Bajo el dominio de los sicarios
PATRICIA DáVILA
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1699, 24 de mayo de 2009;
En los municipios colindantes de Durango y Zacatecas la disputa por el territorio no incluye a las policías ni al Ejército: son narcos contra narcos, y éstos contra la población. Entre los pocos que se atreven a protestar por la exacerbada violencia están algunos sacerdotes, encabezados por el arzobispo Héctor González Martínez, quien no se resigna a la mudez ni a la sordera.
DURANGO, DGO.- Son las 10 de la mañana del miércoles 6 y todavía se respira tranquilidad en el caserío rural de la cabecera de San Bernardo, pero una hora después el día se descompone: dos camionetas pick up con hombres armados empiezan a recorrer el pueblo.
Los sujetos entran y salen, dan vueltas. Atraviesan las camionetas en las calles, se bajan y apuntan con sus armas a los que van pasando. Ese comando suele apoderarse de la ranchería.
En instantes se corre la voz: los sicarios están en el pueblo. Es inconfundible el estruendo cuando sus vehículos pasan a gran velocidad. En unos minutos, San Bernardo se convierte en un pueblo fantasma. La gente se esconde. Nadie sale, y menos los cuatro policías municipales. Mejor se quedan quietos y esperan que el siguiente día sea mejor.
Ubicado a 370 kilómetros de la capital del estado, San Bernardo es un municipio que colinda con Guanaceví y está cerca de Parral, Chihuahua. Aquí se vivía en paz hasta febrero pasado, cuando un comando baleó la alcaldía y varias casas. Es cierto que antes había en el pueblo una familia de narcos: los Pizarro, “pero a todos nos conocían y nos respetaban. El problema fue cuando llegaron otros grupos a disputar la zona. Hoy todo es zozobra”, narra un poblador.
Como sucede cada vez en más lugares, pocos se atreven a hablar. Alguien dice tímidamente: “La familia Pizarro tiene 30 años de operar aquí, trabajaba para el cártel de Sinaloa, pero llegaron Los Mingos, un grupo de sicarios del municipio de Santa María del Oro, bajo el mando del cártel de Juárez. Y empezaron a exterminarse entre ellos”.
Otra persona interviene: “Los de Santa María sí son agresivos y sanguinarios, a cada rato cometen asesinatos. Hace 15 días mataron a dos muchachas por una supuesta confusión, pero todo mundo supo que fueron ellos y no los detuvieron”.
Una señora manifiesta su preocupación: “Ojalá que estos días que el señor arzobispo esté por aquí, lo respeten”.
El mismo miércoles, el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, cumplió su segundo día de visita pastoral en el municipio. A las nueve de la mañana, después de desayunar, salió acompañado del párroco del lugar, Adán Guzmán Ruelas.
El jueves 7, ambos sacerdotes relataron su recorrido a Proceso en entrevistas por separado. El arzobispo divulgó entre la prensa local parte de esa conversación, en un documento llamado Episcopeo, que distribuyó el sábado 9.
“Fuimos a Sardinas, población cercana a San Bernardo, (donde hay) gente sencilla, alegre y entusiasta –dice González Martínez. Luego, a la hacienda de La Providencia, donde fue el acto principal y a donde concurrieron las comunidades de Matalotes, 20 de Abril, Cochineras, Amador, Charco Azul, Pueblo Nuevo y San Juan de Heredia; comunidades río arriba (del Sixtín). A la hora de la comida se hicieron presentes cuatro elementos de un comando armado, quienes se acercaron a compartir los alimentos y la bendición de un puente en construcción.
“Por la tarde –prosigue– fuimos a la edificante y fervorosa Comunidad 5 de Julio, rezamos el santo rosario, prediqué y bendije la remodelación de la capilla; terminamos con una merienda. Regresando, ya de noche, el comando armado montó un retén en un entronque para revisar a los transeúntes. Pasamos nosotros, nos pararon, nos gritaron que nos bajáramos. Nos apuntaban con sus armas largas. Cuando respondimos que éramos el párroco y el señor arzobispo, se calmaron, se disculparon y nos dejaron seguir. A las demás personas que pasaron por ahí les sucedió lo mismo.”
Comunidad amenazada
El prelado asistió el jueves a la celebración de la Hora Santa, en la cual un diácono celebrante pidió en las letanías:
“Para que Dios nos libere de la pesadilla del narcotráfico y de sus secuelas de sufrimiento y rencor, roguemos al Señor. Para que quienes ejecutan los hechos violentos cambien de sentimientos y renuncien a estos procedimientos criminales, roguemos al Señor. Por los presos que han incurrido en actos de narcotráfico, para que una vez rehabilitados puedan reincorporarse a la sociedad y vivir en paz…”
En su corta intervención, el arzobispo dijo a los presentes que ellos eran los “corazones pacificados” que la sociedad necesita. Les pidió incluir en sus ruegos a las personas que provocan la “inestabilidad” y la “sicosis”.
Minutos después, salió del templo para presidir una “procesión por la paz”. Se acondicionó como altar la caja de una vieja camioneta Ford blanca: tres ramos de crisantemos blancos y amarillos rodeaban la mesa cubierta con un mantel, también blanco, sobre el que colocaron una pequeña imagen de Nuestra Señora de la Paz. El prelado iba sentado atrás de la virgen.
Aproximadamente 100 personas siguieron al vehículo, la mayoría mujeres, algunos niños y muy pocos hombres. Cada feligrés llevaba un globo para soltarlo al final de la procesión. No hubo rezos: las alabanzas fueron canciones a ritmo de banda sinaloense que detrás de la marcha tocaba un aparato de sonido en la cola de la procesión. A todo volumen se escucharon Un mandamiento nuevo, Amar y querer (el éxito de José José) y Jesucristo me dejó inquieto, esta última interpretada y grabada por el propio Héctor González.
Al concluir el recorrido por el pueblo, González Martínez saca una silla de la casa parroquial, la pone en la banqueta, se acomoda en ella y concede una corta entrevista. Como esperaban las señoras del pueblo, no llegaron los sicarios.
–¿Qué repercusión han tenido sus declaraciones en los municipios amenazados por el narco? –empieza la reportera.
–La situación no se puede arreglar por una declaración aislada. La solución se puede lograr sólo si hay un trabajo concertado entre muchas fuerzas y actores de la sociedad civil, como la misma Iglesia, los organismos de derechos humanos y las autoridades civiles.
El arzobispo de Durango se dice “sorprendido” del impacto que produjo su declaración de que El Chapo Guzmán vive en Guanaceví. Y después de quejarse de que los medios de comunicación “magnifican lo que quieren”, agrega:
“Tú estuviste en Canelas (municipio duranguense donde Guzmán Loera contrajo matrimonio el 2 de julio de 2007, como se informó en la edición 1609 de Proceso). Entonces que nadie se escandalice. Todos tengan ojos para ver y oídos para escuchar y reconocer un hecho.”
–¿Qué le falta al gobierno para terminar con el narcotráfico?
–Le falta voluntad, carácter para cumplir con lo que es su deber.
Aclara que se refiere a los niveles de los gobiernos municipal, estatal y federal: “Les hace falta hacerse conscientes del mal que significa el narcotráfico, y sobre todo no congeniar con él”.
–Anoche fue interceptado por un comando armado. ¿No tiene miedo?
–No. No sabían que nosotros éramos los que íbamos llegando. No es que me hayan interceptado, simplemente fue una equivocación, por el estilo que tienen de intimidar a la gente, pero en cuanto me identificaron inmediatamente pidieron disculpas.
–¿No teme represalias del narco? ¿El mensaje que se halló en los cuerpos de los dos militares asesinados el pasado 21 de abril, es uno de ellos?
–Nadie me ha reclamado nada. Lo que se ha publicado acerca de que es un mensaje (dirigido a la Iglesia), es sólo una interpretación. No está claro que sea una alusión al hecho, a mí, pues.
–¿Ni que provenga de El Chapo?
–No, tampoco.
Sin embargo, el retén de los narcos sí impresionó a Adán Guzmán Ruelas, el párroco de San Bernardo, que acompañaba al arzobispo: “Así, de buenas a primeras, es muy impactante el tener el cuerno de chivo en la frente”, admite.
El arzobispo sabe que también los habitantes de San Bernardo tienen miedo. Señala que al transitar por su propia comunidad “los invade el terror. Salen y regresan rápido. Y si en los cruceros de los caminos se topan con los sicarios, éstos los paran y los investigan. Si son de San Bernardo, los amagan con armas. Lo peor es que parece que nos estamos habituando a vivir con pánico”.
–¿Los narcos se están disputando esta zona?
–Es lo que maneja la gente, que en San Bernardo estamos en una línea de fuego. No sabemos quiénes son (los sicarios), sólo que vienen aquí y se trasladan a los municipios de Guanaceví y Santa María del Oro.
Mientras en San Bernardo se llevaban a cabo estas entrevistas, a 20 minutos de ahí, en Santa María del Oro, un comando asesinó a dos hermanos.
En el mismo lugar, el domingo 3 fue asesinado Carlos Ortega Samper, corresponsal del periódico El Tiempo de Durango, a quien el 11 de octubre de 1991 la juez mixta de Primera Instancia, Guillermina Navarro León, condenó a siete años de prisión por haber violado a un niño de ocho años (expediente 1/990).
Arquidiócesis sitiada
El arzobispo González Martínez se hizo famoso el pasado 17 de abril cuando públicamente aseguró: “El Chapo vive más adelante de Guanaceví, todos lo saben, menos la autoridad”. Después reveló que La Familia michoacana, Los Zetas o La Línea operan en los municipios duranguenses que colindan con Zacatecas (Proceso 1695).
En 2008, Durango registró 300 ejecuciones, 90 levantones y 30 secuestros. Hasta estos días, en 2009 se ha cometido en promedio una ejecución cada 20 horas y comandos armados han atacado las alcaldías de San Bernardo, Súchil, Pánuco de Coronado y Guanaceví.
En su exhortación pastoral del 12 de abril, el arzobispo González Martínez, cuya arquidiócesis abarca municipios de esta entidad pero también otros de Zacatecas, dijo que “Durango se convertía en campo de consumo al narcomenudeo promovido e impulsado por ventanas clandestinas, picaderos, expendios y puchadores” (vendedores de droga).
Agregó que los sicarios “van por los contrarios, los levantan, los ocultan, los masacran, los descabezan y los exponen en la vía pública” mientras se “posesionan del control de los pueblos, suplantando a las autoridades legítimamente constituidas, sintiéndose sus protectores; en pago de ello obligan a la gente a pagar un tributo”.
Enlistó lugares que están “en manos de la delincuencia organizada” y donde las autoridades “no han mostrado competencia para restablecer la paz pública”. De Durango, mencionó Santa María del Oro, San Bernardo, Guanaceví, Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, El Salto, Guadalupe Victoria, Ramón Corona, Vicente Guerrero, Cuencamé, Súchil y el municipio de la capital. De Zacatecas, enlistó a Chalchihuites y San Miguel del Teul.
Es larga la lista de sacerdotes extorsionados que tiene la Iglesia de Durango. Tan sólo en un recorrido por algunas poblaciones zacatecanas, se localizó a 42 clérigos hostigados.
El único de esos lugares donde hay retén militar es Sombrerete, municipio colindante con Fresnillo, donde las fuerzas federales se han enfrentado varias veces con Los Zetas. En la última refriega, el 8 de febrero pasado, murieron cuatro sicarios y dos militares.
Ahí mismo, en Sombrerete, pese a la presencia militar, 12 sacerdotes del decanato San Luis Batis han sufrido intentos de extorsión y amenazas. Uno de ellos es el párroco Agustín Reyes Chávez, entrevistado en el poblado El Arenal después de la misa.
“Estamos viviendo una situación crítica, difícil, porque se siente que no hay seguridad y la gente no vive tranquila, hay pánico. Incluso en la oración, en la Iglesia pedimos por que haya tranquilidad en el país, y ahora más, con el virus de la influenza”, señala Reyes.
–Con la influenza se pueden tomar precauciones. ¿Y con el narco?
–¿Ahí qué se puede hacer? El gobierno es el que tiene que tomar esas medidas, el que tiene la autoridad para hacerlo, pero quizá no ha encontrado la forma de solucionar esta situación porque el narcotráfico cada vez está peor. Tenemos extorsiones, levantones, secuestros y asesinatos.
“El arzobispo de Durango hizo lo que tenía que hacer: escuchar a la gente y denunciar las injusticias que se están viviendo en todos los lugares. Eso les dolió a muchos.”
–¿Aquí en Durango se vive un estado de ingobernabilidad?
–Lo estamos viviendo.
Chalchihuites es otro de los municipios que el arzobispo Héctor González puso en alerta. Hace dos meses, un grupo armado llegó a La Soledad y levantó a siete personas. Hasta ahora no se sabe si aún viven y ahora esa comunidad está desierta, como señala Pedro Molina Castañeda, párroco de Gualterio, poblado del mismo municipio, en donde el año pasado se hallaron dos cabezas humanas.
“En mi pueblo, le puedo decir que toda la gente sabe quién se dedica a la delincuencia organizada, pero nadie dice nada por temor a que vayan contra su familia”, añade.
Molina explica que Gualterio es un corredor de paso entre las plazas de Durango y Zacatecas; “además, por San Miguel del Teul hay caminos de terracería que llevan a la sierra de El Mezquital, Durango, y hacia Nayarit”.
Reconoce que debe ser “cauto” al abordar el tema del narcotráfico en sus homilías y lamenta que la gente se esté acostumbrando a vivir con violencia: “¡Estamos en manos de ellos! ¡No podemos hacer nada! ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo nos defendemos? Cuando nos llaman para exigirnos dinero y amenazarnos, lo mejor es colgar. ¿Que van a destruir el templo? Pues ni modo, destrúyanlo. ¿Qué puede hacer uno?”.
Prosigue: “En Súchil y Vicente Guerrero, municipios de Durango, la situación está igual. Como sacerdote uno se pone en una situación incómoda por decir: ‘Caray, el gobierno no ha hecho muchas cosas’. No sé si hable de más, pero es lo que siento”.
Pobladores de Chalchihuites dicen que aquí se “calentó” el ambiente desde hace un año, cuando un grupo armado irrumpió en una carrera de caballos para llevarse el dinero y los coches de todos los asistentes.
Hace cosa de dos meses 140 personas se quejaron con el presidente municipal, Juan Nava, de que fueron víctimas de extorsión y amenazas telefónicas. Hombres que se identificaban como miembros de La Familia michoacana les exigieron de 40 mil a 50 mil pesos o, de lo contrario, los iban a levantar.
A su vez, el vicario regional de Zacatecas, Amancio Macías, señala: “A mí me llamaron por teléfono, tratando de extorsionarme. Dijeron ser de La Familia michoacana y me pidieron dinero. No una cantidad específica, 30 o 40 mil pesos. Me querían vender protección en contra de la delincuencia organizada, pero les dije que yo no necesitaba protección”.
Llamadas como esa recibieron hace un mes los 25 sacerdotes de la Vicaría Regional. “Se comunicaron conmigo –cuenta Macías–, preguntaban qué podían hacer. Les dije que colgarles y no dejarse acobardar. Los feligreses acuden con nosotros para externar lo que está pasando, (dicen que) incluso a veces los levantan y los obligan a formar parte de su grupo”.
No sólo los sacerdotes denuncian. En Zacatecas, el pasado martes 12, entrevistado en el programa El pueblo canta, de la radiodifusora XEIH, el exgobernador de esa entidad y actual senador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, acusó al gobierno de Amalia García de permitir la infiltración del narco.
Y señaló a la tamaulipeca Sonia Villarreal Silguero, coordinadora de giras de la gobernadora, como una de las personas que “han permitido el crimen organizado”.
Seis días después de la denuncia de Monreal, el periódico Reforma, en su edición del 18 de mayo, dio a conocer que el pasado 22 de enero el Ejército decomisó 14 toneladas y media de mariguana en la planta deshidratadora de chiles San Felipe, en Fresnillo, Zacatecas, propiedad de Cándido y David, hermanos de Ricardo Monreal. Mediante la averiguación PGR/ZAC/128/II/CS/2009, la Procuraduría General de la República investiga los presuntos vínculos de esta familia con el narcotráfico.
A raíz de este escándalo, la gobernadora García y el senador Monreal, quien pidió una licencia temporal al Senado para enfrentar las denuncias que pesan contra su familia y él mismo, intercambiaron públicas acusaciones mutuas de tener vínculos con el narco.
PATRICIA DáVILA
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1699, 24 de mayo de 2009;
En los municipios colindantes de Durango y Zacatecas la disputa por el territorio no incluye a las policías ni al Ejército: son narcos contra narcos, y éstos contra la población. Entre los pocos que se atreven a protestar por la exacerbada violencia están algunos sacerdotes, encabezados por el arzobispo Héctor González Martínez, quien no se resigna a la mudez ni a la sordera.
DURANGO, DGO.- Son las 10 de la mañana del miércoles 6 y todavía se respira tranquilidad en el caserío rural de la cabecera de San Bernardo, pero una hora después el día se descompone: dos camionetas pick up con hombres armados empiezan a recorrer el pueblo.
Los sujetos entran y salen, dan vueltas. Atraviesan las camionetas en las calles, se bajan y apuntan con sus armas a los que van pasando. Ese comando suele apoderarse de la ranchería.
En instantes se corre la voz: los sicarios están en el pueblo. Es inconfundible el estruendo cuando sus vehículos pasan a gran velocidad. En unos minutos, San Bernardo se convierte en un pueblo fantasma. La gente se esconde. Nadie sale, y menos los cuatro policías municipales. Mejor se quedan quietos y esperan que el siguiente día sea mejor.
Ubicado a 370 kilómetros de la capital del estado, San Bernardo es un municipio que colinda con Guanaceví y está cerca de Parral, Chihuahua. Aquí se vivía en paz hasta febrero pasado, cuando un comando baleó la alcaldía y varias casas. Es cierto que antes había en el pueblo una familia de narcos: los Pizarro, “pero a todos nos conocían y nos respetaban. El problema fue cuando llegaron otros grupos a disputar la zona. Hoy todo es zozobra”, narra un poblador.
Como sucede cada vez en más lugares, pocos se atreven a hablar. Alguien dice tímidamente: “La familia Pizarro tiene 30 años de operar aquí, trabajaba para el cártel de Sinaloa, pero llegaron Los Mingos, un grupo de sicarios del municipio de Santa María del Oro, bajo el mando del cártel de Juárez. Y empezaron a exterminarse entre ellos”.
Otra persona interviene: “Los de Santa María sí son agresivos y sanguinarios, a cada rato cometen asesinatos. Hace 15 días mataron a dos muchachas por una supuesta confusión, pero todo mundo supo que fueron ellos y no los detuvieron”.
Una señora manifiesta su preocupación: “Ojalá que estos días que el señor arzobispo esté por aquí, lo respeten”.
El mismo miércoles, el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, cumplió su segundo día de visita pastoral en el municipio. A las nueve de la mañana, después de desayunar, salió acompañado del párroco del lugar, Adán Guzmán Ruelas.
El jueves 7, ambos sacerdotes relataron su recorrido a Proceso en entrevistas por separado. El arzobispo divulgó entre la prensa local parte de esa conversación, en un documento llamado Episcopeo, que distribuyó el sábado 9.
“Fuimos a Sardinas, población cercana a San Bernardo, (donde hay) gente sencilla, alegre y entusiasta –dice González Martínez. Luego, a la hacienda de La Providencia, donde fue el acto principal y a donde concurrieron las comunidades de Matalotes, 20 de Abril, Cochineras, Amador, Charco Azul, Pueblo Nuevo y San Juan de Heredia; comunidades río arriba (del Sixtín). A la hora de la comida se hicieron presentes cuatro elementos de un comando armado, quienes se acercaron a compartir los alimentos y la bendición de un puente en construcción.
“Por la tarde –prosigue– fuimos a la edificante y fervorosa Comunidad 5 de Julio, rezamos el santo rosario, prediqué y bendije la remodelación de la capilla; terminamos con una merienda. Regresando, ya de noche, el comando armado montó un retén en un entronque para revisar a los transeúntes. Pasamos nosotros, nos pararon, nos gritaron que nos bajáramos. Nos apuntaban con sus armas largas. Cuando respondimos que éramos el párroco y el señor arzobispo, se calmaron, se disculparon y nos dejaron seguir. A las demás personas que pasaron por ahí les sucedió lo mismo.”
Comunidad amenazada
El prelado asistió el jueves a la celebración de la Hora Santa, en la cual un diácono celebrante pidió en las letanías:
“Para que Dios nos libere de la pesadilla del narcotráfico y de sus secuelas de sufrimiento y rencor, roguemos al Señor. Para que quienes ejecutan los hechos violentos cambien de sentimientos y renuncien a estos procedimientos criminales, roguemos al Señor. Por los presos que han incurrido en actos de narcotráfico, para que una vez rehabilitados puedan reincorporarse a la sociedad y vivir en paz…”
En su corta intervención, el arzobispo dijo a los presentes que ellos eran los “corazones pacificados” que la sociedad necesita. Les pidió incluir en sus ruegos a las personas que provocan la “inestabilidad” y la “sicosis”.
Minutos después, salió del templo para presidir una “procesión por la paz”. Se acondicionó como altar la caja de una vieja camioneta Ford blanca: tres ramos de crisantemos blancos y amarillos rodeaban la mesa cubierta con un mantel, también blanco, sobre el que colocaron una pequeña imagen de Nuestra Señora de la Paz. El prelado iba sentado atrás de la virgen.
Aproximadamente 100 personas siguieron al vehículo, la mayoría mujeres, algunos niños y muy pocos hombres. Cada feligrés llevaba un globo para soltarlo al final de la procesión. No hubo rezos: las alabanzas fueron canciones a ritmo de banda sinaloense que detrás de la marcha tocaba un aparato de sonido en la cola de la procesión. A todo volumen se escucharon Un mandamiento nuevo, Amar y querer (el éxito de José José) y Jesucristo me dejó inquieto, esta última interpretada y grabada por el propio Héctor González.
Al concluir el recorrido por el pueblo, González Martínez saca una silla de la casa parroquial, la pone en la banqueta, se acomoda en ella y concede una corta entrevista. Como esperaban las señoras del pueblo, no llegaron los sicarios.
–¿Qué repercusión han tenido sus declaraciones en los municipios amenazados por el narco? –empieza la reportera.
–La situación no se puede arreglar por una declaración aislada. La solución se puede lograr sólo si hay un trabajo concertado entre muchas fuerzas y actores de la sociedad civil, como la misma Iglesia, los organismos de derechos humanos y las autoridades civiles.
El arzobispo de Durango se dice “sorprendido” del impacto que produjo su declaración de que El Chapo Guzmán vive en Guanaceví. Y después de quejarse de que los medios de comunicación “magnifican lo que quieren”, agrega:
“Tú estuviste en Canelas (municipio duranguense donde Guzmán Loera contrajo matrimonio el 2 de julio de 2007, como se informó en la edición 1609 de Proceso). Entonces que nadie se escandalice. Todos tengan ojos para ver y oídos para escuchar y reconocer un hecho.”
–¿Qué le falta al gobierno para terminar con el narcotráfico?
–Le falta voluntad, carácter para cumplir con lo que es su deber.
Aclara que se refiere a los niveles de los gobiernos municipal, estatal y federal: “Les hace falta hacerse conscientes del mal que significa el narcotráfico, y sobre todo no congeniar con él”.
–Anoche fue interceptado por un comando armado. ¿No tiene miedo?
–No. No sabían que nosotros éramos los que íbamos llegando. No es que me hayan interceptado, simplemente fue una equivocación, por el estilo que tienen de intimidar a la gente, pero en cuanto me identificaron inmediatamente pidieron disculpas.
–¿No teme represalias del narco? ¿El mensaje que se halló en los cuerpos de los dos militares asesinados el pasado 21 de abril, es uno de ellos?
–Nadie me ha reclamado nada. Lo que se ha publicado acerca de que es un mensaje (dirigido a la Iglesia), es sólo una interpretación. No está claro que sea una alusión al hecho, a mí, pues.
–¿Ni que provenga de El Chapo?
–No, tampoco.
Sin embargo, el retén de los narcos sí impresionó a Adán Guzmán Ruelas, el párroco de San Bernardo, que acompañaba al arzobispo: “Así, de buenas a primeras, es muy impactante el tener el cuerno de chivo en la frente”, admite.
El arzobispo sabe que también los habitantes de San Bernardo tienen miedo. Señala que al transitar por su propia comunidad “los invade el terror. Salen y regresan rápido. Y si en los cruceros de los caminos se topan con los sicarios, éstos los paran y los investigan. Si son de San Bernardo, los amagan con armas. Lo peor es que parece que nos estamos habituando a vivir con pánico”.
–¿Los narcos se están disputando esta zona?
–Es lo que maneja la gente, que en San Bernardo estamos en una línea de fuego. No sabemos quiénes son (los sicarios), sólo que vienen aquí y se trasladan a los municipios de Guanaceví y Santa María del Oro.
Mientras en San Bernardo se llevaban a cabo estas entrevistas, a 20 minutos de ahí, en Santa María del Oro, un comando asesinó a dos hermanos.
En el mismo lugar, el domingo 3 fue asesinado Carlos Ortega Samper, corresponsal del periódico El Tiempo de Durango, a quien el 11 de octubre de 1991 la juez mixta de Primera Instancia, Guillermina Navarro León, condenó a siete años de prisión por haber violado a un niño de ocho años (expediente 1/990).
Arquidiócesis sitiada
El arzobispo González Martínez se hizo famoso el pasado 17 de abril cuando públicamente aseguró: “El Chapo vive más adelante de Guanaceví, todos lo saben, menos la autoridad”. Después reveló que La Familia michoacana, Los Zetas o La Línea operan en los municipios duranguenses que colindan con Zacatecas (Proceso 1695).
En 2008, Durango registró 300 ejecuciones, 90 levantones y 30 secuestros. Hasta estos días, en 2009 se ha cometido en promedio una ejecución cada 20 horas y comandos armados han atacado las alcaldías de San Bernardo, Súchil, Pánuco de Coronado y Guanaceví.
En su exhortación pastoral del 12 de abril, el arzobispo González Martínez, cuya arquidiócesis abarca municipios de esta entidad pero también otros de Zacatecas, dijo que “Durango se convertía en campo de consumo al narcomenudeo promovido e impulsado por ventanas clandestinas, picaderos, expendios y puchadores” (vendedores de droga).
Agregó que los sicarios “van por los contrarios, los levantan, los ocultan, los masacran, los descabezan y los exponen en la vía pública” mientras se “posesionan del control de los pueblos, suplantando a las autoridades legítimamente constituidas, sintiéndose sus protectores; en pago de ello obligan a la gente a pagar un tributo”.
Enlistó lugares que están “en manos de la delincuencia organizada” y donde las autoridades “no han mostrado competencia para restablecer la paz pública”. De Durango, mencionó Santa María del Oro, San Bernardo, Guanaceví, Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, El Salto, Guadalupe Victoria, Ramón Corona, Vicente Guerrero, Cuencamé, Súchil y el municipio de la capital. De Zacatecas, enlistó a Chalchihuites y San Miguel del Teul.
Es larga la lista de sacerdotes extorsionados que tiene la Iglesia de Durango. Tan sólo en un recorrido por algunas poblaciones zacatecanas, se localizó a 42 clérigos hostigados.
El único de esos lugares donde hay retén militar es Sombrerete, municipio colindante con Fresnillo, donde las fuerzas federales se han enfrentado varias veces con Los Zetas. En la última refriega, el 8 de febrero pasado, murieron cuatro sicarios y dos militares.
Ahí mismo, en Sombrerete, pese a la presencia militar, 12 sacerdotes del decanato San Luis Batis han sufrido intentos de extorsión y amenazas. Uno de ellos es el párroco Agustín Reyes Chávez, entrevistado en el poblado El Arenal después de la misa.
“Estamos viviendo una situación crítica, difícil, porque se siente que no hay seguridad y la gente no vive tranquila, hay pánico. Incluso en la oración, en la Iglesia pedimos por que haya tranquilidad en el país, y ahora más, con el virus de la influenza”, señala Reyes.
–Con la influenza se pueden tomar precauciones. ¿Y con el narco?
–¿Ahí qué se puede hacer? El gobierno es el que tiene que tomar esas medidas, el que tiene la autoridad para hacerlo, pero quizá no ha encontrado la forma de solucionar esta situación porque el narcotráfico cada vez está peor. Tenemos extorsiones, levantones, secuestros y asesinatos.
“El arzobispo de Durango hizo lo que tenía que hacer: escuchar a la gente y denunciar las injusticias que se están viviendo en todos los lugares. Eso les dolió a muchos.”
–¿Aquí en Durango se vive un estado de ingobernabilidad?
–Lo estamos viviendo.
Chalchihuites es otro de los municipios que el arzobispo Héctor González puso en alerta. Hace dos meses, un grupo armado llegó a La Soledad y levantó a siete personas. Hasta ahora no se sabe si aún viven y ahora esa comunidad está desierta, como señala Pedro Molina Castañeda, párroco de Gualterio, poblado del mismo municipio, en donde el año pasado se hallaron dos cabezas humanas.
“En mi pueblo, le puedo decir que toda la gente sabe quién se dedica a la delincuencia organizada, pero nadie dice nada por temor a que vayan contra su familia”, añade.
Molina explica que Gualterio es un corredor de paso entre las plazas de Durango y Zacatecas; “además, por San Miguel del Teul hay caminos de terracería que llevan a la sierra de El Mezquital, Durango, y hacia Nayarit”.
Reconoce que debe ser “cauto” al abordar el tema del narcotráfico en sus homilías y lamenta que la gente se esté acostumbrando a vivir con violencia: “¡Estamos en manos de ellos! ¡No podemos hacer nada! ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo nos defendemos? Cuando nos llaman para exigirnos dinero y amenazarnos, lo mejor es colgar. ¿Que van a destruir el templo? Pues ni modo, destrúyanlo. ¿Qué puede hacer uno?”.
Prosigue: “En Súchil y Vicente Guerrero, municipios de Durango, la situación está igual. Como sacerdote uno se pone en una situación incómoda por decir: ‘Caray, el gobierno no ha hecho muchas cosas’. No sé si hable de más, pero es lo que siento”.
Pobladores de Chalchihuites dicen que aquí se “calentó” el ambiente desde hace un año, cuando un grupo armado irrumpió en una carrera de caballos para llevarse el dinero y los coches de todos los asistentes.
Hace cosa de dos meses 140 personas se quejaron con el presidente municipal, Juan Nava, de que fueron víctimas de extorsión y amenazas telefónicas. Hombres que se identificaban como miembros de La Familia michoacana les exigieron de 40 mil a 50 mil pesos o, de lo contrario, los iban a levantar.
A su vez, el vicario regional de Zacatecas, Amancio Macías, señala: “A mí me llamaron por teléfono, tratando de extorsionarme. Dijeron ser de La Familia michoacana y me pidieron dinero. No una cantidad específica, 30 o 40 mil pesos. Me querían vender protección en contra de la delincuencia organizada, pero les dije que yo no necesitaba protección”.
Llamadas como esa recibieron hace un mes los 25 sacerdotes de la Vicaría Regional. “Se comunicaron conmigo –cuenta Macías–, preguntaban qué podían hacer. Les dije que colgarles y no dejarse acobardar. Los feligreses acuden con nosotros para externar lo que está pasando, (dicen que) incluso a veces los levantan y los obligan a formar parte de su grupo”.
No sólo los sacerdotes denuncian. En Zacatecas, el pasado martes 12, entrevistado en el programa El pueblo canta, de la radiodifusora XEIH, el exgobernador de esa entidad y actual senador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, acusó al gobierno de Amalia García de permitir la infiltración del narco.
Y señaló a la tamaulipeca Sonia Villarreal Silguero, coordinadora de giras de la gobernadora, como una de las personas que “han permitido el crimen organizado”.
Seis días después de la denuncia de Monreal, el periódico Reforma, en su edición del 18 de mayo, dio a conocer que el pasado 22 de enero el Ejército decomisó 14 toneladas y media de mariguana en la planta deshidratadora de chiles San Felipe, en Fresnillo, Zacatecas, propiedad de Cándido y David, hermanos de Ricardo Monreal. Mediante la averiguación PGR/ZAC/128/II/CS/2009, la Procuraduría General de la República investiga los presuntos vínculos de esta familia con el narcotráfico.
A raíz de este escándalo, la gobernadora García y el senador Monreal, quien pidió una licencia temporal al Senado para enfrentar las denuncias que pesan contra su familia y él mismo, intercambiaron públicas acusaciones mutuas de tener vínculos con el narco.
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