No permitas que nadie te quite el derecho
a expresarte, que es casi un deber.
No caigas en el peor de los errores:
el silencio.
¡La mayoría vive en un silencio espantoso!
No te resignes...." Walt Whitman.
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Revista Proceso #2014, 26 de febrero de 2017..
El miedo se metió a sus casas/LOURDES CÁRDENAS
Las redadas de inmigrantes indocumentados, las detenciones indiscriminadas y las deportaciones están desatadas en Estados Unidos. La orden ejecutiva de Donald Trump y el memorándum de John Kelly que prácticamente convierten a cualquier uniformado en agente migratorio generan un clima de ansiedad e incertidumbre entre la comunidad mexicana que habita en aquel país. Y, a juzgar por algunos casos, ni la santidad del hogar está a salvo: el miedo ya entró a las casas.
EL PASO.- Los insistentes golpes en la puerta despertaron a Blanca y a su esposo Santiago a las seis de la mañana del pasado jueves 16. Él se levantó para abrir y, aún adormilado, permitió entrar a su casa a los agentes que habían ido a buscarlo. Minutos después estaba esposado y dentro de una camioneta que lo trasladó a la cárcel del condado, de donde quizá salga los próximos días deportado a México.
“Él estaba en libertad condicional (había manejado alcoholizado) pero no había cometido ninguna falta”, dice Blanca. “A mí me dejaron en la casa porque estaban mis niños, pero tuve que presentarme a Inmigración para que me tomaran huellas y me pusieron un identificador en el pie. Mi hijo de 15 años vio todo y está muy mal”.
La pareja ha vivido más de 10 años en Agua Dulce, comunidad de unos 3 mil habitantes a las afueras de El Paso y donde 95% de la población es hispana y de escasos recursos. Se estima que una gran parte de sus residentes son indocumentados. Hoy, el miedo se metió a sus casas.
“Ya ni al Walmart queremos ir”, dice Ana, residente de esa comunidad y madre de cinco hijos, todos nacidos en Estados Unidos. “Estamos muy estresados. No quiero manejar, no me atrevo a pasar por donde hay policías. Es muy feo; tiene uno miedo todo el tiempo”.
Ese mismo día, en una zona de casas móviles al noroeste de Las Cruces, Nuevo México, cundió el pánico cuando agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tocaron las puertas de varias viviendas en busca de personas con antecedentes criminales. Según versiones extraoficiales, arrestaron al menos a dos personas.
Una semana antes, en un hecho sin precedente, agentes de ICE ingresaron a la Corte del condado de El Paso para arrestar a una mujer transgénero e indocumentada que acababa de recibir una orden de protección, pues era víctima de abuso doméstico.
Escenas como esas han generado una oleada de ansiedad, pánico e incertidumbre entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos, a partir del anuncio de las políticas que aplicará el gobierno de Donald Trump para deportar a miles de ellos.
Aunque la ICE dijo que los operativos recientes en varios estados del país, en los que se arrestó a cerca de 600 personas, son rutinarios, el efecto inmediato se ha dejado sentir entre la población inmigrante. Un día después del operativo en Las Cruces, el distrito escolar local reportó que unos 2 mil estudiantes no se presentaron a clases.
“El miedo es real”, dice Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR). “El hecho sin precedente de arrestar a una persona dentro de la Corte envió un primer mensaje de que ya nadie está exento, ni las víctimas de abuso doméstico, ni los testigos, nadie. El segundo mensaje es que no les importa la transparencia. Una acción que sucede dentro de una Corte es muy grave”.
Las nuevas medidas
Una orden ejecutiva de Trump y un memorándum del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, establecen los nuevos lineamientos para la detención y deportación de indocumentados. Entre otras cosas, el gobierno se propone contratar a 10 mil agentes adicionales de Inmigración, así como 5 mil nuevos oficiales para la Patrulla Fronteriza.
Las nuevas medidas promueven la inmediata deportación de personas que hayan sido convictas o acusadas de algún delito, sin especificar de qué tipo. Incluyen también a quienes hayan abusado de algún programa de beneficios públicos o que no hayan cumplido con las órdenes de abandonar el país. La nueva política en esta materia permite además que los agentes de Inmigración o policías locales puedan detener a cualquier persona que en su opinión represente un riesgo para la seguridad del país.
García asegura que a diferencia del gobierno de Barack Obama, que deportó a millones de personas con el pretexto de ir tras delincuentes convictos, el de Trump no sólo irá contra ese grupo, sino también contra aquellos con visas expiradas, reingreso o delitos menores.
“Si con Obama fueron 3.5 millones los deportados, la nueva definición de criminalidad afectará a muchísima más gente.”
El memorándum de Kelly restaura el controversial Programa Comunidades Seguras, que permite la colaboración de policías federales, estatales y locales para identificar en una base de datos biométricos a indocumentados que cometieron delitos y entregarlos a las autoridades migratorias.
El programa fue cancelado en 2014 tras documentarse que afectó a miles de personas que no tenían en su haber delitos graves. En su lugar se creó otro mecanismo llamado Programa de Cumplimiento de Prioridad, que en teoría ponía bajo la mira sólo a criminales convictos para los procesos de deportación. En los hechos, miles de personas que no tenían un registro delictivo terminaron deportadas.
“Obama construyó –aunque no uso en toda su capacidad– la maquinaria que Trump usará para deportar a muchas personas”, dice Sarah Silva, directora ejecutiva de NMCafe, una organización no lucrativa de apoyo a personas de escasos recursos en Las Cruces.
“George Bush creó el programa 287G, que da poder a las policías locales y estatales para actuar como agentes migratorios. Ambas políticas crearon el sistema que ayudará a Trump a deportar a millones”, comenta Silva.
El memorándum indica que los jóvenes beneficiados con el Programa de Acción Diferida no serán afectados por las nuevas políticas, aunque no especifica durante cuánto tiempo. Además criminaliza a los padres de menores centroamericanos que cruzan la frontera y los considera sujetos inmediatos de deportación por el delito de tráfico de personas.
En otros puntos, las nuevas políticas dan lineamientos para iniciar la planeación, diseño y construcción del muro fronterizo y establecen que los inmigrantes indocumentados que sean detenidos cuando entran al país serán deportados a la nación contigua por la cual ingresaron. En la mayoría de los casos este país será México.
“Los lineamientos de la administración son caóticos, crueles y costosos”, indicó en un comunicado America’s Voice, organización dedicada a la defensa de los inmigrantes. “El radicalismo de Trump en el tema migratorio ha puesto en crisis a millones de familias, ha causado confusión, división y miedo a lo largo de Estados Unidos y no es favorecido por los estadunidenses, que apoyan la legalización sobre la deportación en rangos de 3 a 1 y 4 a 1”.
Durante su visita a México el pasado jueves 23, Kelly aseguró a funcionarios mexicanos que no habrá deportaciones masivas y que la Guardia Nacional no participará en operativos de deportación. Unas horas antes su jefe, Donald Trump, se refirió a la estrategia de combate a la inmigración indocumentada como una operación militar.
“Quiero dejar muy claro que no habrá deportaciones masivas, se actuará conforme a derecho, respetando los derechos humanos. Y quiero insistir, no se van a utilizar fuerzas militares en operaciones migratorias”, dijo Kelly.
Lo que se debe hacer
En un pequeño salón de la iglesia del Espíritu Santo, en la ciudad de Horizon, a las afueras de El Paso, Gabriela Castañeda hace malabares para lograr que quepa todo lo que quiere apuntar en el pizarrón. Poco a poco va explicando los pormenores del memorándum Kelly a una veintena de personas que acudieron el miércoles 22 a un taller para conocer sus derechos como indocumentados.
“Los tiempos en que ustedes decían: ‘A mí no me va a pasar nada, me he portado bien, no tengo récord criminal, no me ha detenido la policía’, ya no existen”, lanza a bocajarro. “Este gobierno está cambiando la definición de crimen: si llegaste con visa de turista y te quedaste, si reingresaste ilegalmente, si tienes un reporte de violencia doméstica, puedes ser considerado un criminal. Ahorita nadie, nadie está a salvo”.
Los asistentes, la mayoría mujeres, escuchan en silencio. Algunas toman notas.
“Lo único que los puede salvar es que conozcan sus derechos”, dice Castañeda. “La Constitución aplica para todas las personas que viven aquí, independientemente de su condición migratoria”.
Castañeda explica a los asistentes el contenido de la Cuarta Enmienda Constitucional, que les garantiza el derecho a negar la entrada a su casa a alguien que no traiga una orden de cateo. “Ni siquiera hay que abrir una rendija”, les dice. Luego pasa a la Quinta Enmienda, que les otorga el derecho a permanecer en silencio y a tener un abogado.
“Si de tu boca sale decir: ‘Sí señor, soy indocumentado’ estarás en problemas; pero si no dices nada, tienes derecho a un juicio justo. Y en ese caso, será un juez, no un policía de Inmigración, quien decida si te vas o te quedas.”
El taller es parte de las actividades que la BNHR y otras organizaciones llevan a cabo para hacer frente a la ola de deportaciones que se avecina.
“Estamos haciendo simulacros casa por casa para preparar a la gente en caso de que los agentes lleguen a tocar su puerta”, dice Fernando García. “Estamos realizando foros comunitarios para informar sobre los derechos y estamos repartiendo tarjetas que tienen impresos los derechos de una persona”.
Los talleres de la BNHR se llevan a cabo cada miércoles en iglesias y centros comunitarios. Otras organizaciones, como NMCafe, han creado equipos de respuesta rápida para reaccionar, informar y documentar en caso de una redada masiva.
“Tenemos una docena de equipos en varias áreas de Las Cruces”, dice Sarah Silva. “La idea es difundir de inmediato lo que está pasando a través de mensajes de texto y movilizarnos al lugar para tratar de detener la acción. También estamos documentando con fotos y videos”.
Tanto la BNHR como NMCafe están ensamblando un equipo de abogados para ayudar en lo posible a las víctimas de deportación.
“Está pasando muy rápido y es espantoso pensar que no se va a detener”, dice Silva.
En el salón de la iglesia del Espíritu Santo, Castañeda aconseja a los asistentes no mentir: “Es muy importante que si llegan a ser detenidos no digan mentiras… Si lo hacen y los agentes se dan cuenta, los acusarán de haber mentido”, dice. “Es muy difícil lo que está sucediendo, pero deben estar preparados”.
En el fondo del salón, en la última banca, Blanca toma algunas notas. Para ella y su esposo el conocimiento llegó tarde. Hicieron todo lo que no tenían que hacer.
Ella, su hijo de 15 años y sus nietos de cuatro y uno –los tres nacidos en Estados Unidos–, dependían totalmente del ingreso de Santiago, quien trabajaba en la construcción. Sin recursos económicos, sin abogados, casi sin esperanza, Blanca no alcanza a asimilar lo que viene.
“No sé qué voy a hacer ahora…”, dice Blanca. “Tengo muchos sentimientos encontrados… no sé, no tengo idea de qué va a ser de nosotros”.
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