¿Y cuántos desplazados hay en Sinaloa?. Hasta donde sé no hay un dato certero; algunos hablan de 40 mil otros de 25 mil.
La Secretaria de Desarrollo Social de Sinaloa tenía registrado hasta hace un par de meses a 2,900 personas que en algún momento dejaron su hogar por la violencia; de ellas 500 no volvieron a sus comunidades.
El Estado tiene una Ley para atender el Desplazamiento Forzado, al igual que Chiapas y Guerrero. La ley se aprobó, en julio de 2020 y se publicó el 21 de agosto; la legislación crea el registro para desplazado y un Fondo Especial. (Véase; https://fredalvarez.blogspot.com/2021/05/ley-para-prevenir-atender-y-reparar.html#more
2021, ha sido el tercer año donde se dedican recursos de manera especial; i) 20 millones en 2019; ii) 30 millones en 2020, y; iii) 40 millones en 2021. Muy poco. El quid es al parecer han hecho las cosas mal; recomiendo el reportaje de Marcos Vizcarra de este domingo en Reforma.
Desplazados, de drama en drama
Aunque el Gobierno construyó casas para miles de desplazados por la violencia en Sinaloa, las lluvias provocaron daños en las viviendas.
Reportaje de Marcos Vizcarra
Revista R de Reforma, 18 de julio de 2021
Miles de personas han huido de sus pueblos en Sinaloa por las amenazas de grupos armados. El Gobierno les construye casas de 5 por 6 metros, pero decenas de éstas ya sufrieron daños por deslaves.
Son viviendas sobre planchas de concreto de 10 pulgadas. Miden 5 metros de fondo por 6 de ancho. Se planeó que en éstas vivieran familias enteras, de por lo menos cuatro personas, pero antes de entregarse colapsaron.
Las primeras lluvias del verano provocaron daños en las casas construidas por el Gobierno de Sinaloa para personas desplazadas.
En 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó la recomendación 39/2017, donde se ordenó atención inmediata a por lo menos 6 mil personas desplazadas por la violencia en Sinaloa.
"Son casas que ya sabíamos que se podían caer con las lluvias", dice Esperanza Hernández Lugo, mujer desplazada en el municipio de Sinaloa, quien representa a personas de su localidad y de Choix, donde están construidas las primeras 30 viviendas.
"Nos dijeron que eran casas progresivas, pero lo único progresivo es la pobreza de nosotros los desplazados", señala la mujer que participa en una mesa intersecretarial, cuyos integrantes son Secretarios de Estado, diputados locales y organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Esta mesa trabaja con un censo, el cual inició en 2019 y a la fecha tiene el registro de más de 2 mil 600 familias que no volverán a sus casas por amenazas de grupos armados.
"Hay un padrón de 2 mil 635 familias de manera flotante, lo expreso así porque en ocasiones algunas bajan y otros regresan a sus hogares", dice Paulino Rojo Mendoza, subsecretario de Planeación y Vinculación Social de la Secretaría de Desarrollo Social en Sinaloa.
La CNDH señala en la recomendación de 2017 que debía hacerse ese censo, pues de éste se debe atender a cada persona en sus necesidades de vivienda, educación, salud, seguridad y empleo.
A la fecha solo se tiene el censo y la construcción de 100 viviendas entre Mazatlán y Choix, más otros 140 terrenos adquiridos en Salvador Alvarado y Culiacán.
"No se me hace justo que no se atienda rápidamente a quienes integramos la recomendación de la Comisión", expresa la señora Esperanza al recordar que su caso y el de otra mujer causó el inicio de un expediente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la recomendación de la CNDH.
La mesa ya estableció que antes de terminar la Administración estatal actual, el 1 de noviembre, deberá entregarse el primer grupo de casas a personas desplazadas.
Antes de hacerlo deberán hacer reparaciones de las viviendas con daños en Choix y crear mecanismos para que no vuelvan a colapsar.
El origen de los desplazados
Era 2011. El Gobierno de Sinaloa inició un conflicto directo con hombres armados quienes se hicieron llamar "Los Mazatlecos", una organización que el Departamento de Estado de Estados Unidos cataloga como cártel. Hubo masacres, personas torturadas y otras más desaparecidas. Esa organización se refugió en la sierra y sacó a centenas de hombres y mujeres de sus casas.
"Nos dieron 24 horas para irnos o quedarnos a matar con ellos y uno qué hace", dice Santiago, un hombre de unos 60 años de edad.
Los sauces, los parajes hacia las parcelas, la calma y los cantos de las aves se quedaron en Mezquite, pueblo de don Santiago, ubicado en Choix, un municipio norteño de Sinaloa que comparte la Sierra Madre Occidental con Chihuahua y Sonora.
El viento caliente y la brisa de las mañanas aún lo siente en sus mejillas agrietadas por el sol. Todo está en su memoria en medio del caos de las bestias motorizadas, amontonado en una casa donde vive con sus familiares desde que huyeron.
Tuvo suerte en tener un lugar dónde vivir: la mayoría de las personas desplazadas en Choix viven como indigentes o compartiendo techo con familiares desde hace 10 años.
En 2011 los grupos de hombres armados sacaron a por lo menos 563 personas de Cajón de Cancio, El Corral Quemado, Mezquite, Mezquite Caído, El Muerto, El Oro, El Palmarito, Puerto de la Judía, Ranchito de Islas, Real Blanco, Reparito, Saucillo, Saucito, El Trigo, Huepaco, Huillachapa, Cieneguita de Núñez, La Culebra, Ladrillera, Tasajera, Colmenas, Las Juntas, Las Taunitas, Los Molinos, Tacopaco, Tadaran, Techobampo de los Paredes y Tardancito. Todos pueblos de Choix.
La CNDH documentó esto en la recomendación 39/2017. La memoria quedó impresa.
En ese documento se establece que no fueron los únicos, hubo mil 475 personas más del municipio de Sinaloa desplazadas en 2012 de los pueblos San José de Los Hornos, Ocurahui, Sierrita de Germán, Metatitos, Los Quintero, El Hornito, La Ciruela, Arroyo Seco, Batamote, Casas Grandes, El Laurelito, El Limón, El Limón de Los García, El Palmar de los Sepúlveda, El Pilar, El Zapotillo, La Cantera, La Chirimoya, Ciénega de Parra, Joya de Los Martínez, La mesa, La mesa del Bejuco, Las mesas, Las Tapias, Los Alamitos, Los Chapotes, Los Cocos, Los Laureles, Los Naranjos, Los Quintero, Mesas de los Parra, Metatitos, Tarahumares, Terrero de los Acosta, Tescalama, Tierra Nueva y Zapotes de los Barraza.
Otras 4 mil 714 personas fueron desplazadas de los municipios de Ahome, Badiraguato, Cosalá, Mazatlán, San Ignacio, Concordia y Culiacán, según informes del Gobierno de Sinaloa.
Abandonaron sus vacas y caballos, los corrales quedaron abiertos como las puertas de las casas, las poltronas afuera de estas. Dejaron sus vidas entre los cerros y montañas para guarecerse y tratar de apaciguar el ánimo en las ciudades.
Esta violencia no mermó, todos los días se registraron muertes y desapariciones en la sierra por grupos criminales. Entre 2013 y 2016, organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, documentaron hasta 34 mil personas que abandonaron sus pueblos.
La mayoría se refugió con familiares en ciudades, principalmente Culiacán, Mazatlán y Ahome.
En 2017 hubo más casos en Concordia. En 2018 se registraron desplazamientos en Rosario, Badiraguato y Choix. En 2019 en el sur de Sinaloa y en el 2020 en Culiacán.
Sinaloa es un estado en constante migración forzada.
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Cuando la CNDH emitió las recomendaciones sobre personas desplazadas, se señaló la necesidad de un censo para conocer la magnitud de este problema. Eso ocurrió en 2017, pero se comenzó hasta 2019.
La metodología de este conteo estuvo a cargo de académicos de la Universidad Autónoma de Occidente, con preguntas sencillas como el lugar de origen de las personas desplazadas, lugar de residencia actual y si la violencia fue la causante para dejar sus pueblos.
Hasta junio de 2021, la Secretaría de Desarrollo Social no tiene un diagnóstico específico, pero sí conoce que por lo menos 10 mil personas siguen desplazadas por la violencia y no volverán jamás a sus pueblos por falta de seguridad, trabajo y el despojo de sus tierras.
En medio de todo, se exigió la construcción de viviendas, la compra de terrenos y la adaptación de estos para quienes no fueron protegidos de la violencia y pudieran tener un lugar para vivir y rehacer sus vidas.
"Es nuestro derecho como desplazados, es lo mínimo que pueden hacer si no van a devolvernos nuestras tierras", expresa Esperanza Hernández Lugo.
Esta mujer huyó de Ocurahui, municipio de Sinaloa, "de lo bonito de la sierra", como lo describe. Una noche llegaron hombres, la amenazaron y prefirió tomar lo necesario, lo que le alcanzó con sus manos, despertó a sus hijos y nueras, y se fue de ese pueblo en medio de balaceras.
Salió aterrorizada por grupos criminales que usan la violencia para quedarse con el territorio donde ahora producen y trafican drogas, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública.
Ahí también se extrae oro, plata, hierro y cobre con proyectos mineros que conviven con los grupos criminales, de acuerdo con bitácoras del Consejo Estatal Minero dadas por Transparencia por la Secretaría de Economía.
La señora Esperanza se convirtió en una de las lideresas del movimiento de personas desplazadas en Sinaloa.
Por su denuncia y la de otra mujer de Choix fue que se promovió la recomendación de la CNDH y una serie de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los organismos señalaron necesidades básicas para las personas desplazadas, como la salud, educación, empleo, seguridad y vivienda.
"Nos llegaron hasta ofrecer escoltas, pero eso no era la solución", cuenta Esperanza mientras se seca el sudor en un viaje a Choix para conocer el proyecto de vivienda del Gobierno de Sinaloa para personas desplazadas.
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Son espacios de 5 metros de largo por otros 6 de ancho en un terreno de 10 metros de fachada por otros 20 de fondo.
Este fraccionamiento tiene unas 30 casas levantadas de esas medidas en planchas de concreto de 10 pulgadas, sin cimientos, solo una trabe en la mitad de esas viviendas para evitar que se partan a la mitad.
Luis es uno de los albañiles que construyen estas casas. Tiene 35 años y vive aún con sus padres tras ser desplazado hace 20 años de su pueblo Huillachapa, en Choix. Huyó siendo un adolescente por amenazas de hombres armados.
¿Entonces esta casa que construyes es para ti?
"No, ojalá".
¿Dónde vives tú?
"En la Colonia Higuerita".
¿De dónde eres?
"De Huillachapa Ahorita ya está todo solo, nada más los trabajadores de la mina que está en El Potrero".
¿Y si te dieran una casa de éstas?
"Pues qué chulada porque no tenemos ahorita, estoy casado, tengo dos hijos y vivo con mis papás No alcanza aquí".
¿Una casa de estas sí alcanza para vivir bien?
"No, apenas se cabe, pero ya es un techo por lo menos":
Estas casas se construyeron sobre una ladera, junto a un riachuelo que conecta con el río Fuerte. Están hechas sobre tierra suelta, separadas una de la otra con marcas de cal para mostrar la división de los terrenos.
¿Y cuando lleguen las lluvias? ¿no se irán con un deslave?
"Quien sabe, según los arquitectos estas casas están bien macizas".
Cuando Luis explicaba cómo están hechas estas casas aún no llovía en Choix. Era el 19 de junio de 2019.
Dos semanas después, la situación cambió, las casas comenzaron a caer desde esa ladera con las primeras lluvias de ese verano.
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Ninguna de esas viviendas tiene cimientos ni servicios públicos como drenaje, agua potable o electricidad. Estas casas son las que se entregarán a personas desplazadas.
El comité intersecretarial para la atención de personas desplazadas administra 40 millones de pesos asignados por el Congreso local para este rubro. En esa organización de dependencias también participan organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Ahí, dice Miguel Ángel Calderón Espinoza, visitador general de la CEDH, se ha discutido cada una de las necesidades de las personas desplazadas, cumpliendo cada una de las medidas dispuestas en recomendaciones.
"No hay una disposición que establezca cuáles son las características de las casas. Obviamente se tiene que cumplir con lo que establecen en este caso las diversas disposiciones que tienen que ver con la construcción de vivienda", señala el visitador.
-¿Usted dejaría su casa y se iría a vivir en una de estas que se están derrumbando en la ladera?
"Yo no estoy en esta situación (...) Te repito, son viviendas que deben cumplir con las disposiciones legales y constitucionales al respecto".
Ese grupo de trabajo intersecretarial anunció la construcción de 100 viviendas entre Mazatlán y Choix, más la compra de 140 terrenos para Salvador Alvarado y Culiacán.
Las 30 viviendas afectadas por el deslave en Choix formaban parte de un paquete de entrega para antes de que concluya la Administración estatal actual.
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En la mesa intersecretarial se sientan Secretarios de Estado, diputados locales y representantes de organizaciones civiles.
Cada mes tienen reuniones de avance de los proyectos para atender a personas desplazadas.
En la mayoría de esas reuniones están personas desplazadas para opinar, proponer y exigir, aunque pocas veces son registradas en las bitácoras o minutas.
"Igual no nos hacen caso", asegura la señora Esperanza Hernández Lugo.
En una de las últimas reuniones, donde se habló de las casas de Choix, habló Ricardo Madrid Pérez, Secretario de Desarrollo Social, un político priista del Gabinete estatal, que llegó a ese puesto después de dos renuncias y una destitución. Antes fue secretario particular del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.
"Miren, estas van a ser las casas que vamos a darle a los desplazados", dijo en una de las reuniones.
Casi todas los presentes aplaudieron.
"¿Pero en qué condiciones vamos a estar viviendo?", dijo Esperanza levantando la voz en medio de todas las personas, "¿usted viviría ahí? ¿se animaría a dejar su casa para vivir en esas casitas?” (le preguntan a Ricardo Madrid).
Entonces un silencio incómodo.
"Qué malagradecida es usted, Esperanza", le dijo el funcionario.
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