Denuncian a Calderón ante CPI
Encabezan la denuncia ohn Ackerman, investigador del IIJ-UNAM; Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y José Rosario Marroquín, titular del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez.
Dice una nota de:
Inder Bugarin / Corresponsal de Reforma
Bruselas, Bélgica (25 noviembre 2011).- El jurista mexicano Netzaí Sandoval entregó hoy al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, un expediente en el que acusa los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que abra una línea de investigación contra el Presidente Felipe Calderón.
"Queremos atraer la atención del fiscal de la CPI sobre las múltiples violaciones, al derecho humanitario y penal internacional, cometidas por las fuerzas policiacas y militares, para que juzgue el papel y la responsabilidad del Presidente Felipe Calderón en la sanción de esas conductas", dijo Sandoval a REFORMA.
"No queremos que se pronuncie sobre la política de Calderón, sino juzgue la responsabilidad de mando, tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con el ex Presidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad".
La denuncia surgió como parte del movimiento contra la violencia de principios de 2011.
Entre las personas involucradas en la iniciativa, según el abogado, están John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y José Rosario Marroquín, titular del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez.
La CPI, una instancia que aspira convertirse en el máximo instrumento global para perseguir genocidas en el planeta, sólo actúa en aquellos casos dirigidos por el Consejo de Seguridad de la ONU y en países parte de los Estatutos de Roma, cuyas instituciones son incapaces de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad.
En la comunicación, los denunciantes tratan de mostrar que México, socio de la CPI, carece de las herramientas jurídicas para juzgar los centenares de casos de violaciones al derecho humanitario registrados en el País, como desapariciones forzadas, tortura, violaciones sexuales, reclutamiento de menores como combatientes y ataques a hospitales.
Identifica además a los máximos responsables de los delitos cometidos en México y entre ellos señala al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; al de Seguridad, Genaro García Luna, y a los líderes de los cárteles de la droga, entre ellos Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La comunicación está compuesta por unas 700 páginas y está dividida en tres grandes apartados, uno contextual y que hace referencia a las 50 mil personas asesinadas, los 10 mil casos de desaparecidos y los 230 mil desplazados por el clima de inseguridad.
La segunda parte incluye 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional y exhibe conductas reiteradas por parte de las fuerzas federales, como la tortura y las desapariciones.
Por último, presenta líneas de investigación sobre la responsabilidad de los altos mandos, tanto políticos como criminales en las atrocidades en el País.
También muestra la ausencia de herramientas jurídicas para procesar estos delitos y la campaña de encubrimiento oficial, como lo demuestra el hecho de que, a la fecha, la Sedena sólo ha procesado a un soldado de tropa por los abusos cometidos por sus elementos.
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La Corte Penal:
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