza San Pedro Garza García, en Nuevo León, con 7.1 por ciento. Desde hace años ese municipio tiene policías municipales eficientes, lo mismo que el estado, después de la crisis sufrida años atrás y que generó la creación de la Fuerza Civil, la policía estatal homologada que han tenido desde entonces, fruto de la decisión de autoridades, pero sobre todo de empresarios y ciudadanía para crearla y, lo más importante, mantenerla.
La segunda ciudad, que tuvo un movimiento ciudadano similar, es Tampico, en Tamaulipas, con 24.7 por ciento. Una demostración de que pueden aislarse con esfuerzos locales enclaves en estados afectados por altos índices de seguridad. Hace algunos años, Tampico estaba viviendo una grave crisis de seguridad: estrategias específicas, incluyendo la creación de su policía, fue decisivo para revertirlo.
En Los Cabos, BCS, sólo el 25.4% se siente inseguro. Hubo un pico de inseguridad hace dos años, rápidamente controlado, y allí tenemos un poco la antítesis de lo que sucede hoy en Cancún.
Mérida, en Yucatán, tiene un índice de inseguridad de 26.3 por ciento. No es un secreto que esa ciudad y ese estado tienen, desde hace años, de las mejores policías locales del país. Han cambiado las administraciones y los criterios de seguridad se han mantenido.
Es notable que entre las ciudades más seguras esté Piedras Negras, en Coahuila, con el 28.8 por ciento. Esa ciudad, y toda su zona aledaña, fue objeto de las mayores agresiones de Los Zetas durante años, allí cerca fue la masacre de Allende. El gobierno estatal tomó la decisión de romper con ese ciclo y con apoyo federal abatió completamente los índices de inseguridad. La policía de Coahuila, junto con la de Yucatán y Nuevo León, son hoy las tres únicas realmente eficientes (a nivel de toda la entidad) que tiene el país.
En esto no hay secretos ni nadie descubre el hilo negro. Se requiere una estrategia solvente, golpear a los grupos criminales, contar con fuerzas federales, pero también con fuertes y homologadas policías locales que tengan control y respaldo político en los tres niveles de gobierno.
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EL ASALTO A LA RAZÓN
Se consultará una cantinfleada/CARLOS MARÍN
Milenio, 20.07.2021;
Contra toda razón, la “consulta popular” sobre la idiotez de si debe o no aplicarse la ley a probables criminales cobra tal formalidad que el INE organiza 355 “foros de reflexión” para que los ingenuos sepan de qué se trata.
El propósito de la 4T es que “el pueblo” decida llevar o no a “juicio” a cinco ex presidentes (el sexto vivo, Luis Echeverría, fue salvado de este linchamiento político), mismos que ni siquiera están acusados menos aún sujetos a proceso judicial alguno por hechos, en boca del presidente López Obrador, ajenos al Código Penal Federal:
Por entregar “todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo”, Carlos Salinas de Gortari; “porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública”, Ernesto Zedillo; “porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la Presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia”, Vicente Fox; “porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas”, Felipe Calderón, y “por los actos evidentes de corrupción”, Enrique Peña Nieto.
La semántica juega un papel galimático en todo el embuste desde que la propuesta original de AMLO fue modificada y reducida por la Suprema Corte de Justicia.
Rezaba: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Y remendada por el pleno de ministros quedó así: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.
La premisa del “apego al marco legal” anula que se vote por “enjuiciar” o “esclarecer” lo que sea.
Más que merecido zape a la Suprema Corte: en el “neoliberal” semanario The Economist, el columnista Michael Reid acierta al publicar que la pregunta bien “pudo haber sido ideada por Cantinflas, un cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda”. Y todo para “orquestar una especie de juicio-espectáculo”. Recurrir al voto popular –comenta– “para decidir si enjuiciar o no, es una parodia del Estado de derecho”. En el colmo, lo que vuelve más surrealista el ejercicio es que “el presidente dice que no votará, porque no es vengativo ni quiere quedarse aferrado al pasado…”.
Para como quedó la pregunta, son varios los achichincles del Presidente que, con acusaciones por delitos precisos, están en riesgo firme de ir a la cárcel, sobre todo del sector Salud por la desastrosa “estrategia” contra la pandemia y el manejo político de la vacunación, así como el escamoteo de medicinas, en especial contra el cáncer infantil.
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La tercera ola/JORGE ZEPEDA PATTERSON
Milenio
La tercera oleada del covid-19 se nos está viniendo encima pese al enorme esfuerzo que hemos estado haciendo por ignorarla. O quizá gracias a eso. Es comprensible nuestra actitud de hartazgo tras casi año y medio de sustos, privaciones y contratiempos. En ocasiones un poco de negación es saludable para sobrellevar la tristeza, los infortunios y aquello que no podemos remediar. El problema es cuando esa negación se traduce en acciones y decisiones que aceleran e intensifican la magnitud de la desgracia. En tales casos, la negación deja de ser saludable para convertirse en una irresponsabilidad potenciadora del problema.
Y digo que son comprensibles las ganas de ignorar al covid y asumir que ya lo dejamos atrás, porque todo el mundo, literalmente en todos los países, siente que ya pagó la porción de sufrimiento, aislamiento y dificultades que merecía tal calamidad. Por desgracia el bicho que nos flagela no parece estar de acuerdo y sigue mutando con el mismo ahínco con que lo hacía en aquellas primeras semanas cuando apenas lo conocíamos.
Los jóvenes asumen que deben continuar con su vida de jóvenes, que ya sacrificaron un año privándose de ser lo que son en aras del bien común, particularmente de las generaciones mayores. Explícita o implícitamente no parecen estar dispuestos a seguirse sacrificando y así lo revelan manifestaciones en muchas capitales del mundo o de plano, y sin decirlo, las acciones de desacato frente a las nuevas restricciones que comienzan a dictar los gobiernos ante lo que se está viniendo.
Y si bien la vacunación es la estrategia indicada y con un poco de suerte terminará acercándonos a la inmunidad de rebaño, está claro que no llegó a tiempo para salvarnos de esta tercera ola. No sabemos si será más terrible que las dos anteriores, pero está claro que nos encuentra más cansados y eso en sí mismo intensifica su peligrosidad. A diferencia de la primera, nuestro sistema de salud público es un poco menos endeble y el personal médico está mejor preparado y protegido para enfrentarlo. Pero también es cierto que cada tantas semanas aparece una nueva mutación más peligrosa que la anterior o con mayor capacidad de infección. Hemos corrido con la fortuna de que tales variantes hasta ahora no han resultado inmunes a las vacunas vigentes, pero es imposible saber por cuánto tiempo seguirá siendo así. En ese sentido pareceríamos estar en una cuenta regresiva en la que se enfrentan dos variables: la inmunidad de rebaño contra la aparición de una mutación inmune a las vacunas. Solo podemos tener injerencia sobre la primera parte de esta ecuación y francamente no parece que estemos haciendo lo necesario.
En muchos países la intensidad de las campañas de vacunación ha decrecido o se ha estabilizado, sea porque ya acudieron a inmunizarse los más conscientes o los más urgidos por su edad y precondición, o sea porque los gobiernos han desplazado la atención a otros temas, asumiendo que lo peor ya había pasado. En México menos de 20 por ciento de la población ha recibido la segunda dosis y alrededor de 13 por ciento la primera. Demasiado poco para contener la propagación de la enfermedad. En países europeos que incluso han vacunado a poco más de la mitad de la población son presa ya de un alarmante ascenso en el número de contagios.
Según los expertos, nada asegura que las siguientes olas vayan a ser menos dañinas, justamente por la imprevisibilidad en el proceso de mutación y el hartazgo de la población para seguirse protegiendo. Basta decir que la variante delta, de la que no sabíamos nada hasta hace unas semanas, originada en la India, ya es responsable de 65 por ciento de los nuevos contagios en México.
Nadie desea el parón económico de la primavera pasada. Nos tomará años recuperar los niveles, buenos o malos, que teníamos previos a la pandemia. En los sectores más desprotegidos resulta inconmensurable la miseria que ha dejado detrás de sí, la destrucción de empleos y la pérdida de las pocas o muchas reservas que tenían los hogares. El número de pobres ha crecido en decenas de millones y la situación de los que ya lo eran se hizo aún más dramática.
Tendríamos que cuidarnos de asumir medidas extremas que terminan siendo tan nefastas como los males que intentan prevenir. Pero debemos estar conscientes y asumir las implicaciones de lo que viene. Para los ciudadanos resulta fácil culpar a los gobiernos de toda medida impopular asumida para protegernos y, consecuentemente, es enorme la tentación de los líderes políticos para minimizar el tema o distraer la atención con otros asuntos. Queda mucho dolor por delante y tendríamos que actuar en consecuencia. Intensificar las campañas de vacunación como si nos fuera la vida en ello y establecer medidas de protección más rigurosas tratando, al mismo tiempo, de afectar al mínimo empleos y actividad económica.
Un personaje de la película American Beauty afirmaba que nunca debía subestimarse el poder de la autonegación a la que recurrimos para no afrontar nuestros problemas. Ciudadanos y autoridades parecemos ser presas de esa afección. Solo espero que frente a esta tercera ola la desaprensión que mostramos no cobre un precio demasiado alto en cada uno de nosotros y nuestras familias.
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Purgatell/Carlos Loret de Mola
El Universal, 20/07/2021;
No hay quien en el gabinete de López Obrador hable bien del doctor Hugo López-Gatell, el ridiculizado zar para la pandemia. A la sorda, se queja de él hasta su jefe directo y maestro, el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Lo detestan en la vocería de Jesús Ramírez porque no hace caso a las recomendaciones de comunicación que le hacen. No lo toleran en la cancillería de Marcelo Ebrard, porque ha sido incapaz de organizar un plan ambicioso de vacunación y México tiene 20 millones de dosis en la bodega porque López-Gatell sencillamente no puede ponerlas a un mejor ritmo. En el staff del presidente en Palacio Nacional consideran que su impericia le pega a la imagen de López Obrador. Están hartos de él en las Fuerzas Armadas porque les toca entrar a suplir sus deficiencias. En Morena lo consideran un pasivo y sus pleitos con la jefa de Gobierno, favorita de AMLO para la carrera sucesoria, son materia de reportajes internacionales. Figuras, dirigentes, legisladores de la 4T están agotados de defender al indefendible. Me lo han dicho una y otra vez varias fuentes a lo largo de las últimas semanas.
Nadie se explica por qué sigue al frente de la lucha contra la pandemia el hombre que ha sido derrotado estrepitosamente por ésta. López-Gatell es responsable de que México sea uno de los peores países del mundo en el manejo de la pandemia. ¿Por qué entonces no lo ha despedido el presidente López Obrador?
Las propias fuentes oficiales esbozan una respuesta en dos vertientes: un cálculo personal y un cálculo político. En lo personal, el presidente de México no es de los que acepta que comete errores. Correr a Gatell sería admitir el fracaso ante la pandemia. En lo político, que mientras exista Gatell, la sociedad seguirá culpándolo a él del fracaso, y ese reclamo no llegará al presidente. Por eso vemos a López Obrador siempre escudarse en que todo lo que ha hecho su gobierno en la pandemia es “lo que diga el doctor Hugo”.
Sin embargo, el fusible se quemó hace tiempo. Y hoy queda claro que la necedad no es de Gatell, es del presidente. La apuesta por desdeñar los cubrebocas y despreciar las pruebas -hoy por hoy, las dos medidas mundialmente aceptadas como las más eficientes contra la expansión del virus- fue de Andrés Manuel López Obrador. Sin valentía ni personalidad, Gatell se traicionó como doctor y sencillamente adaptó la ciencia a la voluntad de su jefe máximo. Lo demás fue suplir con una creciente dosis de arrogancia su incapacidad para responder los genuinos cuestionamientos de la ciudadanía y sus cada vez más evidentes contradicciones.
Al inicio de la tercera ola, con el regreso a clases en puerta, el destino regala al presidente AMLO otra oportunidad simbólica para enmendar y poner al frente a un científico con verdad y liderazgo. Renovar el rostro de la desgracia del hundimiento por uno que implique la esperanza de la salida a flote. Del latín purgamentum, momento de desechar. Dudo que el presidente aproveche esta oportunidad. No está en su naturaleza.
SACIAMORBOS.— En el argot de los espías y funcionarios de inteligencia, le llaman “la bestia” o “la perra”. Cuentan que es una tecnología mucho más efectiva que Pegasus. Y el gobierno mexicano la tiene desde el sexenio de Peña Nieto. La compró entonces. Pegasus requiere que el espiado dé clic en un link para infectar el teléfono, y el truco es mandar al objetivo un mensaje que le resulte irresistible para que dé clic. Con la perra-bestia no hace falta el clic. Basta poner el número del teléfono de la persona a espiar, y listo: en el acto tienen un clon del aparato, con conversaciones, documentos, contactos, fotografías, etcétera.
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Estrictamente Personal
Espionaje a López Obrador/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, julio 20, 2021;
El nuevo episodio del espionaje global del programa malicioso que vendió la firma israelí NSO Group a gobiernos del mundo, difundido este lunes por un consorcio de 17 medios de comunicación, tiene ahora un nuevo capítulo, el espionaje telefónico a la clase política mexicana realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde sobresale la vigilancia de 50 colaboradores del entonces precandidato Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, así como los excandidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya. Esta revelación periodística exige que Peña Nieto y su aparato de inteligencia, que encabezaba y controlaba el llamado Grupo Hidalgo, a través del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rindan cuentas.
La radiografía del espionaje –aunque como se aclara en algunos de esos medios, para saber si efectivamente se infectaron los teléfonos celulares se necesitaría hacer un análisis forense– muestra el alcance de los intereses del gobierno de Peña Nieto para llevar a cabo una práctica ilegal. Pegasus es un programa que se vendía para combatir al crimen organizado y al terrorismo, que fue utilizado por algunos gobiernos, como el mexicano, para realizar espionaje político.
Los instrumentos de inteligencia se utilizan para salvaguardar los intereses del Estado frente a amenazas internas y externas, pero entra en la categoría del espionaje político cuando se enfocan en vigilar a sus opositores, actores políticos, agentes económicos o periodistas y activistas, como en el caso mexicano. El gobierno de Peña Nieto se engolosinó con los sistemas que se fueron creando en México para enfrentar a los grupos criminales y vigilar potenciales actividades terroristas, para utilizarlos con fines políticos. Quien visualizó lo que podía hacer, aunque más con fines personales que incluso gubernamentales, fue Osorio Chong, el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto.
Durante la transición, Osorio Chong visitó Plataforma México, en el búnker de la entonces Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, quien le mostró todo lo que se había construido para enfrentar a la delincuencia. Personas que supieron de esa reunión a principios de octubre de 2012, recuerdan que Osorio Chong deslizó, no se sabe si por error o deliberadamente, su idea de lo que se podría hacer con esos equipos para su carrera presidencial. Aquella dependencia no tenía el Pegasus, que adquirió en México por primera vez la Secretaría de la Defensa al final del gobierno de Calderón, y la PGR, durante la gestión del hidalguense Jesús Murillo Karam, amplió la compra durante el de Peña Nieto, pero la candidez de Osorio Chong en aquella visita muestra la mentalidad de los colaboradores de Peña Nieto, y subraya lo limitado del expresidente para acotarlos.
Peña Nieto aprobó una idea de Osorio Chong para fusionar la poderosa Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación, pero también le impuso a quien sería el comisionado de la nueva dependencia (Comisión Nacional de Seguridad): Manuel Mondragón, quien comenzó a desmantelar Plataforma México desde diciembre de 2012. Cuando eso inició, en el Cisen Osorio Chong colocó a un incondicional, Eugenio Imaz –que no conocía nada de inteligencia, pero respondía a él, no al presidente–, se llevaron del búnker los sistemas de intercepción telefónica, mientras que la Marina, que veía más el interés nacional, recuperó todas las investigaciones abiertas contra los cárteles de las drogas antes de que Mondragón las tirara a la basura. Exfuncionarios del Cisen y Mondragón han sido vehementes en negar que eso sucediera, pero en efecto, eso pasó. Osorio Chong ha dicho que no espiaban.
El gobierno de Peña Nieto, sin embargo, regresó el espionaje político a niveles no vistos en décadas. El Cisen intervino centenares de líneas telefónicas, mientras que Pegasus infectó a miles de dispositivos móviles. El espionaje sobre los colaboradores de López Obrador –si no se hizo directamente a un celular de él es porque no tiene uno propio– muestra en dónde radicaba su interés: su familia, aunque particularmente Andrés, porque a diferencia de sus hermanos y su madrastra, participaba activamente en el diseño de estrategias políticas y ha sido durante todos estos años el enlace más confiable del Presidente.
Su cardiólogo, Patricio Ortiz Hernández, se convirtió en una pieza clave para darle seguimiento a su salud, después del doble infarto que tuvo en 2013, que a punto estuvo de matarlo. Peña Nieto supo de la gravedad del infarto por medio de Carmen Lira, directora de La Jornada, muy cercana de López Obrador y madrina de sus tres hijos mayores, quien a través del responsable de medios de Los Pinos, David López, fue informando detalladamente sobre su estado de salud.
Dos personas de alto interés para el gobierno fueron blanco de Pegasus: Julio Scherer, muy cercano a López Obrador por casi dos décadas, confidente, abogado y en momento difíciles hasta financiero, y el empresario Alfonso Romo, quien en ese momento se suponía tenía fuerte influencia en las decisiones económicas del líder de la izquierda. El gobierno de Peña Nieto tenía bien identificados los objetivos, como Alejandro Esquer, su secretario particular, una persona tan influyente, que hoy en Palacio Nacional es quien más toma decisiones después del Presidente. Otro era César Yáñez, que conocía las entrañas de lo que hacía López Obrador, y Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, quien desde entonces tenía una maquinaria de propaganda y difamación sistemática poderosa.
La filtración de miles de documentos a las ONG Forbidden Stories y Amnistía Internacional que procesó el consorcio de medios, no puede ser un escándalo efímero. Peña Nieto y Osorio Chong tienen que dar explicaciones de lo que hicieron. Es cierto que no utilizaron en casi ningún caso la información para lastimar –como el expediente que tenía Peña Nieto sobre los financiamientos de López Obrador–, pero no los exime de la responsabilidad de haber utilizado los recursos del Estado y desviado los sistemas de recolección de información para la seguridad nacional, para llevar a cabo un espionaje político ilegal.
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Coordenadas
La economía mexicana está más frágil de lo que parece/Enrique Quintana
EL Financiero, julio 20, 2021;
Hay dos noticias para la economía mexicana, una buena y otra mala.
La buena es que el mercado interno se ha convertido ahora en el soporte del crecimiento de este año, de acuerdo con las cifras que ayer dio el Inegi.
La mala es que el sector industrial y especialmente la manufactura ya no está creciendo, sino incluso ha tenido un retroceso.
Vamos por partes.
El Inegi reportó que, en junio, su Indicador Oportuno de la Actividad Económica global registró un crecimiento de 0.3 por ciento respecto a mayo.
Con ese dato, ya podemos observar el comportamiento del segundo trimestre del año y hay dos cifras a destacarse.
Un crecimiento de 2 por ciento respecto al primer trimestre y de 20.2 por ciento respecto al segundo trimestre del año pasado.
De este modo, como se había previsto, se habrá registrado (a tasa anual) el crecimiento más elevado para un trimestre desde que se tiene registro.
Pero, antes de echar a volar las campanas por este resultado, hay que ponderar las cosas.
Lo primero es que su nivel aún resulta inferior en 2.2 por ciento al del mismo periodo de 2019 y 2.3 por ciento por abajo del de 2018.
Es apenas comparable al nivel de actividad económica que tuvimos en 2017. Como quien dice, implica un estancamiento de cuatro años.
Así que cuidado con celebrar de más.
Lo más preocupante, sin embargo, no es el resultado general, sino especialmente el de la industria.
Las cifras revelan que el nivel de la producción industrial de junio fue el más bajo de todo este año y se encuentra 5 por ciento por debajo del mismo mes de 2019.
Preocupa el hecho porque habíamos pensado que el sector que habría de destacar, impulsado por la recuperación de la economía norteamericana, sería precisamente este.
No tenemos aún resultados detallados de la actividad industrial en junio, pero sí los hay de la industria automotriz.
En junio hubo una caída de 3.15 por ciento en la producción de autos respecto a mayo y en el segundo trimestre del año hubo un retroceso de 15.7 por ciento respecto al cuarto trimestre del año pasado.
No estamos hablando de ventas, que pueden ser influidas por la estacionalidad anual, sino de producción, lo que refleja un freno de esta actividad.
La razón de fondo es la problemática de las cadenas de suministro, especialmente el tan mencionado tema de los chips, que está pegando seriamente a este sector y con él a toda la industria manufacturera.
Si las manufacturas no despegan, el crecimiento del país estará mucho más limitado. El mercado interno sigue ampliándose, sin embargo, todo indica que lo hará a tasas más lentas.
El crecimiento del PIB en el sector terciario fue de 2.5 por ciento en el segundo trimestre respecto al primero, pero hay una caída de 1.9 por ciento si nos comparamos con el mismo periodo de 2019.
A diferencia del sector manufacturero, que puede ser impulsado por las exportaciones, el sector terciario depende fundamentalmente del movimiento de la economía interna.
Y las cosas allí no se ven sencillas.
Los problemas derivados de la tercera ola pueden pegarle de nueva cuenta a la actividad comercial y de servicios, al margen de que el gobierno federal decida no limitar la movilidad.
El comportamiento de la gente, que nuevamente va a ser más cautelosa ante el crecimiento de los contagios, va a limitar el crecimiento del mercado interno.
Así que, las cifras del Inegi nos muestran que la marcha de la economía este año es más frágil de lo que la mayoría pensaba.
Tome sus precauciones.
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El comienzo del fin para El Señorón/Héctor De Mauleón
Se colocaron espectaculares en los que se ofrece 500 mil pesos “a quien proporcione información veraz y útil” que permita la localización de este líder criminal
El Universal, 20/07/202;
En septiembre de 2020 un grupo de sicarios barrió con ráfagas de .223 y 7.62 a las personas que asistían a un velorio en la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, Morelos. Las balas del comando hirieron a 22 personas: ocho jóvenes perdieron la vida.
La masacre había sido ordenada por Francisco Javier Rodríguez Hernández, conocido como El Frank, El XL o El Señorón.
En el fondo de la matanza había una disputa por la venta de “cristal” y el control del “gota a gota”, las extorsiones y el cobro de piso en Cuernavaca.
Al Señorón no le importó matar inocentes. Uno de los participantes de la masacre, un colombiano apodado El Parcero, fue cazado días más tarde en la misma calle en donde había ocurrido la masacre. Dos gatilleros lo esperaron a las puertas de una estética a cuyos dueños acababa de extorsionar. Antes de que abordara un taxi, le metieron dos tiros en la cabeza.
Cuernavaca figura en la lista de los 50 municipios más violentos de México, dada a conocer ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las fuentes principales de esa violencia es Francisco Rodríguez Hernández, El Señorón, conocido también como El Colombiano (pues suele reclutar sicarios de dicha nacionalidad).
Este personaje cobró relevancia tras la caída de Santiago Mazari Miranda, El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos. De acuerdo con fuentes de seguridad, en acuerdo con el Cártel Jalisco, El Colombiano intentó adueñarse de los espacios que El Carrete había controlado.
Es impresionante tanto el número como el contenido de las narcomantas que dan cuenta de la presencia de Rodríguez Hernández a lo largo del estado. No solo porque expresan la ferocidad de la disputa, sino porque son reflejo, también, del alto número de organizaciones criminales que intentan controlar el crimen en Morelos.
El Señorón firmó o fue mencionado en narcomensajes dejados desde mediados de 2020 en Jiutepec, Emiliano Zapata, Cuernavaca, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tetecala, Temixco y Mazatepec.
Esos mismos narcomensajes fueron signados por “El comando del diablo”, “El comando de las tres letras”, “Gente Nueva. Beltrán Leyva”, “Cártel Nuevo”, “Los mayas”, “La mera verga” y “Los de siempre”.
Como era de esperarse, estos mensajes aparecieron al lado de cuerpos sin vida, muchos de ellos segmentados y colocados en posiciones verdaderamente cargadas de malignidad.
“XL recoge tu basura”. “Así te van a dejar a tu gente pieza por pieza”. “Todos los mayas se van a morir, no se les olvide a todos”, “Sergio Alba: la plaza es nuestra, ya te pagamos por ella, atte. El Señorón”.
Reportes de seguridad indican que El XL, El Señorón o El Colombiano posee domicilios registrados en Orquídea 9, Atlacomulco 4, Jazmín 53 y Avenida Plan de Ayala, en Cuernavaca. Posee otro domicilio registrado en Vicente Guerrero 82, en Jiutepec.
“Traigo escoltas, militares que reaccionan en caliente”, dice la letra del corrido que le escribió e interpreta el grupo musical El Konejo y su Clika Norteña:
“Soy el Frank, para mis amigos / como clave XL, me paseo en una Hummer si se puede”.
El 30 de julio de 2020 se reportó el movimiento de seis o siete vehículos con códigos encendidos y gente armada. Hacia la 01:37 de la madrugada varias patrullas de seguridad salieron en su busca. El convoy respondió a tiros y se introdujo en un cañaveral en la zona de Miacatlán. Para evadir la persecución, el grupo armado dejó atravesada una camioneta Tahoe en una de las brechas.
En los costados, la camioneta tenía la leyenda: “El Señorón”.
Legisladores, como el senador Ángel García Yáñez, y jefes policiacos como Julio César Camacho Hernández, han sido asociados con él.
Hace unos años, una serie de espectaculares colocados en puntos estratégicos de Morelos, que contenían la imagen de El Carrete, marcaron el principio de la caída de este capo: cuando su rostro fue difundido, al entonces líder de Los Rojos se le hizo más difícil acudir a sitios públicos, salir a la calle, frecuentar restaurantes, bares, antros.
Finalmente tuvo que huir de Morelos y fue aprehendido en Filo de Caballos, en los linderos de Chichihualco, Guerrero.
La semana pasada, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Morelos decidió seguir la misma ruta. Hizo colocar diversos espectaculares, en los que se ofrece una recompensa de 500 mil pesos “a quien proporcione información veraz y útil” que permita la localización de este líder criminal.
Uno de los anuncios, colocado en la autopista México-Acapulco, fue incendiado de noche. La cuenta regresiva, sin embargo, ha empezado a correr.
Twitter: @hdemauleon
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La Feria
Cablebús, Xochimilco, Aztlán… la hora de la jefa/ Salvador Camarena
La Feria
El Financiero, julio 20, 2021;
Hay tiempos de tirar cohetes y tiempos de juntar varas, dice el dicho sobre los ciclos de las fiestas y los de sus respectivas resacas. Para la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, sin embargo, puede ser que se aproxime un ciclo de tirar cohetes, el chiste es si podrá lograr que la tónica de la segunda parte de su sexenio sea de optimismo, o dicho de otra forma, si su equipo le ayudará a sumar apoyos para ese fin.
El día de ayer se anunció Aztlán, una reconfiguración total del espacio de La Feria de Chapultepec. El proyecto es ambicioso y, sin duda, como toda obra de esa envergadura, estará acompañada de su respectiva controversia.
El anuncio parece mostrar, sobre todo, que va en serio la decisión de la jefa de Gobierno de relanzar las obras públicas en la capital, como anunció en su encuentro con empresarios en el Museo Kaluz el 23 de junio.
Porque en esa reunión con algunos de los representantes más importantes de la inversión privada, Sheinbaum se comprometió a facilitar la reactivación inmobiliaria, dado que el actual gobierno capitalino es visto como el que provocó una crisis artificial al detener al arranque de la administración la inversión en ese sector.
Pero antes del anuncio de este lunes ocurrió la inauguración de la primera de las dos líneas del Cablebús que darán servicio a los capitalinos este año. El 11 de julio en Gustavo A. Madero entró en operaciones el teleférico de transporte público más largo del mundo. La noticia no parece haber tenido la repercusión mediática que merecía. Eso pudo deberse a, al menos, tres cosas.
La Ciudad de México ha vivido una pésima racha. El Covid-19 azotó en el Valle de México con más fuerza que en ningún otro lado del país. Si no fuera suficiente el dramático costo en vidas, y las secuelas de quienes enfermaron, la economía capitalina resintió igualmente el atroz golpe. La vacunación pareció representar un alivio –hablo en términos anímicos colectivos–, pero con el mazazo de las muertes por la caída del tramo de la Línea 12 el ambiente se volvió de nuevo sombrío.
Así que cuando por fin se inauguró el Cablebús de GAM el humor social estaba lejos de un buen momento.
El segundo factor es la inauguración misma. Se invitó al viaje inicial a gente demasiado identificada con Morena y hasta a perdedores de la elección pasada –Javier Hidalgo, por ejemplo, a quien los electores le negaron la reelección–. Una obra de esa naturaleza era idónea para sumar a personajes no necesariamente identificados con el proyecto de la doctora y hasta a críticos. Pero no, puro incondicional.
El tercer elemento puede ser uno que es responsabilidad de los medios. Es transporte público para zonas deprimidas, lejanas al ámbito donde se mueven quienes toman decisiones en la prensa. Ahí sí, punto para el discurso oficial que habla de que son dinámicas que no atendemos adecuadamente.
Al Cablebús y Aztlán se suma Xochimilco, una intervención en esa zona donde Claudia rompió promesas con ambientalistas y vecinos, mas ahora tiene que justificar que el proyecto lo valía.
Con noticias como esas Claudia Sheinbaum podría desplegar un discurso de que la capital no se ha paralizado, que seguirá avanzando –viene el nuevo Cablebús en Iztapalapa– y que hay motivos para abrigar esperanzas de que lo peor ha pasado (intensificando vacunación y recuperando con seguridad la Línea 12).
Podría ser tiempo de lanzar cohetes, ojalá su equipo le ayude a sumar a los más posibles.
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La reinvención de Mariasun/Mario Maldonado
La nueva jugada de Aramburuzabala está en el sector inmobiliario español, donde se asentó por un tiempo, en Madrid
El Universal 20/07/2021;
María Asunción Aramburuzabala lleva tres años reestructurando sus negocios y buscando nuevos horizontes. La empresaria mexicana, heredera de una multimillonaria fortuna tras la venta del Grupo Modelo, comenzó una mala racha en 2019, cuando descubrió un megrafraude financiero en su empresa inmobiliaria Abilia, para luego ver acotado su negocio tecnológico KIO Networks con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y finalmente por el golpe del Covid-19 que afectó la economía global.
La mujer más rica de México decidió ampliar sus horizontes en Estados Unidos y Europa, sin abandonar el país por completo. Aramburuzabala mantiene negocios inmobiliarios y financieros en el territorio nacional, y tiene el objetivo firme de levantar en el número 432 de Paseo de la Reforma el edificio más alto de la ciudad, una vez que la administración de la llamada 4T a nivel federal y en la capital mexicana concluya. Ese va a ser su legado para México, según ha dicho a inversionistas que la acompañan en sus aventuras empresariales.
La nueva jugada de Aramburuzabala está en el sector inmobiliario español, donde se asentó por un tiempo, en Madrid. Hace unos meses, su empresa Abilia adquirió por 12 millones de euros un conjunto de viviendas de lujo de la antigua sede de la Universidad de Villanueva. Sin embargo, la apuesta es crecer tanto como se pueda ahora que los precios del mercado inmobiliario español están bajos. Su cuñado, Carlos Fernández, es dueño de 34% de la inmobiliaria Realia, una de las más importantes del país europeo.
El sector financiero también está en el radar de Aramburuzabala. Su fondo Tresalia está metido en los dos bancos más importantes de España: BBVA y Santander. De este último, Carlos Fernández es también el accionista individual y consejero más importante. Mariasun además está invertida en el Banco Popular español.
En Estados Unidos, la multimillonaria mexicana también está expandiendo sus negocios inmobiliarios a través de Abilia, la unidad de negocio que descuelga del holding Tresalia que cofundó junto con su hermana Lucrecia (esposa de Carlos Fernández) y su madre. La firma tiene ya cerca de mil viviendas en multifamiliares de distintas ciudades de la Unión Americana. A título personal, Mariasun (de 58 años) posee inmuebles en Nueva York, Miami, Vail, Colorado, y Park City, Utah.
En junio de 2013, tras la venta del Grupo Modelo a AB InBev, se anunció que Aramburuzabala adquiriría el aproximado de 23.1 millones de acciones de la nueva empresa en un periodo de cinco años, por un total de mil 500 millones de dólares. Desde entonces a la fecha, el valor de mercado de AB InBev pasó de 118 mil millones de dólares a 110 mil millones, lo que mermó sus posiciones en el grupo.
Con esto, además del golpe del Covid-19 y la pérdida de contratos de su negocio tecnológico, KIO Networks, y del fraude de Abilia, la fortuna de Aramburuzabala pasó de 6 mil millones de dólares en 2018 a 5 mil millones en 2020.
El año pasado, Aramburuzabala puso a la venta KIO Networks, pero no ha encontrado comprador. El precio del brazo tecnológico de Tresalia Capital es de mil millones de pesos y el último interesado en adquirirlo fue la firma de inversión enfocada en infraestructura I Squared Capital, con base en Miami, Florida, según un reporte de Bloomberg.
Otras empresas en las que Tresalia ha invertido financieramente, a través de acciones o deuda, son Medistik, Aeroméxico, Tory Burch, 3G (Kraft-Heinz), JAB (dueña de marcas como Dr. Pepper y NVA), así como otras de capital de riesgo: Miroculus, Kavak, Pulsar, Gaia, Luuna, Kovi, Minu, Nexu, Cogito, Zubale, Proper Good y Mezcal Amores.
La reinvención de María Asunción Aramburuzabala hoy está enfocada en el extranjero, a la espera de mejores condiciones en México.
Univision, muy mexicano
Luego de que en abril se anunció la creación de una nueva empresa entre Televisa y Univision, dando paso al proveedor de contenidos audiovisuales en español más importante a nivel mundial, ahora se da a conocer que el nuevo presidente de Noticias de Univision será un mexicano: Leopoldo Gómez.
El doctor Leopoldo Gómez dejó su cargo como vicepresidente de Noticieros Televisa y a partir del 1 de agosto de 2021 será el nuevo presidente de noticias de la cadena de televisión más importante de contenido en español en Estados Unidos, con sede en Nueva York.
Este lunes Univision anunció una nueva estructura de sus divisiones de Entretenimiento, Deportes y Noticias. “Gómez es un experto ejecutivo de noticias, con resultados comerciales comprobados y más de 20 años de experiencia a cargo de un grupo numeroso y diversificado de noticias en México, el mercado con más hispanohablantes del mundo”, expuso Univision en su comunicado.
Leopoldo Gómez se graduó de George Washington University y Georgetown University, y cuenta con una maestría en ciencias políticas y un doctorado en gobierno. Ha sido presentador de noticias y director del programa semanal de asuntos públicos Tercer Grado.
mario.maldonado.
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El Conapred y el Conacyt al rescate de Gertz Manero/ Guillermo Sheridan
La “versión pública” de la Resolución es fascinante (se lee aquí: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/RPD%2001.2020%20FINAL.pdf): 67 páginas que remiten a cientos de fojas de expedientes del Conapred y los tribunales administrativos que contienen la historia del heroico combate contra el SNI que libró el Dr. Gertz a lo largo de 10 años.
Una y otra vez, el SNI rechazaba su ingreso explicando (p. 21) las carencias de la obra y la trayectoria del “peticionario”: no realiza “habitual y sistemáticamente actividades de investigación”; no tiene siquiera línea de investigación; sus editoriales en la prensa no son investigación; ignora metodología básica y hay motivos para agregar una “disertación sobre plagio y derechos de autor”.
Y el peticionario respondía que el juicio de las Comisiones Evaluadoras carecía de “debida fundamentación y motivación”, se amparaba, se decía discriminado, y le negaban el amparo, y volvía a ampararse y…
Hasta que en agosto de 2019, ya bajo la 4T, el nuevamente requerido Conapred aceptó tratar el caso como “presunto acto de discriminación” y le ordenó un informe al SNI que, por medio de su director (De Leo Winkler, que luego renunció), repitió las opiniones de las Comisiones Evaluadoras: no hay “actividades de investigación”, no hay adscripción institucional, no hay “aparato crítico” en las obras, etc. E indicó que el peticionario podía solicitar de nuevo su ingreso en 2020, lo que éste rechazó por no volver a ser discriminado con una evaluación adversa.
Y entonces ocurrió el milagro: en marzo de 2020, la Dra. María Elena Álvarez-Buylla, directora de “el Conacyt de la 4T” (como ella le dice) remitió al Conapred el oficio A0000/049/2020 en el que declaró que el peticionario tenía razón al alegar que los resultados de las Comisiones Evaluadoras del SNI son “arbitrarias”.
Y luego de aceptar que el peticionario no tiene “una línea de investigación consolidada ni una productividad integral”, Álvarez-Buylla ejerció su propio juicio no arbitrario y sentenció que “se cometieron irregularidades y violaciones de derechos humanos”, pues “se ha detectado un ejercicio arbitrario de las funciones de evaluación, así como parcialidad y falta de objetividad” conducente a “prácticas discriminatorias”. Sobra decir que al lanzar este juicio objetivo e imparcial (y, me atrevería a agregar, epistémico) Álvarez-Buylla no mencionó siquiera el problema del plagio señalado desde 2015.
Y listo. El Conapred declaró al oficio de Álvarez-Buylla “confesión expresa”, la que acreditó “la responsabilidad del Conacyt” como parte discriminatoria por someter al peticionario “a una restricción subjetiva injustificada” (p.52). Y como “la confesión” es legalmente “medio de prueba”, se “acreditó plenamente” al Conacyt como violador de derechos humanos por “no haber valorado de manera objetiva e imparcial la producción y la trayectoria académica del solicitante”.
Y ya después, Álvarez-Buylla nombró objetivamente, basada en algún reglamento objetivo privado, a una “Comisión Especial Dictaminadora” imparcial, no arbitraria y sin restricciones subjetivas injustificadas que, repitiendo casi a la letra la resolución del Conapred, ingresó al peticionario al SNI, con el más alto nivel.
No sólo eso, sino que Álvarez-Buylla decidió reformar sin arbitrariedad el reglamento del SNI para que las Comisiones Evaluadoras no vuelvan a discriminar a nadie, y lo hizo mientras expulsaba del SNI a los investigadores de las universidades privadas, como lo había sido el recién desdiscriminado Dr. Gertz.
Lo mejor de la Resolución es lo del plagio. De acuerdo con el Conapred, la Comisión Evaluadora de 2015 realizó “un escrutinio carente de razonabilidad” que “vulneró el derecho a la dignidad del agraviado” al “poner en duda la probidad académica y capacidad profesional del solicitante” (p. 59). Y Álvarez-Buylla y su Comisión Especial así lo aceptaron y, al hacerlo, descalificaron gravemente a las Comisiones Evaluadoras.
Siete querellas, dos juicios de nulidad, cinco juicios de amparo y miles de horas para que el Dr. Gertz lograra, como dice el Conapred, “el derecho a la igualdad”, esa que ya no tienen las Comisiones Evaluadoras de pares. Hubiera sido más sencillo y provechoso invertir ese tiempo y esfuerzo en la escritura de un buen libro, de un buen libro original, sin plagios.
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Previsiones después del show de la “consulta”/Luis Cárdenas
El presidente hará, por su voluntad, “vinculante” la consulta y emprenderá un “proceso de esclarecimiento”
El Universal, 20/07/2021;
“Si la gente quiere ver sólo las cosas que pueden entender, no tendrían que ir al teatro: tendrían que ir al baño” Bertolt Brecht.
Están muy nerviosos en la 4T. Saben muy bien que no alcanzarán los votos necesarios para hacer “vinculante” la consulta popular que ni juzga a los expresidentes ni representa al pueblo en absolutamente nada. Si acaso, los acarreados de Mario Delgado y asociados llegarán a juntar unos 5 millones de votos de los más de 37 y medio millones que se requieren.
Sin embargo, el plan post consulta existe ya, justamente bajo el escenario del fracaso por la bicoca de votos que se alcanzarán, tome muy en cuenta esto: nuestro presidente se prepara para un nuevo show, para un nuevo papel, será algo así como un juez todopoderoso arrebujado de fuerza moral.
Esto pasará:
1.- López Obrador echará la culpa del fracaso a un complot orquestado por los medios de comunicación, los partidos de oposición y los intereses empresariales de la “mafia que estuvo en el poder”, dirá que se trata de un nuevo pacto de impunidad.
2.- El presidente aprovechará el fracaso para endilgar culpas al INE, dirá que organizaron mal la consulta y convocará a un cambio radical en la ley para debilitar al instituto, proponiendo que sean otras instancias, como Gobernación, las encargadas de organizar y contar votos de futuras consultas populares, evidentemente, sin el visto bueno de la Corte que solo “complica” las preguntas.
3.- Ya sea que junten un millón de votos o cinco millones de votos, claramente la mayoría, entre 95% y 99%, dará el “sí” a la consulta que representa para el presidente “el juicio a los expresidentes”, (aunque legalmente no tenga nada que ver con eso).
4.- Dado que el “sí” será ganador, el presidente hará, por su propia voluntad, “vinculante” la consulta y emprenderá un “proceso de esclarecimiento” en contra de los expresidentes con miras al análisis de cada una de sus acciones.
5.- Entre una especie de nueva sección en la mañanera o una sui generis “comisión de la verdad”, comenzará el análisis público de las acciones de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto con una probable denuncia penal sin mucho sentido jurídico, pero con gran carga ideológica, cada una al final de cada diatriba.
6.- El presidente usará el distractor de la “comisión de la verdad” o “el juicio popular” durante varios meses, so pretexto del análisis del pasado y la derivación de las lecciones aprendidas que ahora emprende su movimiento… ¡ese será el juicio popular!
Alerta roja, puede ser un show barato de un presidente que ya se repite a sí mismo y entró en un proceso desesperado por llamar la atención o puede ser, también, un paso sin pronto retorno a la degradación aún más severa de nuestro Estado de Derecho.
De Colofón.— En Palacio propusieron la consulta, saben que será un fracaso y hacen algo para colgarse de su derrota… ¿mientras la oposición sigue inventando motes patéticos y ya?
@LuisCardenasMX
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Bloqueo indefinido
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 20 Jul. 2021;
"Siendo todos iguales e independientes,
nadie debe dañar a alguien más en su
vida, salud, libertad o posesiones”. John Locke
Los dueños y trabajadores de hoteles, restaurantes y comercios en el capitalino Paseo de la Reforma apenas se habían empezado a recuperar de la pandemia cuando comenzó una nueva pesadilla. Un pequeño grupo de jubilados del IMSS, quizá 20 o 30, estableció un plantón el 7 de julio y cerró los carriles centrales del Paseo de la Reforma. Ahí se mantienen desde entonces, lo cual ha afectado toda actividad.
No se necesitan muchos activistas para bloquear una vía de comunicación si la autoridad no interviene pese al daño a terceros. Un grupo triqui, por ejemplo, ha instalado desde febrero un campamento, primero en Eje Central y hoy en Avenida Juárez. Este 18 de julio un grupo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instaló un plantón sobre las vías del tren en Uruapan. Los bloqueos de vías férreas se han convertido, de hecho, en una constante en Michoacán.
Hay buenas y malas causas entre quienes bloquean vías de comunicación. Los jubilados del Paseo de la Reforma, por ejemplo, afirman que el IMSS les robó sus ahorros. Lo que sabemos es que sí están recibiendo su pensión, pero no se les devuelven los recursos acumulados de cesantía y vejez en su afore porque se considera que esto significaría una doble pensión. La Suprema Corte ha avalado esta decisión, mientras que el propio presidente López Obrador ha señalado que no es justo que se les pague esa doble pensión. El grupo triqui en Avenida Juárez exige permisos para vender en la vía pública, permisos que serían controlados por sus líderes, mientras que los maestros de Michoacán dicen que se les deben quincenas y bonos.
Los plantones se han convertido en una forma habitual de presionar al gobierno. Del lado positivo, López Obrador no les hace caso: es un maestro de la vieja técnica del "ni los veo ni los oigo". Del lado negativo, los plantones permanecen de manera indefinida causando daños a la comunidad.
Se entiende que un movimiento que paralizó el Paseo de la Reforma durante semanas en 2006, con un plantón encabezado por el propio López Obrador, no se preocupará demasiado por liberar las vías de comunicación. Sin embargo, la incertidumbre para las empresas y personas afectadas se vuelve cada vez mayor. Se les exige el pago de impuesto predial y otras contribuciones, pero el gobierno no cumple siquiera con su función elemental de impedir que grupos políticos bloqueen sus actividades.
El gobierno no interviene ni siquiera en los casos en los que ha prometido hacerlo. El Presidente declaró el 21 de septiembre pasado, por ejemplo, que los gobiernos anteriores toleraban la toma de casetas de peaje: "No había causas de fondo. Ya era sacar dinero al tomar las casetas y ya se está recuperando todo lo que se perdía... porque el presupuesto es dinero del pueblo". Afirmó haber tomado acciones para evitar la toma de casetas y evitar pérdidas por 7,019 millones de pesos del 28 de junio de 2019 hasta el 21 de septiembre de 2020. Lo curioso es que las tomas se siguen realizando. Un grupo de presuntos normalistas de Ayotzinapa está tomando todos los días las casetas de la Autopista del Sol para extorsionar a los automovilistas y conseguir ingresos multimillonarios.
A los riesgos normales de invertir en México hay que sumar ahora los bloqueos. Con el argumento de que no es represor, el gobierno se abstiene de actuar para mantener abiertas las vías de comunicación. Las pérdidas para la sociedad son enormes.
· PUDRIMIENTOS
"Si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que no se va a podrir, como sucedió con la Policía Federal", declaró ayer AMLO. Es una curiosa reflexión. Entonces, si la Guardia se deja en su propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿se pudrirá?
@SergioSarmiento
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Por las víctimas÷Genaro Lozano
en REFORMA,20 Jul. 2021
México es un país de víctimas. Lo ha sido siempre. Un país en el que la clase gobernante ha despojado de tierras a campesinos, repartido empresas estatales a sus cuates, desaparecido a personas, asesinado a activistas, negado derechos a parejas, encarcelado a mujeres por decidir sobre sus cuerpos o dejado sin medicamentos a pacientes con cáncer. A la clase política la oímos siempre, a las víctimas las ignoramos. El próximo 1o. de agosto estamos convocados para participar en un proceso de consulta popular, la primera organizada por el INE. Lamentablemente tanto la convocatoria oficial como sus detractores no ponen en el centro a las víctimas.
Las juventudes lopezobradoristas se mueven en las calles. Siguen entusiastas participando en el movimiento que hizo a AMLO presidente de México. Publican videos gritando con emoción #JuicioSíImpunidadNo. Utilizan los programas que conducen en la tele pública para presentar solo la versión de sí a la consulta. Socializan la consulta como un instrumento de participación ciudadana, en la que "el pueblo tomará la decisión" y critican sin tregua a quienes llaman a no participar el próximo 1o. de agosto en lo que ven como una farsa o un ejercicio cantinflesco, como clama The Economist, la revista favorita del hombre y la mujer blancos neoliberales.
Las y los promotores de la consulta solo parecen interesados en fortalecer la narrativa de la 4T. De que la corrupción y la impunidad son vicios del pasado y no del presente. De que este gobierno es distinto y de que toda la historia del país podría dividirse entre un AntesdeAMLO y un DespuésdeAMLO. Y esto es evidentemente un engaño. La Suprema Corte de Justicia, con todo y su lenguaje jurídico incomprensible, no ve la consulta como un juicio a ex presidentes, sino como un motor para crear una Comisión de la Verdad. En la narrativa de los militantes de Morena solo parece importar el lopezobradorismo y no las víctimas.
A pesar de todo lo anterior, participaré en la consulta y votaré por el "sí". Sé que podría ser un ejercicio inútil, debido a que se necesitan más de 37 millones de votos por ese "sí" para que sea vinculante. Sé que la pregunta aprobada por la Suprema Corte está lejos de ser un juicio a los expresidentes desde Salinas hasta Peña, como tergiversa la 4T. Sé que si la consulta no es vinculante, dependerá de la voluntad política del gobierno y de la sociedad civil organizada para iniciar una Comisión de la Verdad y que ésta sea efectiva. Voy a votar por el sí porque me pongo del lado de las víctimas y no de la narrativa oficial.
En mayo del 2018, en plena campaña por la Presidencia, el entonces candidato López Obrador se comprometió con una agenda de justicia transicional y con la creación de una Comisión de la Verdad. Ya como Presidente electo, en septiembre del mismo año, AMLO refrendó ese compromiso a familiares de víctimas y colectivos. Hoy estos colectivos le reclaman al Presidente, a Morena y a la 4T que no haya cumplido aún con su promesa y que hagan de la primera consulta popular del país un espectáculo "contaminado de tantas mentiras".
Quienes se oponen a la consulta y llaman a boicotearla y no participar en ella porque "la ley no se consulta" evaden argumentar sobre el hecho que la consulta popular está contenida en la misma ley, en la Constitución, y también olvidan que la pregunta autorizada por la Suprema Corte, con todo y su ambigua redacción, es lo más parecido a la pregunta que los colectivos de víctimas querían e impulsaban en su momento frente a López Obrador.
Yo quiero vivir en un país en el que los ex presidentes de México, los ex secretarios, los ex directores de policías locales, los militares, los gobernadores, los corruptos, los violadores, los secuestradores y todas las demás personas que hayan cometido un delito paguen por ellos. Quiero vivir en un país en el que las víctimas encuentren justicia y tengan garantías de no repetición del daño. Quiero vivir en un país en el se acabe la impunidad. El próximo 1o. de agosto saldré a votar por el sí con eso en la mente, en solidaridad con las víctimas de atropellos. No se trata de AMLO o de su gobierno. Se trata de las víctimas.
@genarolozano
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