13 feb 2013

El tema del amparo en las primeras planas



Primeras planas de hoy: reforma como nota principal y Milenio como nota secundaria
REFORMA: Marcan el alto a concesionarios
Los diputados federales pusieron un alto a los concesionarios de bienes públicos en su obstinación de alargar juicios por la vía del amparo. Los concesionarios de los sectores de telecomunicaciones, energéticos y minas, entre otros, no podrán reclamar la suspensión de un acto de la autoridad si ésta considera que con ello se afecta el interés social, resolvió ayer la Cámara de Diputados al votar la nueva Ley de Amparo. Aunque la legislación fue aprobada en lo general con 360 votos a favor, 70 en contra y 3 abstenciones, el punto más debatido en lo particular fue la redacción del artículo 129 de la nueva ley. El diputado del PAN y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, planteó matizar ese apartado para evitar, dijo, afectaciones a los concesionarios. Su propuesta fue rechazada por una votación de 217 votos a favor y 235 en contra.


MILENIO: 
Aprueban diputados la nueva Ley de Amparo
La Cámara de Diputados aprobó con 434 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones la nueva Ley de Amparo y la devolvió al Senado para la ratificación de los cambios avalados por el pleno, entre los cuales destaca el impedimento de conceder a los casinos la suspensión de actos de autoridad para mantenerse en operación. A pesar de la inconformidad de la iniciativa privada, las fracciones de PRI, PVEM y Nueva Alianza impusieron su mayoría y aprobaron sin modificaciones el artículo 129, que limita el otorgamiento de amparos a concesionarios de los sectores telecomunicaciones, minero y transportista, entre otros, cuando ello ‘impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo’. Las fracciones de Movimiento Ciudadano y del PT calificaron por ello de ‘chavista’ la Ley de Amparo, mientras el grupo parlamentario del PAN sostuvo que detrás del nuevo ordenamiento ‘está el afán de la amenaza a la libre empresa y la ley del garrote’.
  

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