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Las columnas políticas, domingo 20 de enero de 2019....

El Presidente López Obrador aseguró que no dará recomendación ni consigna para que la Fiscalía General de la República actúe contra opositores o por represalias, como ocurría en el pasado.
"Quiero aclarar que Alejandro Gertz, nuevo Fiscal General (...) debe actuar con independencia, con autonomía, completa, absoluta, si bien es cierto que debemos de coordinarnos, de cooperar, la Fiscalía es un organismo autónomo, independiente", aseguró en conferencia de prensa.

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Vaya....Por fin...!
Revisará AMLO cuentas pendientes de Deschamps
Tras advertir que no protegerá a ningún dirigente sindical, el Presidente anunció que solicitará la información de todas las denuncias pendientes que existen en contra del líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps.
"No protegemos sindicatos, no protegemos a líderes sindicales, el Gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos, no hay línea de proteger a nadie, esto ya cambió y si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales, siguen su curso, no se van a detener", dijo.
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Las columnas políticas, domingo 20 de enero de 2019....
Templo Mayor/Reforma...
CON EL REGRESO de los precios de garantía hubo quienes recordaron cómo, a principios de los 90, existió una "innovación" en la materia tras la desaparición de las tarifas fijadas por el gobierno.
EN 1991, se creó Aserca, un organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura para dar "apoyos" a los comercializadores con el objetivo de que les dieran mejores precios a los productores.
SE ACABARON los precios de garantía... pero aparecieron los acopiadores de granos que dobleteaban los llamados tickets de entrada y recibían recursos públicos por productos no cosechados.
AL AMPARO de ese modelo nació una nueva estirpe de millonarios por cuenta del Estado y se crearon grandes fortunas mal habidas. ¿Quién dice que el campo no es "negocio"?
SERÍA INJUSTO culpar al Gobierno por la tragedia en Tlahuelilpan, pero sin duda tiene una gran responsabilidad al renunciar a cumplir una de sus encomiendas constitucionales: cuidar el orden.
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador fue enfático al decir que no se van a "confrontar" con las poblaciones en donde roban combustible y que no va a haber "represión".
SUENA BIEN, pero hay un detalle: el uso legal y legítimo de la fuerza pública no es sinónimo de represión ni de violencia: es una atribución del Estado. Y ya se vio lo que ocurre cuando, a pesar de que los militares llegan a una toma clandestina, traen órdenes de no "confrontar" a quienes se robaban el combustible.
PARA CONSEGUIR los votos necesarios en el Senado para ungir a Alejandro Gertz como fiscal, Morena recurrió al PAN sin muchas esperanzas de recibir su apoyo.
Y, VAYA sorpresa, los cercanos a Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota votaron a favor. ¿La razón? Que fueron colegas de Gertz en el gabinete de Vicente Fox.
SI SORPRENDIÓ que Morena hiciera presidente de la Comisión de Energía del Senado al coahuilense Armando Guadiana a pesar de tener intereses en el sector hidrocarburos, más extraño resulta que lo dejen aprovechar esa posición para atacar a su competencia.
MAL CAYERON en el medio energético las acusaciones que lanzó contra empresas gaseras por un supuesto desfalco a Pemex.
MÁS AÚN porque, mientras con una mano señala con dedo acusador, cuentan que con la otra mece la cuna de la exigencia de empresas carboníferas de Coahuila que demandan al gobierno reanudar la compra de carbón mineral para la CFE. ¿Sabrá el senador lo que significa "conflicto de interés"? Es pregunta con diccionario.
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México perforado/Eduardo Caccia (Imperdible su lectura)
Reforma, 20 Ene. 2019
Poco se puede agregar cuando los adjetivos no alcanzan y la realidad inflama; noche tremenda, apocalíptica, dantesca, infernal. La tristísima jornada de Tlahuelilpan, las decenas de muertos y heridos, marcan una cicatriz más a un país perforado no sólo en sus ductos de combustible, también en el ánimo social de la mayoría de sus habitantes.
Esta columna ha dado varios giros en mi cabeza antes de proyectarse a mis dedos sobre un teclado. Me causó indignación saber que hubo un grupo de militares en la zona de la tragedia, antes de la explosión, que decidió (o mejor dicho, recibió órdenes) de no hacer uso de la fuerza para evitar lo que hoy muchos lamentamos. De inmediato lo conecté con lo expresado por el presidente López Obrador de que los cuerpos de seguridad no van a confrontar a las personas que roban combustible: "No es una orden (presidencial), es una política de no querer resolver el problema con el uso de la fuerza", dijo el mandatario.
Pensé inmediatamente en el postulado weberiano de que el Estado para bien existir debe ejercer el uso legítimo de la fuerza, facultad de control a la que AMLO estaría renunciando: "Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego, no vamos a enfrentar la violencia con la violencia, así no se puede enfrentar el mal, eso está demostrado, eso no es solución, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien". Y seguí indignado porque pensé que el Presidente confunde uso legítimo de la fuerza con violencia. En uno de mis grupos de discusión pregunté si ¿el Ejército pudo haber evitado la tragedia? Apareció entonces la luz de mi amigo y socio David Rettig con una réplica punzante: "¿pudieron haber evitado la tragedia o generado una más grande?" y me recordó uno de los capítulos de The Culture Code: The secrets of highly successful groups, de Daniel Coyle, donde se narra una historia que sacudió mi perspectiva.
En el año 2004 Portugal fue sede de la Eurocopa, una de las competencias de futbol más importantes del orbe. Los organizadores y el gobierno enfrentaban una encrucijada, la inminente llegada de los agresivos hooligans ingleses. El gobierno portugués compró millones de dólares en armamento antimotín, tanques con cañones de agua, espray con gas pimienta, perros policía y más. También contrataron al psicólogo social Clifford Stott, un inglés con ideas revolucionarias, pues creía que era posible detener la violencia grupal cambiando las señales que lanzaba la policía. Para él los acorazados, los cascos, los escudos, eran señales que activaban la violencia de los hooligans. Las autoridades lusitanas dependían de un gran experimento social para frenar la violencia inglesa.
Lo primero que hizo Stott fue entrenar a la policía portuguesa. Puso como regla fundamental el que no hubiera a la vista ningún tipo de equipamiento que sugiriera violencia (cascos, vehículos acorazados, macanas, pistolas, etcétera). Cambió el perfil de los guardianes del orden, más que por su capacidad de combate por sus habilidades sociales. Instó a los oficiales a tener charla amigable con los aficionados. En otras palabras, buscó personas contrarias al instinto natural de la policía o el Ejército. Los vistió como policías amigables. Portugal se jugaba todo con esta estrategia, ¿funcionó o no funcionó? Más de un millón de aficionados visitaron el país durante tres semanas, sólo un inglés fue arrestado. Desde entonces este enfoque se convirtió en un modelo revolucionario para enfrentar la violencia. Cambió la señal de "estamos aquí para combatirlos" a "estamos aquí para ayudarlos".
Después de leer el caso portugués, vi con otros ojos la estrategia de AMLO y la pregunta de David cobró mayor importancia. Sin embargo, veo señales contradictorias en la política de seguridad pública y en la lucha contra la corrupción e impunidad. Qué bien que el Presidente no quiera apagar el fuego con más fuego, ojalá entonces deje de incitar a la división social y llame a la unidad nacional. Me preocupa también que diga que el gobierno no actuará en contra de quienes se ven obligados a cometer ilícitos; ¿dónde estará la raya para definir la intención moral de un acto? Una cosa es prevenir la violencia y otra castigar delitos.
Y claro: la inminente Guardia Nacional ¿será fuego o será agua?
@eduardo_caccia

Enconos y rencores/Luis Rubio
Reforma, 20 Ene. 2019
Quien siembra vientos, reza un refrán, cosecha tempestades. Así, con vientos -en la forma de enconos, rencores, descalificaciones y desprecio- comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una forma de hacer política que apuesta a la permanencia de vientos favorables, al apoyo continuo, a la resignación de la población. Se trata de una apuesta riesgosa porque tarde o temprano aparecen las tempestades y, para entonces, los "otros", esos que han sido denostados y agraviados, estarán en otras cosas. La política de la discordia es útil en tiempos electorales, pero letal en el proceso de construcción nacional.
Todas las naciones requieren un nivel elemental de acuerdo para avanzar; pero igual de valioso es el desacuerdo, siempre y cuando éste sea sobre ideas y modos de resolver los problemas y nunca involucre descalificaciones personales. Al menos así avanzan las sociedades democráticas y civilizadas, como ilustró el Reino Unido -a todo color- esta semana. Sin embargo, en los últimos meses, se juzga la moralidad de personas y grupos a partir de su postura política: los buenos están conmigo, los otros son conservadores o, para usar la lingua franca, "fifís". El presidente perdona o excomulga con un fervor casi religioso. En lugar de sumar, lo que debería ser la esencia de la función gobernante, se descalifica, eliminando los espacios de acuerdo.
Nadie disputa quién es el presidente; su legitimidad es el punto de partida. Tampoco está en discusión que ya concluyó el proceso electoral y que ahora el presidente es responsable del devenir del país. Su mejor interés radica en sumar al conjunto de la población en su proyecto de desarrollo: nada funciona mejor que con la participación y aquiescencia de todos. La estrategia de dividir, polarizar y descalificar es lógica y racional en tiempos de disputa electoral pero no sólo es absurda en tiempos de gobierno -máxime cuando nadie disputa su legitimidad- sino que es absolutamente contraproducente.
Seis años son muchos meses, más semanas y muchos más días, cada uno de los cuales puede amanecer con crisis y circunstancias complejas de manejar. Algunas son locales, otras son mundiales, pero nunca faltan problemas. La pregunta es cómo enfrentarlas cuando éstas se presentan. La estrategia que el presidente ha seguido hasta la fecha sugiere que su cálculo es optimista: todo va a salir bien, no habrá problemas y el tiempo está a su favor. Cualquiera de los últimos cincuenta presidentes de México, incluyendo a los favoritos de AMLO, le podrá confirmar que la realidad nunca es así.
Los problemas aparecen cuando menos se esperan y el gobierno no tiene más remedio que actuar. Esa fue la experiencia de López Portillo con la devaluación de 1976 y de Miguel de la Madrid con la expropiación de los bancos y, luego, el asesinato de Enrique Camarena; de Salinas con la explosión de Guadalajara; de Zedillo con la devaluación de 1994; y con Calderón con la crisis financiera estadounidense de 2008. El problema se presenta y el gobierno tiene que actuar más allá de sus preferencias o posturas. Es en ese momento que importa no sólo la legitimidad de origen -que siempre se pone a prueba en las crisis- sino el capital político que el presidente fue acumulando -o perdiendo- en los tiempos anteriores.
La estrategia de polarización y discordia que sigue AMLO, y que contamina a todo su gobierno, no augura nada bueno para el futuro. Las crisis exigen lo mejor del gobernante y el apoyo de la sociedad; cuando la sociedad está dividida -los buenos y los malos- la gobernanza es difícil y, en tiempos de crisis, imposible. La apuesta a una permanente estrategia de división y descalificación entraña el riesgo de no contar con la sociedad si el entorno benigno se desvanece.
Las amplias mayorías legislativas con que cuenta el presidente le permiten suponer que suyo es el reino de la Tierra y que nada puede mermar sus fuentes de apoyo. Pero hay dos circunstancias que nadie puede perder de vista: la primera es que no es lo mismo el apoyo que un candidato amasa que las dificultades inherentes al ejercicio del gobierno. La popularidad de que goza AMLO en este momento podría desvanecerse si las cosas no mejoran. La segunda es que, cuando vienen las crisis, todos los supuestos dejan de ser válidos: en ese momento, cada uno vela por sus intereses y eso es tan cierto para el más humilde de los mexicanos como para el más encumbrado.
Ningún gobierno se puede dar el lujo de alienar a la mitad de la población (el 47% que votó por otros candidatos) ni puede suponer que su propia base es inalterable. Como dijo alguna vez Napoleón, "para alcanzar el poder es necesario exhibir absoluta mezquindad, algo que cualquiera puede lograr, pero para ejercerlo es necesario mostrar verdadera grandeza y generosidad".
Mao fue más directo en su apreciación. Cuando el historiador C. P. Snow le preguntó qué se necesitaba para gobernar, Mao respondió: "Un ejército popular, alimento suficiente y confianza del pueblo en sus gobernantes". "Si sólo tuviera una de las tres cosas, ¿cuál preferiría?", preguntó Snow. "Puedo prescindir del ejército. La gente puede apretarse los cinturones por un tiempo. Pero sin su confianza no es posible gobernar".
@lrubiof
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Derecho a saber
COLABORADOR INVITADO / Daniel Moreno
Reforma 20 Ene. 2019
Vivo en una calle tranquila. O bueno, eso creía. Acabo de enterarme que, en realidad, los robos y asaltos han ido en aumento. Hace apenas un mes entraron a robar a un negocio que hay cruzando la calle. Por suerte -esa muletilla tonta que usamos como consuelo- no hubo lesionados.
Al menos todavía no se registran delitos graves. Probablemente ayuda que vivo cerca de una taquería y que ahí recalan un par de patrullas todas las noches. Tacos a cambio de paz.
Hoy sé lo que ocurre en mi calle y puedo presumirles me enteré sin hacer ningún trámite. Es información pública, abierta por el gobierno de la CDMX: https://datos.cdmx.gob.mx/
La información no solo sirve para asustar. En este ejemplo sencillo, la conclusión es simple: sabes qué delitos ocurren, diseñas una política pública específica y, por si fuera poco, quienes aquí vivimos podemos proponer soluciones y revisar resultados. Así de fácil. Saber para diseñar. Saber para acompañar y verificar.
Pero esto ha servido no solo para que sepa qué pasa en mi calle. También para contrastar con la política de comunicación del gobierno federal, decidido a tomar un camino contrario al gobierno capitalino, a pesar de su mismo origen partidista. Uno abre, el otro cierra.
¿Cómo puede hablarse de silencio, si nunca habíamos tenido un presidente que se "enfrentara" tantas veces a la prensa?
Las conferencias matutinas no responden a una estrategia en favor de la transparencia. Es una estrategia -muy efectiva, según las encuestas- de comunicación y propaganda. Útil para eludir intermediarios. Poco útil para rendir cuentas.
La prueba es que, en temas capitales, las preguntas se acumulan y la confusión predomina.
Ejemplos: En plena coyuntura sobre el combate al robo de combustible y aun cuando es su obligación legal, el gobierno no ha abierto las estadísticas sobre producción, importaciones, demanda y nivel de inventarios de petrolíferos.
Algo similar a lo que sucede si quieres saber cuántos homicidios han ocurrido en estos primeros 50 días. Pueden consultarse tres fuentes oficiales, pero tendrás que creerle a la que más te guste, porque los números no coinciden. En unos bajan, en otros suben.
En estos temas, confusión. En otros, el silencio.
Por ejemplo: ¿Cómo se ha diseñado el programa de 100 universidades? ¿Dónde está el censo para los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro o Adultos Mayores? ¿Cuánto estamos pagando por mantener en Estados Unidos el avión presidencial? ¿Por qué el contrato no está disponible? ¿Cuánto va a costar la cancelación de Texcoco? ¿Por qué optar por hacer una refinería en Dos Bocas?
Y podríamos seguir.
El gobierno, cuando se trata de acceso a la información, va a la defensiva, confunde, ignora. Más cuando se trata de periodismo. Como si preguntar fuera oponerse, objetar, o como si verificar y contrastar fuera una trampa. Como si nos pidieran -a periodistas, analistas o a cualquier ciudadano- un acto de fe. Como si creyeran que 30 millones de votos validan decisiones caprichosas.
Es cierto que van solo 50 días, pero ya es tiempo de subrayar que dar conferencias diarias no es rendir cuentas. Se requiere que este gobierno responda con datos verificables, rigurosos, con transparencia metodológica. Bienvenidas las 100 universidades, si entendemos el cómo y el porqué.
La obscuridad no puede ser la ruta, y rendición de cuentas y democracia, lo saben, van de la mano. Queremos una política pública en favor de la transparencia, sea para el periodismo, el análisis y hasta la simple curiosidad. Datos para saber la verdad.
Aunque eso signifique perder la ilusión de que mi calle es tranquila y que la inseguridad no se frena con tacos gratis.
El autor es director de Animal Político.
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"Esto se pudo evitar”/
AMPARO TREJO Y MATHIEU TOURLIERE
<Revista Proceso # 2203, 20 de enero de 2019..
La explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, un pueblo de agricultores que cultiva alfalfa y otros productos, revela la magnitud del fenómeno del huachicoleo, tolerado desde hace años por las autoridades de los tres niveles. Proceso recorrió la zona siniestrada, donde el reportero Mathieu Tourliere contó 54 cuerpos carbonizados la madrugada del sábado 20, cuando la gente se desbordó y comenzó a buscar a sus familares. En los testimonios recabados los lugareños refieren cómo hace años la ordeña de ductos transformó la apacible comunidad que ahora llora a sus deudos.

TLAHUELILPAN, HGO.– A través de la luz que proyecta un reflector se dibujan las siluetas rígidas de cuerpos calcinados sobre una tierra carbonizada. Están regados y en posiciones disímbolas: uno quedó bocarriba, con los brazos al aire, sus manos como garras y su rostro con un rictus de dolor.
Son las 2:00 de la madrugada del sábado 19. Siete horas antes el lugar parecía una fiesta: cientos de hombres y mujeres, muchos de ellos acompañados de niños, se amontonaban debajo de un géiser de gasolina de más de 10 metros de altura expulsado de una toma clandestina abierta en el ducto de Tuxpan a Tula. Decenas de lugareños recogían el combustible con cubetas y bidones ante la mirada impávida de soldados.

“Se desbordó la gente; hubo euforia para llenar bidones”, admitió el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.
A las 18:56 horas la euforia se convirtió en pánico. El combustible se incendió y una aterradora llama transformó la milpa en un infierno. Hombres y mujeres corrían incendiados como antorchas lanzando alaridos de dolor; otros se revolcaban en el pasto y la tierra para aplacar las llamas, ayudados por vecinos que no fueron alcanzados por el fuego. Las autoridades decían que hubo 21 muertos al instante y que otros 71 lugareños sufrieron quemaduras de distintos grados. Medio centenar se reportaban como desaparecidos.
En la madrugada del sábado 19, sobre el terreno, el reportero Mathieu Tourliere contó 54 cuerpos calcinados. Estaban regados alrededor de la toma clandestina.
Tlahuelilpan se encuentra a 124 kilómetros al norte de la Ciudad de México, a siete kilómetros del Arco Norte y apenas 15 kilómetros de Tula, Hidalgo.
La mitad de los pobladores se dedica a la agricultura. Cultivan alfalfa –casi 50% de la superficie cultivable se destina a esa leguminosa–, así como maíz, chile, calabaza, tomate, jitomate y frijol. Otro 35% trabaja en empresas cercanas, como la Refinería y la Termoeléctrica de Tula; 10% se dedica al comercio en pequeña escala.
En 1974 Petróleos Mexicanos firmó acuerdos con los agricultores del municipio para que permitieran que bajo sus tierras pasaran los ductos que transportan combustibles. Los pobladores sabían que los señalamientos amarillos de “no excavar, no construir, no perforar”, eran zonas de riesgo, pero desde hace dos años se volvieron la guía para perforar y extraer hidrocarburos de los ductos.
Antes circulaban por las carreteras camiones cargados de pacas de alfalfa, fresca o seca. Desde hace aproximadamente dos años esos camiones esconden contenedores de gasolina. También se disparó la venta de garrafones y bidones de plástico en los tianguis de los martes y en los comercios improvisados al pie de la carretera.
En una población con ingresos precarios, esa actividad ilegal reactivó la economía de la zona.
El parque vehicular creció también en Tlahuelilpan, así como en los municipios aledaños de Tezontepec, Tlaxcoapan y Tula. El combustible barato permitió tener más autos. Hoy Tlahuelilpan padece congestión vehicular.
En Tezontepec comenzaron a enfrentarse grupos rivales que llegan a cargar gasolina. Las muertes se fueron extendiendo conforme se fueron involucrando en el saqueo personas en condiciones de pobreza, que de pronto se encontraron con camionetas y dinero.
En tan sólo dos años, un modesto empleado vestido de uniforme naranja que suele trasladarse en camión a su trabajo en la Refinería de Tula puede ganar tanto dinero que puede remodelar su vivienda y comprarse un vehículo del año.
En los últimos seis meses se han escuchado balaceras en las calles de las colonias cercanas a Tlahuelilpan. En Cerro de la Cruz agentes de la policía que intentaron asegurar depósitos clandestinos fueron golpeados en dos ocasiones.
Los dueños de los campos de cultivo comenzaron a observar entre sus parcelas a mujeres y hombres con celular y vestidos de forma poco adecuada para el trabajo agrícola.
“Son halcones y no nos hacen nada a los que ya nos conocen”, cuenta un agricultor que cada semana recorre su parcela en los campos de Tezontepec, donde cruza otro de los ductos que va de Tula a Salamanca.
De manera paralela, una oleada de trabajadores de Tamaulipas y Veracruz llegaron a la zona a trabajar en la Refinería Miguel Hidalgo, instalada a seis kilómetros de Tula, muy cerca de Tlahuelilpan. Muchos de esos empleados, quienes viven en condiciones de privilegio, ayudan a abrir las tomas clandestinas.
En Tlahuelilpan –un municipio conflictivo, según los pobladores– los delitos de robo de auto y a casas habitación comenzaron a declinar, pues los delincuentes cambiaron de giro: hoy se dedican al robo de combustible.
Los huachicoleros de la región venden gasolina hasta a cinco pesos el litro. Primero la ofrecían de manera discreta, pero a mediados de 2018 abrieron sus casas para vender el combustible.
El 18 de agosto de 2015 hubo una fuga en uno de los ductos de Pemex que pasan por el municipio. Las autoridades locales desalojaron a un sector de la población y lo albergaron en el auditorio municipal.
El 17 de mayo de 2017 se registró la primera gran fuga en el ducto que va de Tuxpan a Tula, cerca del lugar que hoy enluta a Tlahuelilpan. El combustible corrió por algunos de los canales de aguas negras que riegan los cultivos de la zona.
Ese día también la gente se lanzó a los canales para llevarse la gasolina que flotaba sobre el agua. Los agricultores, que comenzaron comprando combustible barato para sus autos, hicieron grandes filas a la orilla del canal.
El año pasado, esta comunidad enfrentó cinco fugas de gasolina y tres incendios en los ductos. En uno de ellos Ángel Barañano, director de Protección Civil del municipio, salvó la vida de los lugareños y se convirtió en héroe.
Los pobladores desconocen si existe un protocolo de seguridad en caso de fuga de combustible, simulacros o información al respecto.
Guadalupe López Aguilar vive a unos 100 metros del ducto. La tarde del viernes 18 pasaron por su calle decenas de personas con bidones, jarras y botellas. A lo lejos veía el géiser que escupía gasolina a 10 metros de altura.
“Ya era una toma vieja”, sostiene. Apunta con el dedo a la distancia y dice: “Hay una aquí, otra allá, otra más allá”.
Un vecino que pide omitir su nombre coincide: “Esa toma tenía dos años, pero de medio año para acá se agudizó el problema; todos sabían de su existencia: las autoridades municipales, estatales y hasta los militares. ¿Por qué no hicieron nada?
Él y doña Guadalupe recuerdan que un grupo de militares resguardaba la zona en el momento en que la población saqueaba el combustible.
“¿Por qué no les dijeron que había riesgo, que no debían entrar? Ahorita llega el gobierno federal y puro show”, señala el vecino.
Doña Guadalupe deplora: “Esto se pudo evitar”.
Los militares que forman parte del cerco de seguridad en la zona se pasean con las armas hacia abajo. “Sí estábamos cuando salió la gasolina y llegó la gente, pero ellos (los huachicoleros) tienen una estrategia: mandan a las mujeres y a los niños por delante y no podemos hacer nada”, dice uno de los soldados.
A las 00:45 horas del sábado 19 el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la zona de la tragedia. Con semblante adusto, ingresó rápidamente al Colegio de Bachilleres de Tlahuelilpan, donde se unió a los integrantes de su gabinete.
–¿Cambia la estrategia? –preguntó alguien.
–No, no cambia… Al contrario. Esto desgraciadamente demuestra que hay que terminar con esta práctica que llevó a esta tragedia.
Y añadió: “No es sólo este municipio ni este estado. Es una práctica que se ha generalizado; la gente no ha tenido alternativas. Vamos a darle oportunidades para que no sean obligados a tomar este camino riesgoso”.
Y prometió: “Habrá más vigilancia y atención”.
Es la misma madrugada y cientos de pobladores, desesperados y ansiosos, rompen la valla de los militares e ingresan al lugar de la tragedia. Caminan sobre la tierra calcinada. Cuando ven un cuerpo lo alumbran con sus celulares. Angustiados, buscan a sus familiares y conocidos.
Se escucha un llanto desgarrador. Una mujer acaba de identificar el cuerpo de su hijo, tendido a unos metros de distancia de la toma clandestina. Los vecinos guardan silencio en solidaridad, pues el luto es colectivo.
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Revista Proceso # 2203, 20 de enero de 2019..
Apellidos como Hank y Mouriño, en la élite transexenal de piperos/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Antes de que Enrique Peña Nieto dejara el poder, Pemex otorgó 36 contratos por adjudicación directa a empresas de transporte de hidrocarburos ligadas con políticos del PRI y del PAN. De esa forma, el rubro de transporte con pipas o autotanques se encuentra copado por esa élite de proveedores, que en conjunto se embolsaron más de 5 mil millones de pesos. Entre los beneficiarios de esas contrataciones están compañías de personajes como Carlos Hank Rhon y Javier Cantú Barragán, primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista consentido del peñanietismo.

Un año y medio antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pemex Logística, la subsidiaria que se encarga del transporte de combustible y otros productos, celebró 36 contratos con compañías piperas, entre las que destacan aquellas cuyos propietarios están relacionados con poderosos grupos del PRI y del PAN.
Entre los beneficiarios de esas contrataciones están empresas como Trans-portadores Unidos S.A. (TUSA), de Carlos Hank Rhon; Transportes Internacionales Tamaulipecos, de Javier Cantú Barragán –primo de Juan Armando Hinojosa Cantú–, así como poderosos empresarios vinculados a la vieja clase política y al salinismo, como los hermanos Gustavo y Gudelio Cavazos Marroquín.
Del entorno panista aparece en el listado Ivancar, de la familia Mouriño Terrazo; Luis Ríos Ortiz, cuñado del expanista y ahora político “independiente” Juan Bueno Torio, quien fue director de Pemex Refinación (hoy extinta) en el sexenio de Vicente Fox.
Se trata de un negocio transexenal: todos los contratos se otorgaron por adjudicación directa, es decir, sin pasar por un proceso de licitación. Se supone que esta modalidad debe emplearse en casos de emergencia o cuando sólo existe un proveedor, pero según el padrón de autorizaciones para el transporte de hidrocarburos por tierra, de la Comisión Reguladora de Energía, mil 483 empresas están facultadas para ofrecer el servicio.
Las firmas de los contratos fueron multianuales, todos se celebraron el 22 de febrero de 2017 y garantizan su prolongación hasta el 22 de febrero de 2020.
Identificados mediante una consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia, dichos contratos representan en total más de 5 mil millones de pesos, que se repartieron entre las 36 empresas mencionadas, de las que al menos 14 están relacionadas con políticos, ya sea por vía familiar o de grupo.
Pemex Logística se fundó en 2015 como parte de la reestructuración de la empresa a raíz de la reforma energética, que dio origen a otras cuatro filiales. Se le dio la categoría administrativa de Empresa Productiva Subsidiaria, con las funciones de supervisar y administrar gasoductos y ductos de productos refinados, terminales de almacenamiento, distribución y GLP, así como terminales marítimas. Adicionalmente, ofrece servicios de transporte terrestre y costa afuera.
Colocada en el centro de la polémica por la campaña contra el huachicol que lanzó el gobierno de AMLO, Pemex Logística será la empresa del Estado más investigada en el arranque del sexenio y, por lo pronto, los tres casos que la Fiscalía General de la República ha judicializado corresponden a exfuncionarios de nivel medio superior.
La decisión asumida por el gobierno lopezobradorista de transportar combustible por medio de pipas mientras cierra ductos para detectar robos beneficia de entrada a estas empresas, que al gozar de contratos vigentes tienen un monto mínimo (por poca demanda de servicio) y un máximo (por mayor demanda).
Un sector generoso
Origen de la fortuna que amasó en el pasado el empresario y político mexiquense Carlos Hank González, el negocio de autotanques todavía forma parte del Grupo Hermes, especializado en contratación pública de distintos sectores que preside Carlos Hank Rhon.
Los Hank, incluidos ya en la Lista de Forbes y entre los 20 más acaudalados de México, poseen las razones sociales Autotanques Foráneos, Transportadores de Combustible, Transportadores de Occidente, Transportadores Promotores de Servicio, Transportadores del Sureste y Transportadores Unidos (TUSA); esta última, una de las empresas favorecidas en el paquete de 36 contratos otorgados al final del sexenio de Peña Nieto.
Integrante de la élite empresarial peñanietista, influyente como pocos en la política mexiquense, Hank Rhon se ha diversificado: en la  construcción, participa en la obra del Tren México-Toluca y el NAIM, por ejemplo; es contratista y concesionario de electricidad con su firma Cerrey y, entre otros negocios, construyó el Banco Interacciones, especializado en créditos al gobierno y que el año pasado se fusionó con Banorte, cuyo presidente es Carlos Hank González, nieto y homónimo del conocido líder del Grupo Atlacomulco.
La adjudicación de transporte obtenida por TUSA es por un monto mínimo de 283 millones 325 mil pesos y un máximo de 515 millones 138 mil.
Del círculo mexiquense, aunque asentado en Tamaulipas, otro de los beneficiados con esos contratos es Javier Cantú Barragán, quien junto con su esposa es dueño de Transportes Internacionales Tamaulipecos. Además de su parentesco con Juan Armando Hinojosa Cantú (presidente del Grupo Higa y contratista consentido hasta el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto), forma con sus hermanos Rolando y Serapio un clan influyente en la entidad fronteriza.
Rolando Cantú, presidente de Tracotamsa, fue beneficiario en el sexenio de Peña Nieto con un megaproyecto, luego de que en 2013 se le adjudicara la construcción del puerto de Matamoros y empezara a participar en otros proyectos de infraestructura del país. Hasta la administración peñanietista, sus obras se limitaban a prestar algunos servicios a Pemex y Comisión Federal de Electricidad en su estado natal, así como al contratismo de obra pública local.
A su vez Serapio, conocido priista, ha sido presidente municipal de Reynosa y funcionario estatal.
Transportes Internacionales Tamaulipecos obtuvo un contrato por un monto mínimo de 20 millones 924 mil pesos y máximo de 38 millones 45 mil.
Otros priistas involucrados en el negocio de los autotanques son los hermanos Gustavo y Gudelio Cavazos Marroquín, líderes del Grupo Allende, versión nuevoleonesa del Atlacomulco.
Vinculados con la élite salinista y veteranos en el contratismo del sector energético como proveedores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad –a la que entre otras cosas abastecen de carbón mineral–, los Cavazos Marroquín consiguieron la adjudicación directa de Pemex Logística para una de sus empresas, registrada como Traslado Internacional. Por esta razón obtendrán un mínimo de 51 millones de pesos y un máximo de 92 millones.
Los hijos del priista hidalguense Noé Paredes Salazar, empresario vinculado desde hace décadas a los grupos de poder local como los Rojo Lugo y señaladamente con el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, obtuvieron uno de los 36 contratos con su empresa Transportación Carretera. El monto adjudicado fue por un mínimo de 262 millones de pesos y un máximo de 477 millones.
El mismo beneficio le otorgó Pemex a Petro Transportes, propiedad de los hermanos Issa Tafich, asentados en La Laguna coahuilense y constructores de un emporio energético no exento de polémicas. Parte de la élite empresarial norteña que apoyó públicamente la campaña de Peña Nieto en 2012, los Issa Tafich consiguieron un contrato de transporte por un mínimo de 184 millones y un máximo de 334 millones de pesos.
Uno de los accionistas de Petro Transportes es el aguascalentense Rodrigo Hicks Macías Valadez, cuyo hermano Guillermo es el principal accionista de Enlaces Terrestres Scorpion, empresa favorecida con una adjudicación directa por un mínimo de 56 millones y un máximo de 103 millones.
La conexión con el PAN
Los escándalos por tráfico de influencias relacionados con Pemex cobraron fuerza en los sexenios panistas. Destaca el caso de Juan Bueno Torio, director de Pemex Refinación en la recta final del sexenio de Vicente Fox. Esa subsidiaria tenía las funciones que hoy tiene Pemex Logística y el panista veracruzano fue señalado de favoritismo hacia su familia en la contratación de transporte.
Bueno Torio nunca fue sancionado y uno de los beneficiados con la adjudicación directa de contratos durante su gestión en Pemex Refinación fue su cuñado Luis Ríos Ortiz, accionista de Autotanques de México. Esta firma tiene relación contractual con Pemex Logística por un monto mínimo de 64 millones de pesos y un máximo de 118 millones.
Al cambio de gobierno, otro escándalo sin consecuencias fue el de la familia del primer secretario de Gobernación con Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño –fallecido en un accidente aéreo–, la cual desarrolló un importante negocio del sector energético en Campeche.
Entre los negocios de los Mouriño destaca el Grupo Energético del Sureste; el club de futbol Celta de Vigo en la Liga Española; franquicias de alimentos chatarra y también Ivancar, empresa a la que se le adjudicó un contrato para transporte de hidrocarburos con autotanque por un monto de entre 23 millones y 42 millones de pesos.
Influencia local
En Querétaro, los hermanos Del Arenal dieron su apellido a una empresa transportista. Entre los accionistas de Autotransportes Especializados del Arenal figura Hortensia, exdirectora de proyectos del Centro Nacional de Metrología, la instancia que certifica los procesos de carburación y calidad de los autotanques. Dicha empresa obtuvo un contrato por un mínimo de 12 millones y un máximo de 21 millones de pesos.
A su vez, los hermanos Eugenio y Evaristo Madero Marcos han conseguido posicionarse con importantes negocios textiles, agrícolas y de transporte en el norte del país, pero también se mezclan en la política. Su influencia data del siglo XIX y actualmente son una fuerza caciquil importante en Parras de la Fuente, Coahuila.
Eugenio Madero, avecindado en Monterrey, es propietario con su esposa de Transportes Madero Acuña, que obtuvo una de las adjudicaciones más altas del listado de 36, por un mínimo de 492 millones y un máximo de 894 millones de pesos.
En Nuevo León, Armando y Fernando González Saldaña –cuñados del secretario estatal de Seguridad Pública, el expriista y hoy político “independiente” Aldo Fasci Zuazua– obtuvieron la adjudicación directa de un contrato por un mínimo de 104 millones y un máximo de 189 millones de pesos con la empresa Ráfagas Logísticas.
Armando González fue director de Servicios Aéreos del estado en el sexenio del priista Natividad González Parás, cuando Fasci era secretario particular del gobernador.
En el caso de Sonora, los hermanos Ibarra Salgado, propietarios de Transportadora Centurión, consiguieron otra de las adjudicaciones directas, de entre 40 y 72 millones de pesos. El más activo de estos empresarios en la política es Manuel, actual director de la Junta de Caminos del gobierno de Sonora.
En el mismo estado tiene su domicilio fiscal Transportes JAT, fundada por la familia Álvarez Tonella. Una de las accionistas, Silvia, y su prima Marcial Matilde Gómez del Campo Tonella –también prima de Margarita Zavala–, poseían sendas guarderías y se vieron involucradas en el escándalo de las concesiones a raíz de la tragedia de la ABC. Sin embargo, Transportes JAT es ahora propiedad de Juan Manuel Millán Osuna, cuyo clan maneja varios negocios entre Sonora y Sinaloa.
Finalmente, en el Bajío los hermanos Sánchez Quintanilla consiguieron el segundo contrato más grande del paquete de 36 con su empresa Royal Transports: el monto mínimo es de 290 millones y un máximo de 528 millones de pesos.
Esta familia está vinculada con el PRI, especialmente por la participación de Verónica en el ayuntamiento de Salamanca. Uno de los hermanos, Alberto, fue asesinado el 12 de octubre de 2017 en medio de la violencia desatada en la región por las bandas de huachicoleros.


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