Rápido & Furioso, EMEEQUIS

Todos los detalles de la operación

“Si quieres omelet, tienes que

romper algunos huevos”

Aunque se conoció apenas hace unas semanas, la operación Rápido y furioso ha provocado un escándalo mayúsculo: las autoridades del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU dejaron pasar a territorio mexicano al menos 2 mil 500 armas, la mayoría rifles de asalto, con el propósito de tener evidencia para capturar no a los contrabandistas sino a los peces gordos, a los jefes del narcotráfico en México. Pero el hallazgo de una de las armas supuestamente rastreadas en la escena del asesinato de un agente fronterizo de Estados Unidos desató que agentes de esa oficina y senadores hayan denunciado públicamente la existencia de la operación. Estos son todos los detalles de la misma: las armas, las cartas, los muertos, los agentes…

Por Mónica Cruz mcruz@m-x.com.mx, reportera

Revista | EMEEQUIS | 04 de Abr il de 2011

A las 3:30 de la tarde del martes 1 de junio de 2010, un comprador de armas, a quien llamaremos Mr. X, recibió una llamada en su celular. “Soy yo, estoy manejando un Mitsubishi negro, sígueme”, le dijo el traficante. Mr. X salió de la estación de gasolina Chevron en la intersección de la avenida Dunlap y la autopista I-17, donde había acordado reunirse con el traficante. Siguió al Mitsubishi Eclipse por la carretera. Estacionaron sus autos, uno al lado del otro, a unas cuantas cuadras de la gasolinera. Ambos bajaron de sus vehículos y se saludaron bajo el sol de 37 grados celsius, una temperatura común en las tardes veraniegas de Phoenix, Arizona.

Sin más rodeos comenzaron el intercambio. Mr. X entregó, uno por uno, los seis rifles Draco AK que había comprado esa mañana en dos armerías locales. El traficante las colocó en la cajuela del Mitsubishi. Cuando terminó de acomodarlas, le ordenó a Mr. X sentarse en el asiento del copiloto. El traficante sacó un fajo de billetes y le entregó mil 800 dólares de reembolso por la compra de los rifles y 600 dólares más, 100 por cada

arma, justo como habían acordado unos días antes. Jaló otro billete de 100 dólares y se lo ofreció. “Este es de pilón”, le dijo. Siguieron conversando en el auto unos minutos más. El traficante le dijo que vendería los rifles a un precio considerable.

Le recordó a Mr. X que estaba interesado en comprar supresores militares, lanza granadas de 40mm, granadas del mismo calibre y más municiones. También le comentó que pronto instalaría un compartimento secreto en la cajuela de su Mitsubishi.

Mr. X se despidió, salió del auto negro y subió al suyo. Manejó en dirección opuesta al traficante. Arribó a su oficina, jaló el cable del micrófono pegado a su pecho y, junto con las fotos de los rifles que había tomado horas antes del encuentro, guardó el dinero que había recibido.

La operación fue un éxito. Mr. X no era un comprador de armas, sino un agente encubierto del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés). Su nombre fue suprimido de los reportes de investigación filtrados el 3 de marzo de 2011 por agentes de esa agencia. Después de la operación de esa tarde, Mr. X y su equipo de combate al tráfico de armas, con sede en Phoenix, tenían el registro de seis rifles que llegarían a manos del crimen organizado en México. Pero esa tarde no hubo arrestos ni decomisos.

Los rifles debían llegar a su destino. Ese era el plan. Siete meses antes de que Mr. X entregara los rifles de asalto, sus jefes en el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU habían tomado la decisión de abrir la válvula de tráfico de armas hacia México.

No era una decisión inesperada, quizá descabellada, pero en aquel momento a los jefes no les pareció así. Necesitaban resultados. En Washington exigirían eficacia y no discursos. El Proyecto Gunrunner, programa de ATF para combatir el tráfico de armas en la frontera, mostraba muchas deficiencias.

Así que a alguien en el buró o en los altos mandos del gobierno estadunidense se le ocurrió que lo mejor era dejar que el tráfico de armas siguiera su curso para atrapar no a los compradores, sino a los peces gordos, a los jefes de los cárteles.

Así nació la operación Rápido y furioso. Un memorándum filtrado por agentes de ATF explica sus objetivos: Rápido y furioso es una estrategia de combate al tráfico de armas a gran escala que busca recuperar armas de fuego en la República Mexicana o cerca de la frontera México- EU (en El Paso, Texas, Nogales y Douglas, Arizona, etc.). A la fecha más de mil 500 armas han sido compradas desde octubre de 2009 por más de un millón de dólares en efectivo a través de transacciones en cajas registradores de varias armerías de Phoenix.

Estas investigaciones tienen muchas facetas. La ATF no sólo busca arrestar a los vendedores ilegales de armas sino también descubrir conexiones entre éstos y los cárteles de droga en México, para que así estos individuos reciban cargos más severos al momento de su acusación.

La riesgosa operación resultó en la compra vigilada de 2 mil 500 armas, todas las cuales fueron dejadas pasar a México. De ellas, 797 fueron recuperadas en operativos policiacos en ambos lados de la frontera. Aún no hay registros sobre el destino de las mil 700 restantes. Estos catastróficos resultados convencieron a un grupo de agentes de ATF de que debían denunciar públicamente las decisiones de sus supervisores.

La información llegó el 15 de diciembre de 2010 a la oficina de John Dodson, agente especial de ATF en Phoenix: un agente de inmigración y aduanas había sido asesinado en Nogales, Arizona, y en el lugar del incidente se recuperó el rifle con el que se ejecutó el crimen. Su número de serie coincidía con un arma de asalto adquirida ilegalmente un año antes bajo la vigilancia del equipo de Dodson. “Me sentí culpable, fue devastador. Es difícil de explicar”, confesó el agente a la cadena televisiva

CBS el 3 de marzo de 2011. Dodson había participado en Rápido y furioso, operación en la que él y otros agentes instruían a armerías de Arizona para que permitieran a compradores de pistolas y rifles de alto calibre que llevaran lo necesario para surtir al crimen organizado en México.

Los agentes registraban las compras en la base de datos de armas que podrían ser utilizadas en actividades criminales. Más tarde, ATF instruía a los cómplices o realizaba operaciones encubiertas para monitorear e incluso videograbar el traslado de las armas a México.

En sus declaraciones, Dodson asegura que tuvo la oportunidad de detener el tráfico de armas en varias ocasiones, pero no pudo hacerlo porque le ordenaron sólo observar.

La operación causó controversia desde el inicio. Dodson y otros agentes enviaron cartas a sus jefes, en las que mostraban su inconformidad. “Si quieres hacer un omelet, tienes que romper algunos huevos”, fue la respuesta que obtuvo Dodson de uno de ellos.

Las quejas continuaron en las oficinas de ATF en Phoenix. El 12 de marzo de 2010, el supervisor de la oficina, David Voth, envió un memorándum a su equipo:

He sido notificado del desarrollo de cierta discordia entre los integrantes de este grupo. Este es el momento en el que debemos trabajar juntos y no separarnos. Todos tenemos derecho a tener opiniones (así sean diferentes), sin embargo debemos llevarnos bien y darnos cuenta que tenemos una misión que cumplir.

…Debemos resolver este asunto. Primero muerto que permitir que esta operación sufra debido a argumentos insignificantes, rumores y otros comportamientos adolescentes.

…Si no creen que esto es divertido, están en el trabajo equivocado, punto. Este es el pináculo de las técnicas policiales de Estados Unidos. Después de este nivel, no hay nada. Tal vez la cárcel del Condado de Maricopa esté contratando custodios. Pueden

ganar 30 mil dólares (en vez de 100 mil) sirviendo almuerzos a presos todo el día.

Mientras Voth rechazaba las críticas a la operación, expresaba sus preocupaciones al Departamento de Justicia sobre la conveniencia de permitir el paso de cientos de armas hacia México.

El 2 de abril de 2010, Voth envío un correo electrónico al subprocurador de Justicia, Emory Hurley, y al agente especial George Gillet, titulado: “No hay presiones pero tal vez sea necesario un creciente sentido de urgencia”: Los individuos que investigamos compraron 359 armas de fuego tan sólo en el mes de marzo, incluyendo muchos rifles Barret calibre .50. Considero que nuestro plan de desmantelar a toda esta organización es bueno y que precipitarse a arrestar a cualquiera sin tomar en cuenta todo el espectro de la conspiración iría en contra de nuestra misión general. Sé que todos estamos de acuerdo en que esta misión requiere paciencia y buena planeación. Sin embargo, en caso de que sea necesario, debemos actuar con rapidez y comunicarnos con la urgencia requerida.

Ese mismo día, Voth envió otro correo electrónico a sus agentes en el que les informaba que marzo de 2010 había sido el mes más violento en México del sexenio del presidente Calderón, con un saldo de 958 muertes, y que en Sinaloa habían sido asesinadas 187 personas y 11 policías. Debajo de las cifras, Voth escribió una nota en la que aclaraba que no era su intención vincular la violencia en México con Rápido y furioso, sino simplemente apuntar “la necesidad de actuar con urgencia en esta investigación”.

El aumento de la violencia trascendió la frontera el pasado 14 de diciembre, cuando un agente de élite de la Patrulla Fronteriza fue asesinado durante un enfrentamiento con “bajadores” mexicanos, como se llama a los asaltantes en la frontera. La muerte del agente Brian Terry y la falta de respuesta a sus quejas propiciaron que Dodson y otros elementos de la ATF denunciaran las estrategias de Rápido y Furioso al Comité Judicial del Senado de Estados Unidos.

Junto con su denuncia, los agentes enviaron una serie de documentos que evidencian los detalles de la estrategia y enlistan las instituciones del gobierno estadunidense involucradas en su planeación y operación.

Así operaba Rápido y Furioso:

1. Los agentes de ATF instruían a empleados y dueños de las armerías a vender armas a sospechosos, o instruían a integrantes de las células de tráfico arrestados previamente a aceptar comprar armas para los traficantes. Los detenidos cooperan con ATF para reducir su sentencia.

2. Antes de ser entregadas a los sospechosos, las armas son fotografiadas y sus números de serie son registrados en una base de datos.

3. Los detenidos que cooperan con ATF o los mismos agentes encubiertos entregaban las armas a los sospechosos. ATF vigilaba las transacciones. Las conversaciones se grababan con micrófonos escondidos.

4. Los agentes de ATF vigilaban y videogrababan el traslado de las armas en la frontera.

5. Los agentes de ATF monitoreaban el destino y uso de las armas en México o la zona fronteriza en EU.

El paso final de la operación era encontrar evidencia suficiente para vincular a los traficantes de armas con los carteles del narcotráfico, por lo que, según el agente John Dodson, la ATF esperaba que las armas se usaran en nuestro país para cometer asesinatos.

“Mis supervisores se regocijaban cada vez que descubrían que un arma era recuperada en México después de un crimen”, comentó en entrevista con el Center for Public Integrity. “Decían que era la prueba de que estaban tratando con un verdadero grupo de narcotraficantes”.

Documentos confidenciales filtrados por Dodson y otros agentes al senador Charles Grassley, del Comité Judicial, ejemplifican los reportes mensuales de armas compradas durante Rápido y furioso encontradas en México durante actividades criminales:

Reporte- IN #78115-10XXX, 18 de marzo de 2010: Dos pistolas Romarm/Cugir, modelo Draco, calibre 7.62, y dos rifles Century Arms Internacional, modelo M70AB2, calibre 7.62, fueron recuperados el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora, México. El sistema de rastreo indica que las armas fueron compradas por XXXX (tachado en el original), residente de Phoenix, Arizona, el 6 de noviembre de 2009 en la armería autorizada Lone Wolf Trading Company, en Glendale, Arizona.

Reporte- IN #78115-10XXX, 6 de agosto de 2010: Un rifle Romarm/Cugir, modelo GP WASR 10/63, calibre 7.62, fue recuperado el 4 de julio de 2010 en un camino rural, en Navojoa, Sonora, México. El sistema de rastreo indica que las armas fueron compradas por XXXX, residente de Avondale, Arizona, el 11 de julio de 2009 en la armería autorizada XXXX, en Peoria, Arizona.

En la narración de hechos de una investigación del Grupo Phoenix de ATF, realizada el 8 de mayo de 2010, uno de los sospechosos informa a su socio (colaborador de ATF) que borraría los números de serie de las armas antes de transportarlas a México. Los agentes sólo monitorearon la transacción.

“Las armas que dejamos pasar aparecerán en crímenes en ambos lados de la frontera por décadas”, aseguró el agente Dodson. “Nunca sabremos cuántas personas serán asesinadas, violadas, robadas…no hay nada que podamos hacer para recuperar esas armas. Se han ido”.

El asesinato de Brian Ferry, oficial de la patrulla fronteriza de EU, fue el indicio para los agentes de ATF de que Rápido y furioso se había salido de control.

Terry, un ex militar de 40 años, murió en el desierto de Arizona, a 2 mil 700 kilómetros de su gélido hogar en Detroit, Michigan. Minutos antes de ser asesinado, caminaba con sigilo entre los matorrales del Cañón Peck, en los límites con Sonora. Él y otros agentes de la Patrulla Fronteriza buscaban a una banda de asaltantes mexicanos.

Sólo con los binoculares térmicos pudo captar los cuerpos de los sospechosos en la espesa oscuridad de las 11:15 de la noche.

El grito de uno de los agentes provocó el primer disparo de un breve tiroteo.

No fue una batalla equitativa. Los agresores usaban balas de alto calibre, los policías contestaron los tiros con perdigones de plomo, proyectiles “no letales” que en inglés reciben el nombre de “sacos de frijoles”.

Brian Terry murió con un solo disparo. El nombre de su asesino aún no es revelado, pero sí el de quien compró el arma que lo mató.

Jaime Ávila Jr., residente de Arizona, compró dos rifles rumanos AK-47 en la armería Lone Wolf Trading Company, en Glendale, el 16 de enero de 2010.

Según documentos filtrados por los agentes de ATF, la oficina del buró en Phoenix había monitoreado la compra de los rifles y registrado sus números de serie en una base de datos de armas posiblemente vinculadas a actividades criminales.

A pesar de esto, Ávila y sus nueve socios pudieron comprar en Arizona armas de alto calibre durante un año más en armerías legales para, después, transportarlas a México.

Los integrantes de la célula fueron detenidos hasta enero de 2011. Fue demasiado tarde. Para entonces, habían adquirido y facilitado el transporte ilegal de 765 armas, en su mayoría rifles de asalto.

Según documentos registrados en la Corte Distrital de Arizona, las autoridades sólo han logrado recuperar 103 armas adquiridas por Ávila y sus socios.

Desde inicios de 2011, el republicano Charles Gras sley, integrante del Comité Judicial del Senado de EU, recibió decenas de cartas y documentos de John Dodson y otros agentes de ATF sobre Rápido y furioso.

Las cartas revelaban que la muerte de Brian Terry había sido en parte causada por la estrategia que permitió la compra y el traslado del rifle que le dio muerte.

“Es una tragedia que un agente de la patrulla fronteriza de EU haya tenido que ser asesinado para que el Congreso se enterara de lo que estaba pasando”, comenta el senador Grassley en entrevista con emeequis.

El 27 de enero, el senador envió la primera de muchas solicitudes de información sobre el asesinato de Terry y los alegatos de los agentes al procurador de Justicia, Eric Holder, y al director de ATF, Kenneth Melson.

Grassley sólo recibió una respuesta del subprocurador de Justicia, Ronald Weich, en la que aseguró que los alegatos de los agentes eran falsos. “ATF nunca dejaría pasar armas en la frontera”, escribió.

Weich agregó que ni el Departamento de Justicia ni ATF podían enviarle información detallada sobre el asesinato de Terry porque la investigación aún está en proceso.

El senador no quedó satisfecho. “Estas evidencias hacen insostenibles las declaraciones del Departamento de Justicia en las que niega tener conocimiento. Estos documentos indican que ATF permitió que presuntos traficantes compraran armas con la esperanza de que sus investigaciones los llevaran a los cárteles de droga”, escribió el 3 de marzo de 2011 en una carta a Holder y Melson.Grassley continúa enviando cartas y exigiendo una explicación a los hechos presentados, pero aún no ha obtenido respuestas.

“Han retrasado y paralizado todas mis peticiones”, señala el senador. “Quiero saber los hechos. Quiero los documentos. Nosotros los necesitamos. Las familias de los que han muerto por esta estrategia tienen derecho a conocer los hechos”.

Welch informó al senador en una breve carta que el Inspector General del Departamento de Justicia comenzaría una investigación sobre el asunto. Hasta ahora, no ha respondido a las peticiones presentadas por el senador Grassley.

–¿Su oficina dejó pasar armas ilegales a México? –preguntó la prensa a Bill Newel, jefe de la oficina de ATF en Phoenix, durante la presentación del arresto de Jaime Ávila y otros nueve traficantes de armas.

–Por supuesto que no –contestó–. A veces los sospechosos que son vigilados por ATF pueden perderse de vista. Esa sería la razón por lo que algunas armas son recuperadas en México.

Los documentos y los alegatos de agentes que habían participado en la operación sembraron dudas en Washington. Después de que Dodson denunciara la operación en una entrevista con CBS News, el Congreso de EU solicitó la comparecencia del procurador Eric Holder.

“La misión de ATF es detener el flujo de las armas”, declaró ante los legisladores estadunidenses. “He dejado claro en el Departamento de Justicia que dejar ‘pasar’ armas es inadmisible. No podemos tener una situación como ésta”. Darren Gil, ex director de la oficina de ATF en la Ciudad de México, ofreció una versión distinta en entrevista con CBS News, el 25de marzo de 2011. “El director de ATF sabía de la operación, el Departamento de Justicia también”, aseguró.

Gil señaló al noticiero estadunidense que Rápido y furioso había causado controversia en ATF durante el verano del año pasado. El ex agente relata que Kenneth Melson, director de ATF, viajó a las oficinas del buró en la Ciudad de México y fue cuestionado por los analistas de Gil sobre la operación, que permitía el traslado ilegal de armas de EU a México. “Su respuesta fue: ‘Es un buen caso y todavía está activo, lo cerraremos tan pronto como podamos’”, comentó Gil.

Gil asegura que quiso averiguar más sobre el caso, por lo que intentó revisar los documentos relacionados con las investigaciones, pero le fue negado el acceso. “Yo, el director de ATF en México, no podía ver los documentos”.

René Jaquez, ex agregado de ATF en Ciudad de México y Ciudad Juárez, nunca había escuchado de una operación como Rápido y furioso en sus 33 años de carrera policiaca.

–¿Usted aprobaría una operación así?

–Nunca –responde a emeequis vía telefónica desde Washington, DC–. Un policía o un agente nunca suelta un arma, es decir, nunca dejaría que un criminal tuviera acceso a un arma. Podemos comprar rifles o pistolas a criminales en ciertas operaciones y hasta podemos dejar que se queden con el dinero, pero nunca dejaríamos que se quedaran con un arma de fuego. Jaquez asegura que nunca fue notificado sobre Rápido y furioso.

“Ni cuando trabajé en la Ciudad de México ni en Ciudad Juárez me enteré que existía la operación, que miles de armas de fuego estaban entrando a México sin el consentimiento del gobierno mexicano”.

–¿Qué opina de la operación?

–Fue un gran error, no pensaron en las consecuencias de dejar pasar un arma, aunque sólo fuera una, al otro lado de la frontera, y que ésta terminara en manos de un criminal o de un miembro de un cártel.

Quisiera creer eso, que no evaluaron el plan en su totalidad antes de soltar las armas, que nunca pensaron que esto causaría la muerte de gente inocente que no tenía nada que ver con el narcotráfico. Lo que no quisiera pensar es que las consecuencias les importaron muy poco y que decidieron desmantelar un cartel a costa de vidas inocentes.

El agente de ATF se enteró de esta operación mientras navegaba por internet una tarde de diciembre. En blogs que hablan de estos temas, Jaquez leyó sobre el asesinato de Brian Terry y su conexión con la estrategia que hasta ese momento desconocía.

“Me enteré como cualquier ciudadano. No lo podía creer”, expresa a emeequis. Jaquez siguió investigando y descubrió que la estrategia había sido ejecutada en las oficinas de ATF en Phoenix. Sus preocupaciones aumentaron.

“Había escuchado rumores de que el director de la oficina de ATF en Phoenix, Bill Newell, sería nombrado director de ATF en México. Si él había aprobado una estrategia como Rápido y furioso en Phoenix, como director en México podía implementar operaciones similares en las fronteras con Texas, Nuevo México y California. No puedo imaginar cuántas armas hubieran entrado a México”.

Esta idea convenció al agente de denunciar la operación con la prensa de El Paso, Texas, y más tarde con CBS News. Fue el segundo agente de ATF en hablar sobre la operación después de John Dodson.

“Es importante que el público entienda la gravedad de esta situación. Si cada una de las 2 mil 500 armas traficadas durante la operación han sido disparadas por lo menos una vez y han dado al blanco, existen al menos 2 mil 500 personas heridas o asesinadas. Esos datos los desconocemos”.

Jaquez no tiene intenciones de renunciar a ATF y dice que trabajará en el buró hasta el retiro. Sin embargo, el futuro le preocupa.

“Todavía no sabemos las consecuencias de Rápido y furioso. No las conoceremos hasta que no sean incautadas las 2 mil 500 armas. Puede ser que cada día haya asesinatos realizados con estas armas. Las consecuencias podrían ser así de graves”. “Yo no autoricé la información. Eric Holder, el procurador de Justicia, tampoco”, aseguró Barack Obama en entrevista con la cadena hispana Univisión el 26 de marzo de 2011.

–¿Entonces quién la autorizó? –preguntó el periodista Jorge Ramos.

–Pues no conocemos todos los hechos. Es por eso que el Inspector General lleva a cabo una investigación al respecto.

Obama agregó que ni siquiera había sido notificado sobre la operación. “El gobierno de EU es muy amplio. Hay muchas piezas en movimiento”.

Algunas de esas piezas se habían reunido en México para discutir la operación, incluidos el ex embajador de EU en el país, Carlos Pascual, y el subprocurador de Justicia, Lanny Breuer, según datos recibidos por Charles Grassley.

El 4 de marzo el senador envió una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton en donde solicita que se le entregue la bitácora de una reunión de oficiales del gobierno estadunidense en el DF durante el verano de 2010, en la que supuestamente discutieron “investigaciones en proceso” relacionadas con el Proyecto Gunrunner.

Ante la falta de una respuesta del Departamento de Estado, Darrel Issa, presidente del Comité de Control y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, envió una carta a Clinton. “Su falta de respuesta es una contradicción a la promesa de transparencia promovida por el presidente Obama”, apuntó Issa.

Documentos filtrados por agentes de ATF que participaron en la operación Rápido y Furioso

Una semana después del estallido del escándalo de Rápido y furioso en Estados Unidos, la Procuraduría General de la República (PGR) envió un comunicado en el que aseguró que nunca había sido notificado sobre la operación que describía el agente.

“El gobierno de México no ha dado ni dará su autorización tácita o expresa (de permitir el traslado de armas en la frontera con EU), bajo ninguna circunstancia, para que ello ocurra”, indicó en un comunicado enviado el 10 de marzo de 2011.

La PGR también anunció que desde que tuvo conocimiento de los alegatos de los agentes de ATF comenzó una investigación “para esclarecer delitos que eventualmente se pudieran haber cometido en territorio mexicano”.

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara, explicó en entrevista con Televisión Azteca que el gobierno de EU había informado a la Procuraduría sobre una operación para desmantelar una célula de tráfico de armas en Phoenix, y agrega que uno de los agentes de la PGR participó en el caso. Sin embargo, aclaró que la operación nunca involucró “el trasiego aun controlado de armas de Estados Unidos a México”. Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores,

compartió esta información durante su comparecencia ante el Senado de la República el 17 de marzo de 2011.

Unos días antes, la Comisión de Seguridad del Senado mexicano había declarado a la prensa que el gobierno federal estaba actuando con tibieza ante el asunto.

“No hubo un silencio por parte del gobierno, hubo una reacción inmediata”, respondió Espinosa.

“Se trata de una situación seria y si se confirma que la operación incluyó el trasiego transfronterizo de armas, será inaceptable y exigiremos que se sancione a los responsables”.

Para Charles Grassley no hay otra opción: los responsables deben ser castigados. “Esas personas deben asumir su responsabilidad y deben ser por lo menos despedidas, o la situación no cambiará”. En opinión del senador, Rápido y furioso no refleja deficiencias en las leyes de control de armas en EU. “El problema en este caso no son las leyes, fue la mala ejecución de esas leyes por parte de empleados de alto nivel en ATF”.

Cuando las armerías o los comerciantes de armas les vendieron rifles y pistolas a los sospechosos, cooperaban con una autoridad gubernamental, quien les aseguró que las armas estaban siendo monitoreadas, “lo cual resultó no ser el caso”.

Los problemas de las estrategias de combate al tráfico de armas en la frontera no comenzaron con Rápido y furioso. Reportes y evaluaciones del Congreso de EU, el Departamento de Justicia y el mismo ATF ha reconocido año tras año que el Proyecto Gunrunner avanza a paso lento principalmente por la falta de leyes sólidas de control de venta y posesión de armas a nivel federal, así como deficiencias en la cooperación entre agencias encargadas de estas operaciones. Grassley también reconoce estos obstáculos.

“Ha habido problemas de intercambio de información y batallas entre las agencias por tener responsabilidades traslapadas en el combate al tráfico de armas. He trabajado para

exponer públicamente estos conflictos innecesarios entre agencias y su falta de cooperación. Estas deficiencias deben someterse al escrutinio público para que estas agencias tomen cartas en el asunto”.

Felipe Calderón ha declarado en varias ocasiones que el gobierno estadunidense ha hecho poco para disminuir la demanda de drogas en su país y detener el flujo de armas en la frontera. Grassley no concuerda con esta opinión.

“

Estados Unidos ha trabajado muy duro para acabar con el consumo y detener el tráfico de armas a México. El presidente Calderón y su gobierno también han trabajado muy duro para que su país ya no produzca y transporte drogas a Estados Unidos”.

Le llamaban el “Héroe de Puerto Palomas”. Alfredo Sandoval, dueño de un taller de autopartes, asesinó a tres presuntos integrantes de la organización criminal La Línea, que le exigían un pago por derecho de piso. Esa madrugada, la del 23 de enero de 2011, Alfredo no se doblegó ante las amenazas de los supuestos extorsionadores. Sacó su arma calibre .308 y les disparó en la entrada de su depósito de chatarra “El Hoyo”,

situado a 100 metros de la frontera entre Chihuahua y Nuevo México.

El titulo le duró, pero no la vida. El 8 de febrero, la policía lo encontró a él y a su esposa muertos en su casa. Unos días antes la policía y el ejército les habían ofrecido protección. Alfredo la rechazó.

Las autoridades encontraron una pistola Ruger calibre .45 cerca de los cadáveres. La pistola había sido inspeccionada por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la frontera Chihuahua-Nuevo México un año antes, el 14 de enero de 2010. Pertenecía a Blas Gutiérrez y Miguel Carrillo, residentes de Columbus, Nuevo México.

Ese día viajaban a México en un auto donde guardaban otra Ruger y por lo menos tres rifles AK-47. Los oficiales de Aduanas buscaron los números de serie de las armas en la

base de datos de armas sospechosas. El sistema les respondió que los números no coincidían con ninguna compra ilegal o actividad criminal, por lo que la policía dejó pasar a Gutiérrez y a Carrillo al otro lado de la frontera.

En realidad, las armas habían sido adquiridas en Arizona cinco días antes por la célula de tráfico de Jaime Ávila, quien también compró el rifle que asesinaría al agente Brian Ferry un año después.

Según documentos filtrados por agentes de ATF, la célula de Ávila compró y trasladó armas bajo la vigilancia del buró y su oficina en Phoenix. Aun así, ni la policía fronteriza ni el Servicio de Aduanas arrestaron a Gutiérrez y a Carrillo. Las armas tampoco fueron decomisadas.

Gutiérrez, Carrillo y otros nueve residentes de Columbus, incluyendo al alcalde y el jefe de policía de esa ciudad, fueron detenidos hasta el 8 de marzo de 2011 bajo cargos de compra y tráfico ilegal de armas.

En un año habían adquirido más de 200 armas para ser revendidas en México. ¶