Contra el GIEI, la sombra del Yunque/ÁLVARO DELGADO

Revista Proceso # 2052, 27 de febrero de 2016

Contra el GIEI, la sombra del Yunque/ÁLVARO DELGADO

La campaña contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que colabora en la investigación del caso Ayot­zinapa, se convirtió en una batalla política que en Colombia implica a militares y al círculo del expresidente Álvaro Uribe, mientras en México da voz a la organización ultraderechista El Yunque. Sin embargo, el litigante José Antonio Ortega asume toda la responsabilidad por esos ataques y se dice guiado sólo por su conciencia, pero se niega a decir de dónde procede el dinero para financiar sus causas políticas.

 El abogado José Antonio Ortega Sánchez llama “pillos”, “hato de rufianes”, “encubridores” y “verdaderos criminales” que deben ser expulsados de México a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigan el caso Ayotzinapa, pero éstos estiman que en la campaña “de descalificación personal e infamia” hay alguien detrás de este exaltado activista.

 “El señor Ortega es el que está liderando esta campaña, pero habría que mirar quién está detrás”, aseguró al corresponsal de Proceso en Bogotá, Rafael Croda, la exfiscal de Colombia Ángela María Buitrago. “Su propósito es obstaculizar la investigación y la defensa de los derechos humanos, impedir que haya un esclarecimiento del caso y favorecer la impunidad” (Proceso 2049).

 –¿Quién está detrás de usted? –le pregunta este reportero a Ortega Sánchez.

 –¡Nadie, sólo mi conciencia! –responde.

 –¿Es el Ejército?

 –No. A todos nos interesa el esclarecimiento pleno del caso de Ayotzinapa. Todo lo que he hecho y hago es desde la organización que presido y con información que voy obteniendo.

 Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, que impulsa una agenda de seguridad y política con un discurso conservador, Ortega Sánchez defiende su independencia y responde con preguntas:

 “¿Quién está detrás de mí cuando presenté la denuncia penal contra el exgobernador Rogelio Ortega Martínez por secuestro? ¿Quién está detrás de mí cuando presenté la denuncia por peculado contra Graco Ramírez, actual gobernador de Morelos? ¿Quién está detrás de mí cuando presenté la denuncia por narcotráfico contra el exgobernador Andrés Granier y su procurador? ¿Quién está detrás de mí cuando defendí a Florence Cassez?”

 En realidad, Ortega Sánchez no actúa solo. Lo hace, como en otras ocasiones, como punta de lanza de la extrema derecha de México y específicamente de El Yunque, la organización implantada en varios países de América y Europa, como España –donde también ha sido ya desenmascarada– y Colombia, donde tiene víncu­los del más alto nivel político y militar.

 Un documento interno de la organización de El Yunque, fechado en 2008 –cuando en México se celebró un “Coloquio de prelaturas” en Puebla–, establece la importancia estratégica de Colombia y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de 2002 a 2010:

 “Colombia es nuestra base confiable y protegida en Suramérica. La situación de extrema amenaza sobre el gobierno de Álvaro Uribe lo ha convertido en el aliado clave que requeríamos para nuestra expansión, situación de la que no gozábamos en mucho tiempo. La labor de dos compañeros nuestros de México ha sido clave y deben seguir a cargo de la relación.”

 Aunque no se mencionan sus nombres, coincide con que Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, uno de los veteranos jerarcas de El Yunque, establecieron una estrecha relación con Uribe Vélez, y sólo en 2008 se reunieron con él al menos tres veces en público y en privado. Édgar Téllez, entonces corresponsal de este semanario, fue testigo de uno de sus encuentros en Bogotá (Proceso 1655).

 Uribe Vélez es amigo y jefe del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue encarcelado por la fiscal Buitrago, acusado de desaparición forzada cuando encabezó la operación para recuperar el Palacio de Justicia tomado por la guerrilla del M-19, en 1985, cargo del que fue absuelto apenas en diciembre.

 Colombia y Uribe

 Ortega Sánchez revela que el año pasado se entrevistó en Colombia con el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien le contó el caso del coronel Plazas Vega, con cuya esposa, la senadora Thania Vega –del partido de Uribe–, estableció comunicación y en enero trajo al militar a México para dar a conocer su historia.

 “Entonces lo presento públicamente en la Universidad La Salle y da su testimonio, que es impresionante, de cómo (la exfiscal Buitrago) altera evidencia y fabrica testigos”, cuenta.

 –¿Uribe y el coronel están detrás de usted?

 –¡Claro que no! Yo voy haciendo las cosas que mi conciencia me va diciendo, y si obtengo información que puede ser importante para lo que está ocurriendo en mi país y puede marcar la diferencia, lo hago. Yo soy responsable de lo que hago y de lo que digo.

 Otro de los enlaces de Ortega Sánchez en Colombia es el general Óscar Naranjo, exjefe de la Policía Nacional de Colombia, quien acompañó a Uribe a una reunión con Vicente Fox en el rancho de éste en Guanajuato, en noviembre de 2008, y a quien la DEA le imputa nexos con el narcotráfico.

 El abogado se deslinda de Naranjo, que fue asesor del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad: “No era mi aliado. Yo con quien hablé fue con Álvaro Uribe. Y ahí estaba Naranjo, como también estaba Fox y tampoco Fox era mi aliado. Yo con el que quería hablar era con el presidente Uribe y fue con el que hablé”.

 Cuñado de Jorge Serrano Limón, el presidente de Provida y miembro también de El Yunque sometido a proceso por peculado de más de 25 millones de pesos, y abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y de gobiernos panistas de Jalisco –de los que recibió millonario financiamiento–, exhibe su simpatía por las fuerzas armadas:

 “Defiendo a las fuerzas armadas, claro, y defiendo a las víctimas de las fuerzas armadas. Son los olvidados de nuestro país. Hay muchos soldados y marinos que perdieron la vida y sus familiares están en el ostracismo. Nadie les da un consuelo y nadie les da las gracias por el esfuerzo que hicieron por la paz en México.”

 –¿Su pertenencia a la organización de El Yunque cómo gravita en este asunto?

 Ortega Sánchez se pone serio y guarda silencio. Da un golpe en la mesa:

 “No hay tal pertenencia a nada de eso. O sea, mis convicciones, mi trabajo únicamente está orientado por el amor a la verdad y a la justicia, y porque quiero que en México haya paz, y la paz no te la regalan: la paz se construye abatiendo la impunidad, la corrupción, y buscando la verdad.”

 Sobre las razones de que sea abogado de la familia de Ramón Plata Moreno, fundador de El Yunque, asesinado en la Navidad de 1979, Ortega Sánchez dice que quizá sea porque defiende a víctimas, lo mismo con la familia de Jorge Kalfópoulos, jefe de esa organización en Jalisco, asesinado junto con su hijo de 10 años en 1981.

Ambos asesinatos están impunes, lo mismo que el de los dos jóvenes asesinados en el Cerro del Cubilete en 1975. La razón es que, revela el litigante, las averiguaciones previas de cada uno desaparecieron.

Pero junto con Velasco Arzac, quien encabeza un membrete llamado Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, el penalista ha protagonizado numerosos escándalos políticos en su combate a toda expresión de izquierda, que suele asociar al “terrorismo”.

Por ejemplo, con financiamiento de oscuro origen, en 2006 pagó una campaña de spots que equiparaban a Andrés Manuel López Obrador con el venezolano Hugo Chávez, y en 2008 difundió en televisión de manera ilegal spots que comparaban la toma de tribuna de los partidos de izquierda con Hitler, Mussolini y Pinochet.

Ortega Sánchez se ufana de haber contratado esos espacios en televisión aun cuando era ilegal hacerlo. “Y asumimos las consecuencias. Nos fuimos a los tribunales a pelear las multas que nos impusieron”.

–¿Y el dinero de dónde lo sacó?

–Pues… no pagué, claro que no pagué las multas.

–No, le pregunto del dinero para pagar los spots…

–Te van ayudando, te van ayudando.

–¿Los que tienen dinero?

–¡Claro!, y los que piensan como tú. Para que alguien te suelte un peso es dificilísimo y te lo sueltan para algo concreto.

–¿Cuánto se gastó en 2006?

–No me acuerdo.

Contra los extranjeros

Ortega Sánchez ratifica cada una de las expresiones que ha emitido contra los integrantes del GIEI, a quienes tilda de “verdaderos criminales”, en particular a Buitrago y a la exfiscal de Guatemala, Claudia Paz y Paz, a la que califica de protectora de guerrilleros y terroristas.

Más todavía, afirma que Paz no encarceló como fiscal al expresidente Otto Pérez Molina, sino que lo protegió, aun cuando sabía que se quedó con 1 millón y medio de dólares que le quitó a Joaquín El Chapo Guzmán cuando lo detuvo en 1993.

“Pérez Molina ya tenía muchos antecedentes. Cuando el Ejército guatemalteco captura a El Chapo, Otto Pérez lo detiene, se queda con 1 millón y medio de dólares que traía El Chapo. Eso aparece en la investigación del homicidio del cardenal Posadas Ocampo.”

Por eso, y en general porque a su juicio no han hecho un buen trabajo, exige la inmediata cancelación del convenio entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que auspició la llegada del GIEI, porque –afirma– se les han pagado 2 millones de dólares por hacer un mal trabajo.

–¿Insiste en que se deben ir de México los del GIEI?

–Sí, por supuesto. No les podemos seguir pagando el trabajo que no ha sido satisfactorio. Vea el convenio: ellos iban a colaborar para investigar dónde estaba los muchachos y no han investigado nada de eso. Iban a ver las líneas de investigación que tiene la PGR y están facultados para presentar denunciar penales si es que así lo consideran. ¿Dónde están las denuncias?

Pero el litigante participó también como coadyuvante en las investigaciones del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado en 1993, en Guadalajara, por lo cual recibió pago del gobierno de Jalisco.

–¿Este pago al GIEI no es semejante al que usted recibía del gobierno de Jalisco por el caso Posadas?

–Claro que no.

–¿En qué son diferentes?

–Bueno, es un pago que te hacen para intervenir en un asunto donde vas buscado la verdad y vas interviniendo directamente en la investigación. En el caso Posadas es un hecho que ocurrió en nuestro país que no ha sido aclarado, que la averiguación previa sigue abierta y espero yo que algún día podamos conocer públicamente lo que hay en esa averiguación previa, quiénes fueron los responsables.

–También el GIEI es coadyuvante, busca la verdad y recibe un pago, como usted lo recibía del gobierno de Jalisco…

–Y se tienen que atener a la crítica, como yo la recibí cuando fui abogado del gobierno de Jalisco. No me enojaba ni decía que había conspiraciones en contra mía con todos los señalamientos que hubo en mi contra.

Ortega Sánchez recibió abundantes recursos públicos de tres gobiernos del PAN en Jalisco. Sólo en los tres primeros años del gobierno de Emilio González Márquez –otro amigo de Álvaro Uribe– obtuvo 50 cheques que sumaron 2 millones 201 mil 479 pesos, según datos oficiales.

En la entrevista niega que haya recibido más de 5 millones de pesos en sueldos y viáticos, pero precisa que sólo tenía “una iguala” de 50 mil pesos mensuales. También con recursos públicos viajó a El Vaticano y Washington en relación con el caso.

“A ver: esos asuntos, como el de Iguala, no solamente son jurídicos, son asuntos políticos y son asuntos mediáticos, y en las tres áreas tienes que defenderlos. Era parte del asunto, por lo menos así lo consideró el gobierno de Jalisco. Y yo intervine con tres gobernadores: Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González.”

Con Ramírez Acuña y Fernando Guzmán Pérez Peláez, otro prominente líder de El Yunque, Ortega Sánchez fue a El Vaticano a entrevistarse con Juan Pablo II en octubre de 2001. “Estuvimos 12 minutos hablando con el Papa del homicidio del cardenal Posadas Ocampo, porque tenía también mucho interés en que se resolviera. Ese viaje lo pagué yo”.

Con todo, el abogado Ortega Sánchez reitera su repudio a los integrantes del GIEI y afirma que el caso de los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa debe ser resuelto por los mexicanos y sus instituciones. Pero además no tiene duda: los jóvenes están muertos.

“El trabajo del GIEI es muy cuestionable. Evidentemente que los padres están aferrados a lo que sea y quieren conocer la verdad. Parte de la verdad ya la conocen, nada más que no la aceptan: ¡sus hijos están muertos, desgraciadamente!”

Añade: “Y no nada más se los dijo la PGR. Antes el padre Solalinde les dijo que los habían quemado. Obviamente no les gustó y no dejaron que el padre Solalinde les fuera a dar una misa a la escuela de Ayotzinapa. Sus hijos están muertos”.

–Pero hay dudas de ellos de que pudieron haber intervenido los militares en esos hechos…

–Si tienen la duda y si tienen indicios, que acudan a la PGR. Ellos pueden intervenir, con la figura de coadyuvantes, en la investigación. Que digan de cuántos de los 50 militares tienen dudas y que amplíen su declaración.

“Ellos pueden estar presentes, tienen las vías abiertas. ¡Nosotros, los mexicanos, podemos resolver el asunto dentro de las instituciones! ¡No necesitamos de extranjeros que nos vengan a vender espejitos de justicia!” l