Los parásitos del poder,

Revista Proceso # 2052, 27 de febrero de 2016-02-28

 Parásitos de lujo/ALEJANDRO PÉREZ UTRERA

Ni las sucesivas crisis económicas que mantienen empobrecida a la mayoría de los mexicanos ni los inacabables casos de corrupción que han exhibido al gobierno en todo el mundo ni las políticas de “austeridad” implantadas ante estos escenarios se han traducido en una voluntad política dispuesta a acabar con los privilegios de los expresidentes de la República, la mayor parte de los cuales son, en dinero y en especie, de los más altos del mundo. En su libro Los parásitos del poder, que acaba de ser puesto en circulación por Ediciones Proceso, los investigadores Ernesto Villanueva e Hilda Nucci aportan los elementos nodales para comprender por qué buena parte de esos beneficios son ilegales, además de escandalosamente desproporcionados.

Pensionados de por vida con cientos de miles de pesos mensuales por unos cuantos años de trabajo, agraciados para siempre con seguro social y seguro de gastos médicos mayores para ellos y sus familias, asistidos y protegidos por centenares de empleados públicos, favorecidos con subvenciones y apoyos de todo género, los expresidentes mexicanos forman una casta insólita, única en el mundo por sus privilegios casi monárquicos y los multimillonarios recursos que consumen del erario, muy superiores incluso a los de los países más ricos.

 Si bien desde el periodismo, la academia y la arena política ha logrado documentarse una breve parte de esa condición parasitaria que se eterniza a costa del dinero de los ciudadanos, en México muy difícilmente puede encontrarse una investigación que, con datos duros y basada en rigurosas metodologías de las ciencias sociales, haya abarcado ese cúmulo de beneficios como lo hace Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, libro de Ernesto Villanueva e Hilda Nucci que Ediciones Proceso acaba de lanzar a la circulación.

 “En México, para que un ciudadano de a pie pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad avanzada conforme a la Ley del Seguro Social de 1997, debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el IMSS, haber cotizado como mínimo mil 250 semanas –más o menos el equivalente a 25 años de trabajo–, estar de baja ante esta dependencia al momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de actividad remunerada”, puntualizan los autores.

 Por el contrario, advierten, “un presidente o su similar pueden tener una pensión privilegiada con una quinta parte del trabajo de una persona común”.

 Los autores se dieron a la tarea de revisar los ordenamientos legales relativos a los beneficios de los exgobernantes en 21 naciones representativas de los cinco continentes y compararlos con la situación mexicana. Sus hallazgos fueron contundentes:

 “El caso que más llama la atención es el de México, pues es el único país donde un expresidente recibe aproximadamente 2 mil 379 salarios mínimos como ingreso global mensual.”

 Con base en ese ejercicio comparativo, los académicos consideran que a mayor desarrollo económico y democrático en los países analizados, hay más equidad entre los ciudadanos que menos ganan y quienes tienen ingresos después de haber sido presidentes.

 “Tal es el caso de Dinamarca, donde el exprimer mandatario percibe 0.8 salarios mínimos mensuales. Por el contrario, en países con menor nivel de desarrollo (como el ya citado caso mexicano) se aprecia una amplia inequidad entre los salarios mínimos mensuales y lo que perciben los exmandatarios.”

 Los autores también encontraron que en los países con mayor desarrollo económico y político no solamente hay más racionalidad en el manejo del gasto público destinado a los exmandatarios, sino que los criterios de austeridad son más precisos que en las naciones con menores índices en los citados aspectos.

 “En Estados Unidos los servicios de ayuda y de asistencia médica para los exmandatarios son mucho menores, por ejemplo, que los de Botsuana y México, donde la cobertura médica es completa para el expresidente y su familia, con cargo al erario.”

 Por la amplísima gama de ayudas y servicios que reciben los exprimeros mandatarios en México, el estudio de los dos investigadores “incluyó en algunos casos los ingresos globales y no sólo la pensión (salario) en estricto sentido, puesto que en los demás países los apoyos complementarios son simbólicos o testimoniales”.

 Explican:

 “No se observan las mismas pautas que en México, donde la parte sustantiva consiste en el rubro de apoyo, seguridad y servicios, bastante más que de los ingresos derivados de la pensión. Peor todavía, en el caso de los 425 servidores públicos (asignados a un expresidente), varios de ellos de alto nivel, es probable que no existan físicamente o que sus nombres se presten para incrementar el rubro de ingresos económicos. Y es probable que suceda así por la falta de información desagregada en la Presidencia de la República, como información pública de oficio, y la negativa para identificar nombres y apellidos de personas asignadas a cada uno de los exmandatarios. La opacidad, como es sabido, se constituye en germen de la corrupción.”

 De la simulación a la corrupción

 Del volumen de Villanueva y Nucci se deduce claramente que, así como la corrupción es desde hace décadas el sello distintivo de los políticos mexicanos, prohijada y perfeccionada por el PRI y reproducida durante las presidencias panistas, la imaginería popular y la certeza de los sectores críticos de la sociedad coinciden en ubicar el presidencialismo y el expresidencialismo como poderes omnímodos que actúan en aras del enriquecimiento personal y para perpetuarse, aposentados en el fuero –como si las ventajas de las que gozan no fueran suficientes– que permite toda clase de arbitrariedades y las perdona igualmente todas.

 Un ejemplo de esas potestades inconmensurables es que, mediante decretos o simple influyentismo, los presidentes se heredan cada vez más prebendas para cuando se conviertan en exmandatarios.

 Los académicos citan el caso del expresidente priista Ernesto Zedillo, miembro de consejos de administración de algunas empresas trasnacionales con las que tuvo contacto durante su encargo como titular del Ejecutivo. Para ambos, “el sentido común diría que por eso (Zedillo) incurrió en conflicto de interés, pero muy pocos han cuestionado el punto; peor aún, la mayoría ni siquiera se lo ha planteado”.

 Anotan asimismo que el último día de su mandato, “Felipe Calderón ratificó mediante una reforma al Reglamento del Estado Mayor Presidencial (EMP) la decisión de que él y su familia reciban seguridad militar vitalicia consistente en 425 activos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada o más, según lo considere pertinente, así como servicios médicos exclusivos”.

 Los investigadores hacen notar que los demás exgobernantes de la nación “se quedan con sus beneficios anteriores, mientras que a partir de Calderón se incrementan las prerrogativas.” Y cuestionan: ¿De qué manera pueden justificarse las descomunales pensiones y apoyos a los expresidentes de la República ante los criterios gubernamentales de “austeridad y racionalidad” expuestos sexenio tras sexenio en los discursos oficialistas?

 En prácticamente la totalidad de los 21 países estudiados en Los parásitos del poder el subsidio para la seguridad de los exgobernantes “es inexistente en el caso de 16 países, o simbólico (cuatro), y sólo Sierra Leona tiene 30 elementos de seguridad”.

 Pero en todos los casos, advierten, “las diferencias con México son bien marcadas: 350% más que en Sierra Leona y elementos con grados militares del más alto nivel. En Sierra Leona los funcionarios asignados son meros agentes de la policía”.

 Los autores se dicen sorprendidos por el hecho de que en Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda y el Reino Unido el erario no paga servicios de seguridad para los exgobernantes y sus familias, sino que son ellos mismos quienes los solventan por cuenta de la pensión que perciben.

 En su análisis del rubro de gastos de oficina para los exgobernantes, los autores detectaron diferencias abismales entre las naciones revisadas y México:

 “En 38% de los países analizados (ocho) no hay partidas del erario para gastos de oficina de los exmandatarios. En 61% (13) los apoyos no superan seis personas (Francia), como ayudantía no militar. En el caso de México los asistentes no militares, hasta donde se tiene conocimiento por las normas legales imperfectas que existen, superan en 400% el caso de Francia, sin una lógica o explicación racional de por qué se han tomado estas decisiones.”

 En el apartado correspondiente a los servicios de salud para los expresidentes en las naciones revisadas, los autores encontraron que 47% de éstas (10) prevén servicios iguales a los de la seguridad social del Estado, sin privilegio alguno. En 28% de la muestra analizada (seis países) los exmandatarios cuentan con el pago de la prima de seguro de gastos médicos mayores y descuento parcial (éste último en Estados Unidos) en los hospitales del ejército.

“Sólo México –destacan– cuenta con servicios de salud totalmente pagados en los hospitales militares, y el importe total de los seguros de gastos médicos privados son con cargo al erario.”

Las pensiones como regalo

En su edición 1742, Proceso publicó que para pertenecer a la socialité mexicana hay tres maneras: tener un apellido de abolengo que venga desde principios del siglo pasado, formar parte de las familias de empresarios poderosos o estar bajo el cobijo de la nobleza política, compuesta por las familias de los expresidentes.

El mismo reportaje indicaba que hasta 2010 la manutención del expresidente Luis Echeverría Álvarez había significado 133 millones 605 mil 541 pesos, distribuidos entre sueldos (81 millones 228 mil pesos), aguinaldos (1 millón 443 mil pesos) y nómina de 23 empleados (50 millones 933 mil pesos).

Hasta su muerte, en febrero de 2004, José López Portillo obtuvo del erario por lo menos 52 millones 609 mil 494 pesos entre salarios y aguinaldos, además de un seguro de vida –que pudo cobrar su familia– estimado en 8 millones 204 mil pesos.

“Sin embargo, el fallecimiento del expresidente no significó que desapareciera el apoyo a su familia. Su segunda esposa, Alejandra Acimovic Popovic (conocida como Sasha Montenegro, una estrella del cine de ficheras), percibe una pensión de 102 mil 561 pesos y un aguinaldo de 21 mil 875 pesos, además de los seguros de vida y de gastos médicos mayores. En seis años –y hasta el cierre de 2010–, ella habría recibido 8 millones 553 mil pesos de pensión, de acuerdo con cifras proporcionadas a Proceso por la Presidencia, a través de la Ley Federal de Transparencia.”

Volviendo al trabajo de investigación de Villanueva y Nucci, éste indica que en cuanto a pensiones para descendientes, “Chile es el único país de la muestra donde ni el cónyuge supérstite ni los hijos tienen derecho a ningún beneficio”.

Por lo demás, en los 20 países restantes hay beneficios para los descendientes, pero varían de una nación a otra. Los autores refieren que en Italia y Costa Rica los descendientes y cónyuges supérstites sólo perciben los montos autorizados por la ley de seguridad social, sin ningún privilegio adicional.

“En México, sin embargo, además de otorgar una pensión a la viuda de un expresidente, se le siguen otorgando elementos de apoyo por concepto de seguridad”, afirman.

Para Villanueva, colaborador de Proceso con doctorados en derecho y en comunicación pública, además de ser integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y para Hilda Nucci, doctora en derecho e investigadora en el proyecto Conacyt /Sociedad Civil y Calidad de la Democracia, llama la atención que los montos de la pensión y los apoyos de los que gozan hasta ahora los expresidentes han sido asignados sin que medie ningún estudio, motivación o argumentación.

Luego de revisar las legislaciones que de una forma u otra tienen que ver con los beneficios otorgados a los exmandatarios mexicanos, los académicos sentencian:

“Sin base normativa válida se ha otorgado a los expresidentes una pensión equivalente al ingreso del máximo tabulador de un secretario de Estado.”

Y añaden: “No se cuenta, hasta donde hemos analizado, con elementos orientativos que justifiquen esta decisión. Más todavía, la experiencia comparada ofrece un panorama atendible para adoptar una solución al caso mexicano. En principio es de llamar la atención que ningún país de América Latina tiene una pensión similar al caso de México”.

Exponen: “Los expresidentes de Costa Rica tienen asignada una pensión de un poco más de 99 mil pesos, y en Colombia de 147 mil 600 pesos, sólo por citar los más bajos de la región y siendo el más alto Chile, con un total aproximado de 560 mil pesos, pero que incluye la pensión global.

“Incluso países del primer mundo tienen pensiones menores a las que se otorgan en México. En Italia la pensión asciende a 380 mil 136 pesos, y en Francia a 164 mil 266 pesos mexicanos, sin sumar los apoyos de seguridad y gastos.”

Dividido en cuatro capítulos –“Expresidentes de México: vivir del erario, vivir del pueblo”, “Privilegios de exgobernantes en países de los cinco continentes”, “Cuadros y gráficas comparativos (ingresos mensuales de los exmandatarios) y “Conclusiones”–, el libro de Villanueva y Nucci indica:

“En Estados Unidos los expresidentes tienen una pensión equivalente al salario que reciben los exmandatarios mexicanos; esa cantidad, empero, es equivalente a 7.8 salarios mínimos mensuales, aproximadamente. En España el exjefe de gobierno tiene una pensión equivalente a 205 mil 203 pesos mexicanos, que representa 19 salarios mínimos mensuales de ese país.

“En México, por el contrario, el monto equivalente al salario de un secretario de Estado es de más de 97 salarios mínimos mensuales en la zona económica más alta del país. De este modo, se puede concluir que la pensión que se otorga a los expresidentes en México es ajena a los estándares internacionales y no honra los principios de equidad, austeridad y racionalidad del gasto público que constituyen la columna transversal del diseño normativo del país.”

No hay ley que valga

Ante el panorama de simulación, arbitrariedad, discrecionalidad y dispendio detectados por el trabajo de Villanueva y Nucci en relación con los beneficios de los que gozan los expresidentes mexicanos, no hay ley que los contenga. Peor todavía, las iniciativas propuestas en el Congreso de la Unión para regular de manera veraz y racional esos privilegios, y desde luego transparentarlos, han sido mandadas directamente a la basura, según se desprende del libro de ambos académicos.

Es el caso de al menos una decena de propuestas de ley planteadas de 2002 a 2011, la mayor parte de ellas por legisladores del PRD y en muy menor medida por el PRD y el PT.

Es implacable al respecto la conclusión de los autores de Los parásitos del poder: “Al margen de una ley y, peor todavía, de la ley, se han otorgado pensiones a los expresidentes de la República, lo que por sí es inaceptable en un estado de derecho mínimo”.

Un dato más: El Fondo Monetario Internacional, en su informe Perspectivas económicas mundiales 2012, ubicaba a México en el sitio 14 y a Estados Unidos en el número 1. “¿Cómo justificar una pensión idéntica entre los exprimeros mandatarios de Estados Unidos y México si éste tiene una economía 14 veces menor?”

Así, prosiguen los investigadores, “la media de las pensiones que perciben los exmandatarios de las 15 economías más grandes del mundo ronda los 250 mil pesos mexicanos mensuales. Esa cifra desciende a 200 mil pesos mensuales si se consideran sólo los países de Iberoamérica, salvo Chile. En ningún caso, empero, la equivalencia entre número de salarios mínimos mensuales y la pensión del expresidente o equivalente es razonablemente similar al caso de México, donde la diferencia entre quienes ganan un salario mínimo mensual y la pensión expresidencial es la más alta del mundo”.

En lo que atañe a la seguridad de quienes han ocupado la titularidad del Ejecutivo Federal, arguyen Villanueva y Nucci, “en los acuerdos y disposiciones que se han expedido tampoco se observa la lógica que explique el número de elementos que debe tener un pensionado de esta naturaleza”.

La conclusión de los autores es inequívoca, con base en sus estudios comparativos: “En efecto, no existe en el mundo ningún país que otorgue una escolta para seguridad tan amplia como la que se le brinda a un expresidente mexicano”.