Milenio, 30 de marzo de 2016.
Los
caminos del poder —como los de Dios— parecen inescrutables. Y el mejor ejemplo
es que, para no pocos políticos, el camino a Los Pinos es una carrera de
obstáculos, fieras y enemigos.
Más
aún, en México, uno de los pecados capitales de todo aspirante presidencial es
la popularidad y la aceptación en las encuestas. Y ay de aquel que asomare la
cabeza, porque, de inmediato, las fieras la cortan.
Así,
por ejemplo, un puntero como Miguel Osorio decidió bajo perfil mediático. Con
ello, elude los obuses en su contra, sin demérito del activismo que reclama su
responsabilidad en la gobernación interna del país.
También
por eso, otro adelantado —que preocupa a no pocos presidenciables de todos los
partidos— fue víctima de un feroz ataque mediático montado para el
desprestigio. Nos referimos al gobernador Eruviel Ávila.
Y es que el 15
de enero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mexiquense —”Órgano
autónomo e independiente de cualquier autoridad”, según el artículo 209 del
Código Administrativo— acordó entregar al gobernador la Medalla al Mérito
Administrativo y Fiscal 2015.
Curiosamente,
dos meses después del reconocimiento —que nunca fue recibido por Eruviel
Ávila—, el portal Animal Político criticó —con argumentos poco serios— el
supuesto exceso de que el gobierno de Eruviel Ávila le haya hecho un
reconocimiento al gobernador Eruviel Ávila. La versión es falsa.
Lo
cierto, sin embargo, es que no se trató de un resbalón periodístico y menos de
una omisión reporteril. No, en realidad se trató de “fuego amigo” contra
Eruviel Ávila. ¿Por qué? Porque, junto con Miguel Osorio, el mandatario crece
en todas las encuestas presidenciales.
Pero
no es el único caso. Si dudan de que entre los presidenciables el blanco a
derribar se llama Eruviel Ávila, vale recordar que otra “mano negra” mueve otra
campaña contra el mexiquense a través de la llamada “ley Atenco”. ¿Y qué es
eso?
Que
recientemente el Congreso mexiquense aprobó la Ley que Regula la Fuerza Pública
—enviada por el gobernador—, la cual admite el uso de la fuerza pública en las
protestas sociales.
La
legislación recuerda que el Estado es garante de la seguridad pública y máximo
responsable para evitar alteraciones a la paz pública. Así, cuando se rompe la
paz pública mediante la violencia, los cuerpos de seguridad podrán utilizar
armas para dispersar las manifestaciones violentas, “cuando sea estrictamente
inevitable, para proteger la vida de las personas”.
Curiosamente,
quienes impugnan esa ley son los mismos que aplaudieron que el gobierno de
López Obrador en el DF aprobara el artículo 362 del Código Penal, que prohibía
las manifestaciones violentas y castigaba la alteración del orden público con
30 años de cárcel. Pero también son los mismos que tiraron la llamada “ley
Bala” del gobierno de Moreno Valle, que proponía lo mismo que el 362 del Código
Penal.
Es
decir, con el cuento de la supuesta “represión” —actitud represiva que
aplaudieron cuando el represor era AMLO— hoy tratan de derribar en las
encuestas al mexiquense.
Pero
más ridículo es que los golpeadores del Eruviel Ávila —el Frente por la
Libertad de Expresión y la Protesta Social— dicen que la “ley Atenco” atenta
contra libertades como las de expresión, reunión, asociación y contra la
integridad de las personas.
Pero
son los mismos que se indignan por la libre expresión de “puto” en el futbol,
que exigen la desaparición del Partido Verde y que piden callar a los críticos
de AMLO y de Morena.
Los
inescrutables caminos del poder.
¿Quién
le teme a Eruviel Ávila?
Al
tiempo.
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