Para que México acepte a los deportados, EU debe acreditar la nacionalidad mexicana de éstos...
Revista Proceso #2014, 26 de febrero de 2017..
El cuerpo diplomático mexicano vela sus armas/HOMERO CAMPA
Ante el clima de terror que supone el inicio de deportaciones masivas de mexicanos y otros extranjeros por parte del Estado persecutorio de Donald Trump, el cuerpo diplomático mexicano prepara dos proyectos de decretos presidenciales en los que se prevé incluso la ruptura de acuerdos bilaterales con el país vecino.
En caso de que el gobierno de Estados Unidos efectúe “cualquier acto de presión o coerción” en contra de México con el propósito de contribuir al financiamiento del muro en la frontera de ambos países, el secretario de Relaciones Exteriores “procederá a cursar las notas diplomáticas necesarias para denunciar y dar por terminados todos los acuerdos bilaterales en materia de cooperación legal, migratoria, de seguridad y de tráfico internacional de estupefacientes”.
Así lo establece el punto IX de un proyecto de decreto presidencial que miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) –instancia que aglutina a los diplomáticos de carrera del país– tienen previsto enviar esta semana a Los Pinos para la consideración del mandatario Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con este documento, el tema del muro es a tal punto inaceptable que no puede ser objeto de negociación alguna con Estados Unidos y cualquier funcionario, empresa o ciudadano mexicano que participe de manera directa o indirecta en su construcción debe ser sancionado.
Otro proyecto de decreto presidencial, elaborado también por este grupo de integrantes del SEM, con amplia experiencia en materia migratoria y jurídica, establece medidas para proteger a los connacionales afectados por los memorandos firmados el lunes 20 por John Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos. Dichos memorandos autorizan las deportaciones masivas de migrantes indocumentados e, incluso, la expulsión a territorio mexicano de cualquier extranjero mientras se resuelve su proceso de expulsión.
“Las autoridades migratorias mexicanas no admitirán el ingreso a territorio nacional de ningún extranjero sujeto a procedimiento de deportación de los Estados Unidos”, asienta el punto VI del documento elaborado por los diplomáticos mexicanos.
Y remarca: para que México acepte a los deportados, Estados Unidos debe acreditar la nacionalidad mexicana de éstos.
Estos proyectos de decretos presidenciales –cuyos borradores obtuvo Proceso– “señalan con claridad los lineamientos que deben seguir las dependencias federales mexicanas ante las embestidas de Donald Trump”, sostuvo uno de los diplomáticos mexicanos que participó en la elaboración de ambos documentos.
“La idea es demostrar que existen opciones para que nuestro gobierno defina posiciones que vayan más allá de las declaraciones timoratas que han caracterizado el discurso oficial”, añadió.
“Acto inamistoso y hostil”
El primer proyecto de decreto presidencial está centrado en “la protección de los intereses de la nación” ante la construcción del muro en la frontera Estados Unidos-México.
En sus considerandos, el proyecto de decreto sostiene que la construcción del muro “constituye un acto inamistoso y hostil” contra México, lo cual “puede perjudicar sus intereses nacionales, tanto en su seguridad como en los ámbitos social, económico, comercial y ambiental”. Afirma que ninguna norma jurídica obliga a México a construirlo o a contribuir a su financiamiento.
Y sostiene que “nada de lo que guarde o pueda guardar relación con el mencionado muro puede ser materia ni objeto de negociación alguna” por parte de México con Estados Unidos, y que “es menester tomar las medidas necesarias para resistir cualquier intento de presión para obtener algún tipo de participación nacional relacionada con ese muro”.
Asimismo establece lineamientos para impedir que funcionarios, empresas o personas particulares mexicanas participen, de manera directa o indirecta, en “las obras tendientes a construir, mantener, extender o completar la construcción” del muro. Así, por ejemplo, prohíbe a compañías mexicanas la venta, comercio y exportación de materias primas, recursos materiales, bienes y servicios que puedan ser destinados a esta obra.
Tales lineamientos parecen pertinentes a partir de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que alrededor del próximo 6 de marzo difundirá una “solicitud de ofertas” de obras y servicios para ampliar el muro. Las empresas que participen en este proceso de licitación tienen hasta el 10 de marzo para presentar sus “documentos conceptuales” para el diseño y construcción de prototipos. El CBP calcula que a mediados de abril realizará las primeras adjudicaciones de obras para la construcción del muro, cuyo costo oscilará entre 16 mil y 21 mil millones de dólares, sin contar con los gastos de mantenimiento.
“Traición a la patria”
El proyecto de decreto presidencial dice, además, que la SRE convocará a un Grupo de Trabajo –en el que participarían las secretarías de Gobernación, Marina, Economía y de Medio Ambiente– que vigilará las obras del muro con el propósito de “identificar e inventariar los efectos, impactos, daños y perjuicios” que el muro provoque al territorio mexicano, su medio ambiente y sus recursos naturales. Este Grupo de Trabajo emitirá recomendaciones que pueden incluir el “resarcimiento de daños o perjuicios” por parte de Estados Unidos.
Asimismo, el proyecto de decreto impone sanciones a funcionarios, particulares o empresas mexicanas que participen en las obras del muro.
En el caso de funcionarios del gobierno federal establece que la Procuraduría General de la República les podrá aplicar los artículos 123 y 124 del Código Penal Federal en caso de que participen en algún tipo de negociación con representantes del gobierno de Estados Unidos, que guarde relación con las obras del muro y su financiamiento.
El artículo 123 del Código Penal Federal impone pena de prisión de cinco a 40 años y multa de hasta 50 mil pesos al mexicano que cometa “traición a la patria” debido a, entre otras modalidades, “realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero…”.
Por su parte, el artículo 124 del citado Código establece que “se aplicará la pena de prisión de cinco a 20 años y multa hasta de 25 mil pesos” al mexicano que, “sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre o ejecute tratados o pactos de alianza ofensiva con algún Estado…”.
Aunque el proyecto de ley no lo dice, es claro que intenta imponer límites legales para que los representantes mexicanos –el canciller Luis Videgaray, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el propio presidente Peña Nieto– no incluyan el tema del muro en las negociaciones con los funcionarios del gobierno de Trump.
Probar que se es mexicano
El segundo proyecto de decreto presidencial está enfocado en las medidas para proteger a los connacionales de los efectos que conlleva la aplicación de la orden ejecutiva en materia migratoria y seguridad fronteriza emitida por Trump el pasado 25 de enero, y los lineamientos emitidos por Kelly el lunes 20, en vísperas de su visita a México.
De entrada, el documento asienta que los consulados mexicanos en Estados Unidos deben facilitar el retorno de los mexicanos que por voluntad propia quieran regresar al país.
Deben igualmente cooperar con las autoridades estadunidenses en la acreditación de la ciudadanía mexicana de aquellos que han sido detenidos con miras a ser deportados. Sólo que aquí subraya: “La prueba de la nacionalidad mexicana estará a cargo de las autoridades de Estados Unidos”; o, dicho de otro modo, México no estaría obligado a aceptar la devolución de personas que Estados Unidos no acredite como mexicanos.
El punto es relevante y es en reacción a uno de los memorandos emitidos por Kelly, el cual establece que todo extranjero indocumentado que haya entrado a través de un país vecino será expulsado a éste en espera de que se defina su proceso de deportación.
El proyecto de decreto establece con “carácter de urgente” el traslado de personal del SEM hacia consulados estadunidenses para incorporarse a la labores de asesoría legal de los mexicanos que se encuentren en riesgo de ser deportados. Establece asimismo la contratación de abogados y la celebración de convenios de cooperación con despachos y organizaciones civiles “a fin de ampliar al máximo la prestación de servicios legales a los mexicanos afectados por las disposiciones migratorias”.
E instruye a formar un Grupo de Trabajo, encabezado por el consultor jurídico de la SRE e integrado por expertos en derecho estadunidense, para que se convierta en asesor de la cancillería “respecto de las acciones legales que puedan emprenderse ante los tribunales de ese país y que sienten los precedentes necesarios para el efectivo goce de todos los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, particularmente en cuanto al debido proceso y a los derechos humanos”.
Es decir, prepararse para enfrentar las deportaciones masivas.
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