26 dic 2015

Para Alejandra Sota, más contratos a discreción

Para Alejandra Sota, más contratos a discreción/ÁLVARO DELGADO
Recvista Proceso  # 2042, 19 de diciembre de 2015..
Panista de toda la vida, Alejandra Sota creció al amparo de los sexenios de Fox y Calderón; éste la hizo prácticamente su mano derecha. El fin de los dos sexenios blanquiazules parece no haber afectado a la exvocera calderonista: ahora su empresa –Integra, Metas Estratégicas– se ve beneficiada con contratos millonarios de los gobiernos federal y mexiquense (priistas), otorgados a discreción, de manera oscura. Por si fuera poco, hace un mes su esposo, Benjamín Hill Mayoral, fue puesto al frente de la unidad de ética y prevención de conflictos de interés, en la Función Pública.

Alejandra Sota Mirafuentes, vocera de Felipe Calderón cuando éste ocupó la Presidencia de la República, no sólo es contratista del gobierno del actual mandatario, Enrique Peña Nieto, sino consejera de Eruviel Ávila Villegas, gobernador priista del Estado de México.
Desde el fin del sexenio de Calderón corría el rumor de que Sota era asesora de Ávila Villegas; ahora Proceso obtuvo la prueba documental de esa relación, que representa, además, el inicio de su carrera en el contratismo con gobiernos priistas.
Esta relación política con priistas involucra también al esposo de Sota, Benjamín Hill Mayoral, quien en noviembre fue designado titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública (SFP).


No sólo eso: Hill Mayoral es, desde el domingo 13, responsable de instalar Comités de Ética en las 300 dependencias del gobierno federal, para prevenir la corrupción y los conflictos de interés, en cumplimiento de la promesa que hizo Peña Nieto, en febrero, ante el escándalo de la Casa Blanca.
 Sota Mirafuentes obtuvo el primer contrato con Ávila el 13 de septiembre de 2013, diez meses después de concluido el sexenio de Calderón, y fue para proporcionar “servicio de elaboración de análisis político de agenda nacional para la Secretaría de Finanzas”.
 Integra, Metas Estratégicas, S. A. de C. V. –empresa en la que Sota posee 70% de las acciones y el otro 30%, Maira Yazmín Colín García, su amiga y subordinada en la Presidencia de la República– cobró 348 mil pesos por ese contrato.
 De acuerdo con el mismo, que tuvo una vigencia de dos meses, el gobierno de Ávila Villegas pagó a la empresa de Sota por el siguiente servicio: “Se entregarán seis boletines de manera semanal dentro del periodo comprendido del 8 de septiembre al 8 de noviembre de 2013”.
 Es decir, Sota y su socia elaboraron 24 boletines, a razón de 14 mil 500 pesos cada uno, para cobrar 174 mil pesos cada uno de los dos meses.
 Es una cantidad ínfima comparada con los 833 mil pesos que la empresa de Sota cobra,  cada mes durante dos años,  al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por hacer encuestas sobre cómo recauda impuestos el secretario de Hacienda, Luis Videgaray (Proceso 2041).
 El contrato que le pagó el gobierno de Ávila Villegas a Sota Mirafuentes es parecido al que le asignó a su vez, sin concurso de por medio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Un total de 398 mil 993 pesos con 60 centavos para elaborar un trabajo no definido sobre “radio, televisión y cine”.
 Aunque este contrato con el IMSS –el número R5M0885-095384– está registrado en el portal de obligaciones de transparencia del gobierno federal, en el sitio de compras y contrataciones de esa institución no hay indicios de él ni aparece como proveedora la empresa Integra, Metas Estratégicas, S. A. de C. V.
 Este contrato del IMSS, otorgado por adjudicación directa a la empresa de Sota, está vigente: se inició el 14 de agosto y concluirá el próximo jueves 31.
 Custodio de la ética
 En la edición que comenzó a circular el domingo 13, Proceso reveló el turbio contrato por 20 millones de pesos otorgado por el SAT a Sota Mirafuentes y justo ese día la SFP informó que Hill Mayoral había sido designado responsable de todo el programa anticorrupción del gobierno de Peña Nieto.
 La secretaría que encabeza Virgilio Andrade –quien exoneró a Peña Nieto por la compra de la mansión de Las Lomas al contratista Armando Hinojosa Cantú– informó que se instalarán 300 Comités de Ética de la Administración Pública Federal (APF) y el responsable es el esposo de Sota.
 Según el comunicado, Hill Mayoral “se comprometió a apoyar y orientar los trabajos del Comité de la SFP, mismo que tendrá que elaborar una propuesta de Código de Conducta, que dé certeza a los servidores públicos sobre el comportamiento al que deben sujetarse, además de promover programas de capacitación y sensibilización”.
 Añade el comunicado: “Como se recordará, en febrero pasado, el titular del Ejecutivo federal dio a conocer ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés, entre las cuales destacaba un Código de Ética y Reglas de Integridad.
“También contemplaba que los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la APF se integrarían colegiadamente por servidores públicos de todos los niveles jerárquicos, en cada una de las 300 instituciones del gobierno de la República, los cuales se encargarán de proponer el código antes citado.
“Respecto de las Reglas de Integridad, se establece que corresponderá a los comités de cada institución desarrollar un sistema para contar con criterios, precedentes y mejores prácticas en el ejercicio gubernamental.”
En este contexto se produjo también otro hecho relacionado con la actividad contratista de Sota: en noviembre, cuando su marido ingresó a la SFP, también se incorporó a esta dependencia Lourdes María Antonieta Sánchez Vicencio, la funcionaria del SAT que firmó el mencionado contrato por 20 millones de pesos.
En efecto, Sánchez Vicencio pasó de administradora de Recursos Materiales “1” del SAT, responsable administrativa de la contratación de los proveedores, a la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, es decir, la instancia que verifica la validez de contratos, como el que ella le otorgó a Sota en una licitación simulada.
Y es que en la licitación que ganó la empresa de Sota participaron otras tres, las cuales actuaron sólo como comparsas pues son propiedad de amigos y exempleados en la Coordinación de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia de la República.
Del PAN al PRI
Ligada toda su vida profesional al Partido Acción Nacional (PAN) y a Calderón, quien la hizo prácticamente su mano derecha, Sota Mirafuentes optó por trabajar para priistas tras la derrota de Josefina Vázquez Mota, a quien solía hacer ostensible su rechazo.
Puso fin a su militancia en el PAN tras formar parte de la nómina de ese partido en Comunicación Social y en la Cámara de Diputados, pero también en los gobiernos de Vicente Fox –fue asesora en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)– y de Calderón –trabajó en Banobras y en la Secretaría de Energía–.
Tras colaborar con Calderón como precandidato y candidato presidencial del PAN, llegó a la Presidencia de la República como coordinadora de Opinión Pública e Imagen y, en 2010, como directora de Comunicación Social y vocera.
A partir del 1 de diciembre de 2012 pasó al desempleo y en abril de 2013 fundó la empresa Integra, Metas Estratégicas. Cinco meses después, el 13 de septiembre de 2013 suscribió un contrato –el 102/2013– con la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila.
Según el contrato –que consta de cuatro hojas–, se trata de proveerlo “del servicio de elaboración de análisis político de agenda nacional para la Secretaría de Finanzas”.
En la descripción del servicio, se da en cinco largos párrafos el fundamento teórico del proyecto, que enseguida se detalla:
“(…) se realizarán seis boletines, un análisis político de los temas que ocupan los primeros lugares de la agenda nacional, de tal forma que sirvan para entenderlos en un contexto integral y multifactorial y que funcionen de guía para la toma de decisiones, tanto de forma interna como para llevar a cabo satisfactoriamente los objetivos propios de los programas, proyectos y acciones de la Secretaría de Finanzas, como en el exitoso posicionamiento y difusión de mensajes dirigidos a la opinión pública a través de la Oficina de Comunicación Social de la propia secretaría, por medio de comunicados, conferencias de prensa y/o eventos dirigidos a los medios de comunicación locales y nacionales, tanto los dirigidos al público en general como los especializados en el sector financiero.”
Añade: “El desarrollo del proyecto supone la entrega de documentos que serán producto de la revisión y evaluación de las actividades que en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información ha llevado a cabo el gobierno del Estado de México”.
Este contrato lo obtuvo Sota un mes después de que, el 2 de agosto de ese año, la primea emisión de MVS reveló que un grupo de sus amigos del ITAM –y que eran sus empleados– beneficiaron a empresas con contratos por decenas de millones de pesos, como la de Yamil Gustavo Nares Feria, su exsubordinado.
Un año después, en octubre de 2014, Sota obtuvo el contrato del SAT por 20 millones de pesos y, en agosto de 2015, logró otro con el IMSS. Y apenas el 30 de noviembre, una juez desechó la demanda que presentó contra la periodista Dolia Estévez por incluirla, en la revista Forbes, como una de “Los 10 mexicanos más corruptos de 2013”… l

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