El Estado de Morelos

En Cuernavaca, golpe fallido: no era "El Borrado"
RICARDO RAVELO
Revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1699, 24 de mayo de 2009;
Genaro García Luna y sus muchachos cosechan pifias. La más reciente ocurrió el martes 5 en Cuernavaca, Morelos. Obsesionados por capturar a El Borrado, un operador del cártel de los Beltrán Leyva, más de 200 agentes irrumpieron en una casa y se llevaron detenidos a varios de sus familiares, pero no al capo. Una fuente consultada por este semanario sostiene que la policía les vació la casa y les sembró armas para poder acusarlos de delincuentes.
Poco antes de que finalizara el mes de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, tuvo conocimiento de que el capo Alberto Pineda Villa, El Borrado -pieza clave de la célula que encabezan los hermanos Beltrán Leyva- visitaría una de sus casas de Cuernavaca, Morelos, otrora feudo del cártel de Sinaloa, para convivir con sus padres y otros familiares cercanos.
A través de los órganos de inteligencia, que seguían los pasos de Pineda Villa, García Luna y sus subalternos Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinoza de Benito -coordinador general de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) y comisionado de la División Antidrogas de la Agencia Federal de Investigación (AFI), respectivamente- pretendían detener a El Borrado desde octubre de 2008, cuando el titular de la SSP fue interceptado cerca de Tepoztlán, Morelos, presuntamente por un grupo armado al servicio de Arturo Beltrán Leyva -jefe del mismo capo-, que maniató a su escolta y llevó al funcionario policiaco a una casa donde le reclamaron "si esta vez iba a cumplir los acuerdos pactados" (Proceso 1672).
Pineda Villa no es una figura menor dentro del narcotráfico. En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 -iniciada el año pasado, cuando el procurador Eduardo Medina Mora anunció la Operación Limpieza- se le menciona como enlace entre altos funcionarios de la SIEDO con los hermanos Beltrán Leyva, quienes recibían información sobre las investigaciones en su contra a cambio de pagos superiores a los 450 mil dólares mensuales.
Mediante sus enlaces dentro de la SIEDO, El Borrado "enganchó" a varios funcionarios de primer nivel, entre ellos al subprocurador Noé Ramírez Mandujano, quien está preso en un penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusado de recibir sobornos del narcotráfico a cambio de información.
Como parte de la citada averiguación, el testigo protegido con nombre en clave Saúl declaró que el agente federal Javier Jiménez Sánchez, El Pinocho, era el contacto a través del cual Miguel Colorado, quien fuera coordinador de inteligencia de la SIEDO (actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, en espera de ser extraditado a Estados Unidos), le proporcionaba información en torno a las investigaciones que realizaba la PGR contra los Beltrán Leyva.
Saúl también declaró que Jiménez Sánchez "se reportaba directamente con El Borrado, uno de los principales integrantes de dicha organización delictiva y que se encuentra en la misma categoría que El Grande (Sergio Villarreal Barragán), operador del cártel en la Comarca Lagunera y en el estado de Morelos.
Pineda Villa es perseguido desde que los Beltrán Leyva rompieron relaciones con Joaquín El Chapo Guzmán Loera en enero de 2007, tras la aprehensión de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo.
En los últimos días de abril pasado, García Luna ordenó que para atrapar a Pineda Villa se rentara una casa a pocos metros de donde viven sus padres, en la calle de Xochicalco esquina con Tlalchiltenango, en Cuernavaca. Muy cerca de ahí se localiza el Palacio de Gobierno de Morelos, donde trabajan funcionarios -incluido el gobernador panista Marco Antonio Adame- envueltos en sospechas de "narcopolítica" y corrupción.
Al inmueble arrendado se fueron a vivir agentes de la Policía Federal Preventiva integrantes del grupo Indio. Desde ese sitio se mantenían bajo observación todos los movimientos de los padres, hermanos, tíos, parientes y amigos de El Borrado.
Todos los días Cárdenas Palomino y el comandante Armando Espinosa recibían reportes sobre lo que hacían los familiares de Pineda Villa, pero el famoso Borrado no aparecía.
Esto preocupó a los subalternos de García Luna, quienes decidieron mantener a los integrantes del grupo Indio por tiempo indefinido en la vivienda arrendada. La instrucción era precisa: "Queremos a El Borrado".
El martes 5, los agentes del grupo Indio reportaron a Cárdenas Palomino que en la casa de los padres de Pineda Villa se estaba llevando a cabo una reunión familiar. El reporte policiaco, que también fue entregado a García Luna, detalló los pormenores de lo que parecía una fiesta:
"Solamente están los papás y otras personas adultas...Una persona que trajo un cerdo (y llegó) con dos ayudantes; al parecer son los encargados de preparar las carnitas... ¿Cuál es la indicación?", preguntaba el jefe policiaco al frente del grupo Indio.
Engaño
De acuerdo con datos corroborados por Proceso a través de cuatro fuentes distintas, algunas de las cuales tuvieron conocimiento de la investigación con la que se integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/163/2009, entre las personas presentes en la fiesta no había gente armada "ni en actitud sospechosa". No sólo eso: el propio García Luna fue informado de que "en dicha casa no se encontraba El Borrado".
Pese a la ausencia del capo, Cárdenas Palomino y el comandante Armando Espinoza de Benito recibieron la orden de García Luna de realizar un operativo, sin dar aviso al Ejército, cuyos efectivos intervinieron después y sólo para custodiar la casa.
En pleno convivio, unos 200 agentes federales irrumpieron en la casa y arrestaron a 14 personas, entre éstas a dos señoras de la tercera edad -Rosalba (madre de El Borrado) y Humbertina Villa Ortuño. También fue aprehendido el padre del presunto capo, Salomón Pineda Bermúdez, de 73 años.
Las otras 11 personas detenidas son: Conrado González Moreno, Luis Javier Torres González, Rafael Segovia López, José Rentería Morales, Quintín Diego Rogelio, Javier Hurtado Gómez, Alejandro Navarrete Gutiérrez, Edmundo Ledesma García, María Reina Osorio, Leonor Villa Ortuño y Salomón Pineda Villa.
Este último es el hermano menor de Alberto -enlace de los hermanos Beltrán-, quien hasta antes de su detención no contaba con antecedentes en ninguna averiguación previa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Sin embargo, Salomón Pineda Villa fue presentado por los agentes de la PFP como si se tratara de Alberto, es decir, El Borrado. Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha confirmado que el capo se encuentra libre y que no estuvo presente en la fiesta familiar del 5 de mayo.
Después del cateo, que se efectuó sin orden judicial, la casa fue prácticamente vaciada por los agentes de la PFP: sacaron mesas de madera, platos, licuadoras y refrigeradores, así como enseres domésticos que los miembros del grupo Indio almacenaron en la casa que habían rentado para espiar a la familia del capo, la cual fue habilitada como bodega.
Durante y después del operativo, los policías federales, según confirmó una fuente consultada por este semanario, incurrieron en excesos. Maltrataron a los detenidos, quienes fueron trasladados, sin excepción, al Centro de Mando de la PFP, donde a las señoras de avanzada edad les recogieron sus agujas de tejer y se les sembró un imponente rifle de asalto AR-15. Hicieron lo mismo con los otros detenidos.
Posteriormente, la SIEDO integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/163/2009 y altos funcionarios de esa dependencia, entre ellos la subprocuradora Marisela Morales, giraron instrucciones a todos los fiscales especializados en delitos contra la salud para que fortalecieran la indagatoria. De esa manera, los padres de El Borrado y su hermano Salomón Pineda fueron acusados de fungir como operadores de la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva.
El domingo 10, cinco días después del operativo, grupos de la delincuencia organizada como el cártel del Golfo, La Familia michoacana y los Beltrán Leyva, entre otros, procedieron a colocar en 20 estados del país narcomantas dirigidas al presidente Felipe Calderón. En éstas se acusa a Genaro García Luna y a sus subalternos Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinoza de Benito (los que ordenaron el operativo en la casa de los padres de El Borrado) de violar las reglas y de atropellar los derechos de sus familiares.
En Acapulco, Guerrero -uno de los feudos de los Beltrán Leyva, quienes están asociados con el cártel del Golfo- aparecieron dos narcomantas firmadas por integrantes de La Familia, en las que se dirigen al presidente Calderón en estos términos:
"Estamos conscientes de nuestros actos, pero en total desacuerdo que involucren a padres, hermanos y demás familiares. Es una regla mundial que ha existido en todos los tiempos: la familia se respeta."
En otra manta los capos se dirigen al titular de la SSP, Genaro García Luna, y a sus colaboradores. Dice el texto:
"Nosotros le preguntamos a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito y (a) todos los que participan en abusos de autoridad y arbitrariedades que están haciendo en contra de la mayoría de los mexicanos, si sus familias son culpables de sus actos y si deben de pagar por éstos. Esperamos abran los ojos de la clase de gente que tiene en los cargos públicos, nosotros no rompemos los códigos. La familia se respeta."
Los narcomensajes causaron temor en el gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón, especialmente en la SSP y en la PGR. Tras la aparición de las narcomantas en los estados de México, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Aguascalientes, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Puebla, Guanajuato, Morelos y Veracruz, entre otros estados que son asiento de los cárteles del Golfo, La Familia y de los Beltrán Leyva, se reforzó la seguridad personal de García Luna, Cárdenas Palomino y Armando Espinoza de Benito.
Las medidas de seguridad, tomadas porque temen un ataque del crimen organizado -por presuntas complicidades, abusos y atropellos contra familiares de narcotraficantes-, consisten en grupos de avanzada, en el caso de recorridos por tierra, así como mayor despliegue de agentes en torno a los domicilios de cada uno de sus familiares.
Morelos: la narcopolítica
La captura de los familiares del capo Alberto Pineda Villa puso al descubierto las presuntas complicidades del gobierno que encabeza el panista Marco Antonio Adame Castillo con el narcotráfico, en particular con la célula de Arturo Beltrán Leyva.
El nuevo escándalo de narcopolítica en Morelos estalló luego de que la PGR arraigó por 40 días a Luis Ángel Cabeza de Vaca (recomendado por el también panista Sergio Estrada Cajigal, quien durante su gobierno fue señalado de tener presuntos vínculos con el narcotráfico), quien fungía como secretario de Seguridad Pública, así como a Francisco Sánchez González, exdirector de Tránsito municipal, por sus presuntos vínculos con los Beltrán Leyva.
La infiltración del narcotráfico en el gobierno de Adame Castillo parece aún más grave: el comandante ministerial Salvador Pintado Vázquez también es investigado por la SIEDO: es señalado como enlace de los Beltrán Leyva con funcionarios del gobierno del estado.
La crisis política alcanzó el máximo de su ebullición el viernes 15, cuando el procurador Francisco Coronado renunció a su cargo; también se anunció que es investigado por presuntos nexos con el tráfico de drogas.
Además, unos 40 agentes estatales adscritos a Yautepec, Morelos, son investigados por la PGR, pues se les acusa de formar parte del grupo Los Zafiros, a los que se les atribuyen crímenes y secuestros que presuntamente ordenaban los hermanos Beltrán Leyva y su operador, Alberto Pineda Villa, El Borrado.
De acuerdo con la SSP, Salvador Pintado dirigía el grupo y formaba parte de la organización encabezada por Pineda Villa. Por su parte, Jesús Ulises Abundes Valenzuela y Juan Carlos Rodríguez Paralta, ambos policías del Grupo de Reacción y Operación Táctica de la Policía Metropolitana de Cuernavaca, "plagiaban personas y protegían a los narcotraficantes".
El exagente José Antonio Cereth Reyes tenía la tarea de vigilar los accesos de Cuernavaca y también fungía como sicario junto con Pablo Parra Bruno, otro policía morelense.
El 18 de mayo, el gobernador Adame Castillo se desligó del escándalo que envuelve a los funcionarios de su gabinete, al afirmar que las investigaciones federales fueron coordinadas con su gobierno desde hace varios meses.
La infiltración del narcotráfico en el estado de Morelos y en la estructura de poder no es nueva: el exgobernador Sergio Estrada Cajigal, antecesor de Adame Castillo, también fue relacionado con el tráfico de drogas y con el capo Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, quien operaba con toda libertad al cobijo del gobierno estatal.
Datos de la PGR y de la SSP señalan que históricamente los aeropuertos de Cuernavaca y de Temixco han sido utilizados por distintos cárteles para el trasiego de cocaína. En diciembre de 2007, por ejemplo, la PGR aseguró una avioneta Super King Air 200 que había descargado droga en la terminal aérea de Cuernavaca.
La nave no contaba con registro de aterrizaje, tenía la matrícula borrada y en su interior se encontraron residuos de droga, por lo que se abrió una indagatoria y fueron detenidos cuatro policías federales y dos vigilantes privados.
De 1993 hasta poco antes de su muerte, ocurrida en julio de 1997, Amado Carrillo, jefe del cártel de Juárez, no sólo vivió en el estado de Morelos -era el sexenio de Jorge Carrillo Olea-, sino que desde esta entidad y Michoacán operaba con protección policiaca el tráfico de drogas hacia toda la ruta del Pacífico mexicano.
Durante el gobierno de Estrada Cajigal, el cártel de Juárez estaba ligado a La Federación (o cártel de Sinaloa) y el principal operador en Morelos era Juan José Esparragoza Moreno, cuya hija -Nadia Patricia Esparragoza Gastélum -presuntamente estuvo relacionada con ese exgobernador panista (Proceso 1433).