Contra jueces

Columna JAQUE MATE/Sergio Sarmiento

Contra jueces

Reforma,  7 Sep. 11;

"No es que yo la traiga contra los jueces; al contrario, los aprecio y todo, pero ya también empieza uno a cansarse". Felipe Calderón

 El Presidente está molesto con los jueces. Este 5 de septiembre expresó nuevamente su insatisfacción con los fallos que, a su juicio, están liberando a criminales.

Su última crítica surgió de la decisión el 4 de septiembre de la juez cuarta de distrito de procesos penales en el Distrito Federal, Taissia Cruz, de liberar a Néstor Moreno, el ex director de operación de la Comisión Federal de Electricidad.

No es ésta la primera vez, sin embargo, que el presidente Calderón se queja de las decisiones de los jueces. Lo hizo también después de que una juez federal con sede en Tijuana, Blanca Evelia Parra Meza, dejó en libertad al ex presidente municipal de Tijuana Jorge Hank Rhon, a pesar de que un contingente del Ejército encontró en su casa armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El Consejo de la Judicatura Federal ha salido al paso de estas críticas. Ayer emitió un comunicado que decía: "Cuestionar el trabajo de los jueces sin fundamento, por consigna y, más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional".

Para la Judicatura, la juez cuarta de lo penal hizo lo correcto al liberar a Moreno "acatando una suspensión que se encontraba vigente". La ley obliga a los jueces respetar la suspensión a menos de que la acusación en contra del acusado sea por delito grave, lo cual no era el caso. Una vez que el juez de amparo dejó sin efectos la suspensión, podía ya ejecutarse la orden de aprehensión. "Éste es el procedimiento al que se encuentra sujeta toda persona", señaló la Judicatura.

En el caso de Hank, la juez novena lo liberó porque los soldados que lo detuvieron irrumpieron en su casa sin orden de cateo ni de aprehensión y porque mintieron al afirmar que lo habían hecho persiguiendo a un individuo en flagrancia. Bajo el criterio de que las pruebas obtenidas ilegalmente no tienen validez en un juicio, la juez determinó que las armas encontradas en el domicilio no podían ser usadas como elementos probatorios contra Hank. Éste es un criterio que no solamente avala la jurisprudencia mexicana sino que se respeta en todo el mundo. El fallo, por lo tanto, fue ratificado en un juicio de apelación. La irritación del presidente Calderón tiene poco sentido, especialmente cuando viene de un abogado que debería conocer la ley.

No han sido éstos los únicos casos en que los jueces han liberado a quienes son detenidos por las autoridades federales. Gregorio Sánchez, el ex presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), aprehendido cuando era candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, ha sido también liberado; pero no por capricho de un juez, sino porque se demostró que las acusaciones en su contra por "testigos protegidos" no eran plausibles. Lo mismo ocurrió con los detenidos en el michoacanazo, los cuales han quedado todos en libertad. Vale la pena recordar que en todos estos casos cuestionados por el Presidente o por la PGR, cuando ha habido una apelación ante un tribunal superior, o una revisión por la Judicatura, se ha demostrado que los jueces fallaron apegados a la ley.

Sí hay razones para pensar que el presidente de la República "la trae contra los jueces", para usar su propio lenguaje. Si al primer mandatario no le gustan las leyes de nuestro país, tiene la facultad de presentar iniciativas al Congreso para modificarlas. Pero me parecería muy peligroso tener un sistema en que los jueces tengan que aceptar ciegamente las órdenes del Presidente. Esto nos llevaría de regreso a una dictadura en que la única justicia sería la palabra y el deseo del Ejecutivo.

MÁS BUROCRACIA

Por medio de un decreto presidencial, sin pasar por el Congreso, se ordenó ayer la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos. Se trata de una nueva estructura burocrática paralela a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.