Álvaro Delgado
Revista Proceso # 1860, 24 de junio de 2012
En 2003, como presidente del Consejo de Administración de una empresa
–Electronic Publishing–, el ahora senador y presidente del PAN Gustavo Madero
cometió algunos delitos: entonces diputado federal, ganó una licitación para la
instalación de software en el aeropuerto capitalino, con lo que violó la Ley de
Adquisiciones. Luego su firma no cumplió con su parte del trabajo e hizo quedar
mal a un empresario con el que se había asociado. Y para acabar: cuando
llegaron las sanciones la compañía de Madero no pudo ser localizada.
Tachado de traficante de influencias desde que era diputado federal, el senador Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), es un lastre más para la debilitada candidata de su partido a la Presidencia: ahora es acusado también de fraude.
Al dirigente panista lo investiga la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF) por una denuncia penal en su contra debido a que
una de sus empresas –Electronic Publishing, S.A. de C.V.– incumplió con una
licitación convocada por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM).
Sin embargo, la sanción derivada del incumplimiento nada más se le
aplicó a la empresa de su socio en la licitación, el denunciante José González
de Cossío de Rozweig, pues Madero Muñoz y otros de sus presuntos cómplices
hasta hicieron desaparecer la oficina sede de la empresa en Chihuahua.
Según la averiguación previa FDF/T/T2/011111-12 –de la que Proceso tiene
copia–, la denuncia implica a familiares de Madero y a prominentes empresarios,
algunos de los cuales financiaron en 2006 la campaña televisiva que comparaba a
Andrés Manuel López Obrador con Hugo Chávez.
Siempre de acuerdo con la denuncia, la empresa del presidente del PAN no
fue capaz de instalar la base de datos de Oracle para operar las plataformas
para los aviones, por lo que tampoco se pudo aplicar el software de I
Logistics, la empresa de González de Cossío.
Quebrantado el contrato por la falla de Electronic Publishing, el AICM
reclamó a la Afianzadora Insurgentes el pago de casi medio millón de dólares y
ésta, a su vez, inició juicio sólo contra la empresa de González de Cossío –y
no la de Madero– para el pago de ese monto más los intereses acumulados.
González de Cossío reclama, vía penal, que los socios de Electronic
Publishing sean castigados por haberle causado un quebranto económico y porque
se le ocultó que Madero era accionista y diputado federal cuando se firmó el
contrato con el aeropuerto, en octubre de 2003, lo que violó el artículo 50 de
la Ley de Adquisiciones.
Desde entonces todo ha sido adverso para el empresario:
En su denuncia narra que luego de frustrarse el contrato, en agosto de
2004 habló con Alexis Tron Berenguer, representante de Electronic Publishing,
quien le confirmó que no sólo Madero era accionista sino otro servidor público:
Marco Antonio José Alejandro Julio Herrera García.
Y como González de Cossío no pudo comunicarse con el actual presidente
del PAN, buscó a Mauricio Augusto Madero Muñoz, su hermano y también accionista
de Electronic Publishing, para reintentar la instalación del sistema y cumplir
con el compromiso.
La respuesta, vía telefónica, fue una amenaza: “Me dijo que no iban a
continuar y, de manera muy déspota, me dijo que hiciera lo que considerara
pertinente, sólo que me cuidara con las represalias (sic)”.
“Le hacían los mandados”
En la charla que tuvo con Tron Berenguer, González de Cossío le reclamó
que no le hubiera informado, desde el momento de la firma del convenio, que el
diputado federal Madero era accionista y que con ello se violaba la ley.
“Le comenté muy enojado que habían actuado con premeditación, alevosía y
ventaja y que me habían engañado con tal de tener un beneficio económico”, le
espetó, según describe en la denuncia.
“También lo apercibí de que con esta serie de engaños estaban cometiendo
delitos de cuello blanco y le estaban perpetrando un fraude a mi persona, a mi
empresa, al AICM y también a la Afianzadora Insurgentes.”
Pero Tron le ratificó que Electronic Publishing ya no instalaría la base
de datos en el AICM y que no habría consecuencias: “Que tenía instrucciones de
no continuar con la instalación y, como su jefe era diputado federal, le hacían
los mandados”.
De 2004, cuando se rescindió el contrato, a la fecha no ha habido
castigo para Electronic Publishing y por ello González de Cossío presentó la
denuncia ante la PGJDF el 29 de noviembre de 2011. La ratificó una semana
después, el 8 de diciembre.
En la denuncia se hace referencia a la información publicada por Proceso
en junio de 2006 (número 1545) sobre los más de 35 millones de pesos en
contratos con el gobierno federal que obtuvo Electronic Publishing entre 2000 y
2004, algunos de ellos violando la ley porque Madero y su socio, Herrera
García, eran servidores públicos.
Uno de esos contratos lo otorgó la Secretaría de Energía en noviembre de
2003, cuando Felipe Calderón era el titular y Madero era diputado federal, en
un caso semejante al de Juan Camilo Mouriño, quien obtuvo contratos de Pemex
siendo presidente de la Comisión de Energía.
Otro personaje relevante estuvo implicado en este caso: El secretario
del Consejo de Administración de Electronic Publishing era Arturo Chávez
Chávez, quien antecedió a Herrera García en el Órgano Interno de Control (OIC)
y en el momento de la firma del contrato era jefe de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la que fue subsecretario
cuando Carlos Abascal era titular.
“(Calderón) era el secretario de esa dependencia cuando se llevó a cabo
la licitación y la firma del contrato. Se burlaron del presidente en aquel
momento y dejan una duda de que aquel secretario de Energía haya sido una
persona corrupta y que aceptara firmar un contrato con funcionarios públicos
federales y de su mismo partido, y que hubiera incurrido en tráfico de
influencias y otros delitos.”
En 2004, cuando Madero ya era presidente de la Comisión de Hacienda de
la Cámara de Diputados y su socio Herrera García estaba en la Segob, Electronic
Publishing obtuvo cinco contratos por adjudicación directa de la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, cuyo titular era César Patricio Reyes Roel.
Éste fue diputado federal del PAN cuando Felipe Calderón era coordinador
de su bancada, es oriundo de Chihuahua y también amigo de Madero Muñoz.
Según información pública, la red de relaciones de Madero ha permitido
su ascenso en los negocios y en la administración pública. El incumplimiento de
Electronic Publishing con el AICM y con su socio González de Cossío hizo que
algunos directivos salieran de la empresa para ir a trabajar al gobierno.
El propio Tron Berenguer le confesó a González de Cossío, según la
denuncia, que “había una desbandada en Electronic Publishing y que también él
iba a salir de la empresa porque por medio del señor diputado federal Gustavo
Madero Muñoz le iban a dar un puesto en la PGR”.
En efecto Tron Berenguer fue nombrado director de Control y Evaluación
de la PGR en febrero de 2006, cuando el procurador era Daniel Cabeza de Vaca;
Herrera García, el otro socio de Madero, era titular del OIC de la Segob.
En 2006, cuando Madero se convirtió en senador y su socio seguía también
en el gobierno federal, Tron Berenguer fue nombrado subgerente del OIC de la
Lotería Nacional, cuyo titular era Benjamín González Roaro, allegado a Elba
Esther Gordillo.
Y en 2009, un año después de que Madero se convirtió en coordinador del
grupo parlamentario del PAN en el Senado, un miembro del Consejo de
Administración de Electronic Publishing, Arturo Chávez Chávez, fue nombrado
procurador general de la República.
Chávez Chávez designó a Herrera García titular de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delitos Federales y luego oficial mayor. Tron
Berenguer fue nombrado director general en esta subprocuraduría.
“Ansiedad” por el dinero
González de Cossío advierte en su denuncia que la mayoría de las
personas implicadas en el caso que lo afecta son oriundas de Chihuahua,
parientes y los servidores públicos militan en el PAN.
“También es evidente que estos funcionarios públicos se han dedicado a
hacer negocio con el gobierno de una manera indebida y deshonesta. Con estos
comportamientos queda claro que se asociaron para cometer delitos e incurrir en
actos de corrupción, fraudes, incumplimientos, falsedad de declaraciones ante
autoridades administrativas, variación del nombre o domicilio, tráfico de
influencias e intimidaciones.
“Cabe observar en estas personas una ansiedad de ganar dinero de manera
ilícita y una irresponsabilidad enorme simplemente en el hecho de haber
licitado en la Secretaría de Energía, donde pusieron en riesgo al actual
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón.”
Al detallar su trato con la empresa de Madero –“la peor experiencia de
negocios de mi vida”–, González de Cossío explica que todo se inició en agosto
de 2003 cuando el AICM emitió la convocatoria para la “contratación del
servicio de instrumentación del sistema de control y administración de
plataforma”, y en una junta de aclaraciones conoció a Tron Berenguer, quien se
presentó como representante de Electronic Publishing.
Tron le preguntó si el software de Ascent Technology, empresa
representada en México por I Logistic, era compatible con Oracle y si era socio
de ésta. González de Cossío le dijo que sí era compatible pero que no tenía
sociedad con esa compañía.
Entonces Tron le dijo que su empresa sí era business partner de Oracle y
le ofreció asociarse para participar juntos en la licitación que, luego de
numerosas reuniones, derivó en un convenio que firmó también José Martín
Falomir Morales, cuñado de Madero.
La firma se hizo pese a que, con pretextos, no exhibieron el acta
constitutiva de Electronic Publishing. “Desde ese momento el señor Alexis Tron
y el señor José Falomir Morales me empezaron a mentir, a engañarme y a actuar
deliberadamente con premeditación, alevosía y ventaja, y sin yo saberlo estaba
entrando en la peor experiencia de negocios de mi vida”.
El 20 de octubre de 2003 el AICM emitió su fallo y dio como ganadores de
la licitación a las empresas asociadas; se firmó el contrato que, como lo
establecían las bases, pedía manifestar que ninguno de los accionistas estaba
en el supuesto del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones (es decir, que
ninguno era servidor público).
También se adquirió una fianza con Afianzadora Insurgentes –el 30 de
octubre de ese año– por 242 mil dólares por el cumplimiento del anticipo del
AICM y otra de la misma cantidad para cumplir el contrato.
Todo marchaba conforme a lo previsto, incluido el anticipo del AICM por
95 mil dólares y el primer pago por 74 mil dólares para cada una de las dos
empresas en enero de 2004.
El 16 de febrero estaba prevista la instalación de la base de datos de
Oracle, representada por Electronic Publishing, en los servidores del AICM, a
la que seguiría la instalación del software de González de Cossío. Pero la base
de datos falló y siguió fallando en los días siguientes.
“Para todos los involucrados era insólito e irresponsable que la empresa
Electronic Publishing no pudiera instalar la base de datos de Oracle si se
suponía que estaban entrenados, certificados y calificados para ese tipo de
trabajo”, apunta el empresario en la demanda.
Tanta fue la presión que el subdirector de sistemas del AICM, Andrés
Luna Arias, tuvo que renunciar, pero la instalación de la base de datos no
procedía, hasta que el 22 de julio de 2004 se pidió a un corredor público dar
fe.
“Exactamente como se hizo en el pasado, el señor Marco Antonio Correa
Lozano, administrador de la base de datos de Oracle, inició la instalación y a
la hora y media se detuvo en el paso tres de seis, al 33%, como en los
innumerables intentos anteriores y como lo certificó e hizo constar el
corredor.”
Sin la instalación de esta plataforma tecnológica, explica el empresario
en la denuncia, él no podía técnicamente instalar su software. “La empresa que
represento era totalmente dependiente de la empresa Electronic Publishing y si
ellos fallaban, automáticamente nos perjudicaban en el cumplimiento del
contrato”.
El 16 de diciembre de 2004 el AICM solicitó a la Afianzadora Insurgentes
el pago por 453 mil dólares y ésta inició, en junio de 2005, un juicio contra
las dos empresas implicadas en la licitación.
Como parte del juicio, personal del juzgado se trasladó a Chihuahua para
presentarse en las oficinas de Electronic Publishing, pero en la dirección
oficial de la empresa ya habían desaparecido las oficinas.
“Es evidente que Electronic Publishing engañó y actuó fraudulentamente
con la Afianzadora Insurgentes al momento de firmar el contrato, ya que estaba
actuando de manera ilegal como licitante y contratante del AICM”, dice el
empresario.
Sin embargo, en octubre de 2007 el juez Marco Antonio Ramírez Cardoso
sentenció a pagar 453 mil dólares más intereses moratorios. “Lo sorprendente es
que la afianzadora, en su carácter de actora, se desiste de la instancia contra
Electronic Publishing”.
Socios y parientes
José González de Cossío afirma que él y su empresa cumplieron con el
contrato, no así la compañía de Gustavo Madero.
“Se acredita que quien incumplió fue la empresa Electronic Publishing y
sus representantes, toda vez que el software que se obligaron a instalar, como
se acreditó con la fe de hechos, no cumplía con las bases publicadas en la
licitación y no obstante, a sabiendas de que se encontraban también
imposibilitados a participar en la licitación por encontrarse bajo los
supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, celebraron contrato con
el AICM, que también fue omiso en su momento por no checar que los socios de
dicha empresa no estuvieran en la administración pública.”
González de Cossío exige que se ejercite acción penal contra quienes
cometieron las conductas presuntamente delictuosas que le provocaron un
quebranto económico: Madero y sus socios de Electronic Publishing, pero también
otras empresas que son accionistas de ésta.
La denuncia de González del Cossío implica, además del presidente del
PAN y a Herrera García –socios fundadores de Electronic Publishing– a Álvaro y
Mauricio Madero Muñoz y a los accionistas de Promotora Empresarial del Norte,
Río Sacramento, Internacional de Cerámica, Cementos de Chihuahua, y Sistema
Axis, que también son accionistas de Electronic Publishing.
En Promotora Empresarial del Norte participan como accionistas Consuelo
Muñoz Terrazas de Madero, madre del senador, y sus hermanos Evaristo Miguel,
Federico, Cecilia María y Consuelo Teresa.
También Federico Terrazas Torres, dueño de Cementos de Chihuahua y tío
de Enrique Terrazas Seyffert, quien orquestó la campaña televisiva contra
Andrés Manuel López Obrador (donde se le comparaba con Hugo Chávez) a través
del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, una ONG de Chihuahua que actúa
como fachada de la organización ultraderechista El Yunque.
En junio de 2008 (en su número 1650) en este semanario se publicó el
reportaje sobre los negocios de Madero, quien envió una carta aclaratoria que
se publicó en la edición siguiente.
Según él desde marzo de 2003, “fecha anterior a que fuera electo
diputado, dejé de tener participación accionaria en la empresa Electronic
Publishing S.A. de C.V.”, y “antes de tomar protesta como diputado concluí mi
relación patrimonial y administrativa con dicha empresa”.
Sin embargo en la demanda de González de Cossío se anexa copia notarial
que desmiente a Madero: El 22 de agosto de 2003, una semana antes de iniciar su
encargo como diputado, se celebró la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de Electronic Publishing, dirigida por el actual presidente del PAN en su
carácter de presidente del Consejo de Administración…
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