Condena internacional
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
Ya desborda las fronteras la exigencia de poner límites al fuero castrense en México para que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares no sean juzgadas como actos de servicio. A la preocupación externada hace unos días por el gobierno de Estados Unidos se suman los cuestionamientos sobre esos abusos en foros internacionales y, por si faltaba, un impactante reportaje de The Washington Post acerca de las torturas y desapariciones atribuidas al Ejército Mexicano en el marco de la guerra librada por el presidente Calderón contra el narcotráfico.
El gobierno de Felipe Calderón, por medio de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quiere convencer al mundo de que en México los militares no quedan impunes cuando violan los derechos humanos.
Contrario a las peticiones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, Calderón no está dispuesto a modificar el fuero militar y pretende que se mantenga tal y como lo quiere el Ejército para que ese tipo de agresiones sigan considerándose legalmente como “actos de servicio”.
Pero la decisión no depende sólo del Ejecutivo. En las próximas semanas se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre un amparo que busca delimitar los alcances de la justicia castrense, que por más de siete décadas ha permitido no sólo la aplicación de la jurisdicción castrense sobre civiles, sino que los militares se investiguen y juzguen a sí mismos.
Como nunca había ocurrido, la semana pasada los excesos del Ejército durante la guerra sucia y ahora en el combate al narcotráfico quedaron exhibidos a escala internacional.
El martes 7, por primera vez en la historia del Ejército y del país, el Estado mexicano fue obligado a comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido en un retén castrense en agosto de 1974 y a quien se le vio por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Al día siguiente de la comparecencia en la Corte Interamericana, Human Rigths Watch, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más importantes en el mundo, envió una carta al gobierno de Calderón para pedir que dé a conocer información sobre la impunidad militar.
Horas después, el diario estadunidense The Washington Post publicó como su nota principal las acusaciones contra el Estado mexicano por los casos de tortura y desapariciones atribuidos al Ejército durante los operativos de combate al narcotráfico ordenados por Calderón.
Todos los señalamientos apuntan a la impunidad que les garantiza el fuero castrense a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando violan los derechos humanos de civiles, lo que le ha generado al gobierno de México críticas en el mundo, incluso de países con una reciente historia totalitaria, como Bangladesh y la Federación Rusa.
Los cuestionamientos también llegan de países sudamericanos que al pasar de dictaduras militares a regímenes democráticos modificaron su legislación para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas por la justicia civil y no por los tribunales de los propios uniformados, como ocurre en México.
Ese es uno de los argumentos que se discuten en la SCJN con miras a la resolución que tomará tras revisar un amparo tramitado por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Medina López, uno de los cuatro civiles acribillados por el Ejército en Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2008.
El pasado miércoles, la Primera Sala de la Corte decidió enviar al pleno del máximo tribunal la revisión del amparo 989/2009 promovido por Morales Rodríguez con el patrocinio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el centro de investigación y análisis Fundar.
El acuerdo de los cinco ministros que integran la Primera Sala, encargada de los asuntos penales, fue que, debido a su trascendencia, el caso pasara al pleno de la SCJN y se resolviera en sus primeras sesiones al regreso de las vacaciones del Poder Judicial, el 3 de agosto próximo.
El recurso legal pretende sacar de la jurisdicción militar la investigación sobre el asesinato de los cuatro civiles en la sierra de Badiraguato, que iban desarmados en el momento de ser atacados por los tripulantes de un camión militar, sin que existiera un retén de por medio (Proceso 1641).
Ese fue el segundo ataque de soldados contra civiles en Sinaloa en menos de un año, luego de la agresión sufrida por una familia en La Joya de los Martínez, en Sinaloa de Leyva. En esa acción murieron tres menores de edad y dos mujeres.
Ambos casos quedaron en manos de la justicia militar. En el primero nunca se supo cómo se desarrolló en los tribunales castrenses el juicio contra los responsables, además de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el apoyo del gobierno del estado, promovió un arreglo económico con la familia.
En el caso de la matanza de Badiraguato, la Sedena informó en abril del año pasado que un tribunal militar dictó la orden de formal prisión, por homicidio y lesiones, en contra de un teniente de infantería, dos soldados y dos cabos. No obstante, familiares de las víctimas han sostenido que en el asesinato participaron entre 15 y 20 efectivos del Ejército.
Reynalda Morales fue la única familiar de las víctimas que llegó a la SCJN por vía del amparo, con el propósito de que el juez militar adscrito a la III Región Militar, con sede en Mazatlán, decline el caso a favor de un juez común. A través de la Procuraduría de Justicia Militar (PJM), la Sedena rechaza esa petición porque considera que se trató de una indisciplina cometida por sus elementos en actos de servicio.
El proyecto de resolución del amparo ya está elaborado y su autor, el ministro José Ramón Cossío, propone que el pleno –integrado por 11 ministros– discuta el fondo del amparo: la constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar y, eventualmente, el traslado del caso a la justicia ordinaria por tratarse de un homicidio.
Los límites necesarios
El artículo 13 de la Constitución establece que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”, pero el Código de Justicia Militar considera como “delitos contra la disciplina militar” aquellos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo servicio.
Bajo esa disposición, todos los casos de agresiones de militares contra civiles, incluidas las violaciones a los derechos humanos, quedan en la jurisdicción militar.
De acuerdo con los abogados del centro Pro, Santiago Aguirre, y de Fundar, Luis Miguel Cano, la decisión de la SCJN “confirma que el caso tiene que ver con la necesidad del control civil sobre las Fuerzas Armadas” en México.
Los abogados consideran que la SCJN tiene la oportunidad de establecer “de una vez por todas” el alcance del fuero militar en México y revertir una práctica que ha sido criticada internacionalmente, sobre todo en momentos en que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército se han sextuplicado en lo que va del sexenio como resultado de los operativos antinarco desplegados por el presidente Calderón.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este sexenio se han registrado más de mil 600 quejas contra el Ejército por delitos como la privación arbitraria de la vida, tortura, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego (Proceso 1688).
Los abogados advierten que si la Corte pospone su resolución indefinidamente, se prolongaría la falta de acceso a una justicia imparcial que padecen los familiares de las víctimas.
El amparo llegó a la SCJN a principios de año. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo decidió hacer suyo el caso y estudiar la atracción. El asunto quedó en manos del ministro Cossío, quien ahora propone que, al revisar el amparo, la Corte se pronuncie sobre la extensión del fuero militar.
“Lo que está en juego no es la subsistencia del fuero militar, sino la limitación de éste a las cuestiones que atenten contra la disciplina militar. El Ejército debe rendir cuentas ante las autoridades civiles por los delitos que, como la tortura, la violación, el homicidio o la desaparición forzada de personas, agravian a la población y no primordialmente a las Fuerzas Armadas”, señalaron los litigantes del Centro Pro y Fundar.
Para la resolución del amparo, la Suprema Corte ha recibido argumentos de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, así como de especialistas de América Latina y Estados Unidos sobre los avances mundiales en materia de límites a la jurisdicción militar cuando personal de las Fuerzas Armadas viola derechos humanos.
En total, 26 organizaciones de derechos humanos de 13 países latinoamericanos –incluidos algunos con historia de dictaduras militares, como Argentina–, la Universidad de Harvard y la Comisión Internacional de Juristas se constituyeron bajo la figura jurídica amicus curiae (amigos de la corte) para argumentar ante los ministros de la SCJN que el derecho internacional prohíbe aplicar el fuero militar cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.
Además, explican la evolución del tema en América Latina y cómo prácticamente todos los países de la región –que en la mitad del siglo pasado padecieron regímenes militares– han modificado sus constituciones políticas para limitar el fuero militar.
En sus respectivos escritos, esas organizaciones coinciden en que la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México forma parte, establece de manera expresa esa prohibición; en tanto que en diferentes resoluciones la Corte Interamericana ha señalado que la jurisdicción penal militar debe tener un carácter restrictivo y excepcional.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que esa jurisdicción no es la competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Interamericana se ha pronunciado en ese mismo sentido sobre varios casos en los que están involucrados militares, entre ellos el de Pacheco Radilla. Después de la comparencia del martes pasado, la comisión podría emitir su fallo hacia finales de este año o principios del próximo.
De manera precisa, esta Comisión Interamericana ha señalado que la investigación de la PJM sobre presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por militares mexicanos implica una violación de la Convención Americana.
Presión internacional
En este continente, uno de los principales críticos al privilegio que se la da al fuero castrense en México es Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington, aunque inicialmente respaldó los operativos militares ordenados por Calderón.
En abril pasado, HRW dio a conocer el informe Impunidad uniformada, en el que demuestra cómo el fuero militar sirve para proteger a los responsables de violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas.
El director para América de la organización, José Miguel Vivanco, asegura que en los últimos 10 años los militares mexicanos no han sido capaces de condenar a nadie, sea soldado u oficial, por violaciones a los derechos humanos. “No hay ningún caso igual en América Latina”, dice.
Añade que para cualquier autoridad democrática en el mundo lo razonable es que en México exista un régimen jurídico que impida “la corrupción de las Fuerzas Armadas a través de la impunidad”, por lo que si cometen abusos deben ser sancionados ejemplarmente.
“Una tortura, una violación sexual o un homicidio no son faltas a la disciplina militar, sino crímenes que deben ser sancionados por la jurisdicción ordinaria y no sometidos a los tribunales militares para impedir que se investiguen”, enfatiza Vivanco.
Califica de “lamentable” la actitud del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de defender, no sólo en México, sino ante la comunidad internacional, el fuero militar: “Ha hecho una defensa cerrada de un sistema que está quebrado y no tiene mayor credibilidad”.
Gómez Mont ha sido el encargado del gobierno de Calderón para responder a las críticas internacionales que ha recibido México por el predominio del Ejército, a la vez que el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, dejó en claro el pasado 19 de febrero, Día del Ejército, que el fuero militar debe quedar intocado.
Ese mismo mes Gómez Mont viajó a Ginebra para defender esa jurisdicción ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo hizo en la sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal, en el que se revisó la situación de los derechos humanos en México.
Seis de las ocho recomendaciones que se le hicieron al gobierno mexicano se centraron en la necesidad de limitar la jurisdicción castrense. Los países que las formularon fueron Bangladesh, Irlanda, Portugal, Perú, Uruguay y, en forma conjunta, la Federación Rusa y la República de Corea, que además pidió medidas de protección a los derechos humanos en los operativos del Ejército en contra del narcotráfico.
La contundente respuesta del gobierno de Calderón se entregó formalmente en Ginebra, en la sesión del 11 de junio: “El Estado mexicano no apoya la recomendación debido a que la jurisdicción militar sobre conductas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones es prevista por la propia Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina militar”.
Añadió: “Por la especificidad de la materia, es legalmente insostenible una jurisdicción paralela y alternativa que conozca de los delitos que los militares cometen en ejercicio de sus funciones. A su vez, la Constitución también prevé la facultad de recurrir las sentencias de los juzgados militares y del Supremo Tribunal Militar ante los tribunales civiles… mediante el juicio de amparo”.
Esa fue la misma posición que defendió Gómez Mont ante la Corte Interamericana el pasado martes.
Los hechos demuestran lo contrario. De acuerdo con el Centro Pro, el fuero militar carece de las garantías básicas del debido proceso en casos de derechos humanos, pues al carecer de independencia respecto de las Fuerzas Armadas “incorpora las viciadas figuras de amnistía y obediencia debida como excluyentes de responsabilidad penal, lo que dificulta significativamente a las víctimas del procedimiento”.
Ante las presiones internacionales, Calderón informó a la ONU que actualmente la justicia militar integra seis averiguaciones previas y que en tres casos se consignó a 32 efectivos, además de que en nueve sentencias se condenó a 14 elementos. Sin embargo, no dio ningún detalle sobre el tipo de acusaciones de que se trata ni de qué rango son los militares procesados.
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
Ya desborda las fronteras la exigencia de poner límites al fuero castrense en México para que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares no sean juzgadas como actos de servicio. A la preocupación externada hace unos días por el gobierno de Estados Unidos se suman los cuestionamientos sobre esos abusos en foros internacionales y, por si faltaba, un impactante reportaje de The Washington Post acerca de las torturas y desapariciones atribuidas al Ejército Mexicano en el marco de la guerra librada por el presidente Calderón contra el narcotráfico.
El gobierno de Felipe Calderón, por medio de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quiere convencer al mundo de que en México los militares no quedan impunes cuando violan los derechos humanos.
Contrario a las peticiones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, Calderón no está dispuesto a modificar el fuero militar y pretende que se mantenga tal y como lo quiere el Ejército para que ese tipo de agresiones sigan considerándose legalmente como “actos de servicio”.
Pero la decisión no depende sólo del Ejecutivo. En las próximas semanas se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre un amparo que busca delimitar los alcances de la justicia castrense, que por más de siete décadas ha permitido no sólo la aplicación de la jurisdicción castrense sobre civiles, sino que los militares se investiguen y juzguen a sí mismos.
Como nunca había ocurrido, la semana pasada los excesos del Ejército durante la guerra sucia y ahora en el combate al narcotráfico quedaron exhibidos a escala internacional.
El martes 7, por primera vez en la historia del Ejército y del país, el Estado mexicano fue obligado a comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido en un retén castrense en agosto de 1974 y a quien se le vio por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Al día siguiente de la comparecencia en la Corte Interamericana, Human Rigths Watch, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más importantes en el mundo, envió una carta al gobierno de Calderón para pedir que dé a conocer información sobre la impunidad militar.
Horas después, el diario estadunidense The Washington Post publicó como su nota principal las acusaciones contra el Estado mexicano por los casos de tortura y desapariciones atribuidos al Ejército durante los operativos de combate al narcotráfico ordenados por Calderón.
Todos los señalamientos apuntan a la impunidad que les garantiza el fuero castrense a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando violan los derechos humanos de civiles, lo que le ha generado al gobierno de México críticas en el mundo, incluso de países con una reciente historia totalitaria, como Bangladesh y la Federación Rusa.
Los cuestionamientos también llegan de países sudamericanos que al pasar de dictaduras militares a regímenes democráticos modificaron su legislación para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas por la justicia civil y no por los tribunales de los propios uniformados, como ocurre en México.
Ese es uno de los argumentos que se discuten en la SCJN con miras a la resolución que tomará tras revisar un amparo tramitado por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Medina López, uno de los cuatro civiles acribillados por el Ejército en Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2008.
El pasado miércoles, la Primera Sala de la Corte decidió enviar al pleno del máximo tribunal la revisión del amparo 989/2009 promovido por Morales Rodríguez con el patrocinio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el centro de investigación y análisis Fundar.
El acuerdo de los cinco ministros que integran la Primera Sala, encargada de los asuntos penales, fue que, debido a su trascendencia, el caso pasara al pleno de la SCJN y se resolviera en sus primeras sesiones al regreso de las vacaciones del Poder Judicial, el 3 de agosto próximo.
El recurso legal pretende sacar de la jurisdicción militar la investigación sobre el asesinato de los cuatro civiles en la sierra de Badiraguato, que iban desarmados en el momento de ser atacados por los tripulantes de un camión militar, sin que existiera un retén de por medio (Proceso 1641).
Ese fue el segundo ataque de soldados contra civiles en Sinaloa en menos de un año, luego de la agresión sufrida por una familia en La Joya de los Martínez, en Sinaloa de Leyva. En esa acción murieron tres menores de edad y dos mujeres.
Ambos casos quedaron en manos de la justicia militar. En el primero nunca se supo cómo se desarrolló en los tribunales castrenses el juicio contra los responsables, además de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el apoyo del gobierno del estado, promovió un arreglo económico con la familia.
En el caso de la matanza de Badiraguato, la Sedena informó en abril del año pasado que un tribunal militar dictó la orden de formal prisión, por homicidio y lesiones, en contra de un teniente de infantería, dos soldados y dos cabos. No obstante, familiares de las víctimas han sostenido que en el asesinato participaron entre 15 y 20 efectivos del Ejército.
Reynalda Morales fue la única familiar de las víctimas que llegó a la SCJN por vía del amparo, con el propósito de que el juez militar adscrito a la III Región Militar, con sede en Mazatlán, decline el caso a favor de un juez común. A través de la Procuraduría de Justicia Militar (PJM), la Sedena rechaza esa petición porque considera que se trató de una indisciplina cometida por sus elementos en actos de servicio.
El proyecto de resolución del amparo ya está elaborado y su autor, el ministro José Ramón Cossío, propone que el pleno –integrado por 11 ministros– discuta el fondo del amparo: la constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar y, eventualmente, el traslado del caso a la justicia ordinaria por tratarse de un homicidio.
Los límites necesarios
El artículo 13 de la Constitución establece que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”, pero el Código de Justicia Militar considera como “delitos contra la disciplina militar” aquellos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo servicio.
Bajo esa disposición, todos los casos de agresiones de militares contra civiles, incluidas las violaciones a los derechos humanos, quedan en la jurisdicción militar.
De acuerdo con los abogados del centro Pro, Santiago Aguirre, y de Fundar, Luis Miguel Cano, la decisión de la SCJN “confirma que el caso tiene que ver con la necesidad del control civil sobre las Fuerzas Armadas” en México.
Los abogados consideran que la SCJN tiene la oportunidad de establecer “de una vez por todas” el alcance del fuero militar en México y revertir una práctica que ha sido criticada internacionalmente, sobre todo en momentos en que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército se han sextuplicado en lo que va del sexenio como resultado de los operativos antinarco desplegados por el presidente Calderón.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este sexenio se han registrado más de mil 600 quejas contra el Ejército por delitos como la privación arbitraria de la vida, tortura, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego (Proceso 1688).
Los abogados advierten que si la Corte pospone su resolución indefinidamente, se prolongaría la falta de acceso a una justicia imparcial que padecen los familiares de las víctimas.
El amparo llegó a la SCJN a principios de año. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo decidió hacer suyo el caso y estudiar la atracción. El asunto quedó en manos del ministro Cossío, quien ahora propone que, al revisar el amparo, la Corte se pronuncie sobre la extensión del fuero militar.
“Lo que está en juego no es la subsistencia del fuero militar, sino la limitación de éste a las cuestiones que atenten contra la disciplina militar. El Ejército debe rendir cuentas ante las autoridades civiles por los delitos que, como la tortura, la violación, el homicidio o la desaparición forzada de personas, agravian a la población y no primordialmente a las Fuerzas Armadas”, señalaron los litigantes del Centro Pro y Fundar.
Para la resolución del amparo, la Suprema Corte ha recibido argumentos de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, así como de especialistas de América Latina y Estados Unidos sobre los avances mundiales en materia de límites a la jurisdicción militar cuando personal de las Fuerzas Armadas viola derechos humanos.
En total, 26 organizaciones de derechos humanos de 13 países latinoamericanos –incluidos algunos con historia de dictaduras militares, como Argentina–, la Universidad de Harvard y la Comisión Internacional de Juristas se constituyeron bajo la figura jurídica amicus curiae (amigos de la corte) para argumentar ante los ministros de la SCJN que el derecho internacional prohíbe aplicar el fuero militar cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.
Además, explican la evolución del tema en América Latina y cómo prácticamente todos los países de la región –que en la mitad del siglo pasado padecieron regímenes militares– han modificado sus constituciones políticas para limitar el fuero militar.
En sus respectivos escritos, esas organizaciones coinciden en que la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México forma parte, establece de manera expresa esa prohibición; en tanto que en diferentes resoluciones la Corte Interamericana ha señalado que la jurisdicción penal militar debe tener un carácter restrictivo y excepcional.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que esa jurisdicción no es la competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Interamericana se ha pronunciado en ese mismo sentido sobre varios casos en los que están involucrados militares, entre ellos el de Pacheco Radilla. Después de la comparencia del martes pasado, la comisión podría emitir su fallo hacia finales de este año o principios del próximo.
De manera precisa, esta Comisión Interamericana ha señalado que la investigación de la PJM sobre presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por militares mexicanos implica una violación de la Convención Americana.
Presión internacional
En este continente, uno de los principales críticos al privilegio que se la da al fuero castrense en México es Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington, aunque inicialmente respaldó los operativos militares ordenados por Calderón.
En abril pasado, HRW dio a conocer el informe Impunidad uniformada, en el que demuestra cómo el fuero militar sirve para proteger a los responsables de violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas.
El director para América de la organización, José Miguel Vivanco, asegura que en los últimos 10 años los militares mexicanos no han sido capaces de condenar a nadie, sea soldado u oficial, por violaciones a los derechos humanos. “No hay ningún caso igual en América Latina”, dice.
Añade que para cualquier autoridad democrática en el mundo lo razonable es que en México exista un régimen jurídico que impida “la corrupción de las Fuerzas Armadas a través de la impunidad”, por lo que si cometen abusos deben ser sancionados ejemplarmente.
“Una tortura, una violación sexual o un homicidio no son faltas a la disciplina militar, sino crímenes que deben ser sancionados por la jurisdicción ordinaria y no sometidos a los tribunales militares para impedir que se investiguen”, enfatiza Vivanco.
Califica de “lamentable” la actitud del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de defender, no sólo en México, sino ante la comunidad internacional, el fuero militar: “Ha hecho una defensa cerrada de un sistema que está quebrado y no tiene mayor credibilidad”.
Gómez Mont ha sido el encargado del gobierno de Calderón para responder a las críticas internacionales que ha recibido México por el predominio del Ejército, a la vez que el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, dejó en claro el pasado 19 de febrero, Día del Ejército, que el fuero militar debe quedar intocado.
Ese mismo mes Gómez Mont viajó a Ginebra para defender esa jurisdicción ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo hizo en la sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal, en el que se revisó la situación de los derechos humanos en México.
Seis de las ocho recomendaciones que se le hicieron al gobierno mexicano se centraron en la necesidad de limitar la jurisdicción castrense. Los países que las formularon fueron Bangladesh, Irlanda, Portugal, Perú, Uruguay y, en forma conjunta, la Federación Rusa y la República de Corea, que además pidió medidas de protección a los derechos humanos en los operativos del Ejército en contra del narcotráfico.
La contundente respuesta del gobierno de Calderón se entregó formalmente en Ginebra, en la sesión del 11 de junio: “El Estado mexicano no apoya la recomendación debido a que la jurisdicción militar sobre conductas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones es prevista por la propia Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina militar”.
Añadió: “Por la especificidad de la materia, es legalmente insostenible una jurisdicción paralela y alternativa que conozca de los delitos que los militares cometen en ejercicio de sus funciones. A su vez, la Constitución también prevé la facultad de recurrir las sentencias de los juzgados militares y del Supremo Tribunal Militar ante los tribunales civiles… mediante el juicio de amparo”.
Esa fue la misma posición que defendió Gómez Mont ante la Corte Interamericana el pasado martes.
Los hechos demuestran lo contrario. De acuerdo con el Centro Pro, el fuero militar carece de las garantías básicas del debido proceso en casos de derechos humanos, pues al carecer de independencia respecto de las Fuerzas Armadas “incorpora las viciadas figuras de amnistía y obediencia debida como excluyentes de responsabilidad penal, lo que dificulta significativamente a las víctimas del procedimiento”.
Ante las presiones internacionales, Calderón informó a la ONU que actualmente la justicia militar integra seis averiguaciones previas y que en tres casos se consignó a 32 efectivos, además de que en nueve sentencias se condenó a 14 elementos. Sin embargo, no dio ningún detalle sobre el tipo de acusaciones de que se trata ni de qué rango son los militares procesados.
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Socios y cómplices
J. JESúS ESQUIVEL
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
WASHINGTON.- El Departamento de Estado avalará ante el Congreso estadunidense la estrategia militarizada de la administración de Felipe Calderón contra las drogas, pese a que el propio gobierno de Barack Obama está “preocupado” por las reiteradas quejas por violaciones a los derechos humanos y las torturas de las que es acusado el Ejército Mexicano.
El interés principal de la Casa Blanca es evitar la cancelación de una parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida en el Congreso, donde en cuestión de semanas la secretaria de Estado, Hillary Clinton, presentará un reporte sobre la situación de los derechos humanos en México en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, en el que según informes hará a un lado las acusaciones contra las Fuerzas Armadas mexicanas.
La decisión estadunidense obedece a culpas propias: la pérdida de autoridad moral en materia de derechos humanos, tras los escándalos en Afganistán, Irak y Guantánamo, así como su responsabilidad en el problema de las drogas como principal país consumidor en el mundo. Pero sobre todo pesa el hecho de que la Casa Blanca ha alentado y hasta financiado a Calderón para militarizar el combate a las drogas y, con ello, propiciar los abusos castrenses.
El tema se convirtió en el eje de las discusiones luego de que el diario The Washington Post publicó un reportaje en primera plana, el jueves 9 de julio, en el que acusa al Ejército Mexicano de cometer desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en su búsqueda de traficantes de drogas, lo cual es algo que “tomamos con mucha seriedad”, dice a Proceso Mike Hammer, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
“Hemos expresado nuestras preocupaciones a nuestras contrapartes mexicanas en todos los niveles gubernamentales por la gravedad que implican estas acusaciones”, señaló Hammer vía correo electrónico desde Italia, donde acompañaba al presidente Obama en la reunión del G-8.
“Nuestros esfuerzos de apoyo a la lucha contra el narcotráfico en México, que incluyen la Iniciativa Mérida, proveerán un respaldo importante para las instituciones mexicanas, incluyendo el sistema judicial, la policía, los grupos de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales, para poder abordar las preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos”, según el portavoz.
Bajo el título México acusado de tortura en la guerra contra las drogas, el reportaje de The Washington Post sostiene que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido abrumada con más de 2 mil quejas contra el Ejército por diversas violaciones a derechos humanos cometidas bajo la justificación del combate al narcotráfico y al crimen organizado.
La mayoría de estos casos “ha ocurrido en regiones donde es común la presencia de cuerpos desmembrados de policías y soldados”, dice el diario, y señala que el gobierno estadunidense “ha alentado, y en parte financiado, la riesgosa estrategia de Calderón de utilizar al Ejército para combatir a los cárteles que manejan 90% de toda la cocaína que entra a Estados Unidos”.
De acuerdo con el mismo periódico, esta realidad podría llevar a que el Congreso decidiera retener más de 100 millones de dólares, de los mil 400 solicitados por la Casa Blanca para la Iniciativa Mérida.
“Exigimos al gobierno del presidente Calderón que realice una investigación muy detallada sobre las acusaciones publicadas en The Washington Post, porque si son ciertas, el gobierno de México estaría incumpliendo con los compromisos que aceptó en materia de derechos humanos para recibir el dinero de la Iniciativa Mérida”, indicó a Proceso por medio de una declaración escrita el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leia, precisamente uno de los autores de las condiciones impuestas por el Capitolio a la administración de Calderón.
Un funcionario del gobierno de Obama, que pidió reservar su nombre, explicó a este semanario que, aunque la situación “es delicada y preocupante”, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que llevan a cabo en forma conjunta México y Estados Unidos no debe frenarse. “Se cometen errores y se dan incidentes como éstos (los publicados en el Post). Nuestras Fuerzas Armadas también han cometido violaciones a los derechos humanos en las operaciones militares en Afganistán e Irak y, aunque son deplorables, se deben corregir, pero sin dar marcha atrás a los objetivos planteados”, acotó el funcionario estadunidense.
Estados Unidos financia la Iniciativa Mérida en México con equipo bélico, entrenamiento y tecnología, pero el Congreso de ese país se negó a expedir un cheque en blanco y exigió al presidente Felipe Calderón un escrupuloso respeto a los derechos humanos. Las crecientes denuncias contra el Ejército técnicamente deberían ser motivo para que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, “desertifique” a México en la materia, con lo cual el Congreso retendría inmediatamente los fondos condicionados del mecanismo bilateral antinarcóticos.
Pero esto no va a ocurrir. De hecho, en el reporte que el Departamento de Estado presentará al Congreso “no se pedirá la retención de los fondos de la Iniciativa Mérida. Al contrario, tanto nosotros como los legisladores estamos conscientes de la necesidad de continuar apoyando al gobierno de Calderón en algo que también nos concierne a nosotros, por ser el país de la demanda y consumo de narcóticos”, añade el funcionario estadunidense entrevistado bajo condición de anonimato.
Así, Estados Unidos decidió guardar un silencio cómplice en torno a las cada vez más frecuentes denuncias sobre “desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales durante la persecución de narcotraficantes” atribuidas al Ejército Mexicano, según recoge The Washington Post, un periódico que leen todos los legisladores y funcionarios del gobierno federal estadunidense.
En descargo de la administración de Calderón, el diario cita al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont: “Yo sé que las Fuerzas Armadas no están actuando de manera inapropiada, aunque se han dado algunos casos. Honestamente, así lo cree el gobierno. No hay incentivos para los abusos”.
Otro funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que no viajó con Obama en su gira por Europa y África atribuyó a los cárteles de las drogas en México “las peores y más deplorables violaciones de derechos humanos”, incluida la tortura como “práctica común de operación”, al menos en los últimos tres o cuatro años.
En entrevista telefónica, el funcionario aseguró que “los cárteles están desesperados, la estrategia del presidente Calderón está dando buenos resultados y este sería el momento menos apropiado para retroceder. El presidente Obama se comprometió a trabajar de manera muy cercana con el gobierno y con el pueblo de México, por la corresponsabilidad que tenemos en el problema de las drogas, y es por ello que la Iniciativa Mérida es una herramienta fundamental para alcanzar el propósito que se busca en la lucha contra los narcotraficantes y el crimen organizado”.
En el Congreso estadunidense, varios legisladores consultados por este semanario se dijeron preocupados y coincidieron en que se debe exigir que el gobierno mexicano aclare los hechos. Sin embargo, todos señalaron que antes de condenar deben presentarse las pruebas que sustenten las acusaciones contra el Ejército Mexicano.
Algo de ello aporta el Post: la CNDH “ha documentado 26 casos de abuso, 17 de los cuales involucran tortura, incluyendo la asfixia y la aplicación de toques eléctricos en los genitales de presuntos sospechosos de narcotráfico”. Según el diario estadunidense, “la Secretaría de la Defensa Nacional no respondió a varios pedidos de entrevista sobre las acusaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército”.
J. JESúS ESQUIVEL
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
WASHINGTON.- El Departamento de Estado avalará ante el Congreso estadunidense la estrategia militarizada de la administración de Felipe Calderón contra las drogas, pese a que el propio gobierno de Barack Obama está “preocupado” por las reiteradas quejas por violaciones a los derechos humanos y las torturas de las que es acusado el Ejército Mexicano.
El interés principal de la Casa Blanca es evitar la cancelación de una parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida en el Congreso, donde en cuestión de semanas la secretaria de Estado, Hillary Clinton, presentará un reporte sobre la situación de los derechos humanos en México en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, en el que según informes hará a un lado las acusaciones contra las Fuerzas Armadas mexicanas.
La decisión estadunidense obedece a culpas propias: la pérdida de autoridad moral en materia de derechos humanos, tras los escándalos en Afganistán, Irak y Guantánamo, así como su responsabilidad en el problema de las drogas como principal país consumidor en el mundo. Pero sobre todo pesa el hecho de que la Casa Blanca ha alentado y hasta financiado a Calderón para militarizar el combate a las drogas y, con ello, propiciar los abusos castrenses.
El tema se convirtió en el eje de las discusiones luego de que el diario The Washington Post publicó un reportaje en primera plana, el jueves 9 de julio, en el que acusa al Ejército Mexicano de cometer desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en su búsqueda de traficantes de drogas, lo cual es algo que “tomamos con mucha seriedad”, dice a Proceso Mike Hammer, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
“Hemos expresado nuestras preocupaciones a nuestras contrapartes mexicanas en todos los niveles gubernamentales por la gravedad que implican estas acusaciones”, señaló Hammer vía correo electrónico desde Italia, donde acompañaba al presidente Obama en la reunión del G-8.
“Nuestros esfuerzos de apoyo a la lucha contra el narcotráfico en México, que incluyen la Iniciativa Mérida, proveerán un respaldo importante para las instituciones mexicanas, incluyendo el sistema judicial, la policía, los grupos de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales, para poder abordar las preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos”, según el portavoz.
Bajo el título México acusado de tortura en la guerra contra las drogas, el reportaje de The Washington Post sostiene que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido abrumada con más de 2 mil quejas contra el Ejército por diversas violaciones a derechos humanos cometidas bajo la justificación del combate al narcotráfico y al crimen organizado.
La mayoría de estos casos “ha ocurrido en regiones donde es común la presencia de cuerpos desmembrados de policías y soldados”, dice el diario, y señala que el gobierno estadunidense “ha alentado, y en parte financiado, la riesgosa estrategia de Calderón de utilizar al Ejército para combatir a los cárteles que manejan 90% de toda la cocaína que entra a Estados Unidos”.
De acuerdo con el mismo periódico, esta realidad podría llevar a que el Congreso decidiera retener más de 100 millones de dólares, de los mil 400 solicitados por la Casa Blanca para la Iniciativa Mérida.
“Exigimos al gobierno del presidente Calderón que realice una investigación muy detallada sobre las acusaciones publicadas en The Washington Post, porque si son ciertas, el gobierno de México estaría incumpliendo con los compromisos que aceptó en materia de derechos humanos para recibir el dinero de la Iniciativa Mérida”, indicó a Proceso por medio de una declaración escrita el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leia, precisamente uno de los autores de las condiciones impuestas por el Capitolio a la administración de Calderón.
Un funcionario del gobierno de Obama, que pidió reservar su nombre, explicó a este semanario que, aunque la situación “es delicada y preocupante”, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que llevan a cabo en forma conjunta México y Estados Unidos no debe frenarse. “Se cometen errores y se dan incidentes como éstos (los publicados en el Post). Nuestras Fuerzas Armadas también han cometido violaciones a los derechos humanos en las operaciones militares en Afganistán e Irak y, aunque son deplorables, se deben corregir, pero sin dar marcha atrás a los objetivos planteados”, acotó el funcionario estadunidense.
Estados Unidos financia la Iniciativa Mérida en México con equipo bélico, entrenamiento y tecnología, pero el Congreso de ese país se negó a expedir un cheque en blanco y exigió al presidente Felipe Calderón un escrupuloso respeto a los derechos humanos. Las crecientes denuncias contra el Ejército técnicamente deberían ser motivo para que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, “desertifique” a México en la materia, con lo cual el Congreso retendría inmediatamente los fondos condicionados del mecanismo bilateral antinarcóticos.
Pero esto no va a ocurrir. De hecho, en el reporte que el Departamento de Estado presentará al Congreso “no se pedirá la retención de los fondos de la Iniciativa Mérida. Al contrario, tanto nosotros como los legisladores estamos conscientes de la necesidad de continuar apoyando al gobierno de Calderón en algo que también nos concierne a nosotros, por ser el país de la demanda y consumo de narcóticos”, añade el funcionario estadunidense entrevistado bajo condición de anonimato.
Así, Estados Unidos decidió guardar un silencio cómplice en torno a las cada vez más frecuentes denuncias sobre “desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales durante la persecución de narcotraficantes” atribuidas al Ejército Mexicano, según recoge The Washington Post, un periódico que leen todos los legisladores y funcionarios del gobierno federal estadunidense.
En descargo de la administración de Calderón, el diario cita al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont: “Yo sé que las Fuerzas Armadas no están actuando de manera inapropiada, aunque se han dado algunos casos. Honestamente, así lo cree el gobierno. No hay incentivos para los abusos”.
Otro funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que no viajó con Obama en su gira por Europa y África atribuyó a los cárteles de las drogas en México “las peores y más deplorables violaciones de derechos humanos”, incluida la tortura como “práctica común de operación”, al menos en los últimos tres o cuatro años.
En entrevista telefónica, el funcionario aseguró que “los cárteles están desesperados, la estrategia del presidente Calderón está dando buenos resultados y este sería el momento menos apropiado para retroceder. El presidente Obama se comprometió a trabajar de manera muy cercana con el gobierno y con el pueblo de México, por la corresponsabilidad que tenemos en el problema de las drogas, y es por ello que la Iniciativa Mérida es una herramienta fundamental para alcanzar el propósito que se busca en la lucha contra los narcotraficantes y el crimen organizado”.
En el Congreso estadunidense, varios legisladores consultados por este semanario se dijeron preocupados y coincidieron en que se debe exigir que el gobierno mexicano aclare los hechos. Sin embargo, todos señalaron que antes de condenar deben presentarse las pruebas que sustenten las acusaciones contra el Ejército Mexicano.
Algo de ello aporta el Post: la CNDH “ha documentado 26 casos de abuso, 17 de los cuales involucran tortura, incluyendo la asfixia y la aplicación de toques eléctricos en los genitales de presuntos sospechosos de narcotráfico”. Según el diario estadunidense, “la Secretaría de la Defensa Nacional no respondió a varios pedidos de entrevista sobre las acusaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército”.
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