México ante el 141 Periodo de Sesiones de la CIDH

 Conferencia de prensa que ofreciera el Embajador Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE y el Lic. Felipe Zamora Castro,

México, D.F., 04/04/2011

Subsecretario Felipe Zamora Castro: Muy buenas tardes a todos.

Acaba de concluir el 141 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Ya se emitió el comunicado correspondiente y queremos resaltar aquellos puntos que tienen que ver con el Estado mexicano.

En primer lugar, debemos resaltar que la Comisión Interamericana reconoció la aprobación en México de la reforma que eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México.

Asimismo, la Comisión espera que esta reforma constitucional sea aprobada a la brevedad por las entidades federativas.

También se habló respecto a la situación de derechos humanos de los migrantes en México. Al respecto, en el mes de julio esperamos la visita de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes y sus Familias.

En relación con la figura del arraigo se ha planteado la necesidad de eliminarla o adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos.

En esta visita la Comisión fue informada de la persistencia de esta figura, toda vez que en México existe a nivel constitucional.

También se hace referencia a las reuniones de trabajo celebradas el 26 de marzo de 2011, sobre el caso de María Estela García Ramírez y Celerino Jiménez Almaraz, sobre un caso de detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del señor Celerino Jiménez Almaraz el 24 de abril de 1997 y el hostigamiento a su esposa María Estela García Ramírez.

El caso es relevante porque en esa reunión se firmó una propuesta de solución amistosa, donde el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a continuar la investigación de acuerdo a los más altos estándares internacionales y a reparar a las víctimas.

En ese mismo caso, el 28 de marzo el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, reconoció la responsabilidad del Estado y pidió perdón a la señora María Estela García Ramírez.

Se contó con la presencia del Comisionado Rodrigo Escobar Gil y la representante de la señora García Ramírez.

En otro caso, el relativo a los señores Irineo Martínez Torres y Candelario Martínez Damián, se suscribió un documento donde el Estado se compromete a realizar una propuesta integral de solución amistosa que considera a las víctimas y sus familiares, así como a la comunidad indígena (Inaudible).

Este caso se refiere a presuntas agresiones y violaciones al debido proceso legal cometido contra Irineo Martínez y Candelario Martínez, miembros del pueblo indígena Purépecha, durante su detención y proceso criminal realizado en su contra.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó una relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, en busca de darle mayor importancia a su trabajo.

El Relator Comisionado es el mexicano José de Jesús Orozco Enríquez y el Estado mexicano da la bienvenida y le desea el mejor de los éxitos al doctor Orozco Enríquez en su comisión.

Por último, la Comisión también hizo alguna mención respecto al incumplimiento de medidas cautelares en varios países de la región. La Comisión hizo un llamado para que se procure el desarrollo de políticas y prácticas dirigidas a darle cumplimiento a dichas medidas y proteger efectivamente a los beneficiarios y las beneficiarias, así como abstenerse de realizar acciones que puedan agravar la situación de riesgo de dichas personas.

Al respecto informamos que en México estamos dando cumplimiento y seguimiento puntual a esas medidas y hemos estado informando al respecto a la Comisión Interamericana.

Hasta aquí, por lo que tiene que ver con el Período Ordinario de Sesiones de la Comisión.

Le cedo la palabra al Subsecretario Gómez.

-Subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo: Buenas tardes a todos.

Quisiera referirme a la reciente vista a México del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias, cuya visita concluyó la semana pasada.

Quisiera resaltar algunos temas de esa visita:

El primero, es que la visita del Grupo de Trabajo se ubica en el contexto de la política de plena apertura y colaboración del Gobierno de México con los mecanismos internacionales de derechos humanos, tanto los de carácter universal como los de carácter regional y, en especial, en el contexto de la invitación abierta y permanente que nuestro país mantiene desde 2001 para que tales mecanismos vengan a México, revisen la situación de derechos humanos y emitan las recomendaciones que estimen pertinentes.

El Grupo de Trabajo, como todo saben, llevó a cabo una extensísima agenda de trabajo que lo llevó a visitar durante dos semanas, no sólo a muchísimas autoridades federales, empezando aquí por el Secretario de Gobernación, pero también lo llevó a sostener encuentros con las organizaciones de la sociedad civil y a visitar cuatro entidades federativas: el Distrito Federal, independientemente de ser capital de la República, Chihuahua, Guerrero y Coahuila.

En ese contexto los integrantes del Grupo de Trabajo visitaron dos delegaciones de la PGR en Chihuahua y en Guerrero, así como la Zona Militar correspondiente al área de Saltillo, en Coahuila.

Se reunieron también con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en fin, con un número muy importante de funcionarios públicos.

El Grupo de Trabajo y, vale la pena subrayarlo, no ha aprobado aún su informe definitivo. El informe que dieron a conocer en la conferencia de prensa en la Casa Lamm el pasado viernes, es un informe de carácter preliminar que debe ser todavía sometido a revisión por el pleno del Grupo de Trabajo.

Cabe recordar que los tres miembros del Grupo de Trabajo que visitaron nuestro país, no representa la totalidad del grupo de trabajo; es el pleno del grupo de trabajo quien debe aprobar el informe.

Pero quizá más importante sea recordar que este informe tendrá todavía o sufrirá modificaciones en función de las respuestas a las preguntas que el Gobierno de México remita en un plazo de un mes, en la cantidad de reuniones. El grupo de trabajo solicitó información adicional que las dependencias del Gobierno Federal se han comprometido a proporcionar y eso, definitivamente, tendrá que ser incorporado en el informe definitivo.

Sostuvimos el pasado viernes el Subsecretario y un servidor, una reunión con el Grupo de Trabajo, así como representantes de las dependencias del Gobierno Federal que intervinieron en esta visita con el objeto de conocer estas primeras conclusiones preliminares.

Y en este contexto hicimos hincapié con el Grupo de Trabajo en la importancia de distinguir situaciones, desde luego lamentables, ocurridas en nuestro país pero que corresponden a otra época del desarrollo político y democrático de México con lo que puede estar ocurriendo el día de hoy.

En ese sentido, subrayamos la importancia hacia una división entre lo que ocurría antes de la alternancia política en México y de la plena consolidación de la democracia en nuestro país y lo que puede todavía estar ocurriendo ahora.

En este contexto les pedimos también que, ojalá, pudiesen hacer un análisis de las visitas que hicieron a las delegaciones de la PGR que mencione y de la Zona Militar también señalada, de manera tal que su informe tenga un mayor grado de análisis de lo que figura en este momento en la versión preliminar.

Yo insistí en la importancia de que también se hiciera un análisis de las quejas que han recibido en función de su tratamiento en el seno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque en alguna parte del informe se señalan algunas cifras, pero no se contrasta con las quejas que efectivamente fueron admitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en su caso, cuáles de esas quejas dieron lugar a recomendaciones y, en su caso, cuáles de esas recomendaciones hubiesen sido aceptadas o no.

En suma, lo que sugerimos al Grupo, de manera muy respetuosa, es que hubiera un mayor grado de análisis entre las distintas cifras que reportaban en este informe preliminar.

El Gobierno de México, por supuesto, analizará con sumo cuidado las recomendaciones que nos remitan en poco más de un mes el grupo de trabajo, muchas de las cuales, quiero subrayarlo, están ya en proceso de cumplimiento, por ejemplo aquellas que se derivan de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla y que tienen como objeto, por ejemplo, modificar el Código de Justicia Militar o adaptar el Código Penal Federal al tipo penal de carácter que se contiene en la Convención de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.

Esto es una de las acciones que ya está en marcha hoy en día, así como otras que están contenidas en el informe. Varias de ellas, insisto, ya están en proceso de cumplimiento.

En esta visita, como probablemente lo saben, no es la única de un mecanismo internacional de tutela de los derechos humanos. Tendremos -además de los que ya mencionó el Subsecretario Zamora- también la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una fecha todavía por determinar este año; y cabe también señalar que el Gobernador de Oaxaca con motivo de su visita a la Comisión Interamericana invitó al Pleno de la Comisión también a visitar el estado de Oaxaca.

Tendremos también, en algún momento del año, la visita del Relator Especial del Naciones Unidas para investigar todo lo relacionado con ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, y probablemente también en algún momento la visita del Relator sobre el Derecho a la Alimentación.

En suma, con esto el Gobierno de México cumple a cabalidad con su compromiso de mantenerse abierto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.

Muchas gracias.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

- Pregunta: Muy buenas tardes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Informe dado a conocer este fin de semana, dice que más de cinco mil personas han desaparecido en México desde el 2006 hasta lo que va de este año; el grupo de expertos de la ONU señalaba que eran más de tres mil. ¿Cuál es la cifra que tiene el Gobierno mexicano en torno a este asunto de las desapariciones forzadas o involuntarias? También agradezco una información sobre este señalamiento que hace la CNDH de que más de nueve mil personas que murieron del 2006 a la fecha no han sido identificadas.

También otra pregunta más: ¿Si no se retira el Ejército de las calles, cómo se va a garantizar que no siga esta violación a los derechos humanos?

- Subsecretario Felipe Zamora Castro: Comienzo por esta última pregunta.

Reiteramos que el Estado mexicano va a continuar  con sus esfuerzos por una seguridad autentica. Las familias mexicanas no van a quedar  a merced de los grupos criminales. Sería irresponsable retirar en este momento a las Fuerzas Armadas del apoyo que le están prestando a la sociedad mexicana.

En ese sentido, también reiteramos que  la lucha por una seguridad autentica debe darse en todo momento en el marco de la ley. En ese sentido, cualquier caso que se presente en el que exista una violación a los derechos humanos debe ser investigado y, eventualmente, después de esa investigación debe ser sancionado.

Reitero, la política del Estado mexicano es buscar la seguridad de las familias, y esa lucha de ninguna manera pueda darse en contra de la ley.

- Subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo: Nada más, gracias Subsecretario. En relación con las cifras, precisamente, es a lo que me refería hace un segundo; muy importante que en el análisis que haga el Grupo de Trabajo se distinga entre las quejas que  se presentan por conducto de la organización de la sociedad civil, y aquellas que efecto la CNDH admite y puedan dar lugar a recomendaciones de la CNDH.

El mismo Grupo de Trabajo señala haber oído de organizaciones de la sociedad civil, el número de tres mil, pero haber tomado en cuenta que la CNDH hasta ahora dice haber recibido solo  283, de las cuales 124 se refieren al año pasado.

En esa medida hay una diferencia muy grande entre lo que se plantean como quejas y que, en muchos casos, pueden ser situaciones que obedezcan a situaciones de extravío, de secuestro, o de simple desaparición más no desaparición forzada. La desaparición forzada supone, necesariamente, el involucramiento del Estado o de sus agentes.

Y en ese contexto, por eso es que es tan importante que el Estado mexicano se dote de una definición en la materia que sea acorde con el estándar internacional fijado en los Tratados que México ha suscrito, que son dos: el de la OEA y el de Naciones Unidas.

Y por ello el Gobierno federal envió al Senado, como Cámara de origen, una propuesta de Reforma al Código Penal Federal para una mejor tipificación del delito de desaparición forzada.

- Pregunta: ¿Y las cifras? ¿El Gobierno no tiene cifras? ¿Reconoce que este delito se está dando en el país?

- Subsecretario Felipe Zamora Castro: Les hicimos ver a nuestros visitantes la importancia de que se llamen a las cosas por su nombre.

Y si bien es cierto que reconocimos que el fenómeno se puede estar dando en México, también les pedimos expresamente que para llegar a cifras concretas en el informe, era necesario atender a los distintos puntos de vista que se estaban expresando; y por ello vamos a esperar a que se desahogue este periodo de preguntas, la oportunidad que tienen las distintas instancias del Gobierno mexicano para informar a los relatores y esperaremos la información final, cuando se rinda el informe final.

- Pregunta:¿Cuál es el comentario que tiene el Gobierno federal acerca de la crítica que hace hoy el Comité de los Derechos Humanos de los trabajadores migrantes, de que en México se permite el negocio de la migración y pues no se está haciendo nada por procesar y detener a los tratantes de personas? ¿Hay algún avance en la investigación sobre el asesinato de los 72 migrantes en Tamaulipas, qué se ha avanzado y si se ha dado a conocer a los gobiernos Centroamericanos que en su momento exigieron la investigación?

- Subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo: Yo quisiera, primero que nada, señalar a la atención de todos ustedes que la sustentación del informe de México ante el Comité de trabajadores migratorios y sus familias, no ha concluido. Es una sustentación que abarcó todo el día de hoy, porque en Ginebra ya es de noche, y que continúa el día de mañana.

En este momento, la Delegación Mexicana que encabeza el Comisionado del Instituto Nacional de Migración y que está conformada por el Subsecretario de Seguridad Pública y otros funcionarios de otras dependencias, incluyendo Cancillería por supuesto, están preparando las respuestas a las preguntas que le fueron formuladas hoy por el Comité; por lo que me parecería poco apropiado en este momento adelantar cualquier respuesta a algo que se va a desahogar el día de mañana.

- Pregunta: Retomando la pregunta de mi compañera anterior si ustedes tienen cifras, el Gobierno federal como tal, no la CNDH; y cuál serían las cifras de desapariciones forzadas que tendría, si es que la tiene el Gobierno federal.

Y también al subsecretario Zamora, una organización civil IDEAS comentó que justo allá, en Washington, se firmó un acuerdo entre autoridades del Gobierno federal y esa sociedad civil para tener una serie de mesa de trabajo con la sociedad civil para hablar sobre el tema migratorio. Este acuerdo incluía un mecanismo para observar el funcionamiento y la operación de las estaciones migratorias en donde ellos reportan que hay una serie de violaciones a los debidos procesos, quisiera ver si tienen  alguna información de cómo se llevaría a cabo este mecanismo y cómo podría operar.

- Subsecretario Felipe Zamora Castro: Efectivamente que como un hecho novedoso, en el marco del período ordinario de sesiones el Estado mexicano firmó con organizaciones de la sociedad civil, en particular con IDEAS, un convenio para revisar la situación que en temas de migración se está llevando en México.

Estas mesas de trabajo las vamos a desarrollar en el marco del Programa de Derechos Humanos que tiene México, vamos a citar a Ideas y a otras organizaciones para que nos pongamos a platicar, a dialogar sobre el tema, recibir sus recomendaciones que son muy valiosas y en la medida de lo posible incorporarlas a los programas y los proyectos de trabajo que ya se están desahogando al respecto.

Lo valioso de esta firma de este convenio, es que se dio en el marco del Periodo Ordinario de Sesiones y además tenemos el compromiso de que el Relator de la materia en su próxima visita en el mes de julio, le va a dar puntual seguimiento a los acuerdos que se tomaron en esa reunión.

Gracias Subsecretario.

- Pregunta: Gracias, buenas tardes.  Subsecretario, bueno a los dos, quiero insistir en realidad si hay algún avance de las investigaciones del caso de los 72 migrantes, porque no  (Inaudible) de cien, no descartaban que se pudieran repetir estos hechos, dado que no se ha detenido a los responsables o por lo menos a todos los responsables. ¿Qué opinión tienen de este caso? Y ahorita formularía la otra esperando su respuesta.

- Subsecretario Felipe Zamora Castro: Sobre el tema, la Procuraduría General de la República ya ha venido informando de los detenidos que hubo en la materia y también de algunos delincuentes que fueron abatidos. Preferiría dejar  esto en responsabilidad de la Procuraduría, a riesgo de no intervenir en las investigaciones que se están realizando al respecto.

- Pregunta: ¿Pero no temen que se repitan estos hechos?

- Subsecretario Felipe Zamora Castro: Estamos actuando. Se firmó un convenio entre las entidades del Gobierno Federal desde el mes de agosto, al respecto ya se sumaron los gobiernos de Tabasco, Campeche y Chiapas y estamos en vías de formular una firma  similar con los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca y el estado de Guanajuato.

De estas medidas dimos cuenta en nuestras reuniones en Washington y habremos de informarle puntualmente al Relator en  su próxima visita en el mes de julio.

- Pregunta: Gracias. Y por otra parte, si bien el Comité todavía está en análisis, el Comisionado Salvador Beltrán que es e l que encabeza la delegación mexicana; él reconoce que la acción de la delincuencia organizada se ha convertido en la principal amenaza para los migrantes en el tránsito por México. ¿En realidad esta es la opinión del Gobierno de México?  Él Encabeza la Delegación.

-Efectivamente, el Gobierno de México tiene claro que la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos y sus familias es la  delincuencia organizada. Por esa razón debemos continuar con el esfuerzo claro y permanente de  combatir a la delincuencia organizada, y así vamos a seguirlo haciendo en los próximos meses.

- Subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo: Me permite (Inaudible) hacer un comentario sobre la importancia de la reforma constitucional sobre Derechos Humanos, que junto con la reforma en materia de Amparo representa verdaderamente un parte aguas en la historia del desarrollo de la protección de los derechos humanos en México.  Y no lo dice el Gobierno Federal, lo dicen así todos los mecanismos internacionales y las ONG que se han pronunciado sobre la materia.

No en vano, el primer párrafo del comunicado de la Comisión Interamericana sobre su último período de sesiones empieza, se refiere,  a la aprobación México de esta reforma. Va a tener cuando sea ya aprobada por todos los estados y el Senado ya la turnó a las legislaturas estatales el 31 de marzo, apenas unos días.

La voz y la capacidad de emitir una mejor aplicación del ámbito interno de los estándares internacionales contenidos en los tratados de los que somos parte, pero a la par de una mejor protección a los derechos humanos garantiza también, le da rango constitucional a la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos.

Y este año, por primera vez en la historia el Gobierno Federal cuenta en su Presupuesto de Egresos una partida para reparar violaciones a los derechos humanos, algo que nunca se había hecho y que es congruente con nuestra obligación de respetar los fallos de los tribunales internacionales y del carácter inapelable que tienen estos fallos.

Esta reforma, créanme, tiene un enorme potencial de transformar muchas cosas en México y por eso ha sido saludada como un modelo para otros países.

-Pregunta:Buenas tardes. Mi primera pregunta sería para el Subsecretario Gómez Robledo. Yo quisiera preguntarle si existe alguna  posibilidad por más mínima  que esta sea sobre los tratados  internacionales que ha firmado México para poder hacer algo con los tres mexicanos que se encuentran en prisión en Malasia y pueden ser condenados a muerte.

Y quisiera saber su opinión, Subsecretario Zamora, sobre también la posibilidad de meter la pena de muerte, de proponer la pena de muerte en el país en el caso de narcotráfico.

-Subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo:Si me permiten, el área a mi cargo en la Cancillería no es la que lleva el caso de estos mexicanos que están encarcelados en Malasia. Lo que sí le puedo decir es que México ha sido uno de los países que con mayor vehemencia ha buscado la abolición de la pena de muerte a nivel universal o cuando menos que se decrete una moratoria a las ejecuciones.

Esto es parte de la convicción de México, una vez que abolió la pena  de muerte en nuestro país hace unos años, tanto en el fuero militar como en el fuero común, y de la defensa que hemos dado de los mexicanos que enfrentan la pena de muerte, particularmente en Estados Unidos y que nos llevó en su momento a presentar una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, como ustedes saben en el caso llamado Avena y otros nacionales mexicanos en 2003.

No hay un tratado de aplicación universal  en materia de pena de muerte. Existen protocolos facultativos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos.

México es parte de ambos protocolos y por virtud de esos protocolos, México se compromete a no volver a aplicar la pena de muerte en México una vez que la ha abolido. Es parte de los compromisos internacionales que México ha adoptado.

-Pregunta: Para el Subsecretario de Gobernación, sobre lo que comentó al principio de la conferencia de la desaparición de la figura del arraigo. ¿En qué plazos se va a realizar esto? ¿Se va a presentar una iniciativa? ¿Cómo van a suplir esta figura que se ha utilizado en el sistema de justicia en el país?

- Subsecretario Felipa Zamora Castro:Esa fue una solicitud de las organizaciones de la sociedad civil en las audiencias que se llevaron  a cabo en el periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana.

El Estado mexicano informó que el arraigo ha cambiado radicalmente su situación en México, ahora obedece a una obligación constitucional de sujetarlo a ciertos procesos donde siempre interviene el Poder Judicial. El arraigo ya no depende solamente de la  decisión arbitraria de un solo funcionario. Las personas arraigadas cuentan con el apoyo de las comisiones de derechos humanos y además normalmente están en comunicación con sus abogados y sus familias.

En ese sentido se informó que para el Estado mexicano la figura del arraigo es importante para combatir a la delincuencia organizada y no se asumió ningún compromiso en el sentido de abolirlo en los próximos meses o años.

Lo que sí, asumimos el compromiso es de vigilar estrictamente que cualquier persona que se encuentre en situación de arraigo por ningún motivo sea sujeto de malos tratos, torturas o actitudes denigrantes. Ese es el compromiso del Estado mexicano, vigilar que las personas que se encuentren en situación de arraigo de ninguna manera sean violentados en sus derechos fundamentales.

- Pregunta: Dos preguntas: La primera, ¿Qué sucede con el tema del EPR que también se trató aquí? Y la segunda, ¿Qué opinión le merece al Gobierno Federal el plazo que se estableció o que estableció el padre del joven Sicilia a partir  de su muerte y qué respuesta daría de la exigencia que hay de que se haga justicia?

- Subsecretario Felipe Zamora Castro: Debe hacerse justicia en todos los casos. La lucha del Estado mexicano en contra de la delincuencia es una lucha por los derechos humanos. Queremos restablecer las condiciones para que los mexicanos podamos vivir en un mejor ambiente de seguridad, en un ambiente de oportunidades para que todos podamos vivir mejor.

Todos los casos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables, para eso están la instancias establecidas en la ley, y para eso, estamos exigiendo desde la Secretaría de Gobernación que avancemos en conjunto Federación y Gobiernos de los estados en la certificación de las policías y en el mejoramiento de las instancias de procuración de justicia y de juicios.

Por ello, reiteramos el llamado a todas las instancias competentes, para que juntos avancemos en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal que ya fue aprobado por nuestro Constituyente Permanente y, al mismo tiempo, avancemos en la certificación de los cuerpos policiacos para regresarle a la sociedad instancias civiles que nos procuren seguridad a todos nosotros y a nuestras familias.