En capilla, otros cinco generales

En capilla, otros cinco generales
Anabel Hernández
Revista Proceso # 1860, 24 de junio de 2012
Además de los ya detenidos Ángeles Dauahare, Dowe y Escorcia, cinco militares más de alto rango están siendo investigados por la PGR debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Son los generales Antúnez Pérez, Rico Gámez, Aguilera, Rodríguez Bucio y García Ochoa; tres de ellos estuvieron al frente del Centro de Inteligencia Antinarcóticos en años pasados. Un mayor del Ejército asegura a Proceso que la SIEDO quiso obligarlo a hacer declaraciones falsas contra ellos. Se trata, aseguran fuentes de la Sedena, de una purga con miras a la sucesión dentro del instituto armado.

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a cinco generales que en los últimos 12 años han ocupado puestos clave en el Ejército Mexicano. Se les indaga por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En la lista de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), además de los generales ya detenidos Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia están Cuauhtémoc Antúnez Pérez, jefe de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero; Roberto Aguilera, general de división retirado, titular del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (Cian) en el sexenio de Vicente Fox; Luis Rodríguez Bucio, jefe del Cian a inicios del sexenio de Calderón y actualmente comandante de la Guarnición Militar número 64 de Cancún, Quintana Roo, y el general de brigada Moisés García Ochoa, director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y uno de los hombres más cercanos al titular de la dependencia, Guillermo Galván Galván.

García Ochoa dirigió el Cian en el sexenio de Ernesto Zedillo y se le menciona como fuerte candidato para suceder a Galván Galván al frente de la Sedena. De hecho ya ha tenido reuniones con el candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.
Los nombres de estos generales salieron a relucir el pasado 2 de mayo durante el interrogatorio que el agente del Ministerio Público José Francisco Rubio Salgado –de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud– le hizo al mayor Iván Reyna, recluido en el Cereso de San Juan del Río, Querétaro.
Reyna está acusado de ser el pagador de la red de protección del cártel de los Beltrán Leyva dentro del Ejército, según la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010; a esa red presuntamente pertenecen también Ángeles Dauahare y Escorcia.
En entrevista con este semanario realizada el pasado lunes 18, el mayor Reyna narra los pormenores del interrogatorio y sostiene que fue objeto de presiones y amenazas para hacer declaraciones falsas contra los generales mencionados. Esta versión quedó consignada en la queja folio 47014 presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado 11 de mayo, de la que Proceso tiene copia.
“Desde que me sentaron me empezaron a decir: ‘Ya te cargó la chingada, ya te tenemos bien empapelado. Más vale que comiences a hablar si la quieres librar, en vez de enfrentar tres años de prisión; si me dices todo lo que sabes de estos generales: Moisés Augusto García Ochoa, (Cuauhtémoc) Antúnez Pérez, Juan Manuel Rico Gámez, (Luis Rodríguez) Bucio, (Roberto) Aguilera, (Ángeles) Dauahare y Escorcia’”, asegura Reyna que le dijo Rubio Salgado.
“Peces gordos”
Proceso pudo corroborar que por lo menos uno de los generales que presuntamente están sujetos a investigación sabe que desde mayo se planeaba acusarlo de supuestos vínculos con el crimen organizado, por la “intensa” pugna interna dentro de la Sedena entre los diferentes grupos que se disputan la sucesión de Galván Galván en la próxima administración, lo que ha desatado una “cacería de brujas”.
El pasado 15 de mayo la PGR ordenó la detención del exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare y del general Roberto Dawe González. Dos días después fue detenido el general Ricardo Escorcia, cuyo último cargo fue el de comandante de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca, Morelos.
El pasado 2 de mayo Reyna fue sacado de su celda para ser interrogado por Rubio Salgado. En ausencia de su abogado, Gabriel Baeza, el mayor fue sometido a un interrogatorio de más de nueve horas en las que pasó de testigo a indiciado. Asegura que no le mostraron la averiguación previa abierta en su contra ni testimonios ministeriales, pero lo intimidaron diciéndole que los testigos protegidos Jennifer y Mateo lo señalan como colaborador de los Beltrán Leyva.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 Reyna es acusado por los dos testigos de haber sido el vehículo para entregar miles de dólares de supuestos sobornos a los generales Escorcia y Ángeles Dauahare en 2007 y 2008.
El mayor afirma que se sorprendió cuando le leyeron la lista de los generales contra quienes forzosamente debía declarar. Durante su carrera ha estado bajo las órdenes de cuatro de ellos: García Ochoa, Rico Gámez y Aguilera en el Cian; y Escorcia en la 24 Zona Militar.
“Me ofrecieron que si yo hablaba, si yo declaraba contra las personas de la lista que me leyeron, me iban a conseguir protección en Estados Unidos para mí y mi familia. Que ellos (la SIEDO) eran muy poderosos, que me podían ayudar con mi caso de aquí. Que nada más iba a estar cinco años en la cárcel”, afirma el mayor.
–¿Qué les dijo? –se le pregunta.
–Que por ningún motivo. Ellos casi casi me están pidiendo que invente las cosas y no, de ninguna manera. Cómo me voy a parar a darle la cara a un general y decirle que hizo cosas, si no fue… –responde.
De la lista de generales que llevaba el agente del MP sólo Escorcia y Aguilera tienen antecedentes relacionados con el crimen organizado.
En diciembre de 2007 Escorcia fue removido súbitamente de su cargo como comandante de la 24 Zona Militar luego del aterrizaje de un avión cargado de cocaína en el aeropuerto de Tetlama, Morelos, con la protección castrense. La operación que fue descubierta por la DEA.
En 2008 el general Roberto Aguilera, entonces agregado militar de la embajada de México en Argentina, fue removido y mandado a retiro antes de tiempo. En el sexenio de Fox, Aguilera fue uno de los hombres de mayor confianza del entonces titular de la Sedena, Gerardo Clemente Vega García.
Este semanario confirmó que Aguilera fue removido de su cargo porque en la Sedena se tuvieron indicios de que cuando fue titular del Cian presuntamente filtró información a los cárteles de la droga.
Fuentes vinculadas con la Sedena señalan que pareciera que la estrategia de la PGR es mezclar nombres de generales que podrían tener alguna presunta responsabilidad, con los de militares de trayectoria limpia para hacer creer que todos son iguales, lo que acarreará mayor debilitamiento de la institución.
Amenazas
“En virtud de que negué los hechos, aun y cuando el suscrito fue asignado por un periodo aproximado de siete meses de la 24 Zona Militar en el año 2007, pero desconociendo los hechos que me imputaban al no haberlos visto o vivido, pasaron a realizar amenazas en el sentido de que si no decía lo que ellos querían saber, sería trasladado de inmediato a un penal de máxima seguridad federal donde no vería a mi familia y me tendrían encerrado en una celda de observación y castigo, manifestando que elaborarían pruebas para que pareciera culpable de inmediato, con testigos protegidos que fácilmente me señalarían”, señala Reyna en su queja ante la CNDH.
“Derivado de la insistencia para mi declaración para poner hechos falsos en mis palabras, a lo cual rotundamente me negué, manifestaron que llamarían al defensor de oficio federal de la sede de la Procuraduría General de la República en San Juan del Río, Querétaro, aun y cuando claramente desde un primer momento les manifesté que quería ser representado por mi actual abogado, lo que me fue negado en todo momento, llegando al momento en que iniciaron la toma de mi declaración como indiciado argumentando que el defensor se encontraba a fuera sólo para dar la formalidad, pero que ellos mandaban en el lugar y me podían hacer lo que quisiera aun dentro del centro de reinserción, ya que los custodios eran sus gatos, que ellos eran la SIEDO y que podían hacer todo, incluso chingar a mi esposa y mis hijos, manifestando que ya habían realizado un cateo en el domicilio de mis familiares del cual tengo desconocimiento de su existencia”, se dice en la queja.
“Fue cuando me acordé del único incidente que conozco del general Escorcia, cuando me mandó por unos papeles del general Dauahare”, revela Reyna en la entrevista.
Afirma que trabajó tres años y medio como jefe de operaciones del Tercer Regimiento Blindado de la 24 Zona Militar. El 1 de enero de 2007 causó alta como subjefe de Estado Mayor cuando Escorcia fue designado comandante de la Zona Militar. Dice que el general era déspota y que él siempre fue un cero a la izquierda en la Zona Militar.
Pese a todo, a mediados de 2007 Escorcia le dio una orden:
“Ve al restaurante California que está por ahí por Liverpool (en la autopista Cuernavaca-México). Vas a ver a unas personas; ellos te van a hablar, te van a entregar unos papeles de mi general Dauahare, a las cinco por favor”.
Reyna afirma que obedeció la orden y uniformado tomó un taxi que lo llevó al lugar. Cuando llegó vio varias camionetas grandes con muchas personas abajo. Al entrar, recuerda, un hombre con pantalón de vestir y camisa rosa fosforescente se le acercó.
–A ti te mandó el general, ¿verdad?
–Que me va a dar unos papeles –contestó.
–¡N’ombre, pero por qué vienes uniformado! No, esto que tengo aquí no te lo puedes llevar uniformado porque llamas la atención. Por favor regrésate y vente de civil.
Reyna dice que el hombre de la camisa rosa volteaba a ver otro sujeto, uno muy corpulento, que estaba sentado en el restaurante y que cree que podría haber sido Sergio Villarreal, El Grande.
Regresó a la Zona Militar y le informó a Escorcia que no le entregaron nada porque iba uniformado.
–También le quiero dar parte que esas gentes parecen… pues sí podrían ser policías pero parecen narcos –dijo el mayor al general, que se molestó.
–¿Pero por qué te vas uniformado? ¡Cómo eres pendejo, de veras! –le reclamó Escorcia.
–Pues usted me mandó, general; si usted me manda de una comisión yo tengo que ir uniformado. No me dijo que tenía que ir de civil.
–Guárdate tus comentarios. Vete a chingar a tu madre a trabajar y ahorita mando a otra persona –le respondió Escorcia.
Días después Escorcia pidió el cambio de adscripción de Reyna. El 15 de agosto de 2007 el mayor dejó la 24 Zona Militar y fue enviado a la Segunda Brigada Blindada con sede en Querétaro. Y después al Cuarto Regimiento Blindado de Reconocimiento, en Querétaro, donde fue detenido por un presunto caso de extorsión.
Después de la declaración de Reyna, Escorcia y Ángeles Dauahare fueron los primeros generales detenidos de la lista que el agente del Ministerio Público le había leído al mayor.
Escorcia vs. Ángeles Dauahare
Para deslindarse, el pasado 16 de mayo Escorcia declaró a la SIEDO que el general Ángeles Dauahare pidió que fueran a recoger unas escrituras de su madre y las llevaran a casa de la señora.
Afirmó a la SIEDO que Reyna cumplió con la instrucción y le dijo que ya había entregado las escrituras, por lo que él llamó a Ángeles Dauahare y le dijo que la orden ya estaba cumplida. El abogado de Ángeles Dauahare, Ricardo Sánchez, afirma que la madre del general nunca ha tenido casa ahí.
El mayor afirma que la SIEDO lo obligó a decir que lo que le iban a entregar en el restaurante California era dinero, aunque él en realidad nunca supo qué era. Y que firmó su declaración bajo coacción.
La SIEDO ha vuelto a tomarle declaraciones los días 18, 22 y 23 de mayo y el pasado jueves 14. Reyna dice que teme por su vida y la de su esposa.
“Me dijeron que los militares van a seguir cayendo; me dijeron muchas veces que los militares no son las blancas palomas que la gente piensa y van a seguir cayendo”, asegura Reyna que le dijo personal de la SIEDO.
El próximo martes 26 se vence el plazo de 40 días de arraigo de los generales Ángeles Dauahare y Dawe. El plazo de arraigo de Escorcia vence el miércoles 27. Podrían ampliarles el arraigo otros 40 días, un juez podría ordenar su aprehensión, o bien podrían ser liberados por falta de pruebas.
El abogado Ricardo Sánchez dice a Proceso que espera que la PGR le decrete al general Ángeles la inmediata libertad, porque no hay ninguna prueba que lo incrimine.
PD: Un juez federal especializado amplió por otros 40 días el arraigo domiciliario al que están sometidos los Generales de División Tomás Ángeles Dauahare y el Brigadier Roberto Dawe González, investigados por la PGR por supuestos vínculos con los Beltrán Leyva.
De acuerdo con informes judiciales, Luis Núñez Sandoval, Juez Primero Federal penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, autorizó la medida cautelar para que los militares sean indagados por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
El impartidor de justicia estableció en su resolución que los Generales deberán permanecer arraigados del 25 de junio, fecha en que fenecen los primeros 40 días de retención, hasta el próximo 3 de agosto.
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La versión del mayor Reyna
Anabel Hernández
Revista Proceso # 1860, 24 de junio de 2012
Iván Reyna Muñoz tiene 42 años, la mitad de los cuales los ha pasado en las filas del Ejército y hoy ostenta el grado de mayor Diplomado de Estado Mayor. Durante su fulgurante carrera ha conocido las glorias y los sinsabores.
En 1991 y 1993 representó a México en los Juegos Panamericanos en la disciplina de pentatlón. Se adjudicó la presea de oro en ambas ocasiones. Más adelante trabajó durante cuatro años en el Centro de Inteligencia Antinarcóticos (Cian) y participó en detenciones de sicarios del Cártel del Golfo, entre ellos Gilberto García Mena, El June, y Hugo Baldomero Medina Garza, El Señor de los Tráileres.
Sin embargo, hoy el mayor Reyna Muñoz está recluido en el Cereso de San Juan del Río, Querétaro, acusado de extorsión y de trabajar para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.
El documento incluye declaraciones de dos testigos protegidos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO): Jennifer (Roberto Nájera López) y Mateo (Sergio Villarreal, El Grande), quienes aseguran que el militar recibió de esa organización criminal sobornos por miles de dólares para los generales Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia.

Entrevistado vía telefónica, el mayor
Reyna Muñoz relata que fue detenido en noviembre de 2011 acusado de extorsión, a raíz de que un soldado a su cargo comenzó a cobrar dinero en varias rancherías. Y aun cuando él asegura que “penalmente eso ya se está aclarando”, continúa recluido. Primero estuvo en la cárcel del Campo Militar Número Uno, pero el 29 de febrero pasado lo trasladaron el Cereso de San Juan del Río para ser procesado por la justicia civil.

Dice que aunque las imputaciones en su contra datan de 2010, durante todo el tiempo que lleva en prisión la Procuraduría General de la República nunca lo buscó para interrogarlo. Según él, todo se inició el 2 de mayo último, con la “cacería de generales”.

Testimonios al vapor

El 11 de noviembre de 2010, Jennifer declaró que conoció a Reyna Muñoz en una casa de seguridad de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, ubicada en Bosques de las Lomas, Ciudad de México.

En esa ocasión, de acuerdo con el testigo protegido, La Barbie comentó que el mayor Reyna era “la persona encargada de la relación que se sostenía con el general (Ángeles) Dauahare”. Asimismo señaló que, según La Barbie, él “era uno de los generales que cooperaba con el cártel de los Beltrán Leyva”.

Siempre de acuerdo con Jennifer, el capo pagaba al general Ángeles 500 mil dólares mensuales por medio de Reyna, quien “estaba destacamentado en ese entonces en la Ciudad de Cuernavaca”. A cambio, Reyna Muñoz entregaba a ese grupo información “clasificada” de la Sedena relacionada con los operativos contra los Beltrán Leyva.

También declaró que en diciembre de 2007, por órdenes de La Barbie, entregó 500 mil dólares al mayor en el toreo de Cuatro Caminos. Por esas fechas, dijo, Reyna Muñoz venía de Cuernavaca, Morelos, donde estaba adscrito.

Reyna afirma que las imputaciones son falsas, pues en las fechas que refiere Jennifer él ya no estaba en la 24 Zona Militar. Dice que cuatro meses antes, el 15 de agosto de 2007, fue trasladado a Querétaro, donde incluso se pasaba lista de asistencia a todo el personal castrense seis veces al día. Los reportes, insiste, quedaban asentados en una bitácora.

El mayor comenta a la reportera que esas son pruebas fehacientes de que Jennifer no dice la verdad y expresa su confianza en que todos los documentos oficiales del batallón y el regimiento al que estuvo adscrito por esas fechas sean considerados en el litigio que se le sigue para demostrar su inocencia.

“La SIEDO me quiere usar para atacar a los generales (Ángeles y Escorcia). Han seguido presionándome con respecto a las declaraciones de Jennifer y Mateo que dicen que ellos sabían y que todo era a través de mí. Y aunque ellos aseguran que me veían personalmente (para entregarme el dinero de los Beltrán Leyva), eso es imposible, infame”, señala

El mayor Reyna reprocha al Ejército por haberlo abandonado pese a que él ha estado en las filas castrenses desde hace dos décadas. Se queja también porque, dice, después de tantos años de una carrera impecable sus superiores se nieguen a brindarle ayuda contra las acusaciones que se le hacen.

Se duele de que ahora su familia apenas tenga para comer, pues él dejó de percibir su sueldo base de la Sedena, con el que la mantenía.

Jennifer ha sido el testigo protegido estrella de la SIEDO para integrar expedientes al vapor. Radicado en Estados Unidos, el antiguo abogado de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, goza de total libertad y cada vez que es citado por la PGR, ya sea en el consulado de México en Washington o en Houston, suelta sus testimonios a capricho de la dependencia.

En cuanto al otro testigo que declaró contra los generales Ángeles Dauahare y Escorcia, así como contra el mayor Reyna, Mateo –Sergio Villarreal, El Grande–, detenido en septiembre de 2010, dejó de serlo el 22 de mayo pasado. Ese día fue extraditado a Estados Unidos.

Según la declaración de Mateo, contenida en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, una de las reuniones clave de Beltrán Leyva con el “subsecretario de la defensa” Ángeles Dauahare ocurrió supuestamente en julio de 2008. No obstante, para esa fecha el general ya no ocupaba ese cargo.

Además, el abogado del general, Ricardo Sánchez, exhibió ante la SIEDO el pasaporte del general en el que consta que estuvo fuera del país la fecha que mencionó Mateo.