Reforman a la Ley General de Víctimas…

 Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor, Presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 74 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.

En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 6, 7, 8, 39 Bis, 67, 68 y 166 del proyecto de decreto, en los términos que se presentó el dictamen.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas..
En unos días más habrá sólo "un Comisionado Ejecutivo, sustituyendo así el actual funcionamiento de la CEAV auxiliado por las áreas administrativas correspondientes.
 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-1/assets/documentos/Dict_Gober_Ley_Victimas.pdf

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SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,

CELEBRADA EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2016.

PRESIDENCIA DEL SENADOR  PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (10:57 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Con gusto, señor Presidente.

Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se tiene acreditados 77 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del viernes 4 de noviembre, correspondiente al Primero Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

(…)

Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se autoriza su omisión de la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto del artículo 196 del Reglamento.

Permítanme informarle a la Asamblea, por favor, que van a presentar el dictamen la Senadora Cristina Díaz, la Senadora Angélica de la Peña, el Senador Fernando Yunes y la Senadora Graciela Ortiz, inmediatamente entraremos ya a la discusión en lo general para hablar a favor y en contra, para que se vayan registrando.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su anuencia, señor Presidente.

Honorable Asamblea:

Es de reconocer que la Ley General de Víctimas significó un avance en nuestra legislación de la mayor importancia, ya que tiene un perfil humanista y progresista. Se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual complementó todo el andamiaje jurídico estableciendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como la institución encargada de operar la política de Estado en materia de atención a víctimas y el de establecer un derecho victimal eficaz.

No obstante, las necesidades para la debida atención a las víctimas demandan una ley actualizada que atienda efectivamente la problemática de las víctimas y dote de herramientas claras a las instituciones encargadas de atenderlas, a fin de garantizar que las víctimas recuperen su proyecto de vida.

Es importante mencionar que estas reformas se han construido con la cercanía y participación de los colectivos de víctimas y las ONGs, por tanto tenemos la convicción de que las reformas planteadas serán un cambio en beneficio de ellas.

Y es importante también señalar el trabajo realizado por mis compañeros Senadores. Mi más amplio reconocimiento a los compañeros que integramos las comisiones que hemos dictaminado y que nos llevó meses el trabajo, el trabajo en comisiones, el encuentro, el escuchar, el atender las diversas y plurales opiniones de todas estas organizaciones y de las víctimas.

Mi profundo reconocimiento a la Senadora Angélica de la Peña, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; a mi compañero y amigo también Fernando Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia; a mi estimada compañera y amiga Graciela Ortiz, Presidenta de Estudios Legislativos; y sin duda nuestro reconocimiento a nuestros secretarios técnicos, su trabajo tiene un alto valor para todos nosotros.

Esencialmente los cambios que se proponen son, y debo aclarar que en esta mesa plural de trabajo, en donde están los Senadores y, sin duda, la presencia de todas estas organizaciones, también debo de reconocer la intención siempre del gobierno, de atender a las víctimas.

Nuestro reconocimiento también al gobierno, al Presidente Enrique Peña Nieto, sin duda estos cambios que hoy se proponen es la participación de todos.

Primero, reglas para la debida coordinación institucional entre la Comisión Ejecutiva y las entidades federativas a efecto de que las víctimas puedan acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral.

La facultad, segundo, para que la Comisión Ejecutiva otorgue subsidiariamente ayudas con cargo al fondo a través de los convenios que celebre con las entidades federativas.

En ese sentido, tercero, las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa en el hecho victimizante, con el fin de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades, como son: alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Cuarto, se crea una nueva estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con lo cual desaparece los comités con excepción del interdisciplinario evaluador, cuya función principal consiste en elaborar los proyectos de reparación.

Esto contribuirá a eficientar la investigación y la generación de política pública al concentrarse en una sola área.

Quinto, se determina la conformación del patrimonio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva que servirá como un órgano de opinión y asesoría de las acciones políticas públicas, programas y proyectos que desarrolla la Comisión Ejecutiva.

Sexto, la comisión estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, sustituyendo así el actual funcionamiento de la CEAV auxiliado por las áreas administrativas correspondientes.

Séptimo, se fijan como atribuciones de la Comisión Ejecutiva dictaminar la procedencia sobre casos de atención a víctimas, cuya competencia originaria corresponde al fuero local para asistir y, en su caso, reparar las víctimas  del fuero local a través de la facultad de atracción.

Ello va a contribuir a agilizar el trato a las víctimas  mediante un procedimiento claro y específico.

Esta facultad de atracción es un tema muy importante para las víctimas y fuimos sensibles ante la necesidad, ante la exigencia, ante el sentido de justicia y dolor de las víctimas.

Octavo, la CEAV, deja de ser un órgano colegiado y la responsabilidad estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos.

Noveno, será electo por las dos terceras partes del Senado de la República de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Décimo, contará con facultades para designar a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Décimo primero, se establece la obligación de las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas.

Décimo segundo, la Comisión Ejecutiva podrá proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas  del fuero común, cuando la entidad federativa lo solicite por no contar en el momento de la disponibilidad presupuestaria para su otorgamiento.

Décimo tercero, se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctima a promover los convenios de coordinación entre la CEAV y las comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la CEAV y dichos convenios garantizaran criterios de transparencia y oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Décimo cuarto, se incluye el interés Superior de la Niñez como principio rector en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En armonía con el nuevo Sistema de Justicia Penal, se reforma la ley para fortalecer la actuación del asesor jurídico y otorgar a las víctimas,  el rol que le corresponde en la Procuración e Impartición de Justicia, garantizando en todo momento el debido proceso en igualdad de condiciones y hacer valer los derechos de las víctimas.

Décimo quinto, se establece que para procurar y hacer efectivos cada uno de estos derechos y garantías de las víctimas, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral, podrá contar de manera inmediata y prioritaria con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que consideren necesarias.

Décimo sexto, se ampliará también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no sólo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante.

Y es importante mencionar que para la primera integración del Comisionado Ejecutivo y de la Asamblea Consultiva, se establecen de manera única y excepcional los transitorios siguientes:

Transitorio quinto. Dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el titular del Poder Ejecutivo Federal previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo quien durará en el cargo tres años.

Transitorio Décimo Quinto. Por única ocasión, para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva a que se refiere el artículo 84 Octies, el comisionado ejecutivo enviará propuestas de integrantes al Senado de la República el cual los elegirá por las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria.

Debemos ser claro, los Senadores con esta ley se está garantizando la obligación de las entidades federativas de crear fondos de ayuda específicos, se blinda el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en el ámbito de las entidades federativas, por si fuera el caso de que sean omisos en la creación de las comisiones ejecutivas, asunto que ha sido denunciado por las víctimas que en  muchos estados no tienen esta comisión.

Estarán sujetos a las sanciones de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos, así  como de que en ese espacio las secretarías generales de gobierno sean las que asuman la responsabilidad de atención a víctimas.

Lo tenemos muy claro, estamos comprometidos en garantizar la debida atención a las víctimas en todos  los ámbitos y para el acceso a las medidas de ayuda y de reparación, podrá en caso de incumplimiento o por carencia de recursos de sus entidades federativas, la comisión ejecutiva en manera subsidiaria atender dichas demandas.

En  conclusión, Senadores, en términos generales se está generando un nuevo instrumento jurídico que permita a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral de manera  inmediata, como la exigencia y como la demanda más importante de todas ellas, así como de establecer una estructura orgánica funcional para ello.

Es cuanto Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias Senadora Cristina Díaz Salazar, ha presentado el dictamen por parte de la Comisión de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra para los mismos efectos, para presentar por la Comisión de Derechos Humanos, su Presidenta la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra, Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia señor Presidente.

Señoras Senadoras, señores Senadores:

El dictamen que hoy ponemos a su consideración contiene diversas reformas a una de las piezas legislativas trascendentales en el marco  jurídico de nuestro país, fruto de una demanda colectiva y de la lucha de miles de víctimas y familiares de personas que sufrieron en carne propia la realidad del país en materia de delitos y violaciones a los derechos humanos.

Esta ley es la Ley General de Víctimas, todos recordamos la historia del recorrido en el país, a lo  largo y ancho, y también de la presencia de estos colectivos en Estados Unidos, justamente con este propósito: visibilizar las violaciones de las que son víctimas quienes clamaban justicia, y por supuesto el Estado mexicano al clamor de esta sociedad garantizó resolver todos impedimentos para que esta ley fuera desjudicializada, a final del sexenio pasado, entrara en vigor y luego también se hicieran reformas pertinentes.

Sin embargo, a poco más de tres años de distancia las propias víctimas han estado prácticamente en la oficina de todas y de todos ustedes precisamente pidiéndonos la revisión de la ley, denunciando fracasos en el diseño legal e institucional que hoy hace necesario que reformemos de manera integral el modelo de atención a víctimas que se encuentra vigente en el país y, por supuesto, este perfeccionamiento a partir de la implementación de una ley totalmente novedosa para nuestro país.

Un poquito de historia quizá.

En 2013 muchos colectivos de víctimas, sus familiares y muchas organizaciones de la sociedad civil, exigieron aprobar una ley construida desde la sociedad, y así lo hicimos.

Pocos meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación nos exigieron aprobar reformas propuestas por ellos para atender observaciones de tipo jurídico, y así lo hicimos.

Hoy nuevamente se nos plantean un conjunto de exigencias que hemos intentado reflejar hasta dónde ha sido posible, siempre pensando, intentando reflejar, insisto, con la voluntad política de todas las partes y lograr la construcción de estas reformas en este dictamen que hoy ponemos a su consideración, y yo sí creo que es importante destacar, teniendo siempre enfrente resolver el problema que se nos estaba exigencia resolver, es decir, lograr que las víctimas de delitos o las víctimas de violaciones a los derechos humanos fuesen atendidas de manera debida, también de manera respetuosa desde la Comisión de Atención a Víctimas.

Es importante señalar que hay tres cuestiones importantes que están contenidas en el dictamen.

Una de ellas tiene que ver con que las víctimas que vienen de las entidades federativas reciban la ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva, pero también planteamos esa responsabilidad de las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar las necesidades de alimentación, de traslado, de aseo personal, del pago de su hotel, la atención psicológica, el transporte de emergencia o cualquier alojamiento que fuese transitorio, pero siempre que este pueda ser en condiciones de dignidad y seguras.

Ese era uno de los clamores que las víctimas nos han estado planteando, no ser maltratadas, no ser revictimizadas, aduciendo porque no se presenta una factura inscrita en el marco de lo que establece el SAT, estos recursos que devengan las víctimas no son reintegrados.

Eso me parece que es uno de los elementos importantes que establecemos en estas reformas, las medidas de ayuda provisional siempre con un enfoque, y lo destacamos, transversal de la perspectiva de género y diferencial durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima o las víctimas puedan emprender el siguiente paso en condiciones de atención inmediata a su necesidad.

La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de los estados, de las 32 entidades federativas, podrán otorgar a cargo de sus recursos de ayuda que corresponda medidas de ayuda provisional, en casos urgentes de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere la Comisión Ejecutiva o las comisiones estatales podrán autorizar que la víctima o víctimas que acudan a una institución de carácter privado, con cargo al fondo o también con cargo al fondo estatal, según corresponda.

En este sentido, es importante destacar que las reformas inscriben de manera puntual, de manera enfática esta atención.

También establecemos que la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales, según corresponda, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos, con cargo al fondo, el que está a  nivel federal, o en cargo al fondo a nivel estatal, según corresponda.

Pero también atendemos que México está en un proceso de formación, desde las universidades, de especialistas en estas materias y por lo tanto, establecemos que estos pagos a estos expertos, a estos peritos, podrán ser excepcionalmente también extranjeros, en el caso de que no haya mexicanos especialistas en estas necesidades, es importante esa reforma.

No menos importante es agregar que los servicios a que se refiere la presente ley, tomen en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a mayor riesgo, como es el caso de niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y también personas en situación de desplazamiento interno.

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo, donde establecemos estas características, a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes.  Especificamos que las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda, cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas.

Primero. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal.

Segundo. Desahogar diligencias o comparecer ante el ministerio público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes.

Tercero. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional.

Cuarto. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública o privada, cuando así sea autorizado en términos de lo que referencia la propia ley.

En caso de que las víctimas, las comisiones de víctimas no hayan cubierto los gastos, las víctimas en los ámbitos locales, la Comisión Ejecutiva, de conformidad con los lineamientos que estamos planteando en estas reformas, podrá brindar la ayuda a que se refieren estos preceptos que yo acabo de mencionar, con cargo al fondo.

Es importante subrayar que lo anterior no exime de su responsabilidad a las Comisiones Estatales de Víctimas de las entidades federativas, pues éstas deberán reintegrar los gastos, en términos de lo que también previsoriamente establecemos en el artículo 81 de estas reformas.

En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate, y la  Comisión Ejecutiva dará aviso a la Auditoría Superior de la Federación, y en caso de incumplimiento de la entidad federativa. Ésta es una reforma trascendental, impedimos que las víctimas de las entidades federativas que hoy llegan a esta Comisión Ejecutiva, y que no se les puede atender por el fondo federal, hoy deben ser, y así lo decimos en el addéndum que estamos presentando, no es “podrán”, “deberán”, atender a las víctimas de las entidades federativas.

¿Qué pasa con los recursos que deberían estar saliendo de las arcas de los fondos creados por cada una de las 32 entidades?  Eso no debe ser preocupación de las víctimas de las entidades federativas, tanto víctimas de delitos, como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ya basta que revictimicemos, y entonces, Hacienda debe hacer lo suyo.

El sentido, el objeto sustantivo de esta ley es que se atienda a todas las víctimas de las entidades federativas.

Estas reformas por supuesto facilitan a las víctimas la atención que el Estado debiera obligarles, pero al no estar concretándose esta petición, pues son hoy atendidas y deben ser atendidas por el fondo federal.

Volvemos, volvemos, volvemos, señoras y señores, a los términos del artículo 1º constitucional, cuando se orienta desde su transitorio en la reforma del 11 de junio de 2011 la gran reforma en materia de derechos humanos, volvemos a reivindicar ese artículo, y atendemos a todas las víctimas del país, eso es muy importante refrendar.

Ahora bien, puedo seguir hablando de todas las bondades que tienen esta reforma. Hemos enfrentado muchas dificultades, muchas, sin embargo, nos parece importante que hoy logramos pasos trascendentales.

No logramos todo, ya lo dije, puedo señalar uno: desplazamiento interno.

Nosotros presentamos iniciativas, el Senador Yunes y yo, enfatizando en el desplazamiento forzoso interno.

En la negociación no quedó forzoso, pero queda el desplazamiento interno donde no se demerita cada una de las características establecidas en el estándar…

Ya voy a terminar, Presidente.

Desde el estándar internacional de lo que es el desplazamiento forzoso interno.

No hay absolutamente ninguna persona que sea víctima de un desplazamiento interno, ya sea por desastre natural, ya sea por violencia, ya sea por conflicto, armado, inclusive, o por la instalación de los megaproyectos que no sea atendida ahora por estas reformas, que por cierto, establecemos en la exposición de motivos las recomendaciones en esta materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Si a mí me pregunta. Estas reformas, Senadora de la Peña ¿vale la pena refrendarlas, aun cuando haya pendientes?

Yo les digo: ¡Sí! Porque tengo enfrente, como todas y todos, quienes trabajamos en ellas, a las víctimas, particularmente a aquellas que hasta ahora no habían sido atendidas.

Hay otras reformas importantes, no me voy a detener en ellas. Simplemente quiero terminar invocando la sensibilidad de cada uno y cada una de ustedes, sobre todo en mi grupo parlamentario, en mi grupo parlamentario para que tomen consideración del avance de las reformas.

Hoy vamos a tener una Comisión de Atención a Víctimas unipersonal. Integramos una Asamblea Consultiva con nueve personalidades de las organizaciones no gubernamentales.

Es verdad, la CEAV es una entidad paraestatal. La ley obliga que debió haber tenido una Junta de Gobierno, se creó todo un movimiento alrededor de impedir que hubiera, de que rechazáramos la propuesta de que se integrara una Junta de Gobierno, sin embargo, esta Junta de Gobierno que está constituida por cuatro representantes de las organizaciones no gubernamentales, cuatro funcionarios públicos, y quien está al frente de la Comisión de Atención a Víctimas, está acotada. No podrá intervenir en las decisiones de la Comisión de Atención a Víctimas.

De tal manera, que es importante señalar, que aun cuando haya resistencias a la integración de esta figura, pues también, tengo que decirlo de manera clara y precisa, que no podrá intervenir en las decisiones que tienen que ver con la reparación integral del daño al que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos y las víctimas de delitos, que para el caso de la ley, son exactamente igual. No es una, más o menos importante respecto de la otra.

Muchas gracias, y perdonen que me haya llevado tanto tiempo, pero era necesario enfatizar las características de las principales reformas que hoy presentamos a su consideración.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Angélica de la Peña, que ha presentado el dictamen por parte de la Comisión de Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra para los mismos efectos, como Presidente de la Comisión de Justicia,  el Senador Fernando Yunes Márquez.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros:

Quiero, en primer lugar, agradecer a mis compañeras las Senadoras Cristina Díaz, Angélica de la Peña, por todo este trabajo conjunto durante muchos meses, que se ha dado en diversas reuniones de trabajo debates internos con organizaciones de la sociedad civil, y que hoy estoy convenido que nos traen a un buen dictamen, un dictamen que ayudará a las víctimas.

Es importante recordar como contexto, que la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad del año 2008, se estableció como un principio constitucional la reparación del daño a las víctimas y por tal nació, en su momento, en 2013,  la Ley General de Víctimas.

Hoy este dictamen, lo que busca es precisamente, aprovechar la referida reforma constitucional para corregir los errores de la ley vigente, que si bien, constituyeron en su momento un gran avance en el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas, así como un avance también importante en la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y, por ende, la Comisión Ejecutiva, tenemos la obligación, yo diría que no solamente legal, sino moral también, de mejorar el marco jurídico actual, particularmente la obligación de atender sus extractos, que de acuerdo a las demandas de las víctimas y sus familiares son actualmente inoperantes.

Desde hace muchos meses estas comisiones unidas hemos analizado el tema, iniciamos con la reforma en materia de desaparición forzada, que sigue siendo uno de los grandes pendientes que tenemos en el Senado.

Una de las quejas constantes de las víctimas, son la falta de apoyo económico y la imposibilidad de acceso a los fondos de ayuda en los procesos de búsqueda de sus seres queridos, la mayoría de ellos, ante estas situaciones, tienen que vender incluso sus viviendas para poder hacer frente a todos los gastos que implica realizar una búsqueda seria y efectiva.

Todos ellos han sido defraudados por el Estado mexicano y por las entidades federativas.

Otro de los principales problemas que enfrenta esta ley, es el inadecuado diseño institucional de los órganos operativos de atención a las víctimas, que necesariamente tiene que ser modificada.

Hoy en día, esta estructura no permite un adecuado funcionamiento de todas las instancias involucrada en la materia.

Por todo lo anterior, se propone en primer lugar, flexibilizar los mecanismos de acceso a los fondos, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia,  atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes  para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos por demás burocráticos.

Con esta reforma, incluimos en la reforma de los recursos de  ayuda, diversos  gastos como alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que le permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

Además, se establece la obligación de los estados para que cuenten con un fondo  de apoyo eficaz y asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, y con ello, la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales de todas las entidades, podrán otorgar recursos de ayuda.

Para garantizar el funcionamiento de este esquema, se determina una compensación subsidiaria a víctimas, cuando la entidad federativa que corresponda, no cuenta en ese momento con los recursos para su otorgamiento.

Lo anterior, será factible jurídicamente mediante convenios de coordinación entre la CEAV y las comisiones de víctimas, de las entidades federativas.

Por otra parte, la ley vigente establece que la CEAV, únicamente puede intervenir tratándose de delitos federales. Esto resulta totalmente inadecuado, pues existen un sinnúmero de víctimas de delitos del fuero común, que se encuentran impedidas para obtener los apoyos contenidos en la ley.

Conforme a lo anterior, se propone establecer la figura de la facultad de atracción, a fin de determinar de manera clara los supuestos en los que la CEAV puede intervenir en la reparación de las víctimas de delitos del fuero común.

De igual forma, se pretende incluir el interés superior de la niñez como principio rector de este ordenamiento  en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ahora bien.

Por lo que respecta al diseño institucional de la CEAV, ésta se integra actualmente por siete comisionados, aunque en realidad hoy funciona solamente con tres de ellos.

Es evidente que esta estructura es muy costosa y no contribuye a la agilidad, eficiencia, ni operatividad de la comisión.

Por lo anterior, se propone que la misma deje de ser un órgano colegiado y se convierta en un órgano unipersonal, con un comisionado ejecutivo, con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del fondo, la asesoría jurídica y el Registro Nacional de Víctimas y será propuesto por el Presidente de la República en terna y ratificado por el Senado, por las dos terceras partes de los presentes.

Aprovecho el momento para hacer un llamado al Presidente de la República y al gobierno federal,  y a que tengan sensibilidad y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, para que las propuestas enviadas al Senado, tengan un alto nivel de consenso.

En otro orden de ideas, y derivado de la reforma constitucional de 2008, el papel de la víctima en la administración, procuración e impartición de justicia, se volvió imprescindible, por lo que se proponen diversas disposiciones, a fin de cumplir con este objetivo, entre las que se encuentran, fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser uno de los principales mecanismos con los que se cuenten la Ley General de Víctimas para hacer valer sus derechos a través de un efectivo servicio civil de carrera.

Se establecen mecanismos para que las víctimas puedan contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que consideren necesarias para cumplir con este objetivo.

Aseguramiento del acceso de las víctimas en la educación y asegurar su permanencia en el Sistema Educativo, entre ellas incluye a las víctimas de desplazamiento interno.

Asimismo, se amplían los criterios de representación del asesor jurídico, para que cubran no solamente  el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante.

Compañeras y compañeros:

Este dictamen se ha trabajado con gran amplitud desde hace mucho tiempo, es un tema que hemos analizado y estudiado junto con las organizaciones de la sociedad civil. El tema de atención a víctimas no es un tema político, ni de partidos o ideologías, es un tema de alto interés social y de interés nacional que debemos atender y solucionar, la realidad actual es que miles de personas buscan apoyo y no lo reciben.

Queremos decirles a las víctimas de delito que el Senado de la República ha puesto en marcha las acciones necesarias para que puedan obtener la ayuda que se merecen, la ayuda que requieren de una verdadera democracia.

Seamos muy claros, el fondo real de lo que se propone el día de hoy no es la nueva junta de gobierno que tendrá la comisión, ni la totalidad de su estructura, la finalidad real es que las víctimas y sus familiares puedan tener un verdadero y eficaz acceso a los apoyos económicos, becas, oportunidades laborales, o la atención médica y un correcto asesoramiento jurídico, y con ello tener un verdadero respaldo por parte de la autoridad.

Son miles los familiares y personas desaparecidas que esperan que la Comisión Ejecutiva actúe y funcione, les garantizamos que así será.

Los invito, compañeras y compañeros, en votar a favor del presente dictamen, no nos neguemos la oportunidad que ahora tenemos de apoyar a las víctimas a acceder a un verdadero y eficiente apoyo, seamos partícipes de este progreso normativo y dejemos como legado una digna atención a las víctimas de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Fernando Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia, que ha presentado el dictamen.

Para los mismos efectos, tenemos a la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, para presentar el dictamen.

Tiene el uso de la palabra.

La Senadora Graciela Ortiz González: Compañeras y compañeros Senadores:

Tal vez uno de los avances más relevantes en materia de derechos humanos es no solamente la persecución eficiente del delito, la configuración de los tipos para que respondan a la realidad que en este sentido vive hoy el país, sino fundamentalmente reconocer lo que sucede, no solamente con quien comete el delito que debe de ser sancionado con todo rigor, sino desde luego con aquellos que son víctimas de ese delito.

En los últimos años, México ha tenido problemas por una serie de delitos que se han venido cometiendo y que han ido dejando víctimas a lo largo y ancho del país, cuyos derechos no eran reconocidos por la ley, y tal vez esa sea la parte más importante, el elemento toral de esta Ley de Víctimas que hoy venimos a presentar ante ustedes los presidentes de cuatro comisiones, la Comisión de Justicia que preside el Senador Fernando Yunes; la Comisión de Derechos Humanos que preside la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, Angélica de la Peña; la Comisión de Gobernación como comisión, el líder en esta materia, que preside la Senadora Cristina Díaz; y la Comisión que preside su servidora, de Estudios Legislativos.

Por ello, y convencidos de que el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas del delito constituye un elemento esencial, primordial para consolidar el sistema de libertades, para garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos, es condición indispensable que las bases legales sean funcionales, que sean aplicables en la realidad y que tengan un adecuado desarrollo normativo para el ejercicio de esos derechos.

Es a partir, ustedes lo saben, de la reforma constitucional en materia de Justicia Penal cuando reformamos el artículo 20 en su apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reconoció como uno de los principios generales el de reparación del daño a la víctima.

En esta disposición, en su origen, se sostuvo la finalidad de sentar la base constitucional para que se permita a las personas invocar la protección del orden jurídico y acudir ante las instituciones facultadas para garantizar sus derechos, y específicamente para garantizar de manera integral la asistencia y protección a las víctimas del delito.

Sin duda, como ya lo mencioné, los hechos delictivos ocasionan una lesión a la sociedad y tienen un efecto concreto en las personas y en las familias, y en esta parte es donde estriba la importancia de la reforma que venimos a plantear ante ustedes, de la Ley General de Víctimas, reconocer, a través de esta ley, tal situación de víctimas, identificar y darle respuesta a sus necesidades, me parece que es un tema vinculado a los derechos fundamentales y forma parte de lo que todos anhelamos: la construcción de una sociedad más justa, más equilibrada que le dé respuesta al sentir de los ciudadanos.

En los distintos países, en el mundo, tradicionalmente se ha considerado, se contempla al delincuente ignorando a la víctima, sin tomar en cuenta que la victimización puede provocar daños severos que en muchas ocasiones son de difícil o de imposible reparación que, ciertamente lesionan al individuo, a la mujer, al niño, al joven, al hombre, que son víctimas de ese delito, pero que, en conjunto, también van lesionando y dañando el tejido social.

Porque penetran en el nivel más profundo de la integridad de una persona, no solamente en su estado físico, sino en su estado emocional; y alcanzan sus relaciones sociales y familiares, su situación económica y su situación jurídica en la mayoría de los casos.

Es por lo anterior, que en el dictamen que presentamos a la consideración de este Pleno, se resalta la necesidad de reformar de manera integral la actual Ley General de Víctimas y, en efecto, la legislación sobre protección y atención a las víctimas que es una herramienta fundamental en nuestro país, después de tres años de su publicación, necesita ser reformada, necesita ser mejorada y necesita buscar que su aplicación sea verdaderamente funcional y real para quienes hacen uso o quienes requieren del amparo y  la protección de esta ley.

Por ello, el análisis y la revisión de su efectividad en la práctica, dio lugar a que se observaran algunas disposiciones que son ineficientes, que retrasan la operación de los órganos ejecutivos que atienden directamente a las víctimas y que hicieron nugatorio el espíritu esencial de la Ley General de Víctimas redactada en su momento.

Yo quiero reconocer aquí que la Ley General de Víctimas, sin duda alguna, significa un adelanto en nuestra legislación de la mayor importancia, porque cuenta con un perfil humanista y progresista.

Se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual contempló todo el andamiaje jurídico y estableció a la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas, lo que conocemos como CEAV, para ser la institución encargada de operar la política de estado en materia de atención a víctimas y de establecer un derecho victimal eficaz.

Ya mis compañeras y compañeros, presidentes de comisiones, han referido la importancia de las modificaciones legales que se proponen en esta pieza legislativa, sólo quiero mencionar algunas que me parece que son las más relevantes.

Por ejemplo: el flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda a las Víctimas, la ayuda inmediata a la asistencia, la atención y la rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos burocráticos, me parece de la mayor importancia.

La justicia, ese es un principio de derecho que todos conocemos, la justicia que no es oportuna y atingente, deja de ser justicia y esa es parte esencial, tal vez, de la importancia que tiene está reforma a la Ley General de Víctimas que ha sido presentada por los presidentes de las comisiones.

El establecer la obligación de que las entidades federativas cuenten con este mismo fondo de ayuda, de asistencia y reparación integral, que den asesoría jurídica y que tienen un registro puntual de las víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Ejecutivas de los estados podrán entonces, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales, proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas  del fuero común para garantizar sus derechos, me parece que es de la mayor importancia.

El que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno actúen conforme a los principios y criterios establecidos en la ley, y si no los atienden, queden sujetos a las responsabilidades administrativas civiles o penales, a que haya lugar, da la importancia de que México, en su conjunto, a través de todos sus órdenes de gobierno, vaya caminando en la consecución de esta búsqueda de respeto a los derechos humanos de quienes son víctimas de algún delito en el país, y creo que es lo que más podríamos resaltar como un gran avance de lo que se está presentando el día de hoy.

Yo no quisiera extenderme más, porque fue verdaderamente prolija la forma en que fue expresada y explicada por Angélica de la Peña, por mi compañera Cristina Díaz, por el Senador Fernando Yunes, el contenido de las reformas que estamos hoy presentando.

Solamente concluiría que, en términos generales, se está generando un nuevo instrumento jurídico que va a permitir a las víctimas a acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral de manera inmediata, y eso, compañeras y compañeros Senadores, eso es buscar que la justicia en México cumpla con un principio esencial del derecho, que la justicia sea oportuna y que la justicia sea expedita de manera fundamental para aquellos que han sido víctimas de un delito y que han perdido en ocasiones a veces hasta sus seres queridos y que son por las omisiones o las ausencias en la ley, a veces son doblemente victimizados.

Yo quisiera felicitar de corazón, viniendo de un estado como el mío, que ha sufrido etapas negras en materia de seguridad, felicitar el compromiso de Cristina Díaz, el compromiso de Angélica de la Peña, el compromiso de Fernando Yunes, y el compromiso de todas y todos ustedes si es así su deseo al apoyar esta ley que les estamos presentando.

Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos que ha presentado el dictamen.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación a diversos artículos del proyecto de decreto, las someteremos a su consideración, el texto correspondiente está publicado en la Gaceta, si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al texto del dictamen las propuestas contenidas en este documento.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Aprobadas las propuestas de las comisiones. La discusión se dará sobre estas mismas que ya han sido integradas al dictamen.

También quisiera informarles que recibimos dos votos particulares del Senador Armando Ríos Piter y de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

El voto particular del Senador Armando Ríos Piter se integrará al Diario de los Debates de  manera completa.

Y tiene el uso de la palabra para presentar su voto particular la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

Para que luego iniciemos la discusión en lo general.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias Presidente.

Buenos días a todas y a todos.

En días como hoy celebro y agradezco ser y pertenecer a un grupo parlamentario que nos permite la libertad de pensar, de actuar y de votar en cada uno de los temas como así lo consideremos.

Agradezco pertenecer al partido y al grupo parlamentario de las libertades.

Y, en nombre del Senador Armando Ríos Piter, y de una servidora, presento este voto particular en un tema tan trascendental, pero que además nos ha costado años de esfuerzo, no sin antes celebrar el trabajo de las comisiones.

Posiciono con un voto particular en contra de la totalidad de este dictamen que ahora se discute en virtud de que en su momento se presentó una serie de propuestas que no fueron consideradas.

Primero, se propone la modificación a los siguientes artículos.

Cuarto. Para incorporar la definición del Derecho Internacional Humanitario sobre Víctimas que otorga una protección más amplia.

A los artículos 6, 7, 8, 9, 38, 47, 63, 79, 11, 119, 131 y 150 para incluir a las víctimas de desplazamiento interno forzado aun cuando en tres artículos se incorporan ya la frase de “desplazamiento interno”, pero no en el 6º que es fundamental por ser el artículo de las definiciones.

En los artículos 15 y 23 que incorporan el derecho de las víctimas a contar con peritaje independiente, ahora no sólo, no recuperaron lo propuesto, sino que agregando el artículo 12 dejaron peor el texto al especificar que las víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales a menos que no haya peritos nacionales capaces.

No hemos entendido nada de las recomendaciones nacionales e internacionales de que hay un déficit de capacidades institucionales en materia de peritajes forenses.

El enfrentamiento científico como, en el basurero de Cocola, fosas comunes con patrones de fotos clandestinas como en Tenancingo, se caen las consignaciones por peritajes mal hechos en el nuevo sistema de justicia acusatorio; se entregan cuerpos equivocados a los familiares como en la explosión de Pemex, y ahora les están condicionando a las víctimas que sólo si no hay peritos nacionales buenos, es que podrán contar con peritajes de calidad.

Asimismo, se presentó propuesta de modificaciones a todos los artículos referidos a la estructura orgánica, porque esta ley de las víctimas y para las víctimas, y por las víctimas, que pasó por un veto presidencial y una controversia constitucional, tiene una estructura de organismo descentralizado no sectorizado sui géneris, y ya hemos revisado la Constitución en sus artículos 1°, 17, 20, 73, 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y no encontramos por qué deba de incorporarse una junta de gobierno, ni que sea obligación la designación del Comisionado Presidente, deba ser por el Ejecutivo Federal.

De la misma manera, en nuestra propuesta, se plantearon cambios a los artículos 84 para adicionar derechos a la justicia restaurativa.

En el artículo 85 la integración del CEAV, como un consejo directivo y un comisionado presidente, así como un procedimiento para su elección, además se propuso considerar en el artículo un mecanismo revocatorio a quienes integran la CEAV y no cumplan con los derechos establecidos en la ley.

En el artículo 86 se propuso no quitar el candado de dos años para servidores público, lo cual sí se está haciendo, y en una fracción V, con un candado de perfil, de no haber sido señalado por recomendaciones nacionales o internacionales de derechos humanos.

En el 87 respecto a la duración del cargo.

En el 88 de las facultades del Consejo Directivo, consideramos que la Junta de Gobierno, que se aprobó en comisiones unidas, se está violentando el principio universal de no progresividad en materia de derechos.

Las propuestas de los artículos 84, del proyecto de dictamen del decreto, en el sentido de que se instale una Junta de Gobierno es un retroceso y significa regresar a un modelo superado ya en lo que fue Províctima, que fue tan cuestionado por las víctimas en la administración anterior, incluso, como una traición a las demandas del propio movimiento.

Presento esta intervención con mi voto particular en contra y del Senador Armando Ríos Piter, porque aunque reconozca que contiene elementos positivos y que realizaron un gran trabajo las comisiones, lo que le da sustento a un organismo que puede lograr eventualmente su plena autonomía ha sido lesionado.

Esta ley ha vencido por derecho propio todos los cuestionamientos a su estructura, a tres años de vigencia se han ganado amparos, se ha recibido reparación del daño con base en esta ley, y hasta la fecha ninguna autoridad de las competentes, constitucionalmente ha controvertido con base en las facultades.

A la Comisión Ejecutiva, como organismo descentralizado, no sectorizado sin la junta de gobierno ni designación presidencial de su presidente, por qué votar a favor si validaríamos un retroceso violentando el principio de progresividad en materia de derechos e independencia.

Podemos escuchar argumentos de nuestros colegas, legisladoras y legisladores, de que no ha funcionado la comisión, pero no reconocemos que a estos señores y señoras comisionados que tanto ahora criticamos fueron electos por nosotros, y no somos capaces ni siquiera de criticar la ligereza de haberlos electo sin que cumplieran los requisitos en cuanto a perfiles que hoy señalamos.

Como Senadoras y Senadores hemos estado incumpliendo los mandatos que la ley señala, y luego decimos que la ley no sirve.

Es el mismo caso del Ejecutivo Federal al definir ternas que violentan la ley, elaboraron un reglamento contrario a la ley y sus mecanismo, y ahora dicen que no funciona en estructura, que desde el primer día invadieron e intervinieron, con esta reforma se consolida la ocupación de la Secretaría de Gobernación en este organismo que alguna vez intentó tener independencia de quienes con su acción u omisión son responsables de la violencia criminal e institucional que viven las víctimas de este país.

Por ello, no podemos votar a favor de esta reforma regresiva en materia de derechos humanos, en particular de los derechos de las víctimas.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Iris Vianey.

Vamos a entrar a la discusión en lo general, y me permito informales que tenemos más de 22 oradores, unos para hablar a favor, y otros en contra. 

Saben que es obligación de esta Presidencia, privilegiar el debate. Por lo anterior vamos a ser, ahora sí, estrictos con el tiempo, para que pueden hablar a favor y en contra. Después de que lleven cuatro minutos, recibirán su tarjeta del tiempo y luego serán interrumpidos por el Presidente, con el objeto de privilegiar el debate, porque tenemos muchos oradores.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar en contra.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores:

Sin duda que la construcción de una ley como la de víctimas, suele ser un proceso complejo, un proceso largo, porque se tienen que ir conciliando los intereses y los diferentes puntos de vista, muchas veces contrapuestos sobre un mismo asunto.

El tema de la atención integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, que tuvo origen en el sexenio pasado, estuvo plagado de diferendos, pues el reconocimiento de la calidad de víctimas de miles de personas implicaba también un reconocimiento por parte del gobierno federal en turno, de las consecuencias de su estrategia de seguridad.

Así que su respuesta fue la creación de Províctima, un organismo descentralizado, intrascendente, desde mi punto de vista, inoperante y sometido del todo a los intereses del Ejecutivo que nada hizo en favor de las víctimas, pero que ante la movilización y activismo de personas y organizaciones, principalmente del movimiento por la paz, la justicia y dignidad, finalmente se logró la expedición de la Ley de Víctimas y la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo que a pesar de su naturaleza jurídica como paraestatal, contaría, así se decía, con una sana independencia del Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones.

Por desgracia, como todos sabemos, el diseño colegiado fracasó, y la CEAV se vio atrapada en los vergonzosos conflictos internos que sostuvieron sus propios comisionados.

Hoy, a todos nos queda clara la necesidad de rediseñar la institución para hacerle eficiente, para hacerla operante, y es así que hemos llegado hasta este punto, hasta la discusión de un dictamen que pretende, no sólo, rediseñar a la CEAV, sino también de modificar algunos otros aspectos de la ley, particularmente para lograr que por fin las entidades cuenten con sus comisiones locales de atención a víctimas, que es otro de los grandes pendientes que pretendemos subsanar.

Pero compañeras y compañeros, aunque reconozco avances muy importantes en este proyecto, no puedo dejar de señalar el desaseo que se vio, que se dio en el proceso legislativo en su discusión y aprobación en comisiones, porque no puede ser que se nos envíe el proyecto de dictamen y se nos convoque a la reunión de comisiones y con unas horas de anticipación, para que al llegar a dicha reunión se nos diga que en el transcurso de la noche se volvió a modificar y se pretenda que la aprobemos así, sin saber que se modificó y por qué, solamente pidiéndonos un acto de fe.

Por eso votamos en contra en comisiones, y es que, compañeras y compañeros, en un dictamen tan extenso como éste, no basta que durante la reunión se dé lectura a las modificaciones  y se nos muestren de manera aislada en una pantalla, para que en unos minutos analicemos su correspondencia o consonancia con el resto del proyecto.

Yo entiendo los obstáculos que ha representado la construcción de esta reforma, pero no puede ser justificación para que el resto de los integrantes de la comisión actuemos como simples levanta dedos, no es así como yo ejerzo mi labor como Senador de la  República.

Y en cuanto al fondo, me preocupa que en este proyecto se profundice la injerencia del Ejecutivo en la CEAV, que sea la Secretaría de Gobernación quien tome el control de la comisión a través de métodos de designación a modo, tanto del Comisionado, como de los miembros de la Asamblea Consultiva. Y ojalá me equivoque, porque no quisiera ver a la CEAV convertida en una nueva Províctima a modo del Ejecutivo.

Y es por estas razones, Senador Presidente, que a pesar de que reitero mi reconocimiento en los avances de este proyecto, he decidido que mi voto será en contra.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias Senador Benjamín Robles Montoya, y gracias por respetar el tiempo.

Tiene el uso de la palabra para hablar a favor.

¿Con qué objeto Senador Casillas? Denle volumen por favor.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Nada más para comunicarle, estoy anotado en la lista de oradores a favor, voy a declinar mi participación, para que me hagan favor de borrarme.

Gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Claro que sí.

Muchas gracias, Senador Casillas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum, para hablar a favor.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, Presidente.

Muy buenas tardes, a todas y a todos.

Quiero empezar por reconocer a los Presidentes de las comisiones, a Cristina, a Angélica, a Chela, a Fernando, por el esfuerzo que hicieron para que este dictamen, después de tantos debates, investigaciones, reuniones, pudiera estar aquí un dictamen tan importante a la Ley General de Víctimas.

Y quiero hablar especialmente de un tema, que por mucho tiempo nosotros hemos impulsado, que es lo que tiene que ver con desplazamiento forzado interno.

Somos 11 estados de la República, pero a nombre del estado de Sinaloa, yo quiero agradecer fuertemente que finalmente el tema del desplazamiento forzado interno se logre.

Aquí, en este dictamen, hay una decena de iniciativas de diversos grupos parlamentarios, que lo único que busca, que lo único que pretende es eficientar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional.

Encontramos que algunas entidades federativas no cumplieron con las disposiciones previstas en la ley, y tampoco se les brindaba el apoyo oportuno a víctimas, y se revisó a fondo el tema del Fondo de Atención a Víctimas, que a pesar de que tenía una cantidad muy importante para ejercer, solamente se había ejercido el 3%.

Por lo tanto, también se advirtió la necesidad de flexibilizar las reglas de acceso para apresurar los apoyos básicos.

Este dictamen habilita a la Comisión Ejecutiva para llevar a cabo convenios de coordinación con las entidades, y contar con reglas claras para la reintegración de los fondos prestados.

Me parece un avance muy importante, y el grupo parlamentario del PRI reconoce todo el esfuerzo que se ha hecho para tener a la mano un documento tan importante que refleja el compromiso del Senado de la República con uno de los apartados más demandados por esta sociedad, que es la atención a víctimas.

También este dictamen trata el caso del incumplimiento con el reintegro a la Federación compensatoria al monto respectivo, con cargo a las transferencias de los recursos federales.

Destaco también que la Comisión Ejecutiva tiene aspectos muy importantes para expedir los lineamientos para que la víctima no tenga mayores cargos de comprobación.

Es un avance importantísimo. No debemos regatear el esfuerzo que se ha hecho. Entiendo que puede ser mejorada esta ley, pero lo que tenemos a la mano refleja lo que la sociedad civil organizada, lo que la sociedad nos ha demandado.

Una vez más, muchas felicidades y nuestro reconocimiento a las cuatro comisiones que hicieron un trabajo importante, y que me siento muy contenta de formar parte de la Comisión de Derechos Humanos, y que hoy entreguemos el resultado en este dictamen.

Especialmente, subrayo el tema de desplazamiento forzado interno, porque era una de las tareas que no habíamos querido reconocer y que hay cientos de familias que viven divagando, están sin los recursos, perdieron sus patrimonios, y que hoy tenemos elementos tan importantes para poder atender a estas víctimas.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Diva Hadamira Gastélum.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para hablar en contra.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

El día de ayer supimos de la desaparición de otras cuatro personas en el municipio de Chilapa, en la zona centro del estado de Guerrero. Estas se suman a las 170 que ha habido desde el 2013 a la fecha.

El día 1º de noviembre mataron a mansalva a cuatro estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. Jóvenes que iban en su vehículo, del cual, sin ninguna explicación se bajaron para recibir la muerte.

Todos los días, familiares de personas desaparecidas en todo el país, organizan brigadas, búsquedas de sus seres queridos, en los cerros, en donde buscan fosas clandestinas, muertes dolosas, desaparecidos forzados o por particulares.

Miles de desplazados, y así podemos sumar las tragedias y atrocidades  que vivimos en este momento, y nosotros, los legisladores, y las legisladoras estamos en este momento a punto de aprobar una reforma a la ley que debe proteger a las víctimas de la violencia, sin el aval de las víctimas y en un retroceso de lo que teníamos anteriormente, retrocediendo en la mínima independencia que se había logrado obtener en la misma y en derechos que ya habían sido adquiridos por las víctimas.

Nos dice el gobierno federal y las comisiones de dictamen que la ley no funciona y que la Comisión Ejecutiva no sirve como está, pero se les olvida decirnos que las ternas para nombrar estos comisionados, las enviaron de la Secretaría de Gobernación,  y que nosotros los elegimos por lo que somos corresponsables en su funcionamiento y también se les olvida a los del gobierno que la emisión del reglamento de la Ley, es una facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación, y que hicieron un reglamento contrario a la ley, lo que precisamente suponemos es para que ésta no funcionaria, con el sólo hecho de modificar el reglamento, la ley podría funcionar.

Voy a votar en contra esta reforma, porque independientemente del retroceso y de reconocer que también hay modificaciones que podrían eliminar la burocracia que se ha creado en el organismo que atiende a las víctimas, existen elementos de un retroceso fundamental en el dictamen  que hoy se está votando, incluyendo lo que ya se agrega en la adenda.

En los argumentos que se manifestaron cuando se introdujo la designación presidencial del Comisionado Ejecutivo y la junta de gobierno, se plantó que así  lo establecían los esquemas de los organismos descentralizados en las leyes paraestatales, por lo que iba en paquete.

Ahora, saludamos que se eliminen la designación presidencial, pero nos preguntamos, ¿por qué se insiste en mantener una junta de gobierno?

Vamos a formular una interpretación a partir de los transitorios que hoy tenemos.

En el quinto transitorio, por única vez, será el Presidente de la República el que designe al comisionado presidente por tres años, designación transexenal, cosa de lo que debemos tomar, le agregan un decimoquinto transitorio para  que por única vez el Comisionado Presidente, sea designado por el Presidente de la República, designe a las personas que conformarán la Asamblea Constitutiva conformada por expertos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

Y las organizaciones de la sociedad civil, pero sigue habiendo una junta de gobierno, presidida por Segob, por la Subsecretaría de Derechos Humanos, por lo que el esquema de esa reforma quedaría de la siguiente forma:

Por los próximos dos años, el Presidente de la CEAV será el que decida el gobierno federal, la Asamblea Consultiva será la que decida el Presidente de la CEAV, designada por el gobierno federal y la junta de gobierno será presidida por el Secretario de Gobernación.

Por eso decimos,  un momento Presidente,   por eso decimos que esta es una reforma coyuntural para consolidar el control de la Secretaría de Gobernación en la estructura de atención a las víctimas.

Para concluir el motivo del tiempo, suscribo y destaco un comunicado de reforma a la Ley de Víctimas que es denominado “Acuerdo Político que Desampara a las Víctimas”. Este comunicado se emitió en la ciudad de México el 26 de octubre del 2016.

Lo suscribimos y aquí tenemos academias, expertos, activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales  y de la sociedad civil, colectivos de víctimas que no suscriben esta reforma, por lo que la votaremos en contra.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, la Senadora María del Pilar Ortega  Martínez.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Resulta clara la situación crítica que vive nuestro país, la creciente violencia reflejada en los últimos reportes de incidencia delictiva, sobre todo que dan cuenta organizaciones y observatorios que se dedican justamente a medirlos.

También México, en los tiempos recientes, se ha caracterizado lamentablemente por una creciente y reiterada violación a derechos humanos, una crisis de inseguridad que engloba estos fenómenos y que debe ser enfrentada y combatida a través de una estrategia integral; sin embargo, pese a esta situación, México no ha sido capaz de incluir en la política criminal una visión integral que atienda a las víctimas, que las visibilice en su justa dimensión, no sólo como parte de una cifra de incidencia criminal.

Es necesario que se desarrollen políticas integrales para atender y reconocer los derechos de la víctima, derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia integral.

Por ello una reforma sustantiva a la Ley de Víctimas era necesaria, y es por ello que votaré a favor del presente dictamen, así como lo hicimos como integrantes de la Comisión de Justicia.

Es necesario que esta ley tenga, efectivamente, modificaciones certeras que ayuden a finalmente reconocer los derechos de las víctimas y a que el Estado mexicano se haga cargo de la función que le corresponde en este papel.

Es por ello que, si bien es cierto, consideramos como positivas la mayor parte de las modificaciones que se atienden en este dictamen, también debemos reconocer, como lo haremos en su momento, que todavía hay temas que se tienen que solucionar y aspectos de la ley que deben de modificarse. Presentaremos algunas reservas que dan cuenta de esta situación, e incluso que tienen que ver con el propio dictamen y que consideramos debe ser perfeccionado.

Me referiré a los aspectos que consideramos favorables del dictamen que se somete a su consideración, y uno de ellos justamente tiene que ver con los mecanismos de acceso al fondo, ya que se fortalece el otorgamiento de medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación, que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos por demás burocráticos y prácticamente inaccesibles.

Para lo cual se define como recursos de ayuda a diversos gastos, como son: alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

Se establece la obligación de las entidades federativas a contar con un fondo de ayuda, asistencia, reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de los estados podrán, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, según corresponda, proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos cuando la entidad federativa lo solicite por no contar en el momento de la disponibilidad presupuestaria, necesaria para su otorgamiento.

Se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dichos convenios garantizarán criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Un aspecto medular en este dictamen es el cambio de la propia naturaleza de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que originalmente fue concebida como un órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, lo que significa que la institución es un órgano de implementación de las decisiones que se toman en el seno del sistema nacional.

Termino, señor Presidente.

Por lo que hoy, la Comisión de Atención a Víctimas dejará de ser un órgano colegiado y la responsabilidad estará a cargo de un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del fondo, la asesoría jurídica y el Registro Nacional de Atención a Víctimas.

El cambio de esta comisión estará a cargo ahora de un Comisionado Ejecutivo, se establecen los mecanismos para su designación, también se establecen mecanismos de participación de la sociedad a través de la Asamblea Consultiva, se establece también el Interés Superior de la Niñez, como principio rector en congruencia con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, insisto, consideramos que  hay algunos aspectos que deben perfeccionarse y, en su momento, presentaremos las reservas pertinentes.

Sin embargo, consideramos, como lo dije a un inicio, que las propuestas que contiene este dictamen en su mayoría beneficiaran el desarrollo de la Ley de Atención a Víctimas, por lo cual pedimos su votación a favor.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

Senadora Dolores Padierna, la tengo registrada para hablar a favor, la Senadora Pilar acaba de hablar a favor y el Senador Morón me pidió que registrara en los Diarios de los Debates, si usted nos autoriza, le daríamos el uso de la palabra para hablar en contra a la Senadora Lorena Cuéllar y luego usted a favor, si lo considera.

Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Senadora Lorena Cuéllar, para hablar en contra.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Hago uso de esta tribuna para razonar el sentido de mi voto al presente dictamen conforme a las consideraciones que he venido escuchando por parte de distintos grupos de la sociedad civil y que expongo a continuación.

Sin duda, el objeto de la presente reforma es fundamental para nuestro país, uno de cada cuatro mexicanos es víctima, por ende considero que en los términos que se presenta se minimizan los alcances que podríamos tener en este tema.

Las constantes violaciones en materia de derechos humanos, hoy tienen una situación de vulnerabilidad a nuestra sociedad, misma que se encuentra lastimada por la indiferencia que han mostrado nuestras instituciones.

Han sido evidentes muchos casos de ejecuciones, tortura, desplazamiento, entre otros, mismos que son producto de la omisión o acción de nuestras autoridades.

Lo que ha llevado a distintas organizaciones internacionales a señalar de manera contundente que en nuestro país se cometen crímenes de lesa humanidad.

Y por su lado, de manera casi crítica y cínica, el gobierno insiste en no reconocer esta crisis. Lo que lleva a constantes episodios de confrontación.

Por ello como legisladores debemos ser más más incidentes para hacer frente a esta problemática.

En este sentido, considero que la reforma que hoy se presenta, no va al fondo para atender el difícil contexto social que atraviesa nuestro país, a causa de la grave crisis de violencia, delitos y victimización.

Distintas organizaciones especialistas en derechos humanos, han venido reflexionando en varios puntos de este proyecto, y coinciden en que la Ley de Víctimas aún está muy lejana de poderse hacerse realidad.

El problema, ya no son los derechos de las víctimas, sino la voluntad y efectividad institucional que fueron creadas para garantizarlos, es decir, que mientras el Estado no reconozca la magnitud del problema que estamos atravesando, continuará defraudando la esencia de este ordenamiento, y este el punto de fondo, es decir, el cómo.

Y es también el gran ausente en esta reforma que, básicamente rediseña la estructura de competencias y mecanismos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que cabe señalar, ha dejado mucho que desear.

Claro ejemplo es lo siguiente: el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que entre 2014 y 2016 asciende a mil 500 millones de pesos presentando un subejercicio del 90%.

Cuenta con personal insuficiente y poco capacitado para los procesos del nuevo Sistema Acusatorio y no hay especialistas en peritajes y otras técnicas de defensa a las víctimas.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, el Registro Nacional de Víctimas apenas cubre el 0.02%, es decir, menos de cuatro mil inscripciones contra un universo de 23.3 millones de víctimas.

Esta comisión ha hecho funciones de un organismo de control extraoficial que nunca ha sido autónomo, y en la presente reforma se propone que el Presidente de la República designe a su titular, cosa que es completamente antidemocrática.

Además, se excluye la posibilidad de que dicho titular sea elegido entre quienes ya han formado parte del organismo.

Con esto; además, hacemos de lado la demanda de que algún día está comisión sea un organismo autónomo y, en su lugar, se mantiene una junta de gobierno presidida por la Secretaría de Gobernación.

Es decir, la Comisión Ejecutiva de Víctimas será más una pieza de contención política que, como eje de una política nacional de atención y transformación de las causas estructurales de la violencia.

Como si esto no fuera suficiente en el régimen transitorio, se establece que mientras se nombren las comisiones en las entidades, sean los secretarios de gobierno de los estados  los que atiendan dicha función.

Esto me preocupa particularmente dadas las condiciones que atraviesa mi entidad, Tlaxcala, puesto que como han dado a conocer distintos medios, se vive en una violación sistemática a los derechos humanos de personas y colectivos que llegan a manifestarse en contra del autoritarismo estatal.

Incluso el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó violaciones a distintos derechos en contra de personas jubiladas por parte del gobernador.

Por ende, con este artículo transitorio se da paso a que continúe la impunidad y crezca la impotencia que sienten estudiantes, adultos mayores, sindicalistas y trabajadores del estado que han puesto de manifiesto su inconformidad por actos del gobierno estatal.

Hago un respetuoso llamado para que nos tomemos mayor tiempo en esta discusión del proyecto que hoy nos ponen a consideración, porque sin duda no toda los problemas que estamos teniendo de fondo, sino que además deja muchas interrogantes.

Por ello, mi voto será en contra de este dictamen, porque es a todas luces insuficiente por las personas de mí estado y de nuestro país, quienes continúan en las calles  manifestándose en contra de la impunidad, el olvido y la indiferencia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias Senadora Lorena Cuéllar.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para hablar a favor.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias Presidente, con su venia.

Durante la última década, las víctimas de los delitos y de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país han levantado la voz y han reclamado una atención integral por parte del Estado mexicano.

Hace cinco años el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad concentró miles de estas voces en torno a la necesidad de contar con una legislación especial que precisamente velara por los derechos de las personas que habían sido víctimas de un delito o de alguna violación a sus derechos humanos.

Con la Ley General de Víctimas se avanzó de manera importante en la construcción de ese andamiaje legal e institucional que esas miles de víctimas reclamaban hace más de un lustro; sin embargo, aunque la ley representó un avance sustancial, a través del tiempo se fueron detectando problemas para su aplicación, para su operación y, sobre todo, para brindar una correcta atención precisamente a las personas para las que fue creada, es decir para las propias víctimas.

Por ello, desde diferentes sectores sociales, políticos y familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil las comisiones dictaminadoras se dieron a la tarea de construir una serie de reuniones, foros y encuentros para ir recabando las ideas y las propuestas que permitieran mejorar la Ley General de Víctimas, pero no solo la ley como un instrumento normativo, sino principalmente para el mejoramiento de la atención y los servicios que se brindaban desde la comisión ejecutiva de atención a víctimas.

El dictamen que hoy discutimos y que  cuenta con el voto favorable de varios integrantes de mi fracción, del PRD, integra muchas de estas inquietudes y propuestas formuladas por las propias víctimas y por especialistas en la materia buscando en todo momento que desde el Poder Legislativo se abone al fortalecimiento y operación de las instancias del Estado mexicano encargadas de la atención integral para todas las víctimas que lamentablemente existen en nuestro país.

Algunos aspectos positivos que me parece importante destacar de este dictamen y que sirvieron de base para que nosotros decidiéramos apoyarlos son, la modificación de las reglas de operación del fondo de ayuda a las víctimas, flexibilizando sus criterios e integrando mecanismos más ágiles para su operación, garantizando una intervención oportuna para cubrir los gastos de las  víctimas en el momento en que sean requeridos.

Otro es la eliminación de procesos burocráticos y simplificación de los trámites para las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el fortalecimiento de la figura del asesor jurídico a través del servicio profesional de carrera con lo que se busca profesionalizar a las y los asesores jurídicos, que en muchos de los casos que atienden, se han convertido en los únicos abogados y defensores y defensoras de las propias víctimas.

El fortalecimiento de la atención integral a las víctimas estableciendo la compensación subsidiaria por parte del Estado y el pago de los gastos de ayuda para las víctimas de aquellas entidades en donde no se cuenta con recursos para atenderles debidamente.

Otra es la formación de la Asamblea Consultiva en donde participan directamente las y los representantes de la sociedad civil, la academia, los familiares de las víctimas, de los colectivos y de toda aquella persona que cuente con experiencia y sensibilidad para trabajar y orientar las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La participación de integrantes de la Asamblea Consultiva de cinco en la propia Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, marcando un precedente muy positivo en cuanto a la participación de actores civiles, en este tipo de instancias de gobierno y de toma de decisiones, pues los representantes de la sociedad civil contarán con voz y voto para la toma de decisiones.

También está la modificación del procedimiento para el nombramiento del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en donde se incluye un mecanismo obligatorio de consulta e intervención de la sociedad civil para elegir al mejor perfil, a la mejor persona para ocupar este cargo.

El Ejecutivo deberá consultar a los colectivos de víctimas, a los expertos, a las organizaciones de la sociedad civil, además está la clarificación de los procesos administrativos y penales que se podrán iniciar en caso de que algún servidor público, servidora pública, incumpla con sus obligaciones --termino-- frente a las víctimas o las coloque en una situación de revictimización innecesaria.

Son muchos los argumentos, tengo varias cuartillas de cuestiones positivas y avanzadas que tiene este dictamen, pero, finalmente, termino diciendo que es fundamental que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Ejecutivo Federal, aseguren y garanticen los fondos necesarios para la operación de esta Comisión Ejecutiva y para la propia organización del fondo para las víctimas, de lo contrario avanzaremos de manera significativa en términos legales, pero estaremos estancados en términos operativos sin recursos o sin fondos suficientes para atender a las víctimas.

El compromiso debe ser con todas y todos del Poder Legislativo, de la sociedad civil, del Ejecutivo, de los ejecutivos estatales, de todas y de todos, siempre mirando por el bien y por la reparación del daño de las miles de víctimas que diariamente nos recuerdan que esta sociedad les debe y les debe mucho.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

Le preguntaría a la Senadora Martha Tagle, que la tengo registrada para hablar a favor, también la Senadora Dolores Padierna ha hablado a favor.

¿Tiene inconveniente de que le demos el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter para que hable en contra?

¿Usted va a hablar en contra también?

¡Ah! entonces, si gusta pasar.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Presidente.

De hecho debo decir que me ha costado mucho definir la posición de mi voto, porque me consta el trabajo que en las comisiones han hecho para poder llegar al mayor de los consensos posibles, particularmente quienes presiden las comisiones de Derechos Humanos; Gobernación; Estudios Legislativos; y Justicia, trabajaron arduamente para llegar y consenso y poder presentar hoy a este Pleno una reforma a la Ley de Víctimas que pueda incorporar la mayor cantidad de observaciones que ha presentado la sociedad civil organizada.

Sin embargo, tampoco puedo olvidar cuál es el origen y destino de esta ley, esta ley surgió de una demanda ciudadana ante una terrible realidad en nuestro país, una terrible realidad en nuestro país que habla de una ciudad llena de fosas clandestinas por todo nuestro territorio, de múltiples desapariciones forzadas, de tortura y malos tratos, de víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos cometidas en mayor de los casos por diferentes entes del Estado mexicano.

Y justo por eso es que hoy he decidido votar en contra de este paquete de reformas a la Ley de Víctimas, porque si bien se ha hecho un esfuerzo importante para modificar aquellas cuestiones que no hacían operativa la Ley de Víctimas, como es el tema de los fondos y la competencia de éstos, el problema fundamental sigue estando en quién está a la cabeza de quienes harán posible la reparación de las víctimas, que desafortunadamente a pesar de los esfuerzos que se hicieron sigue siendo el gobierno que está la frente.

Se hizo un esfuerzo importante porque la Junta de Gobierno tuviera la menor influencia posible, y sin embargo la Asamblea será designada precisamente por esa Junta de Gobierno, pero además  en esos transitorios que es donde justo se ve la verdadera intención de la ley. 

Se metieron a los transitorios dos temas que son realmente regresivos, dos transitorios que hablan de excepciones, que solamente por esta ocasión se tendrán que hacer excepciones, pero que es ahí justo donde está el interés del Titular del Ejecutivo.

Pues en esta ocasión la Asamblea Consultiva no será definida por la Junta de Gobierno, sino por el Comisionado Ejecutivo, quien a su vez por única ocasión, de acuerdo a un quinto transitorio será propuesto en un plazo de 30 días a este Senado de la  República, por el titular del Ejecutivo, sin que medie una terna de por medio a un proceso básicamente de ratificación, como lo que solemos hacer en el Senado de la República, y que hemos visto recientemente en el caso del Procurador General de la República, de la Secretaría de la Función Pública, que son procesos de ratificación fast track, de inmediato, sin siquiera mediar contemplación de si las personas que están siendo propuestas cumplen o no con el perfil, cumplen o no con los requisitos y si son las personas idóneas para ocupar esos cargos. Y lo más lamentable es que se elegirá por tres años, lo que quiere decir que irá más allá de este sexenio.

Por eso, es que he decidido razonar mi voto, y en esta ocasión manifestarme en contra de las reformas propuestas a la Ley General de Víctimas.

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias Senadora Martha Tagle.  Ha hablado la Senadora en contra.

Tengo registrado también al Senador Armando Ríos Piter para hablar en contra. Pero no le va a importar que deje primero al Senador Romo para que hable a favor.

Senador Romo, si gusta hacer uso de la palabra.

El Senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, señor Presidente.

En el PRI estamos convencidos de que la atención oportuna, eficaz e integral a las víctimas de los delitos demanda un esfuerzo responsable, comprometido de todas las instituciones del Estado mexicano.

Los Senadores de la República tenemos el compromiso de trabajar permanentemente en el fortalecimiento de nuestro marco jurídico para atender las medidas de compensación, restitución, rehabilitación, satisfacción, pero sobre todo asegurar las garantías de no repetición, es decir, actualizar nuestras leyes en beneficio de las víctimas y sus familias.

La atención integral a las víctimas exige una ley actualizada que dote las herramientas necesarias a las instituciones encargadas de atenderlas para permitirles con ello recuperar su tranquilidad, seguridad y proyecto de vida.

Bajo esas consideraciones, el voto de mi grupo parlamentario será sin duda alguna, en sentido positivo.

Nos pronunciamos a favor de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuente con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica de gestión.

Y aquí quisiera yo, si me lo permiten, hacer una consideración por algunas reflexiones que se han vertido en esta tribuna, en el sentido del formato del procedimiento con el que se debe de elegir al Comisionado Ejecutivo de esta organización fundamental.

Y quiero aquí solamente sustentar que no es un procedimiento directo del Ejecutivo el que se tendrá que establecer para esta nominación, sino que es a través de la consulta de colectivos, a través de las organizaciones sociales, de académicos, de especialistas en la materia, y solamente vinculo en este comentario y sustento esta afirmación en el transitorio quinto de este dictamen, de esta reforma, donde efectivamente le otorga la facultad al titular del Ejecutivo para proponer al Senado de la República, mediante una consulta de todos estos colectivos, y será éste el que elija con las dos terceras partes de los presentes a este importante funcionario.

Estas nuevas atribuciones serán complementadas al dotarla de la facultad de atracción de casos del fuero local y de la dotación de mecanismos, ciudadanos de consulta y participación, como lo he señalado y lo repito, de la sociedad civil y la academia.

Estamos seguros que con estas modificaciones mejorarán los servicios de procuración, orientación y asesoría jurídica para las víctimas del delito, y se rijan por los principios de oportunidad, competencia y suficiencia.

El fortalecimiento de la legislación de atención a víctimas nos permitirá contener, disminuir y prevenir actitudes de indiferencia hacia ellas, y facilitará la asistencia a quienes hayan resultado agraviadas por la comisión de un delito.

Compañeras y compañeros legisladores:

Reconocemos que la Ley General de Víctimas ha representado un avance significativo a nuestra legislación. Sin embargo, estamos comprometidos en fortalecerla permanentemente para dar mayor certeza a las víctimas de sus familias.

Senadores y Senadoras de la República:

Con su voto a favor contribuiremos a que el Estado mexicano siga cumpliendo con su responsabilidad de otorgar seguridad a sus habitantes, y atienda una de las problemáticas más sentidas como consecuencia de la vulneración o violación a los derechos humanos, con mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y atención, así como de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Miguel Romo Medina.

Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar en contra, el Senador Armando Ríos Piter.

Y les informo que los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, el Senador Francisco Salvador López Brito, la Senadora María Elena Barrera Tapia, el Senador Casillas, el Senador Morón y la Senadora Marcela Torres, han pedido que sus intervenciones se registren de manera íntegra en el Diario de los Debates.

A pesar de ello, después del Senador Armando Ríos Piter, todavía tengo registrados seis Senadores para hablar, ya todos en el mismo sentido, a favor.

Tiene el uso de la palabra, Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a plantear mi posición en contra del presente dictamen, toda vez que considero que por más esfuerzos que sea han hecho, y que lo reconozco, de parte de los presidentes, las presidentas también de las Comisiones Unidas que lo están presentando el día de hoy en favor de buscar aproximarse y acercase en muchos de los cuestionamientos que se han venido haciendo a este tema, como poder tener una mayor accesibilidad al fondo por parte de las víctimas, que es una de las principales críticas de la gente en todo el país que dice:

“Oye, esta comisión no está funcionando, porque sufrimos un hecho de violencia en algún lugar de la República, y a final de cuentas el dinero se sigue acumulando ahí en un fondo, con muchos cientos de millones de pesos, pero a nosotros, a las víctimas no nos sirve, no nos funciona, no nos da atención”.

Eso, y lo he celebrado desde que dictaminamos esto en comisiones, es un avance, qué bueno, qué bueno que estemos buscando acercarnos y buscar que estos instrumentos sean benéficos para la gente que ha sufrido estos hechos de violencia en el país.

Ahí yo he destacado el trabajo de mi compañera Angélica de la Peña, que sin duda alguna, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues ha tenido una gran sensibilidad para acercarnos en ese tema.

Pero una vez que he reconocido esto, no puedo votar a favor de un dictamen que mantiene la discusión de hace cinco años.

Hace cinco o seis años, ustedes recordarán, porque lo vimos, y muchos lo sentimos en lo más profundo, a cientos de hombres y mujeres que fueron a lo largo y ancho de toda de la República, pasando por Morelos, pasando por Nayarit, estacionándose en Querétaro, llegando hasta Chihuahua, yendo a Guerrero, a cada uno de los puntos del país donde el movimiento por la paz, con justicia y dignidad iba levantando una voz, que era la voz del sufrimiento de las víctimas de la violencia.

Hombres y mujeres, y muchos de ellos de Guerrero, que habían perdido a una hija, que habían perdido a una esposa, que no encontraban, después de cuatro años a un hijo, y que no había ninguna autoridad que les diera señales de dónde estaba.

Y trayendo aquí a esta tribuna la voz de padres de familia que me decían: “Yo cómo voy a confiar en la autoridad, Diputado, porque yo era Diputado en aquel entonces, si a mí me consta en videos que fue la policía de Veracruz la que levantó a mi hijo y después no supimos nada más de él, o que fue la policía de Tamaulipas, o que los últimos que los vieron fueron policías en algunos de estos rincones del territorio bañado por la sangre y el dolor”.

Entonces, si no entendemos de dónde venimos, compañeros  y compañeros, difícilmente vamos a entender de qué se trata esta ley, de qué se trata haber construido una Comisión de Atención a Víctimas por los hechos de la violencia.

Y es precisamente, el punto más importante, compañeros y compañeras, con el que yo difiero profundamente  de lo que hoy está a punto de aprobarse.

Cuando dejan en este dictamen una Junta de Gobierno, dejamos de escuchar a esos padres, a esas madres de familia, a esos hermanos, a esas hermanas que dicen: ¿cómo vamos a aceptar de una Comisión de Atención a Víctimas, a miembros del Estado mexicano, cuando es el Estado mexicano mismo el que está involucrado en la violencia que nos está quitando a nuestros familiares?

Ese es el meollo del tema y por eso Calderón metió esta ley.

Y por eso, se recibió con gran agrado, por parte de esas víctimas, cuando el Presidente Peña Nieto quitó ese veto. Ese debate sigue instalado, compañeras y compañeros, porque siguen siendo decenas de miles de víctimas en el país, y es un hecho que no se quedó aislado en el sexenio anterior.

Y hoy tendríamos que entender que los principios de París que dieron origen a ese planteamiento, que sea la gente, los ciudadanos y las ciudadanas que han sufrido esa violencia, quienes puedan representar a las víctimas, el punto nodal de reencuentro con esa gente a la que el Estado mexicano le ha fallado en lo más básico y fundamental, que es el respeto a la vida, a garantizarles que vivan en Morelos, en Querétaro, en Guerrero, en Chihuahua. Eso es en lo que ha fallado el Estado mexicano.

De tal manera que yo no puedo acompañar un dictamen que falla en lo fundamental, que se acerquen muchas cosas, y con eso termino, señor Presidente.

Pero que falle en lo fundamental.

Ahí, donde hay un hombre desaparecido, ahí donde hay una fosa clandestina, ahí donde hay una ausencia que se recuerda con dolor día con día  por un padre, por una madre, por un hermano, por una hermana, es donde el Estado mexicano ha estado colapsado.

Y eso, podemos ponernos de acuerdo en un dictamen de esta naturaleza, pero si esa gente no logra encontrar oídos, escucha, sentimiento y emoción, que comparta ese dolor, de ninguna manera vamos a reconciliar ese país.

Esta era una oportunidad o es, espero persuadirlos en ello. Yo no puedo votar en contra de esto, porque mucha gente de Guerrero y mucha gente del país,  quisiera tener una comisión diferente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Armando Ríos Piter.

Los siguientes oradores, todos son a favor y tengo registradas seis reservas.

Tengo registrados para hablar a favor todavía a la Senadora Hilda Flores, Lucero Saldaña, al Senador Héctor David Flores y a la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Hilda Flores nos pide que su intervención  se registre de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Le daría el uso de la palabra, si así desea hacerlo, la Senadora Lucero Saldaña.

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias, señor Presidente.

Mi reconocimiento a las comisiones que hicieron posible un dictamen con la escucha constante de diversas voces, organizaciones, tanto en el terreno internacional como nacional.

A favor del dictamen porque  para una víctima es importante el que se avance, de tener una estructura que había sido colegiada con dificultad en la toma de decisiones y en dar pronta respuesta a tener hoy un Comisionado Ejecutivo, de una estructura de varias comisiones, ahora a una Comisión Interdisciplinaria, de tener hoy estándares internacionales, para que no solamente la atención integral, sino la reparación del daño, con una poyo inmediato, así como apoyos que van a representar transparencia en el ejercicio del fondo.

El nombre de la ley queda como víctimas y no solamente de delitos, porque también se incluye a quienes son violentados en sus derechos humanos por parte de una autoridad.

Estos esquemas que hoy estamos refiriendo han tenido una larga historia desde los 90’s en que se empieza a hablar del tema de víctimas de delitos y ya hasta el 2008, efectivamente, viene el tema de reparación del daño.

¿Quiénes son víctimas y cómo poder tener acceso en una localidad determinada?

Pues hay una coordinación ahora, no solamente a nivel federal, sino a nivel local, para que se asegure que haya recursos, se asegure de cualquier forma a que las entidades federativas vean por un fondo. El diagnóstico es que la mitad de las entidades tenían una comisión y menos de ellas se veía que no tenían la aplicación de estos comisionados.

Hoy estamos ante un dictamen en el que con esta reforma se brindará certidumbre al extender el reconocimiento de las víctimas en cualquier parte de nuestro país y que puede haber la atracción de delitos locales, siempre y cuando hayan pasado precisamente por esa etapa local.

Se está reconociendo a que la ciudadanía forme parte de una asamblea consultiva, no consejo, asamblea, en donde, pues habrá esa profesionalización y esa transparencia en el manejo del recurso. También se está viendo en esta reforma lo que la ciudadanía ha estado demandando: agilizar el trámite, pronta respuesta, atención profesional, es decir, capacitación adecuada tanto en el tema de niñez, como en el tema de igualdad de género y también en las diferencias de acuerdo a la condición de vulnerabilidad.

Las entidades entonces darán un servicio y estaremos respondiendo a las necesidades muy concretas que la sociedad nos ha demandado.

Con dicho dictamen hoy le queremos decir a la sociedad que si se hablaba de que no está todas las voces, todo lo que les preocupa en esta ley, es de gran avance, por eso el grupo parlamentario del PRI vota a favor reconociendo el gran trabajo en mesas de discusión con las propias autoridades que estarían implementando esto, pero también con familiares y víctimas de los delitos.

Les pedimos su voto a favor y cualquier duda que haya poderla atender, tenemos oportunidad de revisar, como lo estamos haciendo hoy de una aplicación, cuál es la mejor respuesta más ágil de política pública para un tema fundamental donde a nivel internacional todos los países están abonando al mismo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Lucero Saldaña Pérez.

Tengo registrados, para hablar a favor, al Senador Héctor David Flores Ávalos y a la Senadora Mariana Gómez del Campo, y me ha pedido para hechos la Senadora Cristina Díaz, después de ella preguntaré a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

El presente dictamen es producto de un trabajo que integra múltiples iniciativas, si no mal recuerdo deben ser 12 las que se presentaron por Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios.

Yo lo primero que celebro es este interés multipartidista por revisar a fondo la eficacia y eficiencia de la actual Ley General de Víctimas, y lo celebro porque en el trabajo legislativo, y más cuando se trata de una Ley General que, en mi opinión, trasciende los límites ordinarios del federalismo por cuanto a que invade la esfera de competencia de los estados y de los municipios, es fundamental encontrar el acuerdo político.

Y el acuerdo político, en mi opinión, no necesariamente significa tener un punto de vista uniforme o idéntico sobre el contenido de la ley, pero sí indispensablemente revela una unidad de propósito; esa unidad de propósito, en mi opinión, es la que hoy debe destacarse.

Todo progreso, en mi opinión, es iniciado por confrontar los conceptos actuales, la realidad prevaleciente y es ejecutado el suplantar las instituciones existentes. Esa ejecución, la de suplantar las instituciones existentes, debe realizarse no solamente con sumo cuidado, sino también, y sobre todo, con claridad extraordinaria sobre lo que se pretende lograr.

Es indispensable saber lo que se quiere para saber qué es lo que no funciona y qué es lo que se propone para remediarlo.

Por eso destaco la unidad de propósito detrás de este dictamen.

Voy a mencionar tres aspectos, no porque sean los únicos, sino porque realmente me parecen de una gran relevancia.

Hay en principio el reconocimiento de que una ley de estas características debe significar el Estado en cualquiera de sus frentes, debe no sólo permitir, sino también asegurar la atención y el resarcimiento de las víctimas, con independencia de si se trata de una víctima del ámbito federal o local.

Hoy se propone que el Fondo de Atención a Víctimas previsto en esta Ley General, a través de un esquema de compensación con las entidades federativas, le haga frente a ese compromiso, independientemente de que la víctima haya resultado afectada por un hecho ilícito de competencia estrictamente local.

En eso me parece que hay un avance fundamental.

En segundo lugar, y toda vez que una vertiente importante, más no exclusiva de las víctimas provienen de la actividad del Estado, existe también claridad acerca de la necesidad de incluir la participación de la sociedad en el proceso de conformación, tanto del órgano de gobierno como del Comisionado Ejecutivo en esta Comisión de Atención a Víctimas.

Es evidente por los resultados que ha tenido hasta hoy la comisión que el texto de la norma vigente no lo permite.

La participación de la sociedad en el órgano de gobierno es un elemento de control extraordinario que permite hacer transparente el escrutinio público las decisiones que ahí se adopten sin perder de vista que es el Estado el responsable primordial de garantizar la conducción de la comisión y de lograr los objetivos de política pública detrás de esa institución.

Lo mismo ocurre con la consulta pública que debe hacerse para escoger a la persona que será propuesta al Senado como Comisionado Ejecutivo.

Y este tema no es menor, déjenme decirlo con claridad en lo personal, me hubiera gustado que, por ejemplo, en lugar de consulta se hubiera planteado una convocatoria; una convocatoria que sujetará al Ejecutivo a cumplir él mismo con los condicionamientos previamente establecidos en un documento que fuera a la vista de la sociedad calificable.

Sin embargo, tampoco puede obviarse la bondad de transitar a favor del acuerdo político y un acuerdo político que entiende que garantizar el escrutinio social, que abona a la verticalidad y el equilibrio de las decisiones de la comisión. Está previsto en este dictamen.

Esto es mi opinión lo fundamental; además reconocer que la solución no necesariamente es ciudadanizar todas las instituciones, en el sentido de que, reitero, es el Estado y debe ser el Estado el principal responsable de garantizar la eficacia de sus instituciones.

Presidente, por razón de tiempo, simple y sencillamente me gustaría decir que mi voto es a favor de este dictamen en razón de que en mi opinión recoge avances significativos en relación con el texto vigente y que, si bien es cierto, que pudiera encontrarse quizás una redacción mucho más acabada en ciertos temas que han creado controversia, la realidad es que permitirle a las víctimas que comiencen a ser atendidas, a ver satisfechas sus necesidades de ayuda inmediata es comenzar a hacer justicia.

Por eso mi voto es a favor, Presidente, y dejo constancia de mi participación para que sea incluido en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Integre Servicios Parlamentarios de manera completa e íntegra los documentos que nos ha dejado el Senador Héctor David Flores Ávalos.

Tiene el uso de la palabra la última oradora para hablar también a favor, la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo: Muchísimas gracias, Presidente.

Bueno, me parece éste un día muy relevante en materia legislativa, se están abordando directamente que inciden directamente en la transformación de la realidad de muchísimas personas en nuestro país que, desafortunadamente, han sufrido violaciones, han sufrido abusos, han sufrido atropellos, incluso, de personas que han perdido algún  familiar y se han topado con un muro de insensibilidad por parte de diversas autoridades.

Y también una ley con serias complicaciones para poderse ejecutar.

Me queda claro que no existe ley perfecta, pero que las comisiones han hecho un trabajo, un esfuerzo muy importante y han  tratado también de escuchar a las diferentes voces.

Yo quiero compartirles y por eso mi interés de intervenir en este dictamen, que durante la Comisión Permanente, primero, como ustedes saben, se creó una comisión especial para darle seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, fuimos testigos de la urgencia de reformar la Ley de Víctimas, las personas que resultaron víctimas en la comunidad, pues no pudieron acceder al fondo de ayuda de manera pronta y expedita, debido a que no contaban con facturas de los gastos que habían erogado por servicios funerarios, por ejemplo, o para el reembolso de los traslados, para el hospedaje, para la alimentación, para la atención médica que recibieron en hospitales particulares.

Después de una reunión larga que tuvimos con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nos reunimos con diferentes actores, pero hubo temas que nos inquietaron, y lo que hicimos fue un grupo de Senadores integrantes de esta comisión de Nochixtlán, la Senadora María Hilaria Domínguez, el Senador Fidel Demédicis, el Senador Ismael Hernández Deras, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, el Senador Benjamín Robles, lo que hicimos fue presentar una iniciativa de  ley concretamente para que se discutiera también en esta ley de víctimas, y que fuese tomada en cuenta.

Yo quiero decirles que, afortunadamente tomaron en cuenta la gran mayoría de lo que expusimos en esta iniciativa de ley, por ejemplo, la parte de prever que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la comisión de atención a víctimas de las entidades federativas estén facultadas para otorgar de manera directa medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al fondo federal o a los fondos de las entidades federativas respectivamente.

Prever que en casos urgentes o de extrema necesidad también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de las entidades federativas estén facultadas para autorizar que las víctimas que se encuadren en algunos supuestos acudan a instituciones privadas de atención médica y sean cubiertos sus gastos.

Incluir el reembolso de los traslados que las víctimas deban realizar para acudir o recibir atención médica o para alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes.

Flexibilizar los requisitos de inscripción al Registro Nacional de Víctimas y prever que la comisión ejecutiva para inscribir víctimas del fuero común cuya calidad haya sido reconocida por el ministerio público, una autoridad jurisdiccional o mediante un organismo protector de los derechos humanos.

La posibilidad también de prever la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos parecía fundamental.

Yo agradezco a las tres comisiones, a las dos presidentas y al presidente que hayan podido incluir muchas de estas propuestas que hicimos desde una iniciativa de ley que nació en esta comisión especial de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca.

Qué bueno, qué bueno que tengamos la sensibilidad para impulsar este tipo de legislación y poderle hacer la vida a la gente mucho más fácil, cuando desafortunadamente son víctimas y este tipo de hechos pues se dan en diferentes estados de la república.

Es cuanto, gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias Senadora Mariana Gómez del Campo.

No tengo oradores ya registrados, solo tengo una última intervención para hechos de la Senadora Cristina Díaz, después de ella preguntaré a la Asamblea si está suficientemente discutido el tema.

Por favor si le dan sonido a la Senadora Cristina Díaz, adelante, Senadora.

La Senadora Cristina Díaz Salazar (Desde su escaño): Muchas gracias, Senador Presidente.

Gracias por darme la oportunidad de poder rectificar en hechos el trabajo que han hecho las comisiones. Es muy importante señalar, en el orden cronológico que se envió a los correos personales de los Senadores los cambios que iban surgiendo a partir de las reuniones que teníamos de trabajo las comisiones con expertos, con académicos y con ONGs.

El primer correo fue el 4 de octubre del 2016, de este año, y se envió el primer proyecto de dictamen para conocimiento de todos, 11 en físico y en correo personal, y por supuesto se subió a los micrositios de las comisiones.

El 11 de octubre de 2016, primera convocatoria a reunión de comisiones unidas a efectuarse el día 13 del mismo, y se adjuntó el proyecto de dictamen.

Dicha comisión se mantuvo permanente, y el 13 de octubre se envía una nueva convocatoria a reunión de Comisiones Unidas a efectuarse el 18 del presente.

El 17 de octubre se envía proyecto de dictamen con modificaciones respecto de la anterior debidamente señaladas para efecto de que los Senadores lo pudieran identificar.

El 18 de octubre del mismo año, en virtud de diversas observaciones de Senadores, así como de la sociedad civil y colectivos de víctimas, se declara un receso para analizar dichas propuestas de modificación.

El 22 de octubre se envió notificación para reanudar sesión de comisiones unidas a efectuarse el 25 del mismo mes, y se adjunta dictamen con modificaciones debidamente señaladas.

Mismo día y mismo mes se llevó a cabo la reunión de comisiones unidas, y en dicha reunión se llevó a cabo una amplia discusión, se hicieron modificaciones aprobadas por los integrantes de las mismas, adicionalmente se acordó que las propuestas de modificación no acordadas en reunión de comisiones fueran presentadas en el Pleno en la sesión de discusión del dictamen, como se ha hecho en su conducción, Presidente.

Dichas modificaciones sólo fueron en tres aspectos.

Primero. A los artículos 84 Octies, 85, quinto transitorio y se adiciona el XV y XVI respecto del mecanismo en nombramiento tanto del Comisionado Ejecutivo, la integración de la Junta de Gobierno y de la Asamblea Consultiva.

Segundo. A los artículos 8 y 39 Bis para dejar en términos “deberá” en vez de “podrá” respecto de la aplicación de recursos con cargo al fondo por parte de la Comisión Ejecutiva que muy bien dio una amplia explicación la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

A los artículos 29, 30, 33, 34, 36, 40, 42, 46, 52, 54, 57, 80, 82, 88, 89, 97, 100, 114, 117 y 164 para corregir referencias de Distrito Federal y establecer entidades federativas, una corrección de estilo.

En este sentido las modificaciones fueron publicadas debidamente en la Gaceta del Senado, previo a la discusión del Pleno.

¿Qué les puedo mostrar a todos ustedes como Asamblea? Que aquí están las notificaciones de recibido, cada vez que un documento nuestro se modificaba.

Le agradezco la oportunidad, Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Cristina Díaz.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el tema está suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si considera que el tema está suficientemente discutido.

Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

El tema está suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

En consecuencia, abrimos el registro de reservas, y nos han hecho llegar las Senadoras Silvia Garza Galván y Luisa María Calderón reservas a los artículos 1°, 8, 39 Bis, 67 y 68.

Por parte del Senador Zoé Robledo nos ha hecho llegar reservas a los artículos 6 y 7.

Por parte de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez los artículos 8, 39 Bis, 67 y 166.

Y se pregunta a la Asamblea si alguien más desea hacer una reserva o adición.

No habiendo ninguna, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 77 votos a favor; nueve en contra y cero abstenciones. 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

En la discusión en lo particular recibimos las reservas de la Senadora Silvia Garza y Luisa María Calderón a los artículos 1, 8, 39-Bis, 67 y 68 del proyecto de decreto. 

Y para presentarlas la Senadora Luisa María Calderón.

Tiene la palabra.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, Presidente.

He estado preguntando con mis compañeros las razones de algunos artículos, y he firmado junto con mi compañera Silvia Garza, en su ausencia, la reserva que hace de varios de los artículos.

Yo quiero insistir en el artículo 67, que es el que a mí me incomoda, me duele.

Y lo voy a decir con un ejemplo. Hace tres años…

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Perdón, Senadora.

Perdón. Perdón.

¿77?

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: 67.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: 67. Perdón.

Discúlpeme.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: 66 y 67, que es el de la sentencia.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Nada más para no confundir.

El 66 no lo tenemos reservado, nada más para informar a la Asamblea.

El 67, sí, sí hay que hacer la intervención también, pero informo a la Asamblea que el 66 no está reservado.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Okey. 67.

Hace tres años, en mi estado, en Tanhuato, después de tres intentos de homicidio, mataron al alcalde Gustavo Garibay, tenía tres chiquitos. Hubo denuncia, nunca han encontrado al victimario.

Hace seis meses encontraron muerta a su esposa Gabriela. Torturada, con la cara desollada, y se quedaron tres chiquitos sin ninguna protección.

Los cuida su abuelo, que es un campesino, que no sabe leer y que no tiene manera de mantenerlos. Él quiere sacarlos de Tanhuato porque siente que tiene que salvarles la vida.

La pregunta es: ¿Cuándo va a haber sentencia?

¿Y cuándo esos tres chiquitos van a tener reparación del daño?

Por supuesto que mataron a su papá, es una víctima del delito.

Por supuesto que mataron a su mamá, es una víctima del delito.

Y resulta que la autoridad recogió el poco dinero que tenían en su casa, y dijo: “Que lo pueden usar hasta que la más pequeña cumpla 18 años”. Hoy tiene tres años.

Por eso me parece muy difícil aceptar que hasta que haya una sentencia.  ¿El Estado asumirá o no la responsabilidad de la reparación del daño?

Si van a ir a hacer el juicio, si los van a entrevistar, si los gastos estos de gestoría o de operación los ponga el Estado, no hay problema.

El tema es ¿Quién va a darles de comer, de cobijo, de afecto, de acompañamiento a tres niños que se han quedado sin mamá y sin papá, víctimas de un delito?

Por eso a mí me parece que no es aceptable que hasta que haya una sentencia o una resolución, haya reparación del daño, y por eso, Presidente, y por eso Asamblea, estoy en contra de este artículo 67.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Luisa María Calderón.

Pido a Servicios Parlamentarios que la intervención respecto al artículo 66, que no está reservado, quede integrado en el Diario de los Debates de manera completa.

Pediría a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se aceptan a discusión las reservas que estaban mencionadas, que era el artículo 1, 8, 39 Bis, 67 y 68.

La Secretaría Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan las propuestas que ha hecho mención de los artículos el señor Presidente.

Quienes estén porque se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aceptan las propuestas, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.

No se aceptan a discusión los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68, se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene ahora la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto para presentar sus reservas a los artículos 6 y 7 del proyecto de decreto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.

Dice el capítulo III, en su artículo 60 de la Atención a las Víctimas de Desplazamiento Forzado:

“La Atención a las Víctimas del Desplazamiento Forzado se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada.

Para los efectos de la presente ley se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad, sus libertades personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas”.

Eso dice la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de Colombia.

El país quizás más emblemático respecto al fenómeno, no a la población de desplazamiento interno, al fenómeno de desplazamiento interno, que ha habido en la región y quizás en el mundo. Un tercio de la población colombiana llegó a estar desplazada en cierto momento.

Por eso estas reservas, porque la ley no queda todavía claro qué entendemos por desplazamiento y tampoco queda claro que el desplazamiento es siempre forzado. Esa palabra hubiera sido extraordinaria tenerla.

Yo también reconozco, como muchos que han pasado por aquí, el trabajo de las comisiones.

Reconozco que el tema por fin haya llegado a la legislación mexicana. Pero no puedo dejar de insistir en dos cosas:

Primero. La definición de desplazamiento.

Segundo. El establecimiento permanente, que el desplazamiento siempre es un fenómeno forzoso.

¿Qué entiende el dictamen? Veamos críticamente este dictamen.

Hay siete menciones al desplazamiento interno forzado en el dictamen que acabamos de votar, y en ellas, en cada una de las menciones, el artículo 7, por ejemplo, que habla de las víctimas y sus derechos, se habla de personas en situación de desplazamiento interno, no forzado, desplazamiento interno nada más, y se comparan, en ese mismo artículo y en esa misma fracción, a la infancia, a los adultos mayores, a la población indígena y a las personas en situación de desplazamiento.

¿Por qué es relevante esto? Porque ahí está el error, el desplazamiento es un fenómeno, el desplazamiento forzado es un fenómeno, no es una población en situación de vulnerabilidad, es decir, déjenme ponerlo de una manera, hay víctimas que se desplazan, pero también  hay quien se desplaza y en ese momento se convierte en una víctima, y me parece que eso sigue sin estar claro aquí en el dictamen.

En las otras menciones que se hacen sobre el fenómeno se establecen las víctimas del delito del secuestro, desaparición forzada, de otras formas de privación de la libertad y nunca se menciona el fenómeno de desplazamiento en el artículo 7; después en el artículo 8, cuando se establecen las políticas públicas, sólo se dice que para atender a los desplazados internos, a las personas desplazadas internas, van a recibir ayuda médica y psicológica, hasta ahí.

Posteriormente el propio dictamen dice no, los vamos a atender muy bien, ¿quién los atiende? El DIF.

¿Cómo el DIF va a poder atender a los 280 mil desplazados, que probablemente hay en México?

Según el monitoreo de desplazamiento interno forzado de Noruega, es el dato más real que tenemos en México, hay otros peores, hay quien dice que el fenómeno de desplazamiento podría estar ya en México, arriba del medio millón de personas.

Entonces, ahí está, me parece el error, considerar al desplazamiento como una población vulnerable y no como un fenómeno que debemos de atender.

Reconozco que después, en el mismo dictamen, en el artículo 79, se habla que en el caso de las víctimas de desplazamiento interno que se encuentra en una entidad federativa distinta a su entidad, que es casi siempre el caso, la Comisión Ejecutiva promueva su debido registro, que es lo principal, su atención y la reparación.

¿Qué significa la reparación en el tema de desplazados?

Primero, retorno seguro, generar las condiciones para que la gente pueda regresar.

Segundo, cuando el retorno no puede ser seguro o no puede existir, entonces el establecimiento de esa población que entra en el fenómeno, en el nuevo lugar en donde está en ese momento.

Creo que ahí está la clave, en tener una definición y no la tenemos, y quizás estamos perdiendo una oportunidad, porque hay que quedar claros, los desplazados en México, todos son forzados y existe, el problema es que no lo logramos visibilizar, no sabemos quiénes son.

Déjenme decirles de manera muy breve, y le pido su consideración, Presidente.

¿Quiénes son los desplazados? Bueno, son aquellos periodistas que tienen que salir de sus estados, como los de Veracruz, para garantizar sus vidas y seguir escribiendo, esos son desplazados internos.

Las presidentas municipales de Chenalhó, de Oxchuc, que no pueden asumir y ejercer su cargo, porque hay violencia política de género contra ellas, son desplazadas internas.

Las personas que se han tenido que mover por proyectos de desarrollo son desplazados internos, si no tenemos una buena definición, puede la autoridad creer que los desplazados, en realidad son damnificados o que son migrantes, y son dos fenómenos completamente diferentes.

Ahí está la solución.

Mi voto en el dictamen fue por una razón, porque creo que este puede ser el punto de destino hacia donde debemos de caminar, perdón, que éste no es el punto de destino, que éste es el punto de origen apenas, que nos debe de llevar a un lugar, ese lugar se llama Ley General de Prevención y Atención del Desplazamiento Interno Forzado en México.

Esta iniciativa de ley está desde el día martes 18 de diciembre del año 2012 en el Senado. Es decir, está en sus manos, que realmente demos el paso que necesitamos dar para atender el fenómeno de desplazamiento y no sea, no siga creciendo, hasta que en un momento realmente ya no podamos hacer absolutamente nada al respecto.

Es cuanto, señor Presidente.

Le agradezco su tolerancia.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Y consulte la Secretaría, en votación económica al Pleno, si se acepta a discusión, las reservas que ha expuesto en tribuna el Senador Zoé Robledo. 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica si se admiten a discusión las modificaciones, las reservas del Senador Robledo.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Los artículos 6 y 7 se reservan para su votación, conjuntamente con los demás artículos reservados.

Recibimos la propuesta de la Senadora Pilar Ortega Martínez a los artículos 8, 39 Bis, 67 y 166 del proyecto de Decreto. Dichas reservas están en sus monitores.

Consulto a la Asamblea si es de interés de alguien que sean leídas por la Secretaría.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de su interés que dé lectura a las reservas presentadas.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No es necesario dar lectura a las reservas, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Entonces consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan a su discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Al no haber más artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 1, 6, 7, 8, 39 Bis, 67, 68 y 166 en los términos del dictamen.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

El Senado de la República saluda y da la más cordial bienvenida al maestro Armando Manzanero, destacado compositor mexicano, invitado del Senador Emilio Gamboa.

(Aplausos)

Bienvenido, maestro Manzanero, y le pediría a Servicios Parlamentarios que suba por él y lo acompañe al Pleno para que lo puedan saludar los Senadores de la República. Es un invitado distinguido del Senado de la República.

Por favor, Servicios Parlamentarios, vayan por el maestro y que nos acompañe aquí abajo para el término de la sesión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor, Presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 74 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.

En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 6, 7, 8, 39 Bis, 67, 68 y 166 del proyecto de decreto, en los términos que se presentó el dictamen.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

(….)

Se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 14:12 horas.