Participación de México en la XVII sesión del Mecanismo del examen periódico Universal del Consejo de derehcos Humanos en Ginebra, Suiza.
Miércoles
23 de octubre 2013| Ginebra, Suiza.|
Comunicado conjunto SEGOB-SRE-PGR
La
delegación del Estado mexicano encabezada por el secretario de Relaciones
Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña; la subsecretaria de Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García; el subprocurador Ricardo
García Cervantes; y el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presidente
de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO), participó este miércoles en el Examen Periódico Universal (EPU), del
Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza.
En
este foro, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade
Kuribreña, presentó el segundo informe sobre la situación de los derechos
humanos en México, en el que se refirió
al nuevo marco constitucional y legal, basado en el reconocimiento y protección
de los derechos humanos como ejes rectores de la acción del Estado.
En
la sala de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Ginebra, el
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que representa la mayor
ampliación de derechos, desde la promulgación de la Carta Magna en 1917.
El
canciller Meade recordó que dicha reforma reconoce la trascendencia de los
derechos humanos previstos en tratados internacionales de los que México es
parte, así como los principios pro persona, de universalidad, progresividad,
interdependencia e indivisibilidad.
La
delegación mexicana estuvo integrada, también, por diversas dependencias del
Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo y por el ombudsman nacional.
La composición plural de la delegación mexicana en este foro de Naciones Unidas
refleja el compromiso de los actores políticos del país y la decisión del
Estado de consolidar su agenda en materia de derechos humanos.
Durante
la sesión participaron representantes de 88 países, quienes reconocieron
abiertamente el sólido marco legislativo que México ha construido en materia de
derechos humanos, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Los
Estados también celebraron el compromiso de México por fortalecer los
instrumentos necesarios para su implementación.
Los
países participantes coincidieron en los avances logrados en la atención de las
recomendaciones recibidas en la evaluación anterior, y alentaron al Estado
mexicano a continuar trabajando para lograr el pleno goce de los derechos
humanos.
Durante
su intervención, la subsecretaria Lía Limón afirmó que las recomendaciones de
los distintos países serán estudiadas con detenimiento, para identificar retos
y elaborar políticas públicas en la materia.
Asimismo,
la funcionaria de la Secretaría de Gobernación reiteró la determinación de
mantener la apertura de nuestro país al escrutinio internacional y destacó la
elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, que será fundamental
para consolidar una política de Estado que involucre a todas las autoridades y
a la sociedad civil.
La
subsecretaria Limón destacó el pleno compromiso del Estado mexicano por el
respeto y promoción a los derechos humanos y destacó el profundo proceso de
transformación estructural del orden
constitucional y legal para consolidar una política de Estado en la materia.
Por
su parte, el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Ricardo García
Cervantes, mencionó que los avances se han logrado gracias al acuerdo de
actores políticos, organizaciones de la sociedad civil, así como de organismos
defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, que han sido
capaces de impulsar una agenda conjunta en beneficio de los mexicanos.
La
participación de México y las intervenciones formuladas por los Estados el día
de hoy, constituirán el informe de la evaluación de México por el MEPU, el cual
se adoptará en el marco del 25° periodo de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos, en marzo del 2014.
Versión
estenográfica del mensaje del Canciller José Antonio Meade
Señor
presidente del Consejo de Derechos Humanos, distinguidos embajadores y
delegados, representantes de la sociedad civil.
Con
convicción y responsabilidad asisto a esta reunión del Examen Periódico
Universal del Consejo de Derechos Humanos a nombre del Estado mexicano, para
presentar su segundo informe sobre la situación de los derechos humanos.
La
Delegación de México aquí presente, refleja el compromiso de los actores
políticos del país y la decisión del Estado de consolidar su agenda de derechos
humanos. Está integrada por diversas dependencias del Poder Ejecutivo,
representantes del Poder Legislativo, el
gobernador del Estado de Coahuila y Coordinador de Derechos Humanos de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, y por el ombudsman nacional.
En
2013, México registra avances concretos en la promoción, respeto y protección a
los derechos humanos. Se lleva a cabo un proceso de transformación estructural
y modernización del orden constitucional y legal que consolidará una política
de Estado en la materia.
Este
avance se ha logrado gracias al acuerdo y acompañamiento de actores políticos,
organizaciones de la sociedad civil, así como organismos defensores de derechos
humanos nacionales e internacionales, capaces de impulsar una agenda conjunta
en beneficio de los mexicanos.
Tenemos
importantes retos pero hoy, como nunca, trabajamos por el fin común de
construir una sociedad de derechos y un país de oportunidades para todos.
Señor
presidente:
En
primer término me referiré a los principales avances en materia de derechos
humanos, generados por una serie de reformas constitucionales, sin precedentes,
y a las leyes secundarias necesarias para su implementación.
Posteriormente,
mencionaré aquellos programas y políticas públicas diseñados para consolidar la
cultura de los derechos humanos. Finalmente, abordaré el contexto que ha
favorecido dichos cambios, generado por el compromiso de los principales
partidos políticos, reflejado en el “Pacto por México”; la firmeza con que ha
impulsado esta agenda el Presidente de la República; la cooperación de los
Poderes de la Unión, y el invaluable acompañamiento de los mecanismos del
sistema internacional. Ello ha catalizado una profunda transformación de México
en el ámbito de los derechos humanos
En
primer lugar, destaco el nuevo marco constitucional y legal en el que el
reconocimiento y protección de los derechos humanos son ejes rectores de la
acción del Estado.
La
reforma a la Constitución en materia de derechos humanos del año 2011,
representa la mayor ampliación de derechos, desde su promulgación en 1917.
La
reforma del 2011, reconoce la trascendencia de los derechos humanos previstos
en tratados internacionales de los que México es parte. Se reconocen los
principios pro persona, de universalidad, progresividad, interdependencia e
indivisibilidad.
Todo
Juez mexicano cuando interpreta la ley y resuelve, lo hace conforme a la norma
más favorable para la persona, de fuente nacional o internacional.
En
segundo lugar, se ampliaron las facultades del Ombudsman nacional. En el ámbito
local, se fortaleció la autonomía de las comisiones de protección de derechos
humanos.
Un
tercer aspecto, es el cambio fundamental que representa la renovación del
juicio de Amparo, habeas corpus, como mecanismo efectivo de protección de los
derechos humanos.
Con
la citada reforma, el juicio de Amparo procede por actos u omisiones de
autoridad que vulneren los derechos humanos contenidos en tratados
internacionales. Se faculta a la Suprema Corte de Justicia para emitir
declaraciones generales de inconstitucionalidad de una norma.
También
se amplían los supuestos de procedencia al tener “interés legítimo” y no solo
“jurídico”, permitiendo una efectiva protección de los derechos colectivos.
Los
avances en el marco constitucional y legislativo, se acompañan del diseño de
políticas públicas que integran de manera transversal la perspectiva de
derechos humanos.
En
cuarto lugar, hoy en México se elabora el Programa Nacional de Derechos
Humanos. El Programa será fundamental para consolidar una política de Estado
que involucre a todas las autoridades y a la sociedad civil para implementar la
reforma constitucional en la materia.
Por
primera vez, contemplará indicadores y metas para medir avances, identificar
retos y, de ser necesario, realizar ajustes.
Este
Programa encuentra sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que
articula la acción del Gobierno de la República y establece cinco metas
nacionales: hacer del país un México en Paz; un México Incluyente; un México
con Educación de Calidad; un México Próspero; y un México con Responsabilidad
Global.
La
primera meta, un México en Paz, busca fortalecer la democracia y la
gobernabilidad para que las personas sean el centro de las políticas de
seguridad y justicia.
El
compromiso de México es brindar condiciones de seguridad y paz a todas las
personas, para lograr su desarrollo y bienestar.
Señor
presidente:
En
2009, México expuso en este foro las complejas circunstancias de inseguridad y
de violencia por las que atravesaba el país. Ello obligó a que, Gobierno y
sociedad, a partir del 2012, replantearan la Nueva Política de Seguridad y
Procuración de Justicia que busca atender de manera integral, las causas y no
solo los efectos de este fenómeno.
Como
quinto aspecto, esta Nueva Política se destaca por la adopción de las
recomendaciones sobre seguridad ciudadana de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, priorizando las acciones de prevención social del delito y
las medidas para evitar violaciones a derechos humanos que pudieran derivarse
del uso de la fuerza.
En
sexto lugar, destaco que las instituciones del Gobierno Federal que hacen uso
de la fuerza pública cuentan con protocolos que regulan y delimitan su
actuación, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos.
Asimismo,
se elabora la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, con el apoyo del
Comité Internacional de la Cruz Roja.
Los
niveles de violencia han disminuido y hemos identificado una baja importante en
las quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra
miembros de las fuerzas armadas.
Un
Estado sólido debe privilegiar el diálogo y la tolerancia. Tenemos absoluta
convicción que las políticas de seguridad y de derechos humanos en México deben
estar plenamente articuladas.
En
séptimo lugar, la atención a las víctimas de la delincuencia y de violaciones a
derechos humanos es prueba que México aborda la problemática de seguridad con
un nuevo enfoque.
En
enero pasado se publicó la Ley General de Víctimas, una ley de alcance
nacional, sin precedente, que cumple con los estándares internacionales.
Este
ordenamiento contempla la asistencia, protección, atención, reparación integral
y restitución de los derechos de las víctimas de la violencia. Incorpora por
primera vez en México el concepto de justicia restaurativa y ubica a la víctima
como actor central del sistema de justicia penal del que históricamente había
sido relegado.
En
el marco de la Ley, se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, conformada
por miembros de la sociedad civil que tendrán como tarea principal vigilar y
avanzar en la implementación de este nuevo esquema de atención en todo el país.
Como
octavo aspecto, me referiré a la Justicia Militar, un tema que fue motivo de
recomendaciones durante el examen anterior y en el que se han logrado avances
importantes.
El
Estado mexicano reconoce que ante situaciones que vulneren los derechos humanos
de personas civiles no debe operar la jurisdicción militar. Por ello, se
trabaja para redefinir la competencia de la justicia militar.
Es
así que de conformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la
inconstitucionalidad del artículo 57,
fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar. Por su parte, la
Procuraduría de Justicia y los Tribunales Militares, siguiendo dicho criterio
han declinado competencia a favor de las autoridades civiles, en 543 casos de
presuntas violaciones a los derechos humanos.
En
noveno lugar, señalo los esfuerzos para
la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos. México
recibió de parte de este Consejo, recomendaciones en este ámbito. Reconocemos
la importante contribución de estos actores y observamos un respeto irrestricto
por el derecho a la libertad de expresión.
Por
ello, a partir de una reforma constitucional se estableció la facultad para que
en algunos casos las autoridades federales puedan conocer e investigar los
delitos que atenten contra la libertad de expresión, cometidos contra
periodistas, personas o instalaciones, y se creó la Fiscalía Especial para la
atención de los mismos.
Además,
en 2012, se creó por mandato de la Ley el Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se establecieron líneas de
cooperación con los gobiernos locales para la operación de mecanismos de
prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y
seguridad de estas personas.
Dicho
mecanismo cuenta con la participación activa de organizaciones de la sociedad
civil, periodistas y defensores de derechos humanos, en un ámbito de
corresponsabilidad para lograr un entorno seguro.
En
décimo lugar, entre las reformas enviadas recientemente al Congreso, destaca la
reforma al Código Penal Federal para homologar a los estándares internacionales
la definición del delito de desaparición forzada. Asimismo, el Presidente de la
República propuso al Senado el retiro de la reserva formulada a la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada.
Se
aprobó también en el 2011 la Ley del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y Extraviadas que obliga al Gobierno Federal, en coordinación con
las autoridades locales, a construir un registro de personas en esta situación.
Hoy
contamos con dicho Registro y se trabaja en su depuración para identificar qué
personas siguen en condición de no localizados. Asimismo, se realizan esfuerzos
para localización a través de las procuradurías de los Estados, en coordinación
con la unidad de Personas Desaparecidas, creada recientemente en la
Procuraduría General de la República para atender esta problemática.
Como
decimoprimer aspecto, hemos desarrollado el Programa Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 actualmente
en operación.
Por
primera vez, la planeación del desarrollo nacional asume como uno de sus cuatro
ejes transversales, la perspectiva de género.
Asimismo,
en días recientes, el Presidente envió una iniciativa de reforma a la
legislación electoral para garantizar la paridad entre hombres y mujeres en el
Congreso.
Como
decimosegundo tema, resalto las actividades para prevenir las violaciones a los
derechos humanos de los migrantes, considerando la situación de México como un
país de origen, tránsito, destino y retorno.
Las
más recientes acciones en la materia incluyen la emisión de la Ley de Refugio y
Protección Complementaria de 2010 y la Ley de Migración en 2011, así como
programas de protección de niñas, niños y mujeres migrantes.
Como
decimotercer aspecto, la Constitución garantiza, hoy, el derecho de audiencia y
debido proceso de los extranjeros frente a la hipótesis de expulsión.
En
decimocuarto lugar, se estableció la obligación de limitar las facultades del
Estado para decretar el estado de excepción. Esta reforma establece los
derechos, cuyo ejercicio no puede suspenderse o restringirse en caso alguno.
Estas
dos últimas reformas exigen un desarrollo a nivel secundario. Con el pleno
apoyo de las fuerzas políticas del país, expresadas en el “Pacto por
México”, el día de ayer, se enviaron al
Congreso las iniciativas que les darán plena forma.
Hemos
logrado acuerdos para transformar a México en un país más justo, donde todos,
niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad e indígenas, todos los
ciudadanos, gocemos de los mismos derechos.
El
Congreso ha sido un actor clave para lograr estos avances. Diputados y
Senadores, con un gran sentido de responsabilidad, han trabajado en el diseño y
aprobación de las reformas constitucionales mencionadas, así como en las leyes
secundarias que harán efectiva su implementación.
La
Suprema Corte de Justicia también ha desempeñado un papel fundamental para el
cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de
derechos humanos.
Recientemente,
en una resolución de gran alcance, reconoció la obligatoriedad de toda la
jurisprudencia de la Corte Interamericana y la conformación de un bloque de constitucionalidad
en materia de derechos humanos.
Señor
presidente:
En
materia de política exterior, México está comprometido con el fortalecimiento del sistema
internacional de los derechos humanos. Mantenemos una plena apertura al
escrutinio internacional, evidenciado por su invitación abierta y permanente a
los mecanismos especializados de las Naciones Unidas y de la Organización de
los Estados Americanos.
Desde
2008 hemos recibido la visita de nueve mecanismos del Sistema Interamericano y
de las Naciones Unidas, así como de la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos. Deseo agradecer especialmente el apoyo recibido por parte de la señora
Navi Pillay.
Señor
presidente:
En
esta primera intervención he dado cuenta de los avances logrados en México.
Reconocemos, sin embargo, que aún enfrentamos retos.
Atendimos
las recomendaciones formuladas durante el primer ciclo del EPU. En México, la
defensa y protección de los derechos humanos es una tarea indeclinable. Ello
forma parte de la consolidación de nuestra democracia.
Nuestro
marco constitucional obliga a todas las autoridades a proteger los derechos
fundamentales, promoviendo una transformación cultural y jurídica.
Más
adelante profundizaremos en éstos y otros temas. También, para facilitar su
consulta, hemos circulado un documento con respuestas puntuales a las preguntas
recibidas por anticipado.
Muchas
gracias.
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