El
regreso fue pactado con el comisionado, acusan comunitarios
Habitantes
de Aguilila corren por segunda vez al alcalde Jesús Cruz
“Lo
que cobraban templarios a mineras ahora lo reciben autodefensas”
Arturo
Cano, enviado, Periódico
La Jornada, Martes
13 de mayo de 2014, p. 7
Tierra
Caliente, Mich., 12 de mayo.
El
presidente municipal de Aguillilla, Jesús Cruz Valencia, creyó que una vez
terminadas oficialmente las autodefensas, él podría regresar sin ningún
problema a su puesto. Los huevazos que se estrellaron contra los vidrios de su
oficina probaron que estaba equivocado. Tuvo que salir protegido por la Policía
Federal.
Cruz
Valencia estuvo apenas unas cuatro horas en la oficina que no ocupaba desde el
26 de junio de 2013, cuando el grupo de autodefensas local lo obligó a dejar el
municipio.
Algunos
testigos de los hechos dicen que a la alcaldía llegaron tanto detractores como
simpatizantes del político priísta. Pero al comenzar la tarde no había rastros
del apoyo. Sólo claras y yemas en vidrios y paredes, y un montón de carteles:
“No queremos al alcalde templario” y “Fuera templario, cocinero de drogas y
primo de El Tena”.
Según
los lugareños, El Tena (Fernando Cruz Mendoza) era jefe de plaza de Los
caballeros templarios, y forma parte de la selecta lista de los más buscados
por las autodefensas.
Cruz
es el primer presidente municipal del PRI luego de una saga de alcaldes
perredistas que se prolongó de 1990 a 2011. Pero según guardias comunitarios de
Buenavista Tomatlán, su regreso fue pactado por el comisionado Alfredo
Castillo, en combinación con Adalberto Fructuoso Comparán, ex alcalde
perredista y líder de las autodefensas.
El
20 de febrero, el cabildo solicitó al Congreso estatal que diera curso al
remplazo de Cruz Valencia, pero a diferencia del trato que se dio a Guillermo
Valencia –ex alcalde de Tepalcatepec ahora en el exilio–, los diputados no
dieron trámite a la petición.
Los
casos del alcalde de Aguililla y de otros de sus pares son examinados por un
grupo de comunitarios que se reúnen a intercambiar informaciones en un
restaurante de Apatzingán.
No
se explican, por ejemplo, cuál fue el acuerdo que se dio en Buenavista para el
retorno del edil Luis Torres. Un hermano de éste, líder templario, cayó en un
enfrentamiento con autodefensas, pero eso no impidió que Luis Manuel Torres, El
Americano, avalara el regreso.
Otra
suerte, dicen, corrió Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec, quien chocó
de frente con el comisionado Alfredo Castillo, fue remplazado por el Congreso
local y ahora vive en el autoexilio en Estados Unidos.
El
alcalde que más les preocupa es, claro, Uriel Chávez, de Apatzingán, finalmente
aprehendido y acusado –solamente, dicen– de extorsión. Lo van a dejar salir, ya
van a ver, nomás lo detuvieron para quedar bien con las autodefensas.
La
legalidad y la justicia, finaliza uno de los líderes presentes, están sujetas
al cálculo político del gobierno y del comisionado Castillo, no a las leyes.
Entrar
a Aguililla es hacerlo a un enorme estacionamiento de vehículos pesados,
enormes camiones de volteo y tráileres que dan servicio a las cuatro empresas
mineras que operan en el municipio.
Es
mucha lana, dice don Moisés Ceballos. Y completa: “Todo lo que cobraban los
templarios a las mineras ahora lo cobran las autodefensas”.
Don
Moisés habla desde la calma de la edad avanzada, y desde su condición de líder
moral del PRD en Aguililla.
No
parece importarle que la autodefensa de Aguililla sea encabezada por Adalberto
Fructuoso Comparán, ex alcalde perredista.
Es
claro: “No se distingue en realidad entre templarios y autodefensas, porque la
mayoría son los mismos”.
Con
la misma seguridad, Ceballos asegura que el alcalde Cruz ganó la elección
gracias al apoyo de los templarios y que, efectivamente, es pariente de El
Tena, aunque parece que en un grado lejano.
Los
presos y el cálculo político
El
domingo pasado, Alberto Gutiérrez, comandante Cinco de las autodefensas, decía
estar seguro de que el comisionado Castillo cumplirá la promesa de que los
comunitarios presos quedarán en libertad.
¿A
qué precio? Se transcribe la denuncia que hace llegar Leonel Rivero, abogado de
los comunitarios presos de San Miguel Aquila, detenidos el 14 de agosto del año
pasado:
Las
40 personas se encuentran sujetas a proceso por el delito de violación a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos; actualmente 21 se encuentran en
libertad bajo caución; 16, privados de su libertad en el Centro Federal de
Readaptación Social número 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, y tres en el
penal de Mil Cumbres.
Relata
el abogado que tras una movilización de la comunidad, el subsecretario de
Gobernación Luis Enrique Miranda Nava tramitó una reunión con el comisionado
Castillo.
“En
dicha reunión, de la cual derivaron otras tres, se acordó establecer una ruta
que diera una salida jurídica… En principio se estableció como mecanismo de
solución jurídica el desistimiento del ejercicio de la acción penal,
indicándonos que nos entrevistáramos con el procurador general de la República
para efectos de articular el mecanismo de solución”.
La
entrevista con el procurador Jesús Murillo Karam se realizó a finales de
febrero pasado. El funcionario, según el abogado de los comunitarios indígenas,
dijo que aunque era procedente, legalmente no era factible el desistimiento del
ejercicio de la acción penal, por lo cual se determinó que la defensa tenía que
ofrecer pruebas de descargo a partir de las cuales el Ministerio Público
Federal pudiera presentar conclusiones inacusatorias.
Sigue
el abogado: A partir de marzo de 2014, la defensa ofreció diversas pruebas,
entre ellas una pericial en materia de sociología política para establecer el
estado de necesidad que obligó a los comuneros a tomar las armas para
garantizar la seguridad pública.
A
pesar de que la defensa ha cumplido con todas las partes del acuerdo, este 12
de mayo se presentaron en el penal de Mil Cumbres (ubicado en Morelia) los
abogados Jorge Espino, Antonio Pacheco y Juan Carlos Escobar, quienes se
entrevistaron con los señores Agustín, Efrén y Vicente, los tres de apellido
Villanueva, indicándoles que iban en representación del comisionado, y que si
revocaban a sus defensores y desconocían el acuerdo que la comunidad había
realizado con el comisionado y a su vez también firmaban el acuerdo de
desmovilización, a más tardar en 20 días quedarían en libertad.
Los
abogados dieron a los presos apenas seis horas para tomar una decisión, con la
advertencia de que si no era positiva el comisionado iba a desconocer el
acuerdo.
Según
Rivero, los abogados contratados por el comisionado visitarán este martes a los
comuneros de Aquila que se encuentran en el Cefereso número 5. Además de haber
hecho firmar, con engaños, un documento a los Villanueva, los abogados enviados
por Castillo han pasado por encima del reglamento de los centros federales de
readaptación social, que establece claramente que sólo podrán ingresar al
interior del penal los abogados de los procesados y sentenciados que acrediten
contar con el nombramiento y la aceptación del cargo.
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