El Obispo de San Cristóbal en Venezuel), Mons. Mario Moronta, pidió que se sancione a los responsables de
las muertes causadas el miércoles durante la marcha de jóvenes que protestaban
contra el Gobierno y llamó a cesar la represión y todo tipo de violencia, pues
este camino no ayudará a Venezuela a superar sus problemas.
“En
el nombre del Señor Jesús, hacemos un llamado a que cese la violencia de todo
tipo –la verbal, la de la agresión, la de la represión- y que busquemos
demostrar que somos ‘gente de paz’”, expresó este viernes en un comunicado
donde también pidió a los dirigentes “a encontrarse y compartir las ideas y
opiniones en la búsqueda de un consenso y de un camino de paz social para
todos”.
El
Prelado señaló que el país vive momentos de tensión cuyas causas son muchas.
“Se requiere de todos nosotros el empeño, desde la solidaridad, la justicia y
la fraternidad que nacen del amor, para encontrarnos y así poder dialogar y
conseguir la reconciliación”.
El
Obispo de San Cristóbal advirtió que “con actos de violencia, vengan de donde
vengan, no se conseguirá nada; más bien se abrirá el paso a resentimientos,
heridas espirituales y mayor división”.
Moronta dijo que “el derecho a la protesta se debe mantener pero en los
términos del civismo y de la fraternidad. Podemos tener diferencias, podemos
tener desacuerdos… pero no es con la violencia como se va a resolver nada”.
Explicó
que “el diálogo no es escucha obsequiosa del otro, sino el poder compartir en
un lenguaje de paz y serenidad las ideas, las propuestas, los reclamos y lo que
nos ayude a superar la crisis y las dificultades y lograr la reconciliación”.
En
ese sentido, invitó a los creyentes a orar “para que la luz del Espíritu nos
oriente en todo momento y asista a todos los dirigentes y responsables de la
sociedad a fin de que se logre el encuentro, el diálogo y el compromiso por la
paz y la concordia”.
Recordó
que “los sacerdotes y agentes de pastoral estamos obligados a promover la paz y
la fraternidad tanto con nuestra predicación como con todas aquellas acciones
que nacen del compromiso evangelizador de edificar la concordia entre todos los
hermanos”.
“Contamos
con la protección de María del Táchira, nuestra Señora de la Consolación y del Santo
Cristo de la Grita, quien con sus brazos amorosos nos cobija a todos sin
excepción”, aseguró.
Obispos exigen al Gobierno publicar lista de detenidos
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia
Episcopal Venezolana (CEV) exigió este viernes al Gobierno que dé una lista de
las personas detenidas durante y después de la violencia contra la marcha
pacífica del miércoles para así garantizar la legítima defensa de estas
personas, a la vez que condenaron la participación de grupos “paramilitares”
amparados muchas veces por instituciones y fuerzas pública.
“El
Estado de Derecho y la Democracia son el marco institucional propicio para el
respeto, garantía y protección de los derechos humanos. El respeto a la
Constitución, la independencia de los poderes públicos, la actuación de los
funcionarios públicos con sujeción al ordenamiento jurídico y la
responsabilidad por la violación de los derechos humanos, son elementos
sustanciales para la existencia de una sociedad democrática”, recordó el
comunicado firmado por Mons. Roberto Luckert y Mons. Baltazar Porras,
presidentes de la Oficina de Justicia y Paz, y de la Comisión de Pastoral
Social, respectivamente.
Los
obispos expresaron su dolor por “el costo humano que dejan como saldo las
manifestaciones ocurridas en diferentes zonas del País los días 12 y 13 de
febrero, que, hasta el momento, han arrojado 3 ciudadanos muertos y
aproximadamente 66 heridos y 80 detenidos”.
Por
ello, rechazaron “la criminalización generalizada, por parte del Estado, del
derecho a manifestar y protestar”, así como “la participación de grupos civiles
armados al margen de la ley (paramilitares) con la venia muchas veces de
instituciones y fuerzas pública que tienen el deber de garantizar la paz social
y los derechos fundamentales”.
Los
obispos denunciaron que hubo un “uso desproporcionado e indiscriminado de la
fuerza para mantener el orden público, vejando la dignidad humana” de los manifestantes,
así como una “restricción de la información”, generando rumores, “incertidumbre
y desasosiego en la población”.
En
el comunicado, Mons. Luckert y Mons. Porras rechazaron “las detenciones
arbitrarias, la irregularidad de la designación de un centro de reclusión que
queda distante del Juez Natural y del sitio donde sucedieron los hechos”, “los
tratos crueles para con los detenidos que atenten con la Dignidad Humana”, así
como “cualquier iniciativa que tienda a la violencia y tergiverse la voluntad
pacifica de los ciudadanos a expresar sus opiniones, ideas y descontentos”.
Ante
esta situación, exigieron al Gobierno “un listado de los detenidos con su
ubicación exacta y cargos que se le imputan, para garantizar el derecho a la
legítima defensa y que la familia tenga la información de su familiar”. Además
le recordaron su deber de respetar el “derecho a manifestar y protestar de
manera pacífica en el marco constitucional”, así como “adoptar mecanismos para
evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en
marchas y manifestaciones de protesta”.
Asimismo,
exigieron “a los partidos políticos, a la sociedad civil, a las instituciones
del Estado venezolano a tolerar y reconocer las diversas ideas, opiniones,
planteamientos, para dialogar, negociar y construir de manera democrática
alternativas inclusivas, justas y pacíficas. La violencia y el conflicto
fratricida es un camino ciego”.
También
los llamaron a dar “respuestas institucionales apegadas al debido proceso que
orienten de manera eficaz, independiente e imparcial una investigación para
garantizar la verdad y la consecución de la Justicia”.
En
su comunicado, los obispos dijeron que desde la Vicaría de Caracas, La Vicaria
de Los Teques y la Comisión de Justicia y Paz de la CEV, trabajarán
“conjuntamente con el Foro por la Vida en el acompañamiento y la asesoría las
víctimas y hacer un seguimiento a los hechos ocurrido, exigiendo una
investigación independiente, la garantía y el respeto de los Derechos Humanos”.
Finalmente,
tras expresar su solidaridad a las familias de las víctimas, ambos prelados
llamaron a los fieles a “orar intensamente y trabajar en la construcción de la
paz, dando testimonio de un auténtico seguimiento a Jesucristo, nuestro Señor,
para hacer posible en nuestro país la fraternidad de los hijos e hijas de
Dios”.
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