NO DISPAREN AL MENSAJERO!

NO DISPAREN AL MENSAJERO/ Michael Spindelegger, vicecanciller y ministro de Asuntos Europeos e Internacionales de la República de Austria, y Alison Bethel McKenzie, directora ejecutiva del Instituto Internacional de Prensa

Publicado en EL MUNDO, 24/11/2011

“ Espero que mi asesinato no se considere como una derrota de la libertad, sino como un estímulo para que los supervivientes redoblen sus esfuerzos”. Son palabras alarmantes y a la vez inspiradoras del periodista Lasantha Wickrematunge, de Sri Lanka, asesinado pocos días después

de haber escrito estas líneas, a la hora punta del tráfico matutino en el centro de Colombo por dos personas armadas subidas en una motocicleta. El editorial en el que Wickrematunge predijo su propio asesinato se publicó de forma póstuma y desató una ola de consternación en el mundo entero por su asombroso realismo. «Tras mi muerte, sé que harás las declaraciones hipócritas de costumbre y pedirás a la policía que lleve a cabo una investigación rápida y exhaustiva. Pero al igual que ha sucedido con todas las investigaciones anteriores, ésta tampoco resultará en nada», escribió el periodista. Una resignación desafiante y estoica ante el hecho de que, en muchos países, son muy raros los casos en los que asesinos de periodistas tienen que dar cuentas ante un tribunal.

Según los datos del Instituto Internacional de Prensa, en lo que va del presente año ya han sido asesinados 90 periodistas. Es decir, uno cada dos días. Desde 2000, más de 900 periodistas han perdido su vida por causa de su trabajo. Los asesinos casi nunca pasan por juicio, lo que ha creado un clima de impunidad en el cual – desde el punto de vista de los asesinos – el asesinato de informadores resulta algo trivial, un acto que se puede cometer reiteradas veces sin temor a ser arrestado o juzgado.

Los que matan, amenazan o dan la orden de detener a periodistas de forma completamente arbitraria tienen un objetivo: hacer callar al mensajero e intimidar de esta forma a otros reporteros. Sin los más mínimos escrúpulos buscan censurar y fomentar al mismo tiempo la autocensura. Ellos son la amenaza más grave y seria a la libertad de prensa en el mundo.

La seguridad de los periodistas es el pilar fundamental del derecho universal e inalienable a la libertad de prensa, anclado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fija a su vez el derecho de todas las personas a recibir informaciones y a difundirlas. Cuando periodistas se autocensuran por temor a posibles represalias, queda perjudicado el libre flujo de noticias. Se priva a los ciudadanos de información. Se socava la obligación de rendir cuentas, tanto en el ámbito público como privado, y la democracia resulta amenazada. La ausencia de información crítica e independiente favorece la desinformación, la propaganda y un clima proclive a la violencia. Por tanto es una obligación de todos -no sólo de los periodistas y actores de la sociedad civil, sino especialmente de los gobiernos- de respetar los compromisos internacionales y llevar a la práctica el derecho fundamental a la libertad de prensa, no solamente con palabras sino con acciones, y participar en los esfuerzos globales dirigidos a promover la seguridad de periodistas.

Evidentemente deben participar los editores, procurando que periodistas en regiones peligrosas reciban una formación profesional y obtengan el equipo necesarios para su seguridad. Pero no basta con cascos, chalecos antibalas y entrenamientos de seguridad para asegurar las condiciones de trabajo de estos periodistas. El enfoque debería ser más amplio, involucrando a medios de comunicación, representantes de la sociedad civil, estados y organizaciones internacionales. Hay que emprender más acciones para aumentar la presión sobre los gobiernos que omiten sus obligaciones en materia de derechos humanos conforme al Derecho Internacional. Tenemos que crear una disposición general, que abarque a todos los sectores de la sociedad y que conduzca a que éstos se comprometan con valores universales por encima de sus intereses propios y superar -donde sea necesario-modelos de intimidación y de violencia que lamentablemente están ya profundamente arraigados.

Los gobiernos deben realizar más esfuerzos para conseguir llevar a los asesinos de periodistas ante los tribunales y evitar ataques contra la prensa. Las violaciones han de ser investigadas de manera eficaz y los autores tienen que asumir sus responsabilidades. Los mandatarios tienen que demostrar la voluntad política necesaria para eso, pero también deben encargarse de garantizar el cumplimiento de la ley y de asegurar una Justicia independiente, así como de formar fuerzas de seguridad profesionales, adecuadamente formadas y conocedoras de los derechos y del rol de los medios de comunicación en la sociedad.

Las organizaciones internacionales deben apoyar a la comunidad internacional en su tarea de vigilancia, reclamando responsabilidades a nivel nacional, regional e internacional, e impulsar la elaboración y el intercambio de mejores prácticas.

La sociedad civil debe concienciarse, adoptando una actitud decidida y visionaria, apoyando a los gobiernos en sus iniciativas y compromisos a favor de los medios de comunicación al mismo tiempo que debe condenar enérgicamente todo desprecio hacia la libertad de prensa.

Los periodistas, a su vez, tienen que vigilar que las medidas gubernamentales protejan su trabajo y no infrinjan la libertad de prensa, comprometiéndose al mismo tiempo a respetar los más altos valores éticos de su profesión.

Observadores internacionales de derechos humanos, como el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas, han llamado reiteradamente la atención sobre el gran abismo que existe entre la teoría del Derecho Internacional y su puesta en práctica. Por otra parte, hasta ahora la protección de periodistas que trabajan fuera de zonas conflictivas definidas no ha sido objeto de preocupación. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para llenar este vacío y fortalecer la red de seguridad de los periodistas.

Como miembro recién elegido del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno de Austria, con el apoyo del Instituto Internacional de Prensa (IPI), se esfuerza por situar la protección de los periodistas en la agenda de este organismo. Nuestro objetivo es concentrarnos en acabar con la impunidad y prevenir futuros ataques contra periodistas.

Como primer paso, ayer se reunieron en Viena representantes de gobiernos, de la sociedad civil y de organizaciones internacionales en el marco de nuestra iniciativa común para debatir la posibilidad de establecer medidas concretas para reforzar la seguridad de los periodistas a nivel mundial y particularmente en el contexto de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales.

La fecha elegida para este encuentro tiene especial relevancia: el 23 de noviembre de 2009 fueron asesinados 32 periodistas de camino a un acto político en la provincia de Maguindanao, en Filipinas. 25 hombres y mujeres, que viajaron en el mismo convoy que los periodistas, también fueron víctimas de este ataque. Nunca antes fueron tantos los periodistas asesinados en un solo incidente aislado. Desde entonces, el 23 de noviembre se proclamó Día Internacional para acabar con la Impunidad.

Los resultados del encuentro de Viena se traducirán en una serie de actividades en el marco del Consejo de Derechos Humanos, el órgano más importante de las Naciones Unidas sobre esta materia. Nuestro objetivo final es la adopción de una resolución sustancial de parte del Consejo, para determinar la protección de los periodistas como punto fijo en la agenda internacional.

Tenemos plena conciencia de los desafíos y del difícil camino que queda por delante. No obstante, los gobiernos y los representantes de los medios tenemos un compromiso con todos los periodistas amenazados en el mundo entero, por su valentía y el honorable legado de todos aquellos que tuvieron que pagar el precio más alto ejerciendo su profesión, así como con los ciudadanos de todos los continentes que tienen el derecho a ser informados