Las columnas políticas hoy, viernes 22 de febrero de 2019

 Ahora nos dicen que el presidente Enrique Peña Nieto habría pedido ayuda a Joaquín Guzmán para mandar matar a AMLO....
Por cierto la entrevista de Carmen Aristegui con el abogado ya no está disponible en la red...
José Luis González, abogado de Joaquín Guzmán aseguró tener pruebas de que el Cártel de Sinaloa o el propio capo entregó mil 800 millones de dólares desde el inicio de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.
En entrevista con Aristegui Noticias, adelantó que las pruebas serán entregadas al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero en los próximos días..
Y agregó el abogado “es más te voy a dar una primicia. Hay una versión de que el expresidente Enrique Peña Nieto le pidió a ‘Chapo’ que matara a López Obrador. Estamos madurando esta información”...
Agregó que existe esa versión, sin embargo Guzman o le respondió - a decir del abogado-, que él era agricultor y que no era sicario.
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María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador interceder para que sea devuelto en extradición a México.

La mujer entregó al Mandatario una carta en la que acusa que capo fue extraditado a EU de manera ilegal, pues fue entregado pese a la existencia de amparos vigentes en la Suprema Corte de Justicia.
López Obrador divulgó la misiva en Twitter, a la que aludió en su conferencia de la mañana.
La carta está mecanografiada y fechada el 14 de febrero en Badiraguato, municipio sinaloense que visitó el Mandatario la semana pasada.

Loera Pérez también le solicitó al Presidente intermediar ante el Gobierno de Estados Unidos para que le entregue, a ella y a sus dos hijas -hermanas del capo- visas humanitarias para entrar a ese país.
Las columnas políticas hoy, viernes 22 de febrero de 2019
Templo Mayor/ Reforma
PARA CRECER al 4 por ciento anual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió la ayuda de los empresarios... pero él no está ayudando mucho a lograrlo.
EL LLAMADO lo hizo en la instalación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que preside Alfonso Romo. Sin embargo, sus decisiones, sus ocurrencias y sus improvisaciones ya le están costando dinero al país, tal y como lo advierte el mismísimo Banco de México. De acuerdo con la minuta de su última reunión de política monetaria, el banco central consideró que en este primer trimestre de 2019 podría haber crecimiento... pero negativo.
EN ESO, según Banxico, influye el entorno mundial, pero también los efectos del desabasto de gasolina, los bloqueos de vías de tren en Michoacán, la epidemia de huelgas en Tamaulipas y, por supuesto, la cancelación del aeropuerto.
DE AHÍ que si López Obrador quiere que realmente el país crezca al 4 por ciento, tal vez podría empezar por poner un poco de su parte.
MAÑANA arranca la supuesta consulta -sin padrón, sin certeza y sin certificación- sobre la puesta en marcha de la termoeléctrica La Huexca, en Morelos.
SE LLEVARÁ a cabo luego de que el gobierno federal hiciera oídos sordos a las peticiones para frenarla tras del asesinato de Samir Flores Soberanes, uno de los principales opositores al proyecto.
SERÍA BUENO que el Presidente aclarara si se dará a conocer el detalle de los resultados y no sólo el número final que favorece sus deseos. Para los analistas y para la sociedad en general es importante tener acceso las métricas y estadísticas de la consulta, entre otras cosas, para verificar su credibilidad.
POR CIERTO que tanto en el ámbito federal como en el morelense tienen certeza de que la ejecución de Samir Flores Soberanes fue producto del crimen organizado. Y no porque formara parte del mismo, ¡para nada!
SEGÚN las investigaciones, al activista lo tenían amenazado porque también a los malosos les había plantado cara e inclusive habría denunciado a alguno de sus líderes. Sea como sea, su muerte ensombrece la consulta de este fin de semana.
LA BUENA es que se dio marcha atrás al nombramiento de Jesús Torres Charles como jefe de investigación aduanera, debido a su cuestionadísimo papel como procurador de Humberto Moreira en Coahuila.
LA MALA es que no se ha dicho quién le recomendó -o le impuso- a la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, de trayectoria profesional intachable y sin cuestio- namientos, un colaborador con ese pasado tan turbio.
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Bajo Reserva/El Universal
Prepara AMLO nuevas acusaciones de corrupción
Nos dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara dos anuncios espectaculares en materia de corrupción. En estos días, nos adelantan, don Andrés Manuel presentará la lista negra de las 10 empresas que abastecieron al gobierno federal de medicinas, así como los montos que implicaban las compras y las presuntas irregularidades relacionadas con esas adquisiciones. El mandatario también alista, nos comentan, los datos de cuánto se gastaba en la administración de Enrique Peña Nieto en Facebook, Twitter y otras plataformas en internet. El presidente abrirá esos contratos, nos adelantan. Seguramente, nos hacen ver, tendrá muchos likes en sus redes sociales.
La pregunta de los 64 mil pesos para el Presidente
Después de semanas de discusión, y de que por momentos el tema parecía un callejón sin salida, ayer fue aprobada en el Senado de la República la propuesta de Guardia Nacional y se impusieron las modificaciones presentadas por la oposición y la sociedad civil. Senadores de oposición nos dicen que se logró que México contara con una institución policial enteramente civil y que respeta los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Exultantes, dijeron que triunfaron el diálogo y la política. Sin embargo, la historia aún continúa, pues ayer no se escuchó ninguna postura del presidente Andrés Manuel López Obrador que quería una Guardia Nacional muy diferente a la aprobada, así que la pregunta de los 64 mil pesos es si esta mañana el mandatario le dará la bendición a lo aprobado por su partido y la oposición o el gozo se irá al pozo.
La sangre azul de la Guardia Nacional
Si se tratara de una prueba de ADN, todos los partidos políticos pelearían en tribunales la paternidad de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Lo mismo los priistas que los panistas. Sin embargo, nos cuentan que los gobernadores azules andan que brincan de la alegría por la aprobación unánime en el Senado. El mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, nos dicen, tomó la batuta de los del PAN para empujar la negociación con el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador por una corporación con mando civil. En el camino, nos mencionan, apuntalaron la posición del PAN los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Yucatán, Mauricio Vila; de Chihuahua, Javier Corral, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Vaya, ahora resulta que el bebé trae sangre azul…
La mayoría calificada de Morena en riesgo
Nos cuentan que la bancada mayoritaria de Morena en San Lázaro celebró la renuncia de los 9 perredistas que dejaron su fracción para irse como independientes y apoyar algunos de los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. El fondo de esta renuncia es que, de acuerdo con la suma de los diputados de Morena, PT, PES y Verde, más estos 9, ya tenía 335 legisladores, lo que automáticamente les daba la mayoría calificada para reformar la Constitución. Pero mientras Morena tiene las puertas de su bancada abiertas de par en par para recibir diputados, otros se le están saliendo por las ventanas. Nos dicen que este jueves, la diputada Carolina García Aguilar renunció al PES, lo que baja a 334 los diputados aliados del presidente y con eso apenas rozan la mayoría calificada. ¡Cierren las puertas, señores!
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Guardia Nacional: primer paso/Editorial El Universal
Una de las polémicas más acaloradas que ha generado el gobierno federal es la propuesta de crear una Guardia Nacional con mando y elementos militares para combatir el clima de inseguridad en el país. El debate parece haber quedado zanjado con el dictamen aprobado ayer por el Senado, el cual modifica el aura militar con el que había llegado de la Cámara de Diputados y lo reviste de carácter civil.
Muchos de los planteamientos esgrimidos por organizaciones defensoras de derechos humanos y de opositores a la militarización del país fueron incluidos en la propuesta final.
En el documento legislativo queda claro que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública estará debidamente acotada a temporalidad y territorialidad, a diferencia del dictamen original, en el cual la Secretaría de la Defensa Nacional tenía un predominio claro sobre la operación del nuevo cuerpo de seguridad.
La decisión alcanzada en el Senado fue sorpresiva e inesperada. En días previos, las posiciones se mostraban irreconciliables, pero en las negociaciones todos tienen que ceder y el resultado evidencia flexibilidad y disposición de las partes para alcanzar acuerdos.
Sin embargo, la conformación final aún está en el aire, debido a que el dictamen aprobado ayer tiene que ser ratificado por la Cámara de Diputados, donde Morena tiene ahora la mayoría calificada y podría realizar modificaciones.
Si la iniciativa se mantiene como está, se trataría únicamente del primer paso para comenzar a cambiar el rostro violento que azota en varias regiones del país.
Se tendrá que invertir en recursos materiales y humanos, en horas de capacitación, adoptar estrategias de investigación y de inteligencia. Se caerá seguramente en errores, pero todo podría ser corregido.
Gobiernos anteriores han ido de proyecto en proyecto sin que la seguridad se fortalezca ni se sienten las bases para un diseño definitivo. El esquema aprobado nace de la mejor manera: del consenso. Partidos de todas las ideologías aportaron ideas y conceptos a la iniciativa, que fue avalada de manera unánime. Era lo menos que se requería para definir el modelo de seguridad del país para las próximas décadas, luego de varios proyectos puestos en marcha: desde la Policía Federal Preventiva hasta la Gendarmería Nacional.
Para transformar el ambiente de inseguridad, México necesita que sociedad y partidos avancen unidos. Lo ocurrido este jueves es un ejemplo satisfactorio, que tendría que repetirse de manera frecuente. Enhorabuena.
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Frentes Políticos/Excelsior
I. Se pudo. Lo que parecía inviable, sucedió. ¿Hace cuánto no se daba una votación unánime en el Senado para un asunto de fondo como el de la Guardia Nacional? Con 127 votos a favor se estableció que será una institución policial de carácter civil, realizará tareas de seguridad pública y estará conformada por policías federales, militares y navales. Todos ganamos. Ganó Morena porque escuchó. Ganó la oposición porque resistió. Los partidos lograron poner por encima un interés superior. Avanzó la civilidad: no habrá juzgados militares, habrá condición, incluso, para una Ley Nacional de Uso de la Fuerza. La reforma establece un término de 5 años para, ahora sí, empezar la desmilitarización de la seguridad pública en México. Es de reconocerse a los senadores que lograron el consenso. Y Morena mostró voluntad. Escuchar a la sociedad civil rindió frutos. Los únicos que ayer perdieron fueron los criminales. ¿O no?
II. Que regresen. La Auditoría Superior de la Federación reportó anomalías por 87 mil 542 millones de pesos en la cuenta pública del 2017, penúltimo año del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. La ASF informó que en esta etapa se practicaron mil 675 auditorías y se hicieron 9 mil 514 observaciones a la cuenta pública. Se ha presentado ya ante la Fiscalía General de la República un total de 54 denuncias de carácter penal. La buena noticia es que durante las auditorías realizadas se han logrado recuperar un total de 147 mil 334 millones de pesos. Ojalá le salgan las cuentas a David Colmenares Páramo, titular de la ASF y que las cifras no sean para congraciarse con el Presidente. Y si hay responsables, que regresen lo que se llevaron.
III. Justicia. Pobladores de Amilcingo, Morelos, e integrantes del Frente de Pueblos contra la Termoeléctrica, se movilizarán en su intento por frenar la consulta del próximo fin de semana. Tienen programadas marchas en la CDMX para exigir al gobierno el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Sedano, activista. Samantha César, vocera de la asamblea de Pueblos de Morelos. afirmó que en la ciudad recorrerán del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Ayer, los pobladores participaron en la asamblea, en la que aprobaron varias acciones y comenzaron a reforzar los contingentes con la llegada de los estudiantes de Ayotzinapa. El crimen de un luchador social, sea cual fuere el motivo, es inadmisible. Urge saber quién fue o será otra cicatriz de esas que nunca cierran.
IV. El inolvidable. Entre los presidentes municipales que han gobernado en el país, casi todos están para no recordarlos, pues su legado es así de invisible como fue su gestión. La lista es extensa, pero el panista Edgar Olvera Higuera, quien gobernó Naucalpan de 2015 a 2017, se lleva las palmas. Fue etiquetado como el “alcalde más corrupto” de ese trienio. Se le adjudica la compra de un helicóptero, la implementación de los parquímetros, cuyas ganancias no se sabe a dónde fueron; empresarios engañados, desvío de recursos federales, estatales y municipales, compra de insumos con sobreprecio, mientras que en su municipio todos los problemas iban a la alza. Naucalpan no lo olvidará, y mucho menos si sigue impune. ¿Está incluido en la temporada de auditorías?, ¿o ya pactó la impunidad?
V. Ajedrez. Ante el anuncio del gobierno federal de cancelar el apoyo de recursos al programa de guarderías y estancias, el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, anunció que la alcaldía absorberá financiera y administrativamente las 9 estancias que existen ahí. En una carta enviada a la Secretaría de Bienestar, expresó que la decisión del gobierno ha generado incertidumbre entre  los habitantes y se han presentado 55 bajas de los 427 que gozaban de este beneficio. Es una buena decisión luchar por el bien de sus gobernados, pero mejor sería que los gastos los absorbieran los funcionarios. ¿O a qué programas le van a morder para satisfacer sus caprichos políticos?
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Trascendió/Milenio
QUE el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, fue sometido a un ritual de limpia durante la conmemoración del Día de la Lengua Materna, acto en el estuvo Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
A ver cómo le sirve para lograr los consensos y sacar la Guardia Nacional en los términos que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no son los alcanzados ayer en el Senado.
Por cierto, que la oposición en el Senado no disimuló su felicidad con las modificaciones a la Guardia Nacional. Hubo risas, felicitaciones y no se cansaron de decir que fue gracias a ellos que se pudo llegar a un acuerdo.
QUE pese a las críticas presidenciales al dictamen de Guardia Nacional poco o nada podrá hacer para tumbarla si la Cámara de Diputados la aprueba, porque la reforma política de 2014 eliminó el veto de bolsillo, de modo que si la avalan en San Lázaro y 17 Congresos locales, se deberá promulgar en automático.
¿De plano no sabe Andrés Manuel López Obrador que la redacción en la madrugada fue vigilada vía telefónica por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el equipo del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y los representantes de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una vez que fue el coordinador de asesores, Jorge Alcocer, quien la redactó?
QUE la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Yeidckol Polevnsky, tiene grandes conflictos para elegir candidatos en la renovación de alcaldías en Durango, pues ya no se trata de quién garantiza el triunfo, sino de escoger las mejores cartas partiendo de que les favorece la preferencia electoral.
Gómez Palacio no ha tenido alternancia y según algunas encuestas los morenos adelantan tres a uno, sea Juan Ávalos, Rafael Palacios u Omar Castañeda.
La decisión se tomará la próxima semana, cuando abran los registros.
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Plata o Plomo/Alejandro Hope
El Universal
Guardia Nacional: lo bueno, lo malo, lo feo y lo irónico
Ayer, en un desenlace no anticipado, las bancadas senatoriales de todos los partidos políticos, lo mismo de la coalición gubernamental que de la oposición, se pusieron de acuerdo en un dictamen de consenso sobre la Guardia Nacional.
El proyecto tiene muchas virtudes y algunos defectos. Va mi revisión rápida.
Lo bueno
1. La nueva redacción eliminó la ambigüedad sobre el carácter de la Guardia Nacional. En el texto aprobado ayer, se determina con precisión que se trata de una institución policial de naturaleza civil.
2. En el nuevo dictamen, se borró el mando bicéfalo que persistía en la minuta enviada por la Cámara de Diputados. La Sedena deja de tener el control operativo sobre la corporación. La responsabilidad por lo que haga o deje de hacer la Guardia Nacional cae sin ambages en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
3. La Junta de Jefes de Estado Mayor, un esperpento que generaba líneas cruzadas de responsabilidad y abría la puerta a conflictos interinstitucionales de difícil solución, desapareció en el dictamen del Senado.
4. En el artículo transitorio que autoriza el uso temporal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se incluyeron una serie de candados alineados con los criterios definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la intervención militar debe ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Lo malo
1. Muchas definiciones importantes se dejaron para la discusión de la ley. Por ejemplo, la estructura jerárquica, el régimen disciplinario y el sistema de ascenso y promociones quedaron abiertos. Por allí, podría colarse aún una dosis de control militar sobre la Guardia Nacional, máxime cuando el mismo artículo transitorio señala que, en lo conducente, se tratará de homologar las prácticas con las existentes en la Fuerza Armada permanente.
2. Para todo fin práctico, la creación de la Guardia Nacional va a significar el fin de la Policía Federal. Con ello, se van a tirar por la borda veinte años de construcción institucional. Se perdió asimismo la oportunidad de tener un modelo a la española o la francesa, con un cuerpo de control territorial para zonas rurales y pequeñas poblaciones y una corporación netamente policial para zonas urbanas.
3. Si bien desapareció la Junta de Jefes de Estado Mayor, se metió de refilón una “instancia de coordinación interinstitucional”, que pudiera ser una ruta alternativa para reincorporar el control militar a la institución.
Lo feo
1. El dictamen tiene una contradicción interna grave. En el artículo quinto transitorio se señala que, durante cinco años, el Presidente de la República podrá hacer uso de las Fuerzas Armadas para funciones de seguridad pública. Con los candados señalados arriba, pero ya sin dudas sobre la constitucionalidad de la intervención militar en tareas policiales. Esa disposición puede crear un incentivo perverso: si los militares van a poder realizar directamente funciones de seguridad pública por los próximos 5 años, ¿qué incentivos van a tener para transferir elementos, capacidades y presupuesto a la Guardia Nacional? Desde su perspectiva institucional, vale más la pena dilatar la creación del nuevo cuerpo, esperar tres o cuatro años, y cabildear con el Congreso una extensión del mandato.
Lo irónico
1. Si tan solo le hubieran cambiado el nombre a la nueva corporación (Guardia Civil, Guardia Territorial, etc.), hubiera sido posible crearla en términos similares a los que acabaron plasmados en el dictamen, sin necesidad de reforma constitucional y sin el desgaste que ha supuesto esta negociación para el gobierno. Se volvieron rehenes del nombre. Ironías de la política.
@ahope71
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En Privado/ Joaquín López-Dóriga
Milenio
Sí, es cierto, no la vi venir
El rencor no fortalece, debilita y anula la razón. Florestán
Debo reconocer que yo la traía mal, que nunca vi la posibilidad de que el Senado, y menos por unanimidad, aprobara una Guardia Nacional Civil ni el acuerdo unánime de los senadores ex profeso, ni que Morena se atreviera a sacar una corporación contraria a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador que siempre planteó un cuerpo con integrantes, organización, preparación, disciplina, normas, fuero y mandos militares.
Así que, aceptada mi corta visión en este caso, debo reconocer el logro en el Senado, de cuyas negociaciones estuvo al tanto el presidente López Obrador a través del subsecretario de Gobernación Zoé Robledo, que participó en ellas al igual que mandos militares, y que llevaron a esta trascendental modificación que descarta las preocupaciones de subir a rango constitucional la militarización de esa Guardia y, al mismo tiempo, por primera vez, da a las fuerzas armadas un marco legal a nivel de Carta Magna para su funcionamiento en materia de seguridad pública, que fue lo que siempre pidieron y nunca obtuvieron.
Este es un paso histórico, sí, sin duda, de cara a la mayor demanda de los mexicanos, seguridad ante una inseguridad creciente, desbordada, batalla que han perdido los gobiernos, que hemos perdido los mexicanos, todos, y creado una situación de vulnerabilidad y temor a escala nacional. Y digo que es histórico porque si los dos últimos gobiernos no pudieron resolver esta crisis de violencia, hoy hay otro que propone una alternativa que los mexicanos mayoritariamente aprueban, la Guardia Nacional, que ahora tendrá el respaldo del mando civil y de la garantía constitucional.
Pero veamos lo que dice el presidente hoy por la mañana.
RETALES
1. ALARMA. La mañanera de ayer, de acuerdo con los datos de Luis Estrada, fue la más extensa de las que ha dado en sus 83 días de gobierno, 127 minutos, solo igualada por la del 8 de febrero sobre la termoeléctrica de Morelos. La de ayer la hubiera rebasado de no ser por la alerta sísmica;
2. CIERTO. El Presidente reprochó ayer, con toda razón, que le señalaran algún tipo de responsabilidad en el asesinato del líder opositor a la termoeléctrica de Huesca, pero se negó a posponer la consulta de este fin de semana a pesar de la advertencia de la CNDH sobre el riesgo por el clima violento. Pero sí será responsabilidad de su gobierno si se presenta algún incidente; y
3. RELEVO. Dura la reunión entre Claudia Ruiz Massieu y diputados y gobernadores del PRI, le reclamaron su reproche por el apoyo a la Guardia Nacional y le preguntaron quién lo hacía: la presidenta del PRI o la senadora. Ahora adelantarán la sucesión, prevista para el 19 de agosto y donde se promueve Alejandro Moreno, aunque nadie le ha preguntado a René Juárez si la va a buscar o no. El miércoles tienen asamblea.
Nos vemos el martes, pero en privado
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 Golpe de los senadores al fantasma de la “militarización”
Arsenal/FRANCISCO GARFIAS...
Excelsior
Golpe de los senadores al fantasma de la “militarización”
  Ricardo Monreal se la jugó y ganó. Si la bancada de Morena se le hubiese volteado a su coordinador en la votación sobre la Guardia Nacional, con mando civil real, hoy sería un fusible quemado.
Y es que a los duros del guinda no les conviene que el político zacatecano emerja de este histórico capítulo —merece el calificativo—  como el hombre que supo conciliar con la oposición.
Pero también convencer al Presidente, derrotar las resistencias internas y poner su parte para acabar con el fantasma de la militarización de la Seguridad Pública.
Francotiradores no faltaron entre los guindas. En el Senado y en Morena. Sabemos que hubo intentos de torpedear el acuerdo unánime de los grupos parlamentarios, aun después de anunciado. Fracasaron.
Dicho esto, no podemos regatear la apertura mostrada por los senadores del Movimiento Regeneración Nacional. Sin ella seguiríamos en el limbo.
Hoy vivimos tiempos violentísimos. La brutalidad se impone. El pasado enero ha sido el mes más violento desde que se llevan estadísticas, dos mil 452 homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
México ya no puede perder en tempo en grillas baratas. Hay que caminar juntos, consensuar, acordar, enfrentar al crimen con nuevas estrategias que no sólo se basen en el uso de la fuerza. Hoy sabemos que las Fuerzas Armadas regresan a los cuarteles dentro de cinco años, si los diputados aprueban la minuta.
Pero también, que la Guardia Civil será una institución policial adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, que habrá controles institucionales, fortalecimiento de las policías, respeto al federalismo y que hay un compromiso de respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos.
“¡Sí se pudo!”, decían las pancartas que jubilosos alzaban integrantes del colectivo Seguridad sin guerra, que, valga la redundancia, le declararon la guerra a la militarización de la seguridad pública y salieron airosos.
Fue también una jornada victoriosa para el bloque opositor en la Cámara Alta. El llamado G4 (PAN, PRI, MC, PRD). Ya se dieron cuenta de que juntos son más fuertes y pueden ser contrapeso a la maquinaria de Morena.
“Es un antes y un después”, consideró Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN, al comentar el acuerdo sobre la GN. Su homólogo del PRD, Miguel Mancera, añadió: “Triunfó la razón sobre la emoción, el impulso”.  
El priista Miguel Osorio Chong dijo que “es una victoria para la buena política. La que dialoga, la que escucha, la que sabe construir a partir de acuerdos entre distintos”.
El emecista Dante Delgado no se quedó atrás. Dijo “sí a continuar apoyando, sí a que los ciudadanos sean escuchados por los senadores”. Raúl Bolaños Cacho, del PVEM, celebró que, por fin, los grupos parlamentarios hayan puesto a México “en el centro de las decisiones”.
El panista Kuri se mostraba, incluso, sorprendido de que prestigiados politólogos o activistas de la organización Seguridad sin guerra estuvieran allí para respaldar el acuerdo unánime logrado por grupos parlamentarios de diverso signo ideológico.
“Nunca me imaginé que Denise Dresser se sumara públicamente al reconocimiento que tiene el acuerdo”, nos dijo.
El aguerrido senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, nos contó que la noche del miércoles se fue a su casa preocupado y pesimista sobre la no militarización de la Guardia Nacional. “Pensaba regresar a la sesión del jueves con una antorcha y un bote de gasolina” , bromeó.
Un tema que se complicó fue el de los militares que se van a integrar a la Guardia  Nacional. Aquí publicamos, hace dos días, que a los soldados y marinos que pasen a ese nuevo cuerpo de seguridad pública que se va a crear les será reconocida antigüedad y prestaciones.
Podrán regresar al Ejército y a la Armada cuando las circunstancias lo permitan o ellos así lo decidan. Irían en calidad de “prestados”, para utilizar un término coloquial.
Pero la minuta llegó al pleno mal redactada. Decía que los elementos que se incorporaran a la GN serían “dados de baja” de las Fuerzas Armadas. La bronca es que si te das de baja del Ejército o la Marina, ya no puedes regresar.
“Darse de baja es para ellos deshonroso”, nos dijo una fuente que participó en las negociaciones. Pero el texto se corrigió. Los militares serán “prestados”. Eso permitió la unanimidad.
Las negociaciones estuvieron “muy cabronas”. Se extendieron hasta las primeras horas de la madrugada del jueves.
Había representantes del Ejecutivo. Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación; Jorge Alcocer, coordinador de asesores de Olga Sánchez Cordero. También gente de Sedena, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública en la mesa de negociaciones entre los grupos parlamentarios.
Cada coma, cada palabra, cada concepto modificado era consultado con el Ejecutivo. “Espérenme, voy a preguntar”, decían.
No es difícil imaginar que el presidente López Obrador llegó ayer bien informado de lo que se venía cuando ofreció su conferencia mañanera en Palacio Nacional.
Allí dijo que no aceptará leyes que no resuelvan el problema de la inseguridad y la violencia. Se mostró ambiguo. Será hasta hoy que fije postura, dijo.
El diputado Mario Delgado ha alimentado las especulaciones de que en San Lázaro le darán macha atrás a los cambios y volverán a la redacción que ellos ya habían aprobado cuando les regresen la minuta.
Si se produjera ese supuesto —lo que vemos muy difícil—, la Guardia Nacional ya no podría discutirse, por lo menos en este periodo ordinario. Así lo dispone el artículo de la Constitución.
Podemos, incluso, apostar que los duros se quedarán con las ganas de meter reversa. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ya declaró que está de acuerdo con todos los términos de la minuta aprobada y hasta dijo que “será un cuerpo de excelencia”.
Y les puedo jurar que no se fue por la libre.
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Así sí: gran acuerdo en el Senado/Pablo Hiriart
El Financiero...,
Uso de Razón
Al fin los distintos partidos políticos alcanzaron un acuerdo unánime sobre el tema que, hoy por hoy, más angustia a la población del país: la inseguridad.
Fue un gran acuerdo el alcanzado ayer en la Cámara de Senadores.
El presidente López Obrador tiene la mesa puesta para bajar la criminalidad como no la tuvo ningún presidente en los años previos.
Ni un solo partido político fue mezquino para pensar y actuar en beneficio de la población.
Tampoco hay partidos que quieren que le vaya mal a México para que les vaya bien a ellos.
De ahora en adelante, los resultados en materia de seguridad dependerán de la capacidad del presidente y de sus secretarios.
Los legisladores le dieron todo lo que pedía, salvaguardando la autoridad civil sobre los mandos y códigos militares.
López Obrador debe aquilatar que en la oposición hay una buena actitud para avanzar en aquello que le conviene a México, y dejar de soltar insultos e improperios todas las mañanas a quienes piensan diferente.
También en su equipo hay gente capaz y tolerante, como Ricardo Monreal, que con diálogo y espíritu abierto supo escuchar y conciliar.
Monreal logró lo que muchos veían imposible: unanimidad para un acuerdo tan delicado como la Guardia Nacional con participación de elementos de las Fuerzas Armadas.
Y eso se alcanzó con buenos modales políticos, sin bravuconadas ni extorsiones a los legisladores y sus familiares.
En una sola línea: sí son posibles los acuerdos cuando el beneficiado es México y no un grupo.
Como dijimos ayer en esta columna, al fin se reconoce la necesidad del concurso de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen y a la inseguridad.
Ya no se les pone a los soldados como sinónimo de violadores de derechos humanos y asesinos de viejitas.
Son indispensables, por un tiempo.
Ahora tendrán un marco constitucional que los protege y regula su actuación.
El acuerdo es aplaudible por varias razones:
La primera es que se dota al Estado de un cuerpo de seguridad interior, que contará con la participación de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad que tiene a la ciudadanía temerosa, asediada y vejada.
Ese cuerpo de seguridad interior, la Guardia Nacional, contará con un mando civil.
Los mandos de dirección de la Guardia Nacional también serán civiles.
Todos los elementos de las Fuerzas Armadas que pasen a formar parte de la Guardia se regirán por los códigos civiles.
Se desechó la iniciativa de reforma al artículo 13 de la Constitución, por lo que no habrá fuero militar para sus integrantes, aunque provengan del Ejército o la Marina.
Habrá temporalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública: dentro de cinco años sus integrantes regresarán a los cuarteles.
Ahora no va a ocurrir esa paradoja que Magú ponía en evidencia: “militarizar para desmilitarizar”.
Con el acuerdo que se alcanzó en el Senado no habrá tal militarización.
La Guardia Nacional será una institución policial civil que va a depender de la secretaría de Seguridad Pública.
En el Presupuesto se establecerán los recursos correspondientes para que los gobiernos estatales formen cuerpos policiacos profesionales. Serán evaluados y tendrán un calendario que cumplir.
Así es que, al fin, un gobierno podrá combatir a la delincuencia y pacificar al país, pues contará con las herramientas institucionales y operativas para hacerlo.
Falta que sean capaces y, por el bien de todos, ojalá que sí.
Y falta un gran evento de homenaje y desagravio a las Fuerzas Armadas que han estado bajo el fuego de la delincuencia y de la artillería mediática de quienes buscaron su desprestigio y fomentaron un clima de hostilidad en su contra.
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Triunfo de la política  sobre la imposición
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Triunfo de la política sobre la imposición
Excelsior, 22 de Febrero de 2019
Ayer concluyó la primera negociación legislativa real de la presente administración, que logró sacar adelante la Guardia Nacional, con un diseño donde el gobierno federal, los gobernadores, el oficialismo y la oposición han logrado parte de lo que querían y todos, al mismo tiempo, algo han tenido que conceder.
Que un tema tan debatido haya pasado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios se debe reconocer como un logro y también como el camino que tiene que recorrer el gobierno para encontrar, dentro de las profundas reformas que quiere imponer, vías de consenso que no lleven inevitablemente a la polarización.
Muchos han participado intensamente para sacar este acuerdo en la Cámara de Senadores, que estuvo a punto de perderse en la de Diputados. En forma notable, el director jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que fue quien tuvo que cuadrar las posiciones antagónicas dentro del propio gobierno (incluyendo al presidente López Obrador, quien prefería una Guardia Nacional adscripta a la Sedena) con las de las oposiciones, pero también hubo intensa participación del subsecretario Zoé Robledo, de los coordinadores parlamentarios, sobre todo de Ricardo Monreal, de Morena, y Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, que tuvieron un rol protagónico en la negociación final.
La clave del acuerdo son los transitorios cinco y seis. En el primero se establece que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto y mientras la Guardia Nacional “desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Ése es el transitorio que quitó en diputados y que provocó la reacción del presidente López Obrador y de las fuerzas militares, porque sin él perdía sentido la reforma y la creación del nuevo cuerpo policial. Implica establecer, finalmente, la protección legal que desde hace años vienen reclamando las Fuerzas Armadas para seguir cumpliendo con tareas de seguridad pública.
El sexto transitorio establece que durante esos cinco años en que estará en formación la Guardia Nacional, la Defensa y la Marina participarán para “establecer la estructura jerárquica de la Guardia, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades, tareas y servicios, así como las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, homologados a las propias Fuerzas Armadas”. En otras palabras, por lo menos durante este sexenio, las Fuerzas Armadas tendrán el control operativo completo de la nueva corporación, que tendrá un mando civil porque estará bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero operativamente estará bajo control militar. De esa forma se cumplió con la demanda de la oposición y también con los objetivos del oficialismo.
La mayoría de los gobernadores apoyaron desde el inicio la Guardia Nacional y en el séptimo transitorio, obtuvieron lo que pretendían: en un máximo de 180 días presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el diagnóstico y el programa para fortalecer sus fuerzas estatales y municipales, y tendrán presupuesto para implementarlo. Fuera del texto, el acuerdo es que desde la Secretaría de Seguridad se pueda establecer, junto con los gobernadores, un modelo policial homogéneo para todo el país, basado, precisamente, en una Guardia Nacional que, recordemos, tendrá despliegue permanente en todos los estados del país, replicando en cada uno de ellos, el modelo operativo, civil-militar, planteado a nivel federal.
La Guardia Nacional no se desmilitariza porque nunca fue un organismo netamente militar: estaba pensada desde el origen como una fuerza policial, con origen militar. Los dos transitorios permiten que ese carácter civil de la Guardia no perdiera la conformación e integración militar que eran imprescindibles darle organicidad al nuevo cuerpo. Esos transitorios, como dijimos, le dan, también a soldados y marinos, la protección legal que requerían para continuar con las labores de seguridad pública mientras se termina de conformar y madurar la Guardia Nacional.
Las oposiciones actuaron de forma distinta en la coyuntura. Creo que la que más ganó fue la priista, tanto sus gobernadores como sus legisladores, porque se mantuvo todo el tiempo en un plano de negociación que le dio interlocución hasta la última hora. El PAN se equivocó al endurecerse (incluyendo aquella reunión de gobernadores panistas con el gabinete de seguridad en la que dejaron plantados a los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad) perdió interlocución. La negociación real terminó pasando por los gobernadores panistas disconformes con su dirigencia y, sobre todo, por el priismo.
Movimiento Ciudadano, como siempre, jugó sus cartas, con la mente puesta en Jalisco, y el PRD, luego del golpe que significó la renuncia de sus nueve diputados para sumarse en los hechos a Morena, trabajó vía Miguel Mancera muy cerca de los priistas en el proceso de negociación.

Al final lo que tuvimos fue un triunfo, que ya se añoraba, de la política sobre la imposición. Ojalá se refleje en muchos otros ámbitos.
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Guardia Nacional... y hospitalaria/Carlos Marín
Milenio, 22 de Febrero 2019;
Además de su obvia, delicada y trascendental importancia, lo de la Guardia Nacional me hace pensar en un téte a téte que ha puesto a aullar al respetable: 128 senadores sometidos por unos cuantos, pero en bola, de las fraccioncitas opositoras contra 500 diputados avasallados por los morenistas, mucho más aplastantes ya con su pilón de tránsfugas ex “izquierdistas”. Y el presidente es el juez que franca y abiertamente no quiere que el Senado gane estas vencidas.
Como lo resuelto ayer pasa a otra discusión diputadil y el coordinador de Morena, Mario Delgado, advierte que la mayoría insistirá en la militar, paso la palabra a lectores de El asalto... de ayer:
Gabriel Coronado: No puedo creer lo que dice usted. Sencillamente, no puedo ni entiendo cómo se puede ser tan insensible y estar tan equivocado al mismo tiempo. Relea lo que escribió. Creo que no estaba pensando con claridad. ¡Que bárbaro!
Mariano Morales Pinal: Ay Carlitos, qué poca progenitora muestras a veces. ¡Vender el carro! No te mides y defiendes los “servicios“ del sistema de salud. Para el pueblo, al IMSS, con sus negligentes médicos asesinos y sus hospitales, le importa madre la salud. Se le llama “aeropuerto“, porque de ahí se vuela al otro mundo. Qué poca madre tienes. De plano no tienes temor de Dios.
René Delgado V: Imagino que usted, por ser empleado del Grupo Milenio, está inscrito o pensionado en el IMSS, al que nunca ha ido a consulta, porque de hacerlo no opinaría lo que escribió. Tener un auto no significa que deba venderlo. ¿Cómo dice eso de que se le quita su lugar a los realmente jodidos? (Respondo: buena parte de mi numerosa familia se atiende en el IMSS, yo a veces, y mi padre siempre, hasta su muerte, en el Hospital General Regional 2 de Villa Coapa, contó con esa gran institución).
Raúl Razo Rodríguez: Soy médico y estoy de acuerdo con sus afirmaciones. Sin embargo hay algunas imprecisiones. Ante cualquier problema se señala al médico responsable, no la secretaria de Salud. Todos los hospitales públicos están rebasados en pacientes. Un médico tiene a su cargo al menos 30 pacientes por turno de ocho horas. En el IMSS, un médico familiar debe tener a su cargo dos mil 400 pacientes, pero aquí en Jalisco se tienen de cinco a ocho mil  por consultorio.
No hay insumos ni espacios suficientes. Por esto el garrafón del agua improvisando una escafandra de oxígeno, no “incubadora”, y como premio separan a la directora del hospital. Los pacientes no cuidan ni previenen,  exigen alguna píldora mágica o somos amenazados con demandas, insultos y algunos hasta físicamente. En el caso de la señora de que habla, se calcula de ocho y hasta diez horas a partir de iniciados los dolores de parto para buscar atención y lo debe haber hecho cuando ya era inminente el parto. Lo fácil es sacar el celular y grabar para ser exhibidos en redes sociales.
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Kriptonita para los militares (y II)
ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, 
Durante la LXIII Legislatura, la coordinadora de la bancada de Morena, Rocío Nahle, le habló a Andrés Manuel López Obrador, que andaba en precampaña electoral. La acababa de hablar el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y la había invitado a platicar sobre la Ley de Seguridad Interior que deseaba fuera aprobada en el Congreso. López Obrador le respondió en forma instantánea que declinara la invitación y que, además, votara todo en contra de los militares.
No les darían ningún apoyo, pero después, adelantando su convicción de que llegaría a la Presidencia, les darían todo. López Obrador así lo hizo.
Les dio todo, pero a su modo. En su primer encuentro con el entonces secretario de la Defensa en los meses de la transición, el general Cienfuegos le presentó los nombres de los dos militares que a su juicio consideraba eran los más capacitados para encabezar la Secretaría durante su gobierno, el subsecretario, el general Roble Arturo Granados, y el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Alejandro Saavedra. En vísperas de tomar posesión, lo primero que le dijo López Obrador en su último encuentro fue que su sustituto sería una persona que le encantaría, y que además, hablaba muy bien de él.
Se trataba del general Luis Cresencio Sandoval, quien era el penúltimo promovido entre 23, de los generales de tres estrellas. El presidente escogió a quien pensaba un general con experiencia de campo, con menos compromisos internos, que ha sido una de las variables fijas en la selección del gabinete de López Obrador. Lo que le dijo a Nahle meses antes, lo cumplió. Con un incremento de 11% en el presupuesto, la Secretaría de la Defensa fue de las pocas dependencias que tuvieron un aumento, y quiere que se hagan cargo de la Guardia Nacional, lo que, se puede argumentar, será una transformación hacia el empequeñecimiento del Ejército para convertirlo en una policía militarizada. En los altos mandos militares discrepan de esta hipótesis y sostienen que la Guardia Nacional no será sustituto del Ejército sino una fuerza más, con similar despliegue territorial.
Su desaparición, sin embargo, es una idea que rebota hace tiempo en la cabeza del presidente.
Durante la campaña dijo que no había necesidad de tener un Ejército ni una doctrina de seguridad nacional, porque México no tenía enemigos externos ni estaba en guerra. El papel de los militares estaba adentro, en la seguridad pública. Parece una contradicción lo que ha hecho López Obrador por militares, pero como se adelantó en el texto anterior, la Guardia Nacional es más una trampa que un beneficio. 
En el ley de la creación de la Guardia Nacional en el Senado, hay una división con respecto al fuero. Los mandos civiles serán regidos por procesos civiles, y los militares por la Justicia Militar. Esto es un contrasentido, según explicaron militares de alto rango, ya que aunque toda su estructura, capacitación y doctrina será militar, el elemento central del funcionamiento castrense, la disciplina, se funda en el fuero. La dualidad de ellos traerá problemas con los civiles, presentará distorsiones en las líneas de mando, y habrá disfuncionalidad en sus tareas. Tal asimetría tendrá consecuencias en las operaciones de campo y eventualmente en los resultados.
El fuero era lo que más buscaban en el Ejército, no la temporalidad porque están convencidos de que sus funciones en seguridad pública trascenderán el sexenio de López Obrador, ni el mando militar, porque seguirán operando como lo hicieron en los últimos dos gobiernos, donde las decisiones macro -estrategias y teatros de operaciones- las tomaban los civiles, y la operación de campo los militares. Este elemento vital para los militares, que nunca estuvo bajo la atención de la opinión pública, puede ser definir el éxito o el fracaso en sus tareas futuras.
La Guardia Nacional apunta a un desvanecimiento en la fuerza del Ejército como la institución que protege la seguridad nacional, y el fortalecimiento de una policía militarizada. Dentro de la Secretaría de la Defensa consideran que el proceso que se viviría con la Guardia sería precisamente el gradual retiro del Ejército de las tareas de seguridad pública para regresar a sus cuarteles. Es cierto ese proceso, pero tiende más hacia su desaparición que al retorno a los cuarteles. 
La hipótesis se irá probando cada año con los presupuestos. Un rubro para ver es el equipamiento.
El Ejército no puede equipar a la Guardia Nacional porque las armas son de uso reglamentario y bajo los acuerdos internacionales, no pueden ser utilizados para seguridad pública, Nuevas armas y equipo -como cámaras de videograbación para los operativos- serán adquirida para el nuevo cuerpo policial. Se verá si se mantienen simétricos los presupuestos o si se empieza a disminuir el del Ejército por la Guardia Nacional.
Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional se descarta por completo la desaparición de las Fuerzas Armadas, pero el discurso de López Obrador sobre el futuro del Ejército ante la ausencia de amenaza externa, no debe olvidarse. El presidente es muy consistente entre lo que dice y lo que hace. El que tenga en la mente desaparecerlas y dejar el país únicamente con una policía militarizada, no hay que soslayarlo. Costa Rica, que abolió su Ejército en 1948 y creó una policía civil, reorientó su presupuesto en política social. 
Costa Rica es un espejo pertinente, porque López Obrador necesita recursos para financiar su proyecto de nación por los pobres y no le guarda aprecio a los militares, como muchos en su equipo, desde 1968. La Guardia Nacional se convierte de esta forma en el puente para cumplir un viejo objetivo multifactorial.
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Con AMLO, “la muerte tiene permiso”
ITINERARIO POLÍTICO/Ricardo Alemán
El Debate, 
Durante buena parte de su precampaña, de su campaña presidencial y de su intenso activismo como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador centró su atención y su promesa de cambio en el tema de la seguridad.
Como si se tratara de un acto de fe, aseguró que con solo cambiar de gobierno –con la llegada de los supuestos políticos honestos y puros que él encabeza–, las mafias criminales y los matarifes dejarían las armas, se alejarían de la maldad y se convertirían al bien.
Por eso –porque Obrador es un sembrador de esperanza–, resultó de gran efectividad mediática y propagandística aquel mensaje mesiánico de “abrazos en lugar de balazos”, que era acompañado con un eslogan que se volvió estribillo de campaña: “los militares a los cuarteles”.
Sin embargo, la terca realidad se impuso. El ejercicio del poder no es un acto de fe y contener la violencia no es propio de los milagros. En solo 85 días vivimos el arranque sexenal más violento de la historia; con el mayor número de eventos criminales y las peores expectativas para la seguridad ciudadana.
Y es que en solo 85 días del gobierno de AMLO se han producido entre 5 y 6 mil muertes violentas.
Es decir, un promedio de 65 muertes por día, lo que significa que en México es asesinado un ciudadano cada 30 minutos, en promedio.
En los primeros 85 días del gobierno de Obrador se produjo la mayor tragedia al arranque sexenal, que cobró tres veces más vidas que las que se perdieron de jóvenes normalistas. En el estallidos de Tlahuelilpan –en donde el gobierno federal no ha investigado nada–, hasta hoy se han registrado 132 personas muertas. No existe un solo detenido, no hay un solo culpable y en el lugar de la tragedia se han repetido los pinchazos a ductos sin que ninguna autoridad pueda hacer nada.
En solo 85 días, han sido asesinados cinco periodistas en distintas entidades del país y no existe un solo detenido, no hay investigación abierta y ninguno de los familiares ha recibido siquiera un mensaje de condolencia por parte del gobierno federal.
Peor, el presidente Obrador ha omitido hablar del tema y no existe una sola mención por parte de su gobierno. En realidad a nadie de la cuarta transformación le importan los periodistas muertos.
En los primeros 85 días de la gestión de AMLO murió una gobernadora, la poblana Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Igual que en el resto de crímenes ocurridos en el nuevo gobierno, nadie ha investigado nada, a nadie le importa si fue un accidente o si existen elementos para presumir un atentado o, incluso, si se trató de un crimen de Estado. Lo único cierto es que la paraje de políticos poblanos eran dos de los más severos críticos del gobierno de Obrador.
En solo 85 días otros dos críticos del gobierno de Obrador han muerto en condiciones nada claras.
El primero es el empresario Carlos Martín Bringas –en su momento patrocinador de la campaña de Ricardo Anaya–, quien fue encontrado sin vida en un automóvil, con aparentes signos de suicidio.
La familia del hombre de negocios reveló a distintos medios que no existían razones para presumir un suicidio, en tanto expertos forenses documentaron que todo indica que se trató de un asesinato.
El segundo caso es el del líder social Samir Flores asesinado apenas el pasado miércoles cuando salía de su casa, en Amilcingo, Morelos. Resulta que Samir era un férreo opositor a la termoeléctrica y gasoducto que se construyen en Morelos; obra que según el presidente Obrador sería sometida a consulta.
En torno al crimen existen distintas versiones, algunas descabelladas, como la que supone que pretendió desalentar la participación en la consulta. Por eso, organizaciones indígenas como el EZLN culpan al presidente del crimen.
En solo 85 días se han producido 317 secuestros en todo el país –poco más de tres secuestros por día, según reporte de Alto al Secuestro. Isabel Miranda de Wallace señaló que esa cifra arroja un repunte alarmante en el número de plagios, y entre los estados con mayor incidencia curiosamente aparecen Veracruz y Ciudad de México, dos entidades gobernadas por Morena.
En solo 85 días el número de feminicidios se ha disparado hasta niveles de escándalo. Según distintas activistas del 1 de diciembre al 20 de febrero se han reportado por lo menos 150 ataques mortales. Y ni una palabra del tema por parte del Gobierno federal.
Por eso, frente a las cifras arriba documentadas, se puede concluir que en el gobierno de AMLO “la muerte tiene permiso”. Es decir, que ha resultado un fracaso total la estrategia de seguridad del nuevo gobierno.