Lunes 29 de octubre de 2012.
El acuerdo que establece procedimiento para el desahogo de las respectivas comparecencias.
Cada compareciente tendrá una exposición de hasta 10 minutos, y posteriormente se realizarán 12 preguntas de los Grupos Parlamentarios de 2 minutos para formular la pregunta y 3 para formular la respuesta por parte del compareciente.
El acuerdo también establece la posibilidad de que Senadores que no sean miembros de la Comisión de Justicia, puedan realizar preguntas, hasta tres preguntas en total por quienes no forman parte de la Comisión de Justicia.
Una vez que concluya la exposición se abrirá el registro para los senadores que no forman parte de la Comisión a efecto de que puedan agotar ese derecho a formular preguntas.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Continuamos con nuestra sesión.
Para efectos del procedimiento que se ha planteado, la magistrada Andrea Zambrana Castañeda, en cumplimiento del acuerdo, hasta diez minutos para una presentación inicial. Tiene el uso de la voz magistrada Zambrana.
-LA C. ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Gracias. Buenas tardes, presidente de la comisión; senadoras y senadores.
Sin duda es para mí un honor ser partícipe de este proceso, a partir del cual ha de nombrarse la persona que sustituya al ministro Aguirre Anguiano y comparecer ante esta H. Comisión de Justicia.
En términos del acuerdo que regula esta comparecencia, me parece que debo expresar las razones o dar algunas por las cuales mi candidatura resulta idónea para este encargo.
La primera y quizá la más importante para mí son 22 años dedicados al servicio público, 20 años de los cuales específicamente dedicados a la impartición de justicia.
En esos 20 años creo que he adquirido los elementos y todas las herramientas técnico-jurídicas que se encuentran vinculadas con el tipo de asuntos y las problemáticas que resuelve cotidianamente la Suprema Corte.
Quiero creer que me comprometo todos los días con la impartición de justicia, procurando impartir o lograr que los mexicanos seamos iguales ante la ley, no sólo de una manera formal, sino de una manera material y sustantiva.
En ese sentido creo que la función judicial tiene un gran componente ético que debemos rescatar y hacer notar en cada una de las sentencias que dictamos.
Ser parte de la Suprema Corte representa, sin duda, la mejor oportunidad de contribuir a la construcción del sistema de justicia que todos queremos para este país.
La Suprema Corte, tanto como tribunal constitucional como máximo tribunal en materia de legalidad, juega un papel relevante en la definición del modelo de nación al que aspiramos.
Como árbitro de las diferencias entre poderes, debe encontrar el equilibrio no sólo en términos coyunturales sino como la vía para el encuentro de propósitos y coincidencias, delineando el proyecto de país que está previsto en nuestra Constitución.
Como Tribunal de legalidad tiene ante sí, hoy en día, la gran oportunidad y el reto de hacer realidad la reforma constitucional en materia de derechos humanos, mediante la formulación de los criterios que permeando todo el sistema judicial permitan no sólo a los jueces federales, sino a todos los jueces de México garantizar, proteger y vigilar que se respeten los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna.
Es a la vez obligación y reto que la justicia en el país sea una realidad y no se quede en el texto frío de la ley.
En esta época de incertidumbre e inseguridad, será en la medida en que la Suprema Corte y todos los jueces, cada uno en el ámbito que nos corresponda, logremos materializar estos fines que los ciudadanos recuperarán la confianza en sus jueces y se sentirán protegidos y escuchados.
Participar en este proyecto desde la Suprema Corte es, sin duda, el máximo honor al que puede aspirar un juez. Si bien considero que el compromiso con la justicia debe cumplirse todos los días y en cada momento desde cualquier cargo que se ocupe, pues sólo así conseguiremos construir el país que todos queremos.
Gracias.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, magistrada. Iniciamos la ronda de preguntas a cargo de los grupos parlamentarios. En la primera intervención tiene el uso de la voz el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA: Gracias, bienvenida magistrada. Uno de los graves problemas estructurales que enfrenta la justicia en México es la impunidad. Son conocidas las estadísticas al respecto, sólo 4 de cada 100 delitos que se cometen en este país son sancionados y castigados. En otros términos, alguien puede delinquir hasta 96 veces antes de ser sancionado. Y una vez en la cárcel, el delincuente tiene una probabilidad de salir del 43 por ciento antes de cumplir su condena.
La impunidad tiene muchas dimensiones y causas, desde el rezago deficiente en la integración de las averiguaciones previas, hasta la corrupción en todos los niveles.
En este tema, jueces y ministerios públicos se cumplan los unos a los otros. Más tarde el Ministerio Público en señalar a un juez por liberar a un presunto delincuente, que el juez en denunciar la incompetencia del Ministerio Público para integrar adecuadamente el expediente.
Y en medio de este fuego cruzado hay una víctima y un beneficiario. La víctima es la sociedad y el beneficiario es la delincuencia.
Acabamos de experimentar un caso límite, el del asesinado del joven José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del ex Gobernador de Coahuila, a manos de Roberto Sifuentes Cadenas, alias “El Shaggy” quien después de haber sido aprehendido con 111 dosis de droga en su poder, fue liberado bajo fianza por un juez al considerar que esas dosis no eran para vender, sino para consumo personal.
Fue liberado en agosto pasado y unas cuantas semanas después estaba participando en el asesinato del joven Moreira.
Usted como ministro de la Suprema Corte de Justicia señáleme, por favor, tres medidas concretas que se comprometería a impulsar para hacer frente al problema de la impunidad y en especial para evitar casos como el del “Shaggy”, o como del juez del michoacanazo, o del secretario de Estudios y Cuenta del ministro Sergio Valls, acusado recientemente de filtrar información privilegiada al Cártel de Sinaloa, y que no se esté repitiendo una y otra vez en el seno del Poder Judicial de la Federación.
-EL C. SENADRO ROBERTO GIL ZUARTH: Magistrada, por favor.
-LA C. ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: A mí me parece que el tema de los sistemas de justicia o el tema específico que usted me está planteando tiene mucho que ver con la reforma penal. Coincido plenamente en que para la ciudadanía, para la sociedad, el hecho de que sus instituciones tanto las que procuran la justicia como las que imparten la justicia, parezcan echarse la bolita la una a la otra, no contribuye en lo más mínimo a generar un ambiente que permita el desarrollo y el avance hacia un ambiente de seguridad.
Me parece que como ministro de la Corte, primero habría que tener muy claro que hay un ámbito de competencia específico. Y en esa medida el problema que me está planteando es un problema que para mi gusto es multifactorial, creo que como una de las medidas es impulsar la participación y el papel específico que tiene la Corte en la reforma penal. Esto es y siempre lo he considerado así.
Para que esta reforma dé frutos, necesitamos efectivamente la participación y la profesionalización y la capacitación de todos los actores.
¿Qué quiero decir?
Que necesitamos una policía científica. Necesitamos un Ministerio Público realmente técnico y necesitamos jueces que cumplan también todos los requisitos de probidad, exámenes de confianza, si es necesario, y hacer que cada y participante cada quien, cada actor en este sistema, en esta reforma penal cumpla. No abona la discusión.
Creo desde el ámbito de los jueces que la tarea de un juez si bien es castigar a los culpables, también estamos colocados en el límite de la defensa de los derechos humanos. Y en esa medida no se puede obviar a favor de estadísticas de captura o estadísticas de condena, por ejemplo, el derecho humano de presunción de inocencia.
Entonces creo que la labor del juez tiene que ser muy transparente, esa sería la segunda medida, avanzar e impulsar todo el papel que juega el Poder Judicial en esta reforma penal, ser transparente de tal manera que la crítica permanente a los jueces es que no somos transparentes o que no estamos sujetos a controles de transparencia. Creo que por ahí también se puede avanzar. Y yo sí creo que en el respeto a las libertades y a los derechos humanos tenemos que ir encontrando el diálogo también, no podemos privilegiar.
Parecería a ratos una tentación muy grande suponer que por el mero hecho de que se presenta por el Ministerio Público, tenemos un culpable, y sin embargo el juez tiene que hacer una labor de ponderación y de efectivamente valorar si existen las pruebas frente a los derechos de la víctima, por supuesto, y los derechos del presunto culpable.
Entonces creo que dentro del ámbito de competencia de la Corte, estas son medidas factibles.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, magistrada. Senador Manuel Camacho, por favor.
-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Bienvenida magistrada y felicitamos también por su desempeño. Yo quisiera seguir con el argumento del senador Monreal, sobre el tema de la impunidad, y si nosotros pensamos en el sistema de seguridad y justicia, como un todo, se ve claramente que uno de los eslabones más débiles, es el del Ministerio Público.
Entre las reformas que han sido discutidas, debatidas por muchos años, cabe la posibilidad de otorgar la independencia al Ministerio Público, yo le quisiera preguntar si usted está de acuerdo con esa idea, con ese proyecto o no, ¿y cuáles serían sus consecuencias de haber un Ministerio Público independiente para el sistema Judicial?
-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Yo en principio creo que independizar al Ministerio Público, como sucede en ...diría yo, del Ejecutivo, en este caso específicamente, es una medida que a mi parecer garantizaría, no per sé, pero me parece que garantizaría una mayor profesionalización, un mayor escrutinio sobre justamente como actuar, porque yo sí coincido en que muchas veces en esta reforma penal, ponemos los ojos en el problema de los jueces, y estamos, no sé si poniendo un foco en segundo término, y cómo llegan los asuntos a los jueces y ese es un asunto que como sociedad nos concierne a todos, justamente para no estar debilitando responsabilidades, sino coadyuvando, tanto el Ministerio Público como los jueces a lograr alguna impartición de justicia y abatir la inseguridad.
¿Qué consecuencias tendría, yo creo que en la medida en que sean órganos independientes, podrían tener mayor fiscalización, sin duda, y tendrían la autonomía de su actuar, que es también una fiscalización mayor que ahora, que pueden perderse en alguna instancia burocrática más, y no responder como un órgano autónomo frente a la ciudadanía.
Inclusive, podría pensarse, que yo sé que es un tema que les atañe a ustedes, en los mecanismos de selección de los titulares, de las fiscalías independientes, que funcionan en prácticamente varios países de manera correcta, digo yo.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, magistrado. Senador Raúl Gracia, del grupo del PAN.
-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: magistrada, primero felicitarla. Y bueno, se ha hablado aquí en diferentes comparecencias, y una descripción en el caso, el....de Justicia de la Nación, en el contexto de la reforma constitucional, y el tema de control de convencionalidad respecto a los derechos humanos, pero sería importante saber en qué cree que su rol como ministra de la Corte, en caso de ser designada, funcionaría para ...derechos humanos y qué le ha faltado a la Corte para defender los derechos humanos en este país.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador. Magistrada, por favor.
-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Gracias. Creo que justamente como apuntaba al principio de esta comparecencia, la Corte hoy en día, a un año de la reforma ...de derechos humanos, tiene frente así un gran reto de generar los lineamientos, dado que no existe una ley tal cual todavía, inclusive todavía no está aprobada la Ley de Amparo, y tampoco existe una ley de cómo hemos de aplicar el control específico de convencionalidad, está llamada a asegurar criterio y lineamientos que se me hacen absolutamente esenciales, por qué, porque funciona como la cabeza de todo un sistema judicial nacional.
Esto es, los criterios que emite la interpretación de cómo vamos a darle contenido a los derechos humanos, como hemos de aplicarlos, en qué orden, si es subsidiaria la convencionalidad, si debemos acudir primero a la Constitución y agotar la interpretación constitucional, para después avocarnos al estudio de tratados de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, que amplíen los derechos humanos, es básico.
De hecho, tenemos que pensar que los que están llamados a hacer este control de derechos humanos no sólo la Corte, sino son en principio todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias, pero si....en el país, entonces creo que la Corte tiene un papel esencial, tiene mucho que hacer, generando estos criterios y estas conclusiones de cómo tenemos que aplicar todos estos instrumentos internacionales, ahora con un propósito para mí muy claro, que es lograr una justicia material. No es un mero problema de orden formal o de cómo interpretamos la Constitución, frente a los Tratados, no, creo que es cómo hacemos para que estos nuevos instrumentos permitan a los jueces aplicar una justicia material sobre una justicia formal y efectivamente proteger los derechos humanos, sin distinción y hacer que los mexicanos seamos iguales frente a la ley.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Magistrado. Par formular pregunta, la senadora Arely Goméz, del PRI.
-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Ahora bien, dando una breve lectura a los elementos que nos hizo usted llegar, como resoluciones que usted fue ponente y para usted implican una relevancia, una importancia en el centro de su desempeñar como magistrada, me gustaría ver si nos podría ahondar un poco más; ¿por qué seleccionó usted entre tantas resoluciones en las que usted ha sido ponente, el Amparo Revisión 387-2010, 6260, relativo a la solicitud de Pensión por viudez y orfandad que se formulara ante el ISSSTE. Gracias.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora. Magistrada, por favor.
-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Esta es una pregunta interesante. Yo quisiera hacer notar el principio que normalmente el derecho administrativo es un derecho bastante impersonal, por razón de materia estamos siempre más bien analizando la relación de la administración pública, la función de la administración pública, frente al gobernado, y no siempre tenemos casos en donde veamos los derechos humanos de las personas de manera directa.
Este caso en particular, me acuerdo de él y me parece un caso al cual le guardo cariño, inclusive, porque viene de una solicitud presentada por una persona, en representación de ella y de su hijo, que es efectivamente una solicitud de pensión por viudez y orfandad, y la respuesta del ISSSTE, en este caso fue en aplicación de un artículo de que ....la solicitud de derecho temporal.
Este artículo en particular, la Corte lo declaró inconstitucional porque el derecho a las pensiones es imprescriptible. En la formalidad, cuando yo conocí el asunto la juez había declarado sobreseer en el juicio, por alguna razón de carácter técnico, y para mí fue muy importante reconocer el caso, ser capaz de apreciar cuál era la problemática y quizás de una manera muy técnica, porque había jurisprudencia, se resolvió el asunto pero levantar ese sobreseimiento, y más allá del tecnicismo, poder efectivamente lo que estamos diciendo, ahorita, impartir una justicia material y no sólo formal, ser capaces de deshacernos del obstáculo técnico, y ...absoluta de la queja, conceder el amparo para que la solicitud procediera y se resolviera conforme a derecho.....pero eso lo importante de ese asunto.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Magistrada. Para formular pregunta, el senador Ricardo Barroso.
-EL C. SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT: magistrado, bienvenida, felicidades por participar en esta terna, y creo que mi pregunta ha sido respondida con anticipación, era nada más preguntarle sus razones para seleccionar entre las resoluciones en las que fue ponente, el Amparo de Revisión, 387,20106260, en cuanto a lo relativo a la solicitud de pensión de viudez y orfandad, que se formulara en el caso del ISSSTE, pero creo que ya abordó el tema. Muchas gracias y felicidades.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: ¿Quiere abundar Magistrado?
-LA C. MAGISTRADO ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Nada más creo que es un asunto como, bueno, no lo voy a repetir, pero es un bonito asunto porque técnicamente la suplencia de la queja era absoluta porque la Corte había declarado ese artículo inconstitucional, porque venía un menor, y porque creo que es un buen ejemplo de cómo debe funcionar un juez constitucional, haciendo respetar el orden constitucional y los derechos humanos de las personas al mismo tiempo.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Senador Manuel Camacho, para formular pregunta.
-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS: magistrado, yo quisiera preguntarle, ¿a quién admira usted de los ministros, ministras de los últimos 20 años, o de ministros o ministras de otras Supremas Cortes de Justicia, tribunales constitucionales, un ejemplo.
-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Un ejemplo, y lo haría, obviamente admiro a muchísimos, pero hay una ...además el gran privilegio de conocer en vivo y en directo, sin duda es la primera Ministra de este país, a Cristina “Zamorano”, de Tamayo, creo que era una persona excepcional como mujer, como jurista, y siempre la admiré porque es de una generación en donde el costo personal para acceder a este tipo de cargos era inmenso, y sin embargo, siempre la vi apasionada de su trabajo, entregada a su trabajo y nunca se me olvida una frase que siempre defendió, que era: “Que para ciertas decisiones, no había que tener bien puestos los pantalones, sino bien amarradas las enaguas”.
Entonces, yo creo que, si me pregunta, y no quiero ofender, evidentemente admiro muchísimo a muchos ministros de la anterior integración y de esta obviamente, pero creo que alguien que me generó respeto por cómo enfrentó los retos de la función en condiciones distintas, en un país distinto, pero de una manera muy digna y muy correcta.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Magistrada.
-Senador Carlos Mendoza, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Muchas gracias, Magistrada, por acompañarnos el día de hoy.
Con su permiso, señor Presidente.
En materia de amparo directo, Magistrada, los agravios se declaran inoperantes cuando no satisfacen los requisitos de importancia y trascendencia que marca la fracción IX del artículo 107 de la Constitución.
Mi pregunta es: conocer su opinión constitucional y convencional en relación con la, pues, a veces tradicional declaración de inoperancia de agravios en el juicio de amparo.
Y si no considera usted que la Suprema Corte de Justicia, en caso de duda, debiera realizar un razonamiento de fondo en lugar de un análisis que muchas veces comienza y termina en el capítulo de procedencia de los agravios.
Existen voces e incluso dentro de la propia Corte, yo me cuento entre ellas, que consideran que se pudiera estar abusando de la figura de inoperancia de agravios, y que consideramos que con un análisis de fondo ganadería la seguridad jurídica y se fortalecería el carácter de tribunal constitucional de la corte.
¿Cuál sería su opinión al respecto?
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Senador Mendoza.
-Por favor, Magistrada.
-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Gracias.
Esa es una pregunta muy interesante porque implica, por un lado, lo conveniente que es, hasta donde yo me acuerdo y atendiendo a los datos estadísticos de 2011, la Corte está resolviendo más de 5 mil asuntos.
Entonces, habíamos de cuestionarnos ¿si de esos 5 mil asuntos, todos efectivamente tienen un planteamiento de constitucionalidad del cual deba hacerse cargo la Corte directamente?
Coincido plenamente, y al menos yo le diría que en ocasiones desde los tribunales colegiados, pareciera haber un abuso de la figura de la inoperancia, cuando yo sí coincido plenamente en que sí hay un planteamiento de inconstitucionalidad, el quejoso tiene todo el derecho de que sea satisfecho.
Si no va a negar el amparo, bueno, lo menos que puede uno hacer es decir: ¿Por qué? las razones por las cuales su planteamiento o su argumento no prospera.
En ese asunto, yo creo que el remedio porque, estaríamos justamente, en qué proporción de casos amerita una respuesta específica, porque lo cierto también es que muchas veces ya en jurisprudencia, o ya existe la contestación o, inclusive, si pareciera datos funcional como un…recurso cuando se sabe que el asunto ya está resuelto y que no tiene solución favorable al que impugna, creo que sí tendríamos que hacer un ejercicio que es totalmente factible, de tener mucho cuidado en generar los criterios de inoperancia.
Sólo en aquellos casos en donde realmente exista jurisprudencia, en donde realmente no se acredite la importancia y trascendencia, y fuera de eso, pues, yo creo que el quejoso tiene todo el derecho a conocer las razones o no razones de sus argumentos, de sus planteamientos, de sus pretensiones.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Magistrada.
-Para formular pregunta, el Senador Miguel Romo.
-EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, para felicitarla porque esté el día de hoy aquí en esta circunstancia tan especial y de reconocimiento a su carrera.
Una pregunta muy general. ¿Qué considera o cuál considera usted que es el alcance y el límite de la Suprema Corte de Justicia?
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Senador.
-Magistrada, por favor.
-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Bueno, yo creo que el alcance, dentro del pacto federal, es uno de los poderes de la unión, su alcance está acotado justamente en las competencias constitucionales y legales que tiene, y yo creo que básicamente se circunscribe, como decía hace un rato, en ser el árbitro entre los poderes de este país, pero no de una manera coyuntural.
Creo que cuando se resuelven las diferencias y los diferendos entre poderes, no se tiene que buscar una solución meramente del momento, meramente del caso, sino abonando siempre a la construcción del país en general de la nación que queremos, que en principio está plasmada en la Constitución.
Entonces, creo que la Corte, dentro de su ámbito y de su competencia constitucional y legal, tiene que ser, llamémosla poéticamente: “La brújula” ¿No? una suerte de brújula que ayude a encontrar el sentido y el camino que queremos discurrir, y en esa medida también esos son sus límites.
Creo que hay estas discusiones desde la ilustración, en donde el Poder Judicial se le estima como un súper poder, no creo que esa sea la función de la Corte, no creo que sea su función legislar; creo que es ser el árbitro, y en materia de derecho a manos también, ser la guía y el espíritu que permita que pernee hacia todo el sistema de justicia, no sólo federal, sino nacional.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, Magistrada.
-Senador Manuel Camacho.
-EL C. SENADOR VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Sí, quisiera finalmente preguntarle, Magistrada.
A la luz del conjunto de principios constitucionales y de la experiencia de los últimos años ¿Qué opina usted del arraigo y de la utilización de testigos protegidos?
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Por favor, Magistrada.
-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Bueno, yo creo que también hay que distinguir los ámbitos de competencia.
Me parece que específicamente la figura del arraigo, hoy por hoy, nos plantea un problema de política, yo me atrevería a decir: legislativa, porque hay varios tratados internacionales que justamente lo declaran violatorio de derechos humanos. En este país sigue considerándose como una medida precautoria, que probablemente, ahí sí no sabría, no manejo, pues, las razones ministeriales técnicas para la figura, digo, me queda claro que es para que se reúnan elementos de información, no me queda tan necesariamente tan claro la conveniencia de tener a una persona arraigada, en otros términos, por jurisprudencia de las cortes, secuestrada, con camillas ¿No? en lo que la investigación se lleva a cabo.
Entonces, creo que es una figura, al menos, que tendría que llamarnos a un debate como sociedad, aportar elementos técnicos, tanto el ministerio público como los legisladores, la sociedad para saber si esa figura debe permanecer, debe acotarse, debe respetarse a reja tabla lo que dicen los tratados que la consideran violatoria de derechos, porque hasta, inclusive, hasta donde yo sé, y en el seno del Poder Judicial sí hay una gran problemática por lo que hablábamos de la impunidad.
Si bien pareciera de un análisis inmediato, directo, que la figura es violatoria de varios derechos, también es cierto que las condiciones en que estamos, hoy por hoy, la posibilidad de que por no obsequiar un arraigo la persona no sea investigada o no se tengan los elementos necesario para proceder a que sea procesada y eventualmente condenada, pues tiene que ponerse en la balanza y creo que como figura tenemos que encontrar una solución que sea al mismo tiempo garante del orden constitucional y de los derechos de las víctimas y de los derechos del inculpado.
Testigos protegidos, creo que vamos exactamente en el mismo tema que tiene que ver con la reforma penal y la participación de todos los actores. Creo que la decisión de tener testigos protegidos es una valoración que le corresponde hacer al Ministerio Público, que tiene que ver también las ventajas que tendría tener una fiscalía independiente; y es una figura, pues creo que tiene ventajas y desventajas, como toda figura jurídica, que es muy nueva en nuestro medio, que tendremos que esperar sus resultados con algún tiempo.
No creo que sea tan fácil extrapolar las figuras sajonas a un derecho continental. Creo que hay que hacerlo con cuidado, atendiendo a la idiosincrasia, a la cultura jurídica, a la manera de ser de este país. Tampoco creo que sea una figura que tendríamos que desechar per se y antes que nada, pero, bueno, tendremos que ir viendo su utilidad en la realidad y porqué no haciendo los ajustes, pero sí a un… pues es una decisión que considero que está relativamente fuera del ámbito del Poder Judicial, directamente.
-EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH: Gracias, magistrada.
En el turno de Acción Nacional, me voy a permitir dar lectura a una pregunta que ha formulado y que hizo llegar a la comisión de Justicia el Observatorio Ciudadano, denominado Designaciones.
Otro de los constantes debates ubicados en el centro de la justicia constitucional, especialmente si nos encontramos en el proceso de consolidación del Tribunal Constitucional, como es el caso mexicano. Se refiere a la pertinencia de impulsar un activismo judicial.
Es decir, aquella práctica jurisdiccional que no se limita a resolver los conflictos que se le plantean, sino que además impulsa a través de sus sentencias, cambios jurídicos y por tanto sociales, económicos y políticos de fondo.
Como el reconocimiento y expansión de derechos, más allá de lo que textualmente marca el texto constitucional.
En ese sentido, ¿considera que usted la circunstancia jurídica y social del país hace posible y deseable un activismo judicial, desde la Suprema Corte de Justicia? ¿Y por qué?
-LA C. MAGISTRADA, ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: El activismo judicial es una figura que tiene, a la vez, muy buena fama y muy mala fama.
Y yo creo que como jueces, como siempre, el sentido está en el equilibrio.
Si entendemos un activismo judicial, como está definido en la pregunta, como la posibilidad de la Corte o de los Tribunales, en general, de los jueces, de dotar de contenido y significado a los derechos y de ampliarlos en la medida interpretativa, bajo los principios, además, expresamente consignados en el artículo primero constitucional, que serían: propersona y de máxima beneficio y menores restricciones.
Yo creo que es un activismo judicial, perfectamente válido y perfectamente valioso, no sólo válido sino valioso.
Esto es, que es lo que yo mencionaba hace poco, es obligación de un juez constitucional, dotar de contenido y hacer que estas reformas tengan un aterrizaje, llamémosle, tengan una justicia material y no sólo nos quedemos en buenas intenciones.
¿Qué pasa cuando el activismo judicial? Lo que hace es que, extralimita las facultades del juez. Y entonces ahí si corremos el riesgo de legislar, no, porque cuál es el límite a la interpretación de lo que quiso decir la ley.
No, aún con el principio propersona y mayor beneficio. Bueno, creo que tampoco podemos decir cosas, que la ley no dice o que la Constitución no dice, y tenemos que tener cuidado con los efectos, no… con no afectar más allá del caso concreto. Porque a mí si me parece que en una parte de la labor, no cuando la Corte actúa como Tribunal Constitucional, pero si cuando ejerce funciones de tribunal de legalidad, no hay que olvidarnos que estamos adjudicando o atribuyendo obligaciones y derechos a una parte.
Entonces creo que, el activismo judicial, entendido como una interpretación amplia o la posibilidad de lograr una protección real de las personas y mejorar y el lograr coincidencias de las instituciones, es bienvenido y tener alguna suerte de autolimitación en un activismo judicial, que extralimita las facultades de un juez.
-EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH: Gracias, magistrada por su respuesta.
Para formular pregunta el senador Omar Fayad.
-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias.
Bienvenida, magistrada.
Seré muy puntual en mis preguntas. Lástima que no le puedo transferir mi tiempo, porque no quiso así el presidente, en la anterior exposición.
Y la primera y es la misma que le he formulado a otros aspirantes.
¿Cómo resuelve usted el dilema, entre resolver con apego a la ley y hacer justicia?
La segunda, como es usted mujer, decidí preguntarle, respecto del… en el tema de la irrupción del embarazo, en el 2007 el Distrito Federal lo despenalizó y esto generó una gran controversia, que seguramente usted conoce bien.
Para usted, ¿sí es constitucional la irrupción del embarazo? Y aconsejaría que todas las entidades del país pudieran adoptarlo esto, como medida. ¿Esto ayudaría a resolver los problemas de justicia?
La siguiente pregunta sería ¿a qué político vivo admira y por qué?
Y, finalmente, le preguntaría, el sistema de control de confianza de los cuerpos policiales por excelencia en la administración del Presidente Felipe Calderón, ha sido el polígrafo. Así nos lo han hecho saber los responsables.
¿Qué opina usted del polígrafo? ¿Usted cree que debe ser prueba plena en su tribunal? ¿Alguien podría considerarlo prueba plena en su tribunal?
Y si no fuera así, ¿cree usted justo que sea suficiente para correr alguien de su empleo o para no emplearlo?
Por sus respuestas, muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH: Gracias, senador Fayad.
Magistrada, por favor.
¬-LA C. MAGISTRADA, ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Gracias, de nuevo.
A ver, cómo resuelve, quiero creer que no sólo yo, sino todos los jueces, pues yo creo que es una aporía, la ley contra la justicia.
No sé si lo logramos. Si hay algo que me hace o que me puede hacer cuestionar mi labor cotidiana, es justamente, que creo que no siempre se logra impartir justicia, en el sentido que uno quisiéramos. Porque estamos acotados por la ley.
¿Qué hacemos? Pues intentar impartir justicia e interpretar esa ley de la manera más justa que se puede. Justamente, hoy en día, utilizando los principios propersona, utilizando la máxima protección de los bienes, utilizando en el caso que sus compañeros me preguntaron, no, vigilando el caso que se nos presenta, que tenemos ahí enfrente, y tratar de encontrar en todos los mecanismos a nuestro alcance, la manera de solucionarlo lo más justamente posible.
Creo que es un tema que nos podría llevar seminarios infinitos de ética y de filosofía, respecto a la ley y la justicia.
Creo que la ley por definición aspira a ser justa. Entonces, pues, uno como juez procura que eso suceda, no siempre creo que lo logremos. Pero, bueno, en eso estamos y en eso trabajamos todos los días.
¿Qué opino de la despenalización del aborto? Creo que más que el tema técnico, la pregunta tiene que ver con el aborto, con el derecho a la vida. Yo creo que se han planteado varias problemáticas en este sentido. Me parece que el derecho a la vida es un presupuesto, ni siquiera es un derecho; la vida es lo que nos da sentido, en cualquier sentir, como seres humanos, como parte de la naturaleza, como parte del mundo, creo que es un derecho humano, sin duda.
Y en todo caso, lo que yo abonaría, más que si es tenemos que colocar, ahí no me quedó muy claro, qué es lo que tendríamos que colocar en las constituciones o en la Constitución Federal.
Creo también, al mismo tiempo, que tenemos que proteger…
Pues es, pues ahí, la pregunta técnica, es que no es una materia constitucional, tiene que ver con un mecanismo muy complicado que es, el derecho penal como última razón para disuadir una conducta que se estima contraria a la sociedad, no… que está afectando un bien jurídico.
Entonces, creo que ésta, es un problema, digamos, técnico penal, no… está penalizado y hay causas de, eximen de responsabilidad.
Me parece que lo que tenemos que hacer como sociedad, es cuidar, tanto el derecho a la vida como el derecho de las mujeres.
Tenemos que tener en cuenta, dos bienes tutelados, y no sólo uno.
Respecto al político que más admiro, no tiene que ser nacional… ah, mexicano… pues… mexicano y vivo… madre mía… (Risas)
Que tenga, exacto, Senador, por ejemplo, de Hidalgo, claro, y de esta Legislatura, específicamente.
Bueno, pues voy a ser rebelde, yo creo que como político y que nos serviría a todos de excelente ejemplo, admiro muchísimo a Nelson Mandela, me parece alguien que superó una vida personal en una lucha política, en algo de lo que creía, pero además creo que fue capaz de ser tolerante, de tener el valor de la tolerancia y de construir un país, que vaya, que tenía problemas, yo diría que más que los que tenemos hoy en día. Entonces si tuviéramos muchos políticos así, y sé que en Hidalgo, y en esta legislatura hay muchos, tendremos muchos, el país saldrá adelante.
Sobre el control de confianza y el polígrafo, las pruebas es otro tema para cuarenta tesis filosóficas, lo difícil que es valorar una prueba.
Yo creo que desde hace años y desde que la confesional dejó de ser la Reina de las pruebas no tendríamos por qué colocar a ninguna otra en ese lugar.
Los controles de confianza, yo de nuevo, no tendría los conocimientos específicos, científicos sobre el grado de confiabilidad de los polígrafos, sé sin embargo que tampoco corresponden al 100 por ciento.
Entonces creo que mi opinión personal sería que no tendríamos por qué privilegiar un solo tipo de pruebas, creo que tienen que complementarse con estudios socioeconómicos, de entorno social, de estudios psicológicos y sobre lo justo, pues sí, yo inclusive, nosotros por la materia conocemos muchos casos de policías que no pasan estos controles y no siempre los procedimientos de estos controles de confianza son lo transparente y lo lineal digamos, que uno quisiera.
Entonces creo que ahí también habría materia para trabajar y complementársete tipo de controles que sí se me hacen esenciales, pero creo que los poderes son susceptibles como todas las cosas de ser mejoradas.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias Magistrada, ha concluido la ronda de preguntas a cargo de los grupos parlamentarios, se abre la oportunidad de preguntas por parte de senadores no miembros de la Comisión de Justicia.
Tengo registrados a tres senadores.
Tiene el uso de la voz el Senador Javier Lozano en primera instancia.
-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCON: Gracias Presidente.
Bienvenida, Magistrada, y muchas gracias por ser considerada en esta terna.
Mire, tenemos cerca de 3 millones de niños trabajando en México, entre 5 y 17 años de edad.
De ellos un millón 800 mil trabajan para un familiar, y de entre ellos hay cerca de 700 mil que no tienen 14 años de edad cumplidos.
La pregunta viene a cuento, porque la Constitución en su artículo 123 apartado A, fracción III, dice que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años.
MI pregunta muy concreta es qué opina usted de esto en términos de la materia de derechos humaos que ha venido usted abordando a lo largo de su comparecencia, de la literalidad, letra y espíritu de este artículo 123 constitucional, y de esta cruda realidad de la que le estoy mencionando, el cerca de 700 mil niños menores de 14 años trabajando en su propia familia.
Esa es la primera pregunta, y la segunda es, ¿qué opina usted de que las juntas de Conciliación y arbitraje sean los tribunales jurisdiccionales en materia laboral de última instancia?
Gracias por sus respuestas.
-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCON: Gracias Senador.
Por favor Magistrada.
-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Bueno, yo creo que los temas lacerantes de nuestro país están planteados o uno de ellos es este, me parece que si buscamos las razones históricas de esa prohibición tan expresa de la Constitución, bueno, pues tendríamos que pensar en las condiciones laborales del siglo XIX y la explotación digamos, bestial y a sangre fría de los niños.
Creo que aquí tenemos un problema que es netamente social, es el reflejo de una sociedad en donde los niños tienen que contribuir al sostén familiar sin remedio y por el otro lado es un programa gravísimo si lo pensamos en términos de las posibilidades de desarrollo de niño, y no sólo como posibilidades de desarrollo del niño en un momento dado, sino como las posibilidades de desarrollo del futuro del país, en la medida en que nuestros niños tengan la oportunidad de tener un desarrollo psicológico, familiar, que les permita estudiar, jugar, en lugar de trabajar, pues tendríamos mexicanos muchísimo más preparados para enfrentar los retos del destino.
Aquí sí qué es lo que nos queda en esta lacerante realidad, porque tendríamos que poner una vez más el texto de la ley que quiere prohibir una situación con una situación fáctica que no necesariamente tenemos que controlar, yo creo que hay que respetar los derechos de los niños, como posición tenemos como sociedad, desde todos los ámbitos yo diría legislativo y judicial, efectivamente lograr que esa prohibición que tiene un sentido de protección para el niño y tiene un sentido de visión, de futuro, de cómo construimos al ciudadano de mañana sea realidad, pues no es una respuesta creo yo de criterio, es una respuesta que necesitamos trabajar toda la sociedad, cómo modificamos las condiciones laborales de la infancia de este país, pues yo creo que cada uno dentro de nuestro ámbito y obviamente los jueces protegiendo los derechos del niño y logrando construir una sociedad en donde ese fenómeno no exista.
Las juntas de conciliaciones, esa es una pregunta que por extrañas razones sí creo que se las puedo contestar, creo que la propuesta de profesionalizarlos es una cosa que se había tardado demasiado, creo más allá de si son o no la última instancia, entiendo que la pregunta es si sería conveniente que hubiera tribunales de apelación y un recurso. Y yo creo que no es tanto ese problema, pero sí he tenido oportunidad de ver cómo se dictan laudos, nueve años después de que se presenta la demanda.
Entonces yo creo que sí tienen problemas, no necesariamente de la forma o de la junta per sé, pero sí creo que sería una reformulación de los órganos encargados de impartir justicia en materia laboral es urgente. Creo que podríamos hacer mucho y se avanzaría muchísimo y sobre todo en dar contenido a la propuesta del artículo 17 constitucional, de lograr una justicia pronta, expedita y sobre todo completa.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias Magistrada.
Tiene el uso de la voz el senador Vicepresidente don Enrique Burgos.
-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente, bienvenida, Magistrada Zambrano.
Mi pregunta va más bien en el sentido de pedir a usted un punto de vista, una opinión en relación a lo siguiente, el artículo 31 en su fracción IV establece como una obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos así de la federación o el Distrito Federal, estado y municipio en que residen. Dentro de esas contribuciones hay distintos rangos impuestos, derechos, aprovechamientos multas, el impuesto es una prestación, no una contraprestación.
Si el impuesto en este concepto de la fracción IV es para cubrir los gastos públicos, qué ocurre con el impuesto cuando tiene una función no recaudatoria sino reguladora o francamente desalentadora de alguna actividad de la industria, del comercio o de los servicios, por lo tanto no tendría un final fiscal, no hay fin fiscal en ese sentido.
¿En qué punto hay o no, constitucionalidad del impuesto cuando tiene un fin extrafiscal, no para el gasto público? Gracias por su respuesta.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias Senador.
Magistrada, por favor.
-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Ese es un bonito tema técnico, porque efectivamente las contribuciones están reguladas por el artículo 31, fracción IV y hago el uso de contribuciones, porque justamente pareciera que la esencia de los impuestos de los derechos es la contribución del ciudadano o del mexicano para el sostenimiento del estado.
Sin embargo, yo creo que la actividad estatal hoy en día es tan amplia y tiene tal suerte de materia que quizás lo que esté mal puesto es el nombre, estoy pensando específicamente en todas las regulaciones arancelarias, es yo creo que el ejemplo arquetípico de este tipo de discusiones, se da en materia de comercio exterior en donde se usan aranceles o tarifas justamente para regular flujos comerciales, de ninguna manera se estaría regulando o se estaría contribuyendo al gasto público, sino que se usan como mecanismos de política en materia de comercio exterior o de política fiscal, inclusive subsidios.
En ocasiones se usan de manera para hacer subsidios cruzados, subsidios indirectos, subsidios directos, y entonces yo creo que el problema de la naturaleza extrafiscal, y aunque suene formal, es que quizás avanzaríamos mucho si les quitamos el nombre de impuestos. No creo que sea inconstitucional que el Estado al desarrollar o implementar políticas en un mundo cada vez más globalizado y cada vez más complejo políticas fiscales, políticas estatales, políticas de comercio exterior no tuviera por qué utilizar este equipo de herramientas para incentivar o desincentivar ciertos fenómenos económicos.
Quizás lo que tendríamos que tenemos mucho cuidado es justamente no confundirlos, y bueno la Corte tiene muchos criterios en donde se ha dicho que con independencia del nombre hay que atender a la finalidad de esta herramienta. Entonces creo que si no los concebimos como contribuciones, pues sí son una herramienta que no tiene característica neta de tributaria, de contribución.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Magistrada. Senador Demédicis, por favor.
-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchas gracias, Presidente, y agradecer la oportunidad de tomar la palabra.
Ciudadana Magistrada, derivado de la Reforma Constitucional en materia de justicia penal, una figura importante y polémica respecto de la cual se ha perdido la atención es la extinción de dominio que forma parte del régimen de excepción que se estableció en la Constitución para la delincuencia organizada. Independientemente de que la extinción de dominio se encuentre establecida en la Constitución sí le pediría amablemente que nos diga cuál es su opinión respecto a esta figura jurídica.
¿Considera usted que es adecuado quitarle a un imputado por delincuencia organizada sus bienes antes de que un juez lo declare culpable? Y tomando en cuenta el principio fundamental del derecho, según el cual los accesorios sigue la suerte de lo principal, ¿considera usted correcto que en un procedimiento independiente y por separado, y a la causa penal se resuelva sobre la relación de un bien con el delito, incluso antes de que se resuelva la responsabilidad penal del procesado?
Y por último, también respecto a este tema, ¿considera usted que el procedimiento de extinción de dominio es correcto desde la perspectiva de la técnica jurídica y que guarda una lógica procesal que permite buscar y llegar a la verdad histórica de los hechos, que es la finalidad del derecho penal?
Por las respuestas que dé al pueblo, muchísimas gracias, Magistrada.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Senador.
Magistrada, por favor.
-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Gracias a usted.
Yo creo que la figura de extinción de dominio tiene que ir de la mano en el sentido de mi respuesta con los testigos protegidos y con el arraigo. ¿Qué quiere decir? Que son figuras para nuestro sistema jurídico novedosas. Lamentablemente las instituciones, las figuras jurídicas, las formas jurídicas no tienen un desarrollo a ratos tan rápido como lo quisiéramos.
Yo he platicado con varios compañeros que son específicamente penalistas, que coinciden siempre que el resultado de esta reforma penal lo vamos a ver en diez años, en quince años, lamentablemente no lo vamos a ver ahorita. Y creo que la figura de extinción de dominio también va por ahí, tiene que transcurrir ese tiempo, tendrá que discurrir el mismo sendero que las otras figuras para saber si efectivamente es la manera o tiene algún sentido específico.
Yo lo concibo o me parece que la concepción de esta figura de extinción de dominio tiene que ver, como nos ha dicho la historia, con que los criminales también les duele el bolsillo. Estamos persiguiendo en un sentido estricto o castigando más allá de las penas corporales, típicas, que son personales e intransferibles, pues estaríamos haciendo o generando o desincentivando, digamos, el uso de bienes para actos ilícitos.
Creo que tiene, como toda figura nueva en este sistema, pues tendrá que ser afinado. Me parece que con independencia de que la Corte ya se pronunció sobre su constitucionalidad, está previsto en la Constitución, también sé que estadísticamente ha habido toda vía pocos juicios en donde se resuelva.
Ciertamente creo que hay un problema en el orden que nos lleva una vez más a los principios de presunción de inocencia. ¿Qué pasa si todavía no ha sido declarado culpable de un delito y sin embargo patrimonialmente sufro una afectación? Puedo ir a reclamar lo que es mío, creo que tiene problemas con terceros, a rato los terceros, pues, el mero hecho estamos, que no necesariamente está mal, pero estamos haciendo que la sociedad o el que participa también sea vigilante de qué posible uso están haciendo de un bien que a lo mejor está fuera de mi dominio directo.
Entonces creo que es una figura interesante, creo que atiende a esa parte del delito. Hoy en día en el mundo en el que vivimos pues los delitos ya no se cometen únicamente con medios directos y en corto, me parece que está respondiendo al uso patrimonial que se les da a los bienes o al mal uso que se les da.
Pero sí creo, como pregunta puntual, que no tenemos todavía la experiencia debida, no ha transcurrido, no ha discurrido esta institución para pensar en qué tan útil es, qué ajuste tendríamos que hacerlo una vez más en nuestra cultura jurídica, en nuestro sistema jurídico, a nuestra idiosincrasia.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, Magistrada.
Ha concluido las rondas de preguntas. Le agradecemos mucho su asistencia esta tarde. Agradecemos también las puntuales respuestas a las preguntas que han hecho las señoras y señores senadores.
E términos del Acuerdo Parlamentario se decreta un receso y se reanudarán las sesiones a las cinco de la tarde para la terna correspondiente a la sustitución de la vacante generada por conclusión del encargo del Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Perfil:
Andrea Zambrana Castañeda es Licenciada en Derecho por la UNAM y Candidata a Doctora en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene experiencia de dos décadas en el PJF y ha desempeñado, entre otros, los cargos de Secretaria de Estudio y Cuenta de la SCJN. Actualmente, es Magistrada del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en el DF
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