8 feb 2016

Infamia del cardenal Rivera

Columna Alhajero/Martha Anaya
24 Horas…8 de febrero de 2016..
Infamia del cardenal Rivera
El pasaje es doloroso. Éste –más allá de las ambiciones y los juegos de poder de los involucrados, narrados en el reportaje realizado por Proceso y Aristegui Noticias– es el que más tristeza nos dio.
Refiere la historia: El sacerdote José Luis Salinas Aranda se encontraba hospitalizado. Padecía cáncer. Llevaba 25 días en estado de coma. Los médicos no le daban mayores esperanzas.
El Tribunal Eclesiástico de la Ciudad de México –bajo control del cardenal y arzobispo primado de México, Norberto Rivera– enjuiciaba entre tanto al religioso (mayo-junio de 2009):
–Acusaba al padre Salinas de “simular” la administración del sacramento y del matrimonio (de Angélica Rivera y José Alberto Castro en diciembre de 2004). 
–Y establecía para el sacerdote, como pena canónica, la prohibición de residir en el territorio de la Arquidiócesis de México (el señorío de Rivera) y le privaba “de cualquier posible potestad, oficio, cargo o derecho, privilegio o facultad que pudiera tener para ejercerlos en el territorio de la misma Arquidiócesis”.
 Esa sería su venganza (además, por supuesto, de congraciarse con el poder, pues Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, tenía ya proyectado casar con La Gaviota).
 Pero el cardenal Rivera aguardaba desde 2002 su venganza hacia el cura.

 El enojo provino inicialmente de cuando el obispo de Parral, Chihuahua, José Andrés Corral, le encomendó al padre Salinas se hiciera cargo de unas casas para atender a los seminaristas de su diócesis, y el cura no pidió permiso a la Arquidiócesis para ejercer su ministerio en el Distrito Federal.
 ¿Viviría el padre Salinas para que Rivera cumplimentara su venganza?
 Sí. En cuanto el sacerdote originario de Camargo, Chihuahua, salió del coma, se apersonaron hasta el cuarto del hospital capitalino los enviados del Tribunal Eclesiástico para notificarle el infame castigo.
 Castigo infame, sin duda, no sólo por el momento elegido para notificarle, sino –y sobre todo– porque como la Sagrada Rota romana (máximo tribunal de la Iglesia católica) sentenciaría años después (noviembre de 2012), las acusaciones contra el padre Salinas fueron falsas y declaró nula la sentencia del tribunal de la Arquidiócesis de México.
 Aun así, la Arquidiócesis de México nunca le devolvió sus derechos (el sacerdote Salinas Aranda murió en octubre del año pasado).
La impunidad en México.- Del impresionante Índice Global de Impunidad (IGI) 2016 capítulo México –investigación auspiciada por la Universidad de las Américas de Puebla, bajo la rectoría de Luis Ernesto Derbez–, subrayamos algunos resultados. Son impresionantes:
–Los delitos sin castigo en nuestro país están en los márgenes del 99%. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados.
–El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, por cada 100 mil habitantes es de apenas 3.5. La media nacional entre los países estudiados por el IGI es de 16. El rezago de impartidores de justicia es enorme en nuestro caso y es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales.
–El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los Ceresos estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos. El promedio de los países del IGI es de 47 por cada 100.
–En México la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es del 30% con respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de un 17%. México duplica la sobrepoblación penitenciaria promedio global.
–El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7%.
–La delincuencia organizada y la impunidad tienen relación. En seis estados en los que pidieron apoyo a la federación para combatir a la delincuencia organizada y en los que desde 2007 se establecieron operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales, encontramos impunidad muy alta (Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango). Los otros dos estados (Sinaloa y Chihuahua) presentan estadística de impunidad alta y media respectivamente.
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