Las columnas políticas hoy, lunes 15 de agosto de 2022

Leticia Ramírez es la secretaria de Educación...

Sustituye en el cargo a la maestra elfina Gómez, quien deja el cargo para ser candidata de Morena en el Estado de México.

"Es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, con convicciones, fue dirigente en la Sección 9 del magisterio, tanto del SNTE, como de la CNTE. Es una maestra, otra maestra la que va a estar a cargo de la SEP", reiteró AMLO  en la mañnera de hoy.

¿Quién es la nueva Secretaria de Educación? 

- Maestra de profesión

- Muy cercana al Presidente, ha formado parte de su movimiento desde hace casi de 30 años.

- Se desempeñaba como Directora General de Atención Ciudadana donde se reciben y procesan más de 10 mil peticiones mensuales, en promedio.

- Fue integrante del CEN del SNTE, la Sección 9, CDMX, políticamente en manos de la CNTE.

- Fue militante del PRD, donde ocupó la Secretaría de Organización.

- Actualmente es militante de Morena.

- Egresada de la Escuela Nacional de Maestros con estudios en Antropología Social.

La señora Gordillo se pronunció a favor del diálogo con la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, y a la existencia de las escuelas de tiempo completo, a la alimentación de las niñas y de los niños en los planteles y al horario ampliado.

“Con nuevos liderazgos, nuevos diálogos son necesarios en la @SEP_mx. #Síx3: SÍ a las escuelas de tiempo completo; SÍ a la alimentación de lxs niñxs y; SÍ al horario ampliado que brinda prosperidad familiar y seguridad”, escribió la política chiapaneca en su cuenta de Twitter.

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Gobierno no pretende militarización del país, asegura Mario Delgado

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, acusó a la derecha de tener una política “carroñera” de noticias falsas, al señalar que los hechos de violencia ocurridos en días recientes, fueron orquestados por el gobierno federal para tener justificación para la militarización del país.

Por el contrario, aseguró que el gobierno de López Obrador tiene una estrategia clara y centra sus esfuerzos en las labores que desempeñan la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.

“Lo que el Presidente quiere es que la Guardia Nacional quede blindada hacia el futuro y que quede bajo el amparo de la Sedena, para garantizar su disciplina e integridad y no sea una institución fallida como ocurrió en el pasado donde las policías se corrompieron”, explicó Delgado.

Delgado destacó que López Obrador no evade su responsabilidad, tan es así que el próximo viernes encabezará la reunión de seguridad en Tijuana.

Calificó como desafortunadas las declaraciones de la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, quien señaló tras los hechos ocurridos en esa ciudad fronteriza, los criminales tendrían que cobrar las facturas a quien se las debe y no afectar a la ciudadanía.

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NARCO-TERROR

• "Hubo orden directa del cártel Jalisco de golpear Guanajuato". Informes de inteligencia revelan que las quemas del narco la semana pasada en Guanajuato fueron un "ataque directo" a la economía e imagen de la entidad, pero también a una cadena de tiendas de conveniencia, aseguró Sophia Huett, secretaria ejecutiva del Sistema de Seguridad estatal. (Entrevista). MIL (Nota en ElPaís.es: "Los golpes del narco contra la población chocan con la política de seguridad de López Obrador").

 Luego de que 350 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional arribaran a BC el sábado para reforzar la seguridad, se registraron cinco casos de vehículos incendiados durante la madrugada de ayer. EXC

 El afán por militarizar la seguridad para ocultar el fracaso de su estrategia ha llevado al Presidente AMLO al absurdo de querer, por decreto, violar la Constitución, acusó ayer el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), el senador Dante Delgado. REF

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Las columnas políticas hoy, lunes 15 de agosto de 2022

Templo Mayor/  REFORMA;

HOY se sabrá quién encabezará la SEP en lugar de Delfina Gómez. Lo que no se sabe es cuándo habrá educación pública de calidad en México. Llegue quien llegue a la dependencia, difícilmente podrá hacer algo para revertir el daño que se le ha causado a las actuales y futuras generaciones de estudiantes.

Y NO ES sólo porque niñas y niños que cursan la primaria, por ejemplo, han pasado prácticamente dos años viendo las clases en la pantalla, debido a la pandemia. Es también porque el modelo impuesto por la 4T no busca que los alumnos aprendan mejor, sino que llenen el requisito de pasar por las aulas, "haiga sido como haiga sido".

DE QUÉ SIRVE, por ejemplo, que el Presidente reciba en Palacio Nacional a la astronauta Katya Echazarreta, si las niñas mexicanas no pueden aspirar a una educación científica que les permita seguir su ejemplo. ¡Dios nos libre de poner calificaciones! Para este gobierno la calidad educativa es un capricho pequeño burgués. 

DE NO CREERSE que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, haya pedido públicamente a los comercios pagar sus facturas al crimen para lograr la paz. Pero más increíble resulta que la morenista festeje como un logro haber convertido su disparate en tendencia en las redes sociales.

EN UN CHAT en el que participan la alcaldesa y sus colaboradores, se intercambiaron mensajes de euforia sobre el tema. Miguel Ángel Torres escribió: "Nuestra presidenta es ya tendencia internacional". Eli Topete agregó: "Vamos con todo". Y Rodolfo Adame hizo lo propio: "Con todooo".

POR LO VISTO, Montserrat Caballero no alcanza a darse cuenta de qué tan fuera de lugar están sus declaraciones, luego de las violentas jornadas que se están viviendo en el país. Habrá que preguntarle a los comerciantes y empresarios tijuanenses si están tan contentos como su alcaldesa con las acciones del crimen organizado.

TRAS cuatro días de terror que incluyeron la masacre en Ciudad Juárez, los narcobloqueos en Jalisco y la violencia en Baja California, ¿a dónde creen que fue el subsecretario de Seguridad federal? Exacto: Ricardo Mejía Berdeja se fue a Coahuila a seguir haciendo su ilegal campaña preelectoral mientras el país se incendia.

EL COLMO es que el funcionario todavía tiene el descaro de decir que sus reuniones con electores son "asambleas vecinales para la prevención del delito". Pero del delito electoral que comete cada fin de semana, de ése nomás no habla.

HACE UNOS DÍAS se dio la extraña alineación de cinco planetas, lo cual volverá a suceder hasta el año 2040. Resulta más fácil que se alineen Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, a que Morena haga una elección limpia. Van dos semanas de su proceso interno... ¡y siguen sin dar resultados oficiales!

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OCHO COLUMNAS 15 DE AGOSTO:

1. Reforma. VINCULAN CON NARCO A 167 "AUTODEFENSAS". Arman operativo en Michoacán contra rivales de CJNG

2. El Universal. SE DUPLICA EL COSTO DEL TREN SUBURBANO AL AIFA. Entre agosto del 2020 y julio de este año la ampliación que llegará al nuevo aeropuerto pasó de 12 mil 479 millones a 25 mil millones de pesos

3. La Jornada. LOS HUMILDES VAN PRIMERO: AMLO ANTE EMPRESARIOS NEOLEONESES. “Lucho por un país de libertades"

4. Milenio.  "HUBO ORDEN DIRECTA DEL CÁRTEL JALISCO DEL GOLPEAR GUANAJUATO". Sophia Huett, titular del Sistema de Seguridad Pública del estado, dice que "la gobernabilidad se restableció de inmediato", aunque esa banda logró posicionar su mensaje criminal fuera del país

5. Excélsior. PROFESIONALIZAN EL ROBO EN CARRETERAS. La delincuencia organizada recluta a operadores expertos e infiltran a su gente en las empresas de autotransporte, alertan representantes del gremio

6. El Financiero. EXIGE IP ACTUAR CONTRA LA VIOLENCIA EN EL PAÍS. Demandan de autoridades garantizar seguridad de los ciudadanos

7. El Economista. EU ENSAMBLA AHORA MÁS VEHÍCULOS QUE MÉXICO Y CANADÁ CON REGLAS DE T- MEC. Avanza en porcentaje de producción mientras sus socios bajan

8. La Razón. AUMENTAN ATAQUES DEL CRIMEN; VAN MÁS QUE LOS DE TODO EL AÑO PASADO. Aún no concluye 2022 y ya suman 15% más

9. 24 Horas. AUTORIDADES VIOLENTAN A MUJERES. Acusan a MP y jueces de re victimizarlas

10. Reporte Indigo. CORRESPONSABILIDAD EN SEGURIDAD. Reporte Índigo platicó con el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, con representantes de la sociedad civil así como con especialistas en la materia para analizar la ola de violencia por la que atraviesa México. Aunque sus posturas son distintas, todos coinciden en que el país no puede seguir bajo el yugo del crimen organizado

11. La Crónica. EMPRESARIOS EXIGEN CAMBIO DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos lanzó un exhorto luego de una semana muy violenta

12. El Sol de México. SE EXPANDE VIOLENCIA A MICHOACÁN. Las Cámaras de Comercio en Tamaulipas piden blindar al estado para que no se repliquen los ataques

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Las columnas políticas hoy, lunes 15 de agosto de 2022

Incumple Senado con revisión prometida a la política de seguridad

Bajo Reserva/El Universal

Desde el pasado 29 de junio, tan sólo unos días después del asesinato de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Chihuahua (20 de junio), se anunció en el Senado de la República que vendría una revisión de la estrategia de seguridad del Poder Ejecutivo en el seno de ese órgano legislativo, pero aún nada. Aquel asesinato en la Sierra Tarahumara conmocionó a la sociedad mexicana, pero ya van a cumplirse dos meses y el Senado sigue sin entrarle a fondo al tema. Nos cuentan que el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, coincidió en que la estrategia de seguridad es perfectible, cuestión que hoy es muy evidente a la luz de los hechos de violencia y asesinatos que se registraron en los últimos días en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, sin embargo, el Senado sigue sin hacer algo al respecto.

INE, otra vez a pelear por el presupuesto

Nos comentan que un nuevo frente se abrirá entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la autollamada Cuarta Transformación, por el presupuesto de 2023. Este lunes el órgano electoral presentará las cifras de su anteproyecto para los recursos que solicitará el próximo año, en el que se renovarán las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, además de que iniciarán los preparativos para la elección presidencial de 2024. Nos recuerdan que en la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría, le han metido tijera al presupuesto del INE, lo que complicó la realización de la consulta de revocación de mandato este año, y en esta ocasión, el pleito por el presupuesto coincide con el choque que mantienen las fuerzas afines al gobierno contra la oposición por el tema de la reforma electoral.  

Le falla la corcholata al presidente de la Cámara

Nos platican que este domingo en Minatitlán, Veracruz, se preguntaron por qué Adán Augusto López no acudió al informe de labores que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, realizó ayer. El acto, que para muchos fue más que un informe el inicio de la campaña del diputado morenista por la candidatura al gobierno estatal, estaba planeado para que luciera el propio Gutiérrez, pero el secretario de Gobernación, y aspirante a la candidatura presidencial, también brillaría como el invitado especial. Sin embargo, el tabasqueño nunca llegó. A esa hora don Adán estaba acompañando al Presidente en una gira por Nuevo León. Así, el diputado tuvo el espaldarazo del líder de su bancada, Ignacio Mier, y del presidente de su partido, Mario Delgado, pero de ninguna corcholata. 

Fox, el gurú del PAN

El expresidente Vicente Fox, nos hacen ver, se ha convertido en una especie de gurú de Acción Nacional en los tiempos difíciles. Nos cuentan que el pasado miércoles, un día después de los hechos violentos que se presentaron en Guanajuato, el mandatario panista Diego Sinhue Rodríguez difundió que se reunió con Fox. Al cónclave también acudieron algunos exgobernadores panistas guanajuatenses como Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva, Carlos Medina Plascencia y Miguel Márquez Márquez. Además, nos informan que el aspirante panista a la gubernatura mexiquense, Enrique Vargas, también se reunió con Fox Quesada, quien lo respaldó en sus aspiraciones y dijo que debería ser el candidato de una gran alianza. Por si algo faltara, el próximo 21 de agosto el PAN echará toda la carne al asador con un encuentro entre militantes y simpatizantes donde acudirán Fox, Marko Cortés y los gobernadores panistas Mauricio Vila (Yucatán); Maru Campos (Chihuahua); Diego Sinhue (Guanajuato); Mauricio Kuri (Querétaro); Teresa Jiménez (electa de Aguascalientes); José Rosas Aispuro (Durango) y Santiago Creel Miranda, quien busca ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados. 

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El narco mimado de AMLO se le rebela/Salvador García Soto

El Universal, 

La semana anterior pasará a la historia como una de las peores crisis en materia de seguridad y violencia criminal que haya vivido este país, en la larga y dolorosa noche negra de 16 años desde que Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga. Paradójicamente, el gobierno que más ha criticado los orígenes de esta violencia en el pasado reciente y el presidente que prometió que iba a devolverle la paz a los mexicanos, hoy está exponiendo a la población civil a ser atacada de manera directa y cobarde por los narcos que han hecho de los ciudadanos el blanco de sus agresiones armadas y actos de terrorismo con los que buscan sembrar terror y muerte entre los civiles inocentes.

En su cuarto año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador está cosechando finalmente los resultados de su polémica y fallida estrategia de seguridad y de su indolente y absurda política de “abrazos, no balazos”, con la que muy lejos de combatir “las causas y raíces” del problema de seguridad, lo único que hizo fue consentir, mimar y darle a los capos de la droga y a sus ejércitos armados de sicarios, la garantía de que este gobierno no iba en ningún caso a tocarlos, a detenerlos y mucho menos a extraditarlos. Y eso fue lo que su gobierno había hecho en sus primeros cuatro años, generando todo tipo de percepciones e interpretaciones que iban desde la incapacidad y la corrupción hasta la colusión y complicidad de la administración lopezobradorista con los Cárteles de la Droga.

Pero aunque esa estrategia no ha variado –al menos no de manera oficial ni por decisión del presidente– en los hechos la detención de Rafael Caro Quintero, ordenada y presionada por el gobierno de Estados Unidos, junto con las presiones para la extradición del capo sinaloense y su entrega la justicia estadunidense, hicieron que los líderes del crimen organizado percibieran un cambio en la actuación del gobierno y, entendieran que, si se detuvo a Caro y se le va a enviar al país vecino para ser juzgado, es muy probable que las mismas presiones de Washington, que doblaron a López Obrador para, por primera vez en su gobierno detener a un capo mayor, se repitieran para pedir la detención y entrega de otros jefes de cárteles mexicanos que figuran en las listas de los más buscados del FBI y del Departamento de Justicia, empezando por Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Eso explicaría la operación virulenta y terrorista que desataron la semana pasada varios grupos del narcotráfico, al parecer de manera concertada y orquestada, para sembrar terror entre la población de al menos seis estados de la República: Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Estado de México y Baja California, en donde el saldo oficial de esta jornada crítica fue de 260 muertos, algunos de ellos en enfrentamientos entre criminales y las fuerzas del orden, pero también varios de ellos civiles inocentes que fueron baleados o atacados de manera artera e impune por los sicarios armados en varias ciudades.

Lo que se vivió en los últimos ocho días remite inevitablemente a los sucesos de Culiacán, el 17 de octubre de 2019 y parece ser finalmente consecuencia de aquellos hechos y decisiones que tomó el gobierno de López Obrador: si con la detención con fines de extradición de Ovidio Guzmán, hoy líder de una facción identificada como “Los Chapitos”, el presidente enfrentó una rebelión armada del Cártel de Sinaloa, que terminó doblándolo y obligándolo a liberar a Ovidio y a definir la que sería su política de “no agresión al narco”; con la rebelión de esta semana, encabezada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y su líder “El Mencho”, apoyado en algunos otros grupos regionales en Tijuana y Chihuahua, López Obrador tendrá que tomar una decisión que será crucial y marcará no sólo a su gobierno sino particularmente a su fin de sexenio: o se planta y enfrenta el desafío y la rebelión casi nacional de los criminales o vuelve a doblarse y condena al país al desastre, a la población civil a ser blanco abierto del terror y la violencia armada del narco y a su administración al fracaso, a la ignominia y a la vergüenza histórica.

López Obrador podrá seguir con sus discursos falaces y con su efectiva manipulación de cada mañana y podrá mantener incluso a sus fanatizadas y subsidiadas bases de apoyo, pero si no enfrenta y resuelve una crisis de inseguridad y violencia como la que ha agravado en sus cuatro años de indolencia y apatía hacia la impunidad e inmunidad del narcotráfico y la que le estalló con toda su crudeza esta última semana, su “Cuarta Transformación” con toda su retórica propagandística será recordada como una etapa negra y violenta para México, mientras él cargará con sus más de 121 mil muertos hasta junio pasado, por inseguridad –sin mencionar a los más de 600 mil muertos por la pandemia de Covid–.

 Pero lo más grave es que si el presidente no reacciona y enfrenta como Jefe de Estado el desafío abierto que le está planteando el crimen organizado y lejos de eso persiste en su negligente y criminal necedad de creer que por no enfrentar al narco éste no lo enfrentará a él –como ya lo está haciendo– lo que se avecina es un final de sexenio turbulento y caótico, en donde a la inseguridad y violencia se sumará la crisis económica nacional y mundial a la que aún no se le ve salida, generando un escenario negro e incierto para los mexicanos. Y sí, tal vez él se vaya, como tanto ha dicho, a su rancho a descansar, pero el país incendiado que nos deje, se nos irá al carajo. 

NOTAS INDISCRETAS

Hoy se cumplen 13 días del derrumbe de la mina carbonífera de Sabinas, Coahuila. Y a medida que pasan los días las posibilidades de encontrar y salvar con vida a los 10 mineros atrapados se reducen en medio de la angustia y el dolor de sus familias que siguen apostadas afuera del pozo que se derrumbó. Lo más grave, en medio de esta tragedia humana, es que nadie en el gobierno federal ni estatal se hace responsable ni da la cara para explicar las razones de esta nueva tragedia minera que vuelve a ocurrir en medio de las condiciones de corrupción, desamparo y desprotección en la que trabajan miles de mineros en la zona carbonífera de Coahuila. Ni el presidente, ni su secretaria del Trabajo, mucho menos su titular de Economía, del IMSS, del Medio Ambiente y de cualquier otra dependencia que está involucrada por ley en la actividad minera, se han presentado en el lugar de la tragedia, mucho menos asumen responsabilidad alguna y solo tratan de excusarse y eludir cualquier culpa con comunicados y boletines en los que ni siquiera dan la cara.

Mientras tanto, ni siquiera han podido identificar en el gobierno a los verdaderos dueños de esta mina que operaba en condiciones casi clandestinas y sin ningún tipo de protocolo de seguridad para su funcionamiento y mucho menos para los trabajadores. Hay integrantes de la propia 4T que mencionan que detrás de los dueños reales que operan la concesión otorgada en 2003 y luego modificada en las siguientes administraciones, aparece el nombre de un senador de Morena que para mayores señas es empresario carbonífero y hoy también aspirante al gobierno de Coahuila, pero oficialmente nada de eso se menciona y se buscan nombres menores para justificar la corrupción en que operaba esa mina.

Tampoco se habla del papel que tiene en esta tragedia el señor Manuel Bartlett y su política de “carbonización” de la generación eléctrica en el país, que reavivó los apetitos voraces de muchos empresarios y caciques locales de la zona carbonífera para producir el combustible fósil que demandaba de nuevo la CFE. En fin, que tanto hablaron en el gobierno de López Obrador de “rescatar a los mineros de Pasta de Conchos” que lamentablemente murieron hace ya 16 años, y ahora no pueden rescatar a los mineros de Sabinas… La reestructura de #Unifin, que iniciará esta semana, será supervisada por un comité presidido por Rodrigo Lebois, quien dirigirá todas las negociaciones y etapas del proceso, con el apoyo de empresas ampliamente reconocidas en el sector financiero, como Rothschild & Co., AlixPartners, Sainz Abogados y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP, nombres considerados en el medio como los de “grandes ligas” para reestructuras financieras…

Sin obras de infraestructura importantes en su administración, más allá del Cablebús, con la caída de la Línea 12 y sin haber podido terminar en tiempo el último tramo del Tren México-Toluca, muchos se preguntan por qué el presidente decidió entregarle al gobierno de Claudia Sheinbaum la rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto. Y la respuesta a esa pregunta no tiene lógica técnica, ni mucho menos práctica. En todo caso respuesta política y quizás la última apuesta para saber si su pupila puede o de plano la descarta… Los dados regresan recargados y mandan Serpiente Doble. La semana se viene intensa.

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Dinero sucio de los que son distintos/Héctor de Mauleón

El Universal, 

“¿Trajeron o llevaron algo los marinos desaparecidos?”. De ese modo titulé la columna publicada en este espacio el miércoles pasado. 

La línea de investigación más poderosa que existe hasta el momento, según fuentes de alto nivel cercanas al caso, parece indicar que sí. 

Los marinos habían recibido la orden de trasladar varios millones de pesos entre México y Acapulco, de acuerdo con la versión a la que el columnista tuvo acceso. 

El domingo 6 de marzo de 2022, a las ocho de la noche, los dos marinos se reportaron por última vez, “sin novedad”, con el funcionario que los había enviado a ponerse al servicio de un senador de Morena, José Narro, según consta en el oficio SSP/02480/2022, firmado por el entonces secretario de Seguridad Pública de Acapulco, el capitán de corbeta Maximiliano Serrano Pérez. 

Serrano Pérez reportó que los marinos habían informado que se habían puesto a las órdenes de Narro, quien les había proporcionado una camioneta Audi 2018, color gris grafito metalizado. 

Según el capitán, la orden de enviar a los marinos como escoltas la giró la presidenta municipal de Acapulco, la también morenista Abelina López. 

Como se sabe, Narro negó haber tenido bajo su servicio a los escoltas, aunque se ha hecho público el documento, firmado por él, en que los solicitó. En un escrito presentado ante la fiscalía de la CDMX el 30 de mayo (casi tres meses después de la desaparición), el senador admitió que los marinos se habían reunido con él en un restaurante del sur de la capital: dijo que en ese mismo sitio había prescindido de sus servicios como escoltas: que les había dado la instrucción de que “a su consideración descansaran” y que el lunes 7 de marzo regresaran a Acapulco. 

Ya no se supo de ellos. 

La alcaldesa de Acapulco negó haberle pedido al secretario de Seguridad que enviara a los marinos a ponerse a las órdenes de Narro. 

Como relaté en una entrega anterior, días después de la desaparición de los marinos, un colaborador de Narro, presumiblemente su secretario particular, emitió un oficio falso, a través del cual el legislador “solicitó” dos escoltas para que lo acompañaran durante un evento celebrado en la Ciudad de México. 

En el escrito presentado ante la fiscalía de la CDMX, Narro asegura que los dos marinos llegaron al restaurante acompañados por una tercera persona. Una investigación dada a conocer por Latinus la semana pasada revela que esa tercera persona, que estuvo en la mesa con Narro y el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, era Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, conocido como El Gerry. 

Al Gerry se le ha vinculado con el Cártel del Golfo, “de acuerdo con una investigación de la Procuraduría General de la República de 2010”. Según el reportaje de Latinus, él también desapareció el mismo día que los marinos. 

He relatado aquí que Narro y un grupo de operadores políticos llegaron a Acapulco a rescatar la campaña electoral de Abelina López, que no levantaba, y que tras esa operación Morena alcanzó el triunfo. 

Latinus dio a conocer una serie de fotografías tomadas en el restaurante, el día de la desaparición, en las que aparecen Narro, Villarreal y El Gerry, al lado de otras personas. Los comensales tienen frente a ellos bebidas y viandas. En una de las imágenes se encuentran de pie, sonrientes y extienden hacia el frente las palmas de las manos. Hay otra fotografía en la que los morenistas levantan las manos en señal de triunfo. 

Ese día desaparecieron El Gerry y los marinos Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita. 

El secretario de Seguridad de Acapulco fue separado del cargo y se encuentra bajo una investigación en la que participa incluso la Marina. Según las fuentes de alto nivel a las que tuvo acceso el columnista, la oscura encomienda de los “escoltas” era transportar millones de pesos en efectivo. En cinco meses no volvió a saberse de ellos. Salvo porque uno de sus teléfonos apareció en Tlalnepantla, y porque cámaras de seguridad los captaron días después de aquel domingo, moviéndose en una avenida del Edomex. 

De hecho, la misteriosa camioneta Audi señalada en uno de los reportes era propiedad de El Gerry –un personaje que, hoy se sabe, participó también en la campaña de Abelina.  

En resumen, la línea de investigación más fuerte que siguen las autoridades indaga si los tres desaparecidos decidieron llevarse el dinero —sucio— que les habían encargado. Un dinero que circulaba con fines desconocidos entre México y Acapulco, y que sumaba muchos, muchos, muchos millones de pesos. 

Dinero sucio, desde luego, de los que son distintos. 

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AMLO, Scherer, Romo y la operación 2024/Mario Maldonado

El Universal, 

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 significó más que un cambio de gobierno y de corriente política. La alternancia dio entrada a las grandes ligas del poder a personajes con poca o nula experiencia en la administración pública y en la política, pero de gran cercanía y confianza al líder tabasqueño. Otros sí tenían fuertes lazos con administraciones pasadas y con poderes fácticos como los empresarios, los sindicatos, el mundo de los abogados y el ámbito judicial. A 25 meses de que AMLO entregue el poder, algunas de estas figuras reviven y apuntan hacia el 2024. 

Dos figuras visibles y poderosas al inicio del sexenio fueron el consejero Jurídico de AMLO, Julio Scherer, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. El primero se encargó de ser el interlocutor del presidente con los partidos, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial. Además de esto, atendía personalmente los asuntos espinosos de personajes políticos y empresariales emproblemados para ofrecerles una salida. Muchas veces sin la venia de su jefe. 

Al inicio de septiembre del año pasado, las noticias sobre los acuerdos extraoficiales y presunto enriquecimiento de Scherer, el inicio de carpetas de investigación contra el consejero y las grillas del ala radical del gabinete, encabezada por el vocero Jesús Ramírez, terminaron por sacarlo del gobierno, solo para comenzar otra batalla contra el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien le seguía de cerca los pasos junto a un grupo de abogados. 

Esa pelea al parecer terminó ya tras el desistimiento, la semana pasada, de las denuncias presentadas por Scherer ante la FGR contra el fiscal Gertz. Una fuente relató a esta columna que en una reunión de hace semanas entre López Obrador y Gertz, el presidente respondió a la pregunta ¿cómo está?, del fiscal, con un “estoy bien, pero un poco triste porque no he podido ver tanto como quisiera a mi amigo Julio”. Era la referencia a aquella pelea entre abogados descrita por AMLO como “qué bárbaros”, la cual mantenían hasta entonces. El fiscal habría recibido bien la indirecta del Presidente y decidió archivar las carpetas de investigación. La respuesta del exconsejero fue retirar sus denuncias. 

La pregunta ahora es si Scherer regresará a operar la campaña y la elección del 2024 junto con Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López. El exconsejero fue muy cercano a la actual jefa de gobierno de la CDMX, pero se distanciaron. La intención del secretario de Gobernación –quien tomó muchas de las funciones de Scherer, como la relación con los partidos, el Congreso y el Poder Judicial– de competir por la candidatura se confirmó con la integración a su equipo del fiel escudero de AMLO, César Yáñez, con quien el exconsejero tiene buena relación. 

Por lo pronto, la mano de Scherer ya se hizo notar en una decisión reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uno de “sus magistrados”, José Luis Vargas, propuso y operó la devolución de un escaño en el Senado al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Detrás de la pelea por la presidencia de la Cámara Alta también estaría la mano del exconsejero, lo mismo dentro de Morena, con Mario Delgado. Veremos si con la tregua judicial le alcanza para seguir operando.

El otro operador, Alfonso Romo, quien soñó y operó el cargo de Chief of the staff los dos años que estuvo en el gabinete como jefe de la Oficina de la Presidencia, también está de vuelta. El presidente, que lo vio, saludó y reconoció este fin de semana en Nuevo León, le pidió ayuda con la “operación económica” para la elección del 2024, es decir, con el apoyo financiero de los empresarios, con quienes sigue siendo el interlocutor. Romo organiza todas las reuniones importantes con López Obrador y todo indica que el pase de charola, al estilo 4T, se mantendrá. 

Unifin, desplome en BMV y reestructura

Tras el desplome de más de 80% de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde ha perdido casi 6 mil millones de pesos en su valor de capitalización, Unifin inicia esta semana su reestructura estratégica, con la cual busca que sea un proceso rápido y ordenado que le permita estabilizar su estructura de capital y liquidez. 

La decisión se tomó ante el cierre a fuentes de financiamiento que enfrentan las instituciones financieras no bancarias, lo que ocasionó que la empresa tuviera que poner en pausa alternativas de financiamiento adicionales que tenía, aunado a que se condicionaron y no se renovaron algunas de sus líneas revolventes. Esto puso a la empresa en una situación muy complicada hacia el futuro.

La compañía ha establecido un comité de reestructuración presidido por Rodrigo Lebois, el presidente y fundador de la compañía, quien dirigirá todas las negociaciones y etapas del proceso.

Unifin contrató para su reestructura a un equipo importante. Tiene como asesores a Rothschild & Co., AlixPartners, Sainz Abogados y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP, considerados en el medio como unos de los mejores en esta materia. 

@MarioMal 

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La Feria

Treinta días y el resto de nuestras vidas/Salvador Camarena

El Financiero, 

En un mes, en los festejos por la Independencia, Andrés Manuel López Obrador fijará la postura de México frente a los reclamos de sus socios comerciales del TMEC.

Mago del suspenso, el Presidente sabe que en casa y fuera de ella muchos se preguntan qué dirá, pero sobre todo qué acciones implicarán las palabras que pronuncie en tan anunciada fecha.

Las especulaciones no son ociosas dado lo mucho que hay en juego y, sobre todo, porque hay quien no duda de que AMLO pudiera llegar al extremo de apretar el botón de un Mexit.

Durante semanas se ha especulado, igualmente, sobre si López Obrador no supo o no entendió los compromisos que México adquiría más allá del capítulo que él pidió modificar en las negociaciones cuando ya era presidente electo.

Mi opinión es que sí supo y básicamente no le importó. Es decir, que pidió la consabida inclusión de los renglones sobre la soberanía energética para –en caso de “necesitar, querer y poder”– utilizar esos párrafos como excusa para cualquier decisión ulterior.

Hoy le tienen sin cuidado la dinámica de las consultas y los paneles, sus plazos y sus eventuales consecuencias traducidas en aranceles a productos mexicanos.

Porque siempre hay que tener en cuenta que para el Presidente el valor supremo es la revolución pacífica que él cree estar llevando a cabo.

Repito: ese objetivo –su transformación– está por encima de (por mencionar unos pocos ejemplos) la falta de medicamentos para los niños con cáncer, que pedir ayuda a expertos independientes para lidiar con la pandemia, que pagar absurdas millonadas por la cancelación de un aeropuerto ya avanzado y que, sólo por no dejar de decirlo, eso llamado certidumbre jurídica.

Para AMLO estamos en un cambio de régimen, habrá por ello turbulencias y algunos costos que, desde su punto de vista, bien valen la pena cuando se está dando un histórico volantazo. La patria lo absolverá.

Y si una de las columnas indispensables de esa presunta transformación es privilegiar a los más pobres, la otra es fundar en las empresas estatales del sector energético el eje de la soberanía.

Andrés Manuel no acepta el hecho de que empresas privadas, nacionales y menos aún extranjeras, puedan desafiar el dominio de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. En ningún sentido o campo: ni en la producción, ni en la comercialización.

Ése debiera de ser el punto de partida para vislumbrar los escenarios de lo que Palacio Nacional hará el 16 de septiembre.

En una columna de hace unos días Héctor Aguilar Camín revisaba el antecedente de la amenaza de Trump de imponernos aranceles y cómo fue de solícita la respuesta de López Obrador frente a ese desafío: “En ese momento el acuerdo comercial de Norte América era muy importante para el Presidente mexicano. Veía con claridad que la interrupción del acuerdo podía ser catastrófica y estuvo dispuesto a pagar sin chistar lo que le pedían”. (La amenaza de Trump, 05/08/22).

Ni el canciller Marcelo Ebrard ni AMLO aceptan que se doblaron ante el expresidente estadounidense. Pero esa negativa a reconocer lo que se ha publicado en Estados Unidos, y las acciones que, en efecto, asumió el gobierno mexicano para satisfacer al exinquilino de la Casa Blanca, no necesariamente prefiguran un antecedente que hoy nos ayude a decir que Andrés Manuel considera fundamental al TMEC.

El presidente mexicano pretende una reformulación de los términos en que se da la competencia en el mercado energético. No acepta lo que se firmó así haya participado su representante en las negociaciones, así lo haya ratificado un Senado donde su movimiento tenía la mayoría. Tengamos eso claro. Y tengamos igualmente claro que, en este momento, a diferencia de cuando lo dobló Trump, Andrés Manuel necesita seguir apoyando a las empresas estatales de energía, quiere hacerlo y cree que puede salirse con la suya.

En el cambio de régimen que AMLO pretende una de las premisas fundamentales es que el poder político sujeta en todo tiempo al poder económico (sobra decir que con más razón aún al poder económico extranjero). Eso incluye un desdén por la complejidad de éste y por las consecuencias de ahuyentar la inversión.

El mandatario considera además que, si hasta hoy a los empresarios les ha ido bien durante su sexenio, él puede seguir en su apuesta de estatizar y fosilizar al máximo el sector energético. Y si para ello hay que decirle a Estados Unidos, y a Canadá, que sorry, pero no vamos a dejar de darles total prioridad a la CFE y a Pemex, pues entonces ya sabemos qué pasará en el desfile dentro de un mes.

Si nos imponen aranceles, será un timbre de orgullo para él. Y si le intentan presionar aún más, estará listo a coquetear con la idea de que no es tan malo un México sin TMEC, que nuestra nación existía antes del TLC, que éste fue un invento neoliberal y que, de hecho, nuestro país tuvo décadas de crecimiento mucho antes de que los Harvard boys se adueñaran del poder, etcétera, etcétera.

Quien piense que el Presidente está en un callejón en el que se metió solito y que hoy desespera buscando cómo salvar cara para no doblarse frente a Washington y Ottawa, creo que parte de nuevo de un escenario base equivocado.

En un mes el resto de nuestras vidas tendrá un escenario más fósil, menos competitivo y de un rancio discurso nacionalista. ¿Alguien lo duda?

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Estrictamente Personal

Como anillo al dedo/Raymundo Riva Palacio

EL Financiero

‘Como anillo al dedo’ fue una de las frases más patéticas que ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio. La dijo en abril de 2020 al afirmar que la pandemia del coronavirus y la crisis económica que detonó, ayudarían a afianzar su proyecto contra la corrupción y la justicia. La realidad lo aplastó. La doble crisis hará de su sexenio uno de los más mediocres en cuanto a crecimiento en la historia de México, y si vemos los datos, hoy hay más corrupción e injusticia. Memorable, empero, que el Presidente nunca diera un paso para atrás. Dejó mejor que su ocurrencia se la llevara el viento, que ahora regresa por otra puerta, planteada por sus propagandistas, para que la crisis de violencia de la semana pasada le quede como anillo al dedo.

La violencia en decenas de municipios en varios estados del centro y norte del país está siendo retóricamente acomodada por sus asesores políticos y sus megáfonos para crear condiciones a fin de que, eventualmente, López Obrador aproveche el espacio de maniobra y pueda convertir el fiasco de su estrategia de seguridad en trampolín de objetivos políticos. El ensañamiento criminal estalló en medio del debate sobre la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a contrapelo de la Constitución, para que, en palabras del Presidente, puedan hacer bien su tarea de seguridad pública.

El argumento carece de sustento de existir porque su premisa es falsa. Por decisión del Presidente, desde el inicio de su gobierno no se combate a la delincuencia organizada. De manera ingenua –o tramposa–, explicaba que con programas sociales arrebataría reclutas a los grupos criminales y reduciría la incidencia delictiva, lo que no ha sucedido. El argumento de que combatir a criminales aumentaba la violencia, tampoco; no enfrentarlos sólo produjo más homicidios dolosos. Su afirmación de la viabilidad de la pax narca –cuando un cártel controla la plaza genera paz– también se ha caído en pedazos, porque aun donde predomina un solo grupo –la sierra Tarahumara, por ejemplo–, hay violencia.

Si bien el gobierno de Felipe Calderón fracasó en poner en marcha la maquinaria social que acompañara a la policial-militar contra los cárteles de las drogas, y nunca se pudieron capacitar y reforzar las policías municipales por razones de desvío de recursos en esos niveles de gobiernos para obras electorales, y el de Enrique Peña Nieto aceleró la descomposición apoyando a un cártel para liquidar a otro en Michoacán sin combatir a la delincuencia organizada en el resto del país durante casi tres años, el de López Obrador ha profundizado lo peor de ambos y agudizado la crisis con sus dichos, omisiones y complacencias.

En este contexto, es una tontería lo dicho por su videógrafo, Epigmenio Ibarra, el sábado pasado, al sugerir que hay una colusión entre “la derecha” –o sea, todos los que no piensan como López Obrador– y los cárteles de las drogas para “destruir” al Presidente. No es la primera vez que lo dice, pero ahora sus palabras tomaron mayor fuerza, en buena parte, porque su exposición pública en la radio, en el programa de Ciro Gómez Leyva, le dio el aparador para que muchos que no le prestaban atención antes, ahora escuchen lo que dice, porque es la voz más incendiaria en medios a disposición de López Obrador. Los señalamientos de Ibarra, que han sido criticados en medios y redes desde el fin de semana, fueron acompañados por las cuentas afines a Palacio Nacional o financiadas por el vocero presidencial, para magnificar esa proposición.

Sus palabras y la línea discursiva –que es original de él, pero avalada por Palacio Nacional– no pasan la primera prueba de ácido. ¿Por qué los narcos, que fueron todos enfrentados por “la derecha” –específicamente Calderón, la obsesión de Ibarra–, se aliarían con esos grupos para destruir a López Obrador que, en dichos y hechos, les ha dado carta de impunidad y les regaló el país? Hay quien piense que esta afirmación es un exceso, pero no lo es. El Ejército y la Guardia Nacional son mayoritariamente espectadores en la primera fila de la violencia, porque sus instrucciones son las de no confrontar ni molestar a los capos de la droga; para éstos un sexenio idílico.

Es cierto que se han dado enfrentamientos y detenciones, pero pueden verse como circunstanciales, al no corresponder a una política de Estado. Decirlo no es una especulación; es la palabra de López Obrador la que la sostiene. Los golpes no han sido a la cabeza, porque esa es la instrucción presidencial, y aunque conocen la zona donde se esconden los líderes de las dos organizaciones criminales más importantes, Ismael El Mayo Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa, y Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, no ha habido operativos que busquen su captura. Tampoco hay nada en curso sobre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, con cuya familia el Presidente ha tenido deferencias importantes.

¿De dónde sacan Ibarra y los adláteres de Palacio Nacional su argumentación? De la necesidad de justificar la incompetencia e inacción del gobierno de López Obrador y esconder el fracaso de la política de seguridad, que será uno de los varios que definan históricamente su sexenio. Pero al mismo tiempo, haya sido o no la intención original, esas afirmaciones refuerzan los dichos maniqueos del Presidente sobre la necesidad de que se integre la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.

Es previsible que López Obrador aproveche la violencia de la semana pasada y la incertidumbre que provocó, para presionar a una reforma constitucional, a lo que no se debe caer en su trampa. Aun si la oposición le regalara los cambios constitucionales, la violencia no se detendrá. Su estrategia no es que eso se revierta, sino entregar progresivamente más poder a un Ejército que cada vez se vuelve, paradójicamente, más vulnerable, sobre lo que se escribirá en este espacio más adelante.

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 ¿Estamos viviendo terrorismo en México?/ Mauricio Meschoulam

El Universal, 

En este texto analizamos los eventos ocurridos en varios estados del país a lo largo de los últimos días, desde la óptica del terrorismo. Dejamos el análisis más específico en materia de seguridad a las muchas personas expertas en el tema que ya lo están haciendo. Me enfoco en cambio, como lo he hecho a lo largo de estos años, en temas que hemos investigado y publicado, para intentar aportar en términos de cómo funciona el contagio de estrés colectivo, qué es lo que se busca al inducirlo, y qué implicaciones tiene ese tema para nuestra sociedad.

La cuestión de si incendiar tiendas de conveniencia, gasolineras o vehículos, causando muertes, personas heridas y un enorme pánico, se trata de actos terroristas, es una preocupación legítima. El gran problema al hablar de “terrorismo” es que se trata de un concepto enormemente cargado, que es constantemente utilizado de manera política al servicio de determinadas agendas. La palabra es empleada como si se tratara de designar una clase de “mucha” violencia, o un tipo “peor” de violencia que otras violencias. En México se ha llegado a decir que usar esa palabra es “escalar el lenguaje”. Existen fuertes motivos para pensar así. Uno de los más importantes tiene que ver con el enfoque que países como Estados Unidos o determinadas agencias de seguridad, pueden adoptar si reconocen que en México hay terrorismo, lo que podría acarrear implicaciones que van desde lo legal—por ejemplo, la aplicación de legislación antiterrorista extraterritorial—hasta lo político y lo militar. De modo que la preocupación es comprensible.

No obstante, hay un ángulo menos político para entenderlo pues el terrorismo es una categoría muy específica de violencia, y el otro riesgo es caer en el error de pensar que, debido al discurso de ciertos funcionarios, o al uso político que se da a la palabra “terrorismo”, el fenómeno en sí mismo no existe. Es decir, si bien es verdad que en México difícilmente podemos hablar de terrorismo clásico, hay una gran cantidad de ataques que se asemejan a esa clase de violencia en muchos sentidos.

Si pensamos en el terrorismo como el uso intencional y premeditado de la fuerza contra civiles o no-combatientes por parte de un actor subestatal, con el objeto de inducir un estado de terror en una sociedad o en partes de ella a fin de canalizar, a través de ese miedo colectivo, determinados mensajes o reivindicaciones para ejercer presión en ciertos actores políticos o en tomadores de decisiones, y a través de ello conseguir acercarse a sus metas; entonces podríamos detectar la presencia de algunos de esos elementos (aunque no todos) en ciertos ataques de los cometidos en México por parte de las organizaciones criminales, elementos que se encuentran presentes en distintos grados y combinaciones. Piense usted por ejemplo en la detonación de granadas en el zócalo de Morelia en una ceremonia del grito de la Independencia, el lanzamiento de un coche bomba a una estación de la policía, el lanzamiento de explosivos en las instalaciones de un acuario lleno de familias, o el incendio de un casino lleno de clientes a plena luz del día, solo por citar unos casos.

Esto puede ser rebatido a partir de uno de los factores más encontrados en las definiciones de terrorismo: su motivación eminentemente política (ideológica y/o religiosa). Sin embargo, es posible polemizar con ese criterio desde al menos dos ángulos diferentes.

Primero, aunque el terrorismo clásico es normalmente entendido como una violencia políticamente motivada, esta conceptualización ha evolucionado con el tiempo. Varios autores han extendido sus definiciones para incluir motivaciones económicas. La base de datos más empleada para medir al terrorismo a nivel global (START, Universidad de Maryland) y el Instituto para la Economía y la Paz que publica el Índice Global de Terrorismo, están entre quienes han extendido los criterios tradicionales para incluir motivaciones como las económicas.

Segundo, incluso si no fuese así, es difícil sostener que lo único que mueve a determinadas organizaciones criminales en México sea el dinero. Hay momentos en donde la frontera entre lo económico y lo político parece desdibujarse y se aproxima mucho más a una verdadera disputa por el poder. En ocasiones la motivación de un acto tiene que ver más bien con elementos como la humillación, la venganza, o por supuesto, la dominación. Hay instancias en las que un grupo criminal asesina a periodistas, o ataca con granadas las instalaciones de un medio de comunicación con el objeto de que la información se ajuste a lo que el grupo criminal desea que se informe. A veces se exige callar, a veces se exige emitir determinado discurso. En ocasiones se busca emplear la violencia contra ciudadanos para influir en elecciones, en la toma de decisiones, o bien, simplemente se cometen ataques con el fin de que los actores políticos no piensen siquiera en disputar a determinada organización el control de su zona.

Considere usted este ejemplo. Un video en YouTube. Un grupo de individuos de apariencia enorme y fornida, vestidos con uniforme militar y portando, todos, armas tipo AK47, rodean a una persona, un civil, un funcionario de cierto gobierno estatal. Se trata de un interrogatorio filmado, en donde al individuo se le obliga a reconocer que trabaja para una banda criminal opuesta a la que está llevando a cabo el interrogatorio. Acto seguido, el civil es asesinado frente a las cámaras. El video de YouTube contaba cuando este autor lo vio, con millones de visitas, lo que significa que el acto ha sido atestiguado, como era el propósito de los perpetradores, por amplísimas audiencias, las cuales rebasan, obviamente, a la banda criminal enemiga o a las autoridades del gobierno estatal. Una cosa es entonces la comisión de la violencia (el asesinato), y otra cosa es filmar el acto y luego, subirlo a YouTube.

Eso nos lleva a un elemento clave: En un acto terrorista clásico, el blanco real del ataque no son las lamentables víctimas directas, sino los terceros que atestiguan el hecho pues el propósito no es matar, sino intimidar a una sociedad completa. Las víctimas directas son solo instrumentos en la consecución de ese fin. Podríamos entonces preguntarnos quién o quiénes son los blancos reales de un hecho de violencia como el que se acaba de describir. Sin duda, en ese caso específico, hay un mensaje para la organización criminal enemiga de quienes perpetran el acto. También hay un mensaje para ciertas autoridades acerca de quién tiene realmente el control y el poder. Pero el mensaje no termina ahí. En ese acto hay, también, un mensaje de poder cuyo destinatario es la sociedad toda, los millones de personas que tienen acceso a ese video y que, como consecuencia directa, se encuentran sujetos a efectos psicosociales de elevada magnitud.

¿Es ese hecho un acto de terrorismo? Mi conclusión, a lo largo de los años, ha sido que simplemente llamar a esos hechos “terrorismo” o “narcoterrorismo” conlleva importantes dificultades porque sus características no se ajustan del todo a lo que tradicionalmente se entiende por ese término. Sin embargo, debido a la presencia de un considerable número de elementos que sí nos remiten a esa clase de violencia, mi alternativa ha sido denominar a estos hechos como actos de “cuasi-terrorismo”. Brian Phillips, experto en terrorismo, exprofesor del CIDE, ha preferido llamar a este tipo de hechos, “tácticas terroristas” empleadas por organizaciones criminales.

Sea como fuere, cuando una tienda de conveniencia, una gasolinera, un vehículo o un establecimiento son incendiados, o se usan esos vehículos para bloquear avenidas o accesos, estamos ante una situación que requiere ser revisada desde este ángulo:

1. Se trata de actos violentos cometidos contra blancos directos, pero cuyo blanco real es otro. El vehículo o establecimiento a incendiar puede ser seleccionado al azar, o no, pero el propósito de hacerlo es inducir en terceros un estado de shock, de pánico o estrés colectivo, y canalizar a través de ese terror uno o varios mensajes que incluyen la idea de quién está realmente en control de determinada zona, o cuáles son las consecuencias de no someterse al grupo perpetrador a fin de ejercer presión psicológica en determinados actores. El fin último es alterar las actitudes, opiniones y conductas de la sociedad y miembros del gobierno, para ejercer presión sobre la toma de decisiones.

2. El blanco de esos mensajes puede ser otra banda criminal, puede ser la autoridad o sus fuerzas de seguridad, puede ser alguno o varios medios de comunicación, pueden ser ciertos sectores de una sociedad tales como las empresas u organizaciones distintas, puede ser la sociedad en su conjunto, o bien, puede ser una combinación de los blancos mencionados. Dejo este análisis a las personas expertas en los casos concretos de referencia.

3. Por último al margen de todo ello, hay una serie de efectos psicosociales en millones de personas, los cuales hemos venido estudiando desde 2011, que son ocasionados por estos actos premeditados, y/o son el resultado de otra serie de hechos de violencia en el país (o bien, de la combinación de ambas cosas). Como nuestra investigación lo demuestra, lamentablemente, estos efectos se reproducen y manifiestan de manera veloz, no únicamente en los sitios geográficos impactados por esta clase de violencia, sino en todo el país.

Esto nos lleva a un análisis que no va en una sola dirección. Está de un lado, la evaluación de las causas y motivaciones de la comisión de este tipo de violencia y la necesidad de detenerla. Pero está también el estudio y atención que requiere la propagación del estrés colectivo, sus múltiples efectos psicosociales y la necesidad de atender a esas otras víctimas afectadas por el trauma colectivo. En el libro que publicamos con el CIDE en 2019 (Miedo y construcción de paz en México), abordamos ese tema más a fondo.

 Twitter: @maurimm

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Memoria y sociedad

TOLVANERA / Roberto Zamarripa

en REFORMA

La escalada delincuencial de la pasada semana es mosaico y advertencia. Poco ayuda engarzarla en el esquema de polarización.

"Mientras la población pide reforzar la seguridad del país y más presencia de la Guardia Nacional, los políticos de la oposición se niegan a legislar para fortalecerla. De ese tamaño es su mezquindad y lejanía con el pueblo", difundió Morena el 13 de agosto. Y voceros oficialistas señalan que la violencia de la semana pasada obedece a un complot de la derecha y el narco para desestabilizar al gobierno federal recurriendo a tácticas terroristas.

Del otro lado, de la oposición política, se observa otro complot. Las acciones criminales las provocó el gobierno federal para fomentar el miedo y justificar la militarización del país. Por ello ocurrieron en estados que gobierna la oposición como Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, se argumenta.

La narcoviolencia no surgió la semana pasada. Ni ocurre solo en estados de la oposición. (Baja California lo gobierna Morena). Ni son nuevas las tácticas terroristas. Lamentablemente en distintos estados del país las comunidades viven o han cursado en los últimos 15 años por situaciones extremas de amenaza y aniquilación, de narcoterrorismo. Ha habido masacres ocultas o a la luz del día. En Morelia, Michoacán ya hubo un ataque abierto contra civiles durante la ceremonia del Grito de la Independencia o en Ciudad Juárez el ataque a una fiesta de estudiantes de preparatoria (la masacre de Villas de Salvárcar). Los grupos del narco han estallado en diferentes ocasiones coches bomba o han atacado con drones.

La narcoviolencia mexicana ha cobrado más vidas que una guerra convencional; la ejecución de políticos y, sobre todo, de periodistas significan la parte crítica. El cobro de piso o el enrolamiento obligado de jóvenes no son situaciones excepcionales.

Cooperas o cuello no es una anécdota sino un código común, sofocante para el ciudadano de a pie.

La difusión de videos con hombres armados que amenazan a rivales, a funcionarios, que exhiben a rehenes y graban la decapitación para subrayar que lo suyo es en serio, está instalado en el escenario cotidiano. Las tácticas terroristas de todos los días.

Invocar de uno u otro lado al vínculo político de la narcoviolencia o al uso del narcoterrorismo para atacar a un gobierno o para defenderlo es morderse la cola. El financiamiento ilícito de campañas electorales, la "protección" de zonas dominadas por el narco para permitir votaciones favorables a uno u otro partido, la aceptación de que el crimen ponga candidatos en los municipios, atraviesa a todos los partidos. Muchos políticos cohabitan -por amenaza o convicción- con los criminales.

Como en otros sexenios lo que ahora ocurre es una respuesta criminal a las persecuciones focalizadas. Más allá del discurso de los abrazos y balazos, el gobierno federal ha incrementado acciones en contra de distintos grupos. Les da rubor asumirlo porque puede contradecir el discurso no punitivo (abrazos no balazos) pero en los hechos -y acicateado por el gobierno estadounidense- existe una intensificación de operativos.

El problema es la memoria. La Guardia Nacional puede ser un instrumento importante pero no todo. La discusión (y las alternativas) pueden estancarse en más Ejército o menos Ejército; mejor pasar al debate (y las alternativas) de más sociedad en el combate a la violencia. Para abatir el miedo hay que generar confianza institucional y abrir caminos para que de diferentes formas sectores sociales participen en el aislamiento de grupos criminales.

En México fue formada, al calor del combate a la delincuencia, a toda una generación policiaca, gubernamental, intelectual que no se pudrió por García Luna o secuaces. Es paradójico que la estrategia de seguridad que más presume Morena la coordine un egresado de esa generación (Omar García Harfuch) o que el fiscal de Campeche sea un funcionario notable (Renato Sales). No han dependido de la "militarización" para ser eficaces.

Borrar esa memoria es dar al traste con un significativo esfuerzo de política pública, intelectual, académica y operativa.

robertozamarripa2017@gmail.com

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Nuevo orden

Jesús Silva-Herzog Márquez

en REFORMA, 

La alcaldesa de Tijuana reconoce el nuevo orden mexicano. Sus declaraciones nos golpean porque son una admisión terrorífica. Cóbrenle nada más a quienes no les han pagado. No nos ataquen a todos, a quienes sí les cumplimos. El crimen es la ley y las autoridades se pliegan a su imperio. Tras la violencia de los últimos días, la gobernante por Morena pide al crimen organizado que se limite a castigar a sus deudores. Que reprendan a quienes tienen deudas con ellos, no a la población en general. La alcaldesa reconoce que los habitantes de la ciudad que "gobierna" tienen un deber frente a los matones y que éstos tienen derecho de cobrarse los adeudos a su estilo.

La violencia y la intimidación, el temor y la ilegalidad configuran el nuevo orden público. No podemos seguir imaginándolos como manchas de un régimen liberal. Perturbaciones momentáneas de la tranquilidad. El crimen se ha convertido en un régimen que impone sus reglas en todos los ámbitos de la vida social. Sujeta la economía, somete la política, envenena la cultura, atemoriza a la prensa. Todos van plegándose a su dictado. Desde el establecimiento más modesto que entrega puntualmente su cuota, hasta el periódico que pide instrucciones a los criminales para saber qué es lo que pueden publicar. Desde la alcaldesa de la frontera que trivializa la extorsión hasta el presidente de la República que elogia el efecto bienhechor de una banda criminal que consigue un dominio territorial.

Pocos nos han ayudado a entender lo que le ha sucedido a México en este terreno como Fernando Escalante. Estos años no serán recordados como los años de la transición o los años de la transformación. No serán muy relevantes los nombres de los presidentes o los vaivenes de los partidos. Estos años serán recordados como los años de la mortandad. En nuestro país la muerte alcanza escalas demográficas, ha dicho. Miles de muertes evitables en la pandemia, miles de muertes violentas, miles de muertes anónimas en medio de la indiferencia colectiva. En el número más reciente de Nexos, el sociólogo de El Colegio de México ensaya otra propuesta para comprender el significado histórico de lo que vivimos. El crimen, dice, "no es algo que se pueda separar de la economía, de la política, de la vida cotidiana". No es algo, siquiera, que pueda delimitarse con precisión porque vivimos de muchas maneras al margen del Estado. Informalidad, ilegalidad, criminalidad.

La cruzada de la ley confiaba en que había una frontera estricta entre ciudadanos y criminales. Lo que ha sucedido es que esa línea se ha ido borrando. Lo que escribe Escalante es fundamental y merece la máxima atención: "No es el crimen que ha invadido o contaminado a la sociedad, sino la sociedad la que de varias maneras ha incorporado al crimen". Ahí está, seguramente, la confusión inicial. Una confusión que se refuerza ahora. La película es la misma. La "lucha contra el crimen organizado" supone una especie de limpia: la intervención estatal barrerá con los criminales, liberará territorios, se extirpará el tumor para restablecer la salud pública. Pero la operación agrava el mal. No hay duda de ello. Escalante, que ha medido puntual y rigurosamente la violencia, lo puede decir con toda contundencia: "la tasa de homicidios aumentó escandalosamente no antes, sino después de la intervención del Ejército en los lugares en los que había estado o estaba". Y no es algo que sorprenda porque, como bien advierte el autor de Ciudadanos imaginarios, el Ejército es siempre un poder ajeno, exterior. Irrumpe para deshacer vínculos, no para repararlos. Un ejército, en efecto puede imponerse sobre un enemigo, pero es incapaz de instaurar un orden público perdurable.

El régimen encara la barbarie con ingenuidad. La primera ingenuidad es su ñoñería del abrazo y la prédica. ¡Repartir libros para lograr la conversión espiritual de los asesinos! La militarización que se pretende empotrar en la ley es la segunda ingenuidad. No se trata solamente de un atentado al régimen republicano, una amenaza a la convivencia democrática. Es también una candorosa necedad. Los militares no nos darán la paz. Confiar en que la paz brotará de la intervención de los uniformados es tan absurdo como imaginar que los sicarios cambiarán sus armas por un libro de poemas.

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