Revista
Proceso
# 2052, 27 de febrero de 2016-02-28
Justicia
burlada por “El Chapo”/JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
Entre
marzo de 1994 y el 1 de agosto de 1997, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue
sentenciado en tres ocasiones. En todas resultó absuelto, según los registros
judiciales. Las demás querellas en su contra, una veintena, han sido
infructuosas, pues los abogados del capo sinaloense las han nulificado. Peor
aún, las promesas de Jesús Murillo Karam –quien en julio de 2014 dijo que
Guzmán Loera sería juzgado y sentenciado por narcotráfico para, después de
cumplir su condena, extraditarlo a Estados Unidos– tampoco han prosperado.
Pese
a las acusaciones en su contra desde hace más de 20 años, Joaquín Archivaldo
Guzmán Loera, El Chapo, no ha recibido hasta ahora ni una sola sentencia
condenatoria por narcotráfico.
Es
más, ha sido absuelto o amparado en una veintena de casos relacionados con
homicidios, producción y tráfico de mariguana y cocaína, delitos contra la
salud o portación de arma reservada a las Fuerzas Armadas.
Ni
la Procuraduría General de la República (PGR) ni la justicia federal lo han
acreditado como uno de los principales jefes de la delincuencia organizada en
México, pese a que durante años fue buscado como el narcotraficante más
importante del mundo.
Su
historia judicial es larga. Se inició a principios de los noventa. Y aun cuando
ha sido señalado como jefe de una organización delictiva trasnacional, sólo
tiene tres sentencias condenatorias por asociación delictuosa, no por
narcotráfico. Todas datan de sus inicios en el mando del Cártel de Sinaloa; la
más firme fue la del 1 de agosto de 1997, hace 19 años.
Además
de esas tres condenas, los registros judiciales de Guzmán, obtenidos por
Proceso, refieren 20 acusaciones penales en las que ha sido absuelto y 12 más
que enfrentaba al momento de ser capturado por primera vez en el gobierno de
Enrique Peña Nieto, en febrero de 2014. Consultado por esta revista, el abogado
coordinador de su defensa, José Refugio Rodríguez Núñez, asegura que
actualmente hay 10 procesos penales abiertos contra El Chapo, además de los dos
de extradición.
Desde
el gobierno de Carlos Salinas, el capo sinaloense ha sido acusado por la PGR,
pero desde entonces ha sorteado en los tribunales los principales cargos en su
contra.
En
los gobiernos de Salinas y de Ernesto Zedillo libró las acusaciones de
narcotráfico, a pesar de que ya estaba señalado por las autoridades como uno de
los jefes del Cártel de Sinaloa.
Detenido
en Guatemala en junio de 1993 y encarcelado en el Centro Federal de
Readaptación Social (Cefereso) número 1, entonces conocido como Almoloya –hoy
El Altiplano–, en el Estado de México, Guzmán obtuvo 18 sentencias absolutorias
mientras estuvo en prisión durante los noventa.
Además
se quedaron archivadas dos averiguaciones previas iniciadas en 1995 y 1996 en
la delegación de la PGR en Jalisco. Una de ellas, la 654/95, era por delito
contra la salud, según consta en los reportes oficiales sobre su situación
jurídica.
Después
de su primera fuga de un penal de máxima seguridad, el de Puente Grande,
Jalisco, el 19 de enero de 2001, al inicio del gobierno de Vicente Fox, Guzmán
Loera prácticamente no volvió a ser molestado ni por la vía judicial.
El
gobierno de Felipe Calderón tampoco se afanó en una sólida persecución legal, y
hasta mediados de su sexenio apenas lo consignó por cargos que tampoco pudo
acreditar. Uno de sus acusadores fue el entonces titular de la PGR y actual
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora.
La
administración de Peña Nieto, que en febrero de 2014 capturó a Guzmán Loera
después de 13 años y lo reaprehendió en enero pasado a medio año de fugarse por
segunda vez de un penal federal de máxima seguridad, el del Altiplano, dice
estar dispuesta a extraditarlo a Estados Unidos, que lo acusa también de
narcotráfico. Pero este gobierno tampoco ha logrado una sentencia firme en su
contra como narcotraficante.
Según
los registros judiciales, El Chapo sólo ha sido condenado tres veces. La
primera en marzo de 1994, un año después del asesinato del cardenal Juan Jesús
Posadas Ocampo. El jerarca católico fue ejecutado en el aeropuerto de
Guadalajara por el Cártel de los hermanos Arellano Félix en una supuesta
confusión en la cual el objetivo era Guzmán Loera.
Las
condenas
El
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal lo sentenció
a 12 años de prisión; aunque después, el 26 de septiembre de ese año, el Primer
Tribunal Unitario del Primer Circuito en el DF le redujo la pena a siete años.
La
segunda condena en su contra es del 29 de noviembre de 1996, cuando el Juzgado
Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Toluca lo
encontró responsable del delito de asociación delictuosa y lo sentenció a seis
años de prisión. La pena fue confirmada en octubre de 2000 por el Segundo
Tribunal Unitario del Segundo Circuito, también de Toluca. Tres meses después
de que se le ratificara esa condena, se fugó del penal de Puente Grande,
Jalisco, al que había sido llevado en 1995.
La
tercera y última condena que ha recibido fue el 1 de agosto de 1997, cuando el
Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito de Jalisco le impuso una pena de
siete años con nueve meses de prisión, acusado de cohecho y asociación
delictuosa.
Hasta
ahí las condenas. Las demás han sido sentencias absolutorias por falta de
elementos o amparos que le han significado la anulación de órdenes de
aprehensión, archivo del caso o la libertad plena. Así, Guzmán Loera ha librado
acusaciones de homicidio, tentativa de homicidio, secuestro, asociación
delictuosa, tráfico de marihuana y cocaína, financiamiento para ejecutar delitos
contra la salud, usurpación de funciones públicas, uso de documento falso,
cohecho y transporte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre
otros.
En
total, son 20 procesos penales y averiguaciones previas en los que ha sido
absuelto en juzgados de la Ciudad de México, Puerto Vallarta, Saltillo,
Mexicali, Toluca, Guadalajara, así como en la delegación de la PGR en Jalisco.
Ésta ha sido la entidad donde ha tenido mayores resoluciones a su favor: siete
en juzgados y tribunales y dos del Ministerio Público federal. Le siguen los
tribunales de Toluca, que le han dado seis sentencias absolutorias; mientras
que los de la Ciudad de México lo han exonerado en tres casos.
Se
trata de acusaciones que le hicieron en los noventa los gobiernos de Salinas y
Zedillo. Para la justicia federal, las actuaciones contra El Chapo en esos dos
gobiernos fueron insuficientes para condenarlo. Destaca el proceso penal 66/93,
en el que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito
Federal ordenó su inmediata libertad al exonerarlo del delito contra la salud
en las modalidades de transportación, venta, compra e introducción ilegal al
país de mariguana y cocaína, así como de asociación delictuosa.
Perseguido
tras el asesinato de Posadas Ocampo, Guzmán fue detenido en Guatemala en 1993
cuando se cayó la avioneta en la que viajaba. Fue una casualidad, según relató
a Proceso uno de los militares guatemaltecos que participó en la aprehensión
(edición del 5 de junio de 2011). Fue internado en Almoloya y en 1995
trasladado a Puente Grande, de donde se fugó el 19 de enero de 2001. Luego
vinieron los años de protección de los gobiernos del PAN.
Cuando
fue capturado en Mazatlán, el 22 de febrero de 2014, luego de 13 años de huir,
se reactivaron una docena de procesos penales en su contra. Uno de ellos es el
16/2001, abierto a raíz de la fuga por el entonces titular de la PGR, el
general retirado Rafael Macedo de la Concha, en el gobierno de Fox. El Juzgado
Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal le
dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y
cohecho hasta el 8 de marzo de 2014.
Según
la acusación de la PGR con Macedo, referida en los antecedentes judiciales del
Chapo, éste “permeó al personal de custodia del Centro Federal de Readaptación
Social Número 2, en Puente Grande… logrando un sinnúmero de beneficios…” Entre
ellos, que él y otros internos “tuvieran comunicación con el exterior y… con
los demás miembros del grupo delictivo al que pertenece, lo que posibilitó la
introducción reiterada y sistemática de narcóticos y sustancias prohibidas”,
así como mujeres y aparatos electrónicos.
A
cambio de dinero, dice, el personal dejaba transitar al Chapo y a sus
compañeros en lugares no autorizados y en horarios no permitidos, que
ejercieran autoridad sobre otros internos, que tuvieran celulares y que
trabajadoras del penal tuvieran relaciones sexuales con los internos, además de
que le permitían hacer fiestas con grupos de música.
Procesos
pendientes
De
ese entonces también se mantiene vigente el proceso penal 135/2001-II, aunque
fue hasta marzo de 2014 que se le dictó la formal prisión por el delito de
delincuencia organizada. Sin embargo, en esa misma causa se le concedió la
libertad por el delito contra la salud “en las modalidades de colaboración en
el fomento para posibilitar delitos de esa naturaleza, así como la producción,
tráfico y extracción de cocaína y metanfetaminas”.
Para
la justicia federal, la PGR con Macedo sólo justificó el delito de delincuencia
organizada, figura penal que entró en vigor en 1996. Según la acusación, desde
entonces la agrupación del Chapo opera como grupo de delincuencia organizada al
ser más de tres personas concertadas para delinquir. Además de Guzmán, en los
liderazgos del Cártel de Sinaloa identificó a Arturo Beltrán Leyva, Jesús Palma
Salazar, Sergio Fierro Chávez, Albino Quintero Meraz y Juan José Esparragoza
Moreno, entre otros.
Arturo
Beltrán Leyva rompió su alianza con Guzmán en 2008 y en diciembre de 2009, en
el gobierno de Calderón, fue acribillado por elementos de la Marina. Palma fue
extraditado en 2007 a Estados Unidos. Quintero Meraz estuvo encarcelado hasta
2014 y de Esparragoza Moreno, El Azul, se asegura que murió en 2014 en
Guadalajara (Proceso 1963).
De
acuerdo con esa acusación, el fin de la organización era “cometer delitos
contra la salud en forma permanente” en Guerrero, Chiapas, Veracruz, Nuevo
León, Colima, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, México, Nayarit, Baja California,
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Oaxaca y el Distrito
Federal, así como en Estados Unidos y Colombia.
Durante
todo el sexenio de Fox y la primera mitad del gobierno de Calderón, El Chapo no
fue perseguido ni siquiera desde los escritorios de la PGR. Después de Macedo,
el último procurador de Fox, Daniel Cabeza de Vaca, no emprendió ninguna acción
legal en su contra. Cuando salió de la PGR, Cabeza de Vaca se convirtió en
integrante del Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de
administrar los juzgados federales.
No
fue hasta 2008 cuando el gobierno de Calderón reactivó las acciones penales
contra Guzmán, pero sin que los procuradores Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez
y Marisela Morales lograran una sentencia firme. De nueva cuenta, varios de los
cargos contra Guzmán se cayeron.
En
el proceso penal 50/2009/III, consignado en julio de 2009 bajo la gestión de
Medina Mora, El Chapo fue acusado de delincuencia organizada y delitos contra
la salud. Pero la justicia federal sólo le dictó formal prisión por el primer
caso, mientras que le dio la libertad en el delito contra la salud en la
modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de
cocaína.
En
ese caso, que se instruye en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de
Procesos Penales Federales en el Estado de México, Guzmán obtuvo además, el 6
de marzo de 2015, una suspensión de plano para no ser trasladado del Altiplano
con fines de extradición, deportación o expulsión, según resolución del Juzgado
Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
En
su consignación, la PGR acusó al Chapo de que el 24 de abril de 2009 “tuvo
dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata, 445,200.00 gramos de
cocaína”, contenidos en 449 paquetes, en una casa del fraccionamiento Los
Pinos, de Mexicali, Baja California.
La
dependencia lo señaló como líder del Cártel de Sinaloa, “constituido
precisamente para realizar el tráfico de mariguana y cocaína en diversos
estados de la República Mexicana y su introducción a diversos países”. Añadió
que bajo sus órdenes, el cártel recibía cargamentos de droga procedentes de
Colombia para luego introducirlos a Estados Unidos. Esa acusación hecha por la
PGR con Medina Mora no fue avalada ni por el Juzgado Quinto de Distrito ni por
el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en el Estado de México.
La
siguiente acusación, que aún está en litigio, es la 84/2010, fue emprendida
cuando Arturo Chávez ya estaba en la PGR. Está radicada en el Juzgado Sexto de
Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Fue hasta
mayo de 2014, tres meses después de
haber sido capturado por primera vez en el actual gobierno, que se le
dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada y delitos contra la
salud.
Acusaciones
sin sustento
En
este proceso, la PGR de plano refiere que Guzmán “es considerado como el
traficante de drogas más importante en México y Estados Unidos”. Con base en
información de autoridades de este
último país, dice que desde los años noventa El Chapo “usó un complicado
sistema de túneles que desembocaban en Douglas, Arizona, para introducir
cocaína desde México”; además de que las autoridades del sur de California,
Estados Unidos, lo acusan de conspirar para introducir cocaína, lavado de
dinero y falsificación.
Chávez
también lo consignó en el proceso 206/2010 y fue hasta después de su captura de
febrero de 2014 que se le dictó auto de formal prisión por el delito de
delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
Con
Marisela Morales al frente de la PGR, Guzmán fue consignado en mayo de 2011 por
el delito genérico de delincuencia organizada ante el Juzgado Segundo de
Distrito en Matamoros, Tamaulipas, cargo por el que también se le dictó auto de
formal prisión.
La
acusación dice: “existen imputaciones directas y categóricas” que lo señalan
“como la persona que tenía las funciones de dirección, administración y
supervisión” del Cártel de Sinaloa, dedicado al tráfico de estupefacientes a
Estados Unidos.
Ese
mismo año, se le inició el proceso 175/2011-V ante el Juzgado Primero de
Distrito en Procesos Penales Federales en Matamoros, también por delincuencia
organizada y delitos contra la salud, por los que fue declarado formalmente
preso en marzo de 2014.
La
acusación, aún en litigio, lo señala de nuevo como el jefe del Cártel de
Sinaloa, grupo “conformado para realizar principalmente conductas delictivas,
sobre todo contra la salud”.
El
último proceso penal que tuvo con Calderón fue el 364/2012, en el que también
se han caído las acusaciones. Aunque en ese caso se le dio la formal prisión
por el delito contra la salud, en su modalidad de colaboración de cualquier
manera al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos, obtuvo libertad,
por falta de elementos, en la acusación de delincuencia organizada en la modalidad
de posesión de semillas de mariguana y amapola, con fines de siembra, cultivo y
cosecha en el municipio de Tamazula, Durango.
A
raíz de su primera captura, el gobierno de Peña Nieto lo acusó de posesión de
armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como
de cartuchos también de uso exclusivo, en el proceso penal 10/2014, que se
instruye en el Juzgado Décimo de Distrito en Mazatlán, Sinaloa, donde fue
detenido en febrero de 2014.
En
junio siguiente, inició el proceso penal 20/2014, bajo la acusación de realizar
vuelos clandestinos. Ambos procesos fueron abiertos cuando el titular de la PGR
aún era Jesús Murillo Karam, quien expresó inicialmente la decisión del
gobierno de extraditar a Guzmán hasta que cumpliera sus condenas en México.
Aunque dijo que pasarían “300 o 400 años” para que eso ocurriera, Guzmán Loera
sigue sin tener alguna sentencia condenatoria firme por narcotráfico en México.
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