Día lunes 29 de octubre de 2012. Inicio la sesión de la Comisión de Justicia con la asistencia de 10 lgisladores.
¡Hay quorum!
El Presidente de la Comisión Roberto Gil Zuarth (PAN), abrió la sesión con el único objeto de desahogar las comparecencias de las señoras y señores Magistrados que integran la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir las 2 vacantes de la SCJN. Para relevar al ministro don Sergio Salvador Aguirre Anguiano están propuestos; Pablo Vicente Monroy Gómez, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Andrea Zambrana Castañeda; y para sustituir a don Guillermo Ortiz Mayagoitia, los candidatos son; Manuel Baraíbar Constantino, Emma Meza Fonseca y Rosa María Temblador Vidrio.
El acuerdo de la Mesa directiva de la comisión fue que cada compareciente expusiera durante 10 minutos, y posteriormente le realizaron preguntas –de hasta 2 minutos- los distintos grupos parlamentarios; y los aspirantes tuvieron 3 minutos para dar respuestas: Asimismo, el acuerdo estableció la posibilidad de que Senadores que no fueran de la Comisión de Justicia pudieran realizar preguntas; hasta tres en total; en ese sentido participaron entre otros; Gerardo Sánchez, Javier Lozano, y Manuel Cavazos.
Y así comparecieron los seis aspirantes al cargo. Fueron varias horas y muchas, muchas preguntas; las respuestas no fueron tan explícitas, quizá debido el tiempo para responder. Otras fueron preguntas simples: otras fueron de casos “hipotéticos”apegados a la realidad.
¿Cómo estuvieron?
¡El más fuertemente cuestionado por el PRD fue el magistrado Baráibar! Respondió categórico que tienen la conciencia tranquila por los casos polémicos en los que le ha tocado juzgar.
Las comparecencias fueron públicas y se transmitieron por el canal de Congreso.
1. En su exposición inicial, el magistrado Vicente Monroy Gómez se dijo listo para desempeñarse como ministro de la SCJN y de ser electo una de las “convicciones”que normarían su actuación sería el papel que desempeña el Poder Judicial dentro del Estado de derecho. Percibo a la Corte -subrayó-, como un árbitro sujeto a reglas y límites, sin invadir esferas de competencia, que dirime conflictos derivados del creciente pluralismo político y social en los distintos órdenes de gobiernos y que su finalidad es contribuir la gobernabilidad democrática.
Fue cuestionado por los senadores Omar Fayad Meneses (PRI); Raúl Gracia Guzmán (PAN) Manuel Camacho Solís (PRD); Ninfa Salinas Sada (PVEM) y David Monreal Ávila, del PT; así como por Javier Lozano (PAN), externo a la comisión de justicia.
Los legisladores preguntaron al magistrado si se pueden fincar responsabilidades por la violación sistemática de derechos humanos en la llamada “guerra contra las drogas”, cuáles son los retos para garantizar la independencia del Poder Judicial, la extinción de dominio y la creación de un tribunal constitucional. De igual manera, fue interrogado-como el juez que sentenció hace 20 años a Joaquín “El Chapo” Guzmán- si procedería con la misma “firmeza” si éste fuera de nuevo juzgado en el futuro.
Javier Lozano Alarcón le preguntó sus opiniones sobre si deben desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA); la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC); la relación con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y el tema de interconexión de redes críticas como comunicaciones, en materia de transportes, o energética.
En sus respuestas, el juzgador explicó que en el caso de las violaciones a derechos humanos en el combate al narcotráfico se tendría que precisar la competencia de la Suprema Corte, pues como arbitro está sujeta a reglas y limites, por lo que no puede extraer de normas jurídicas, “juicios de orden político o social”. Consideró que la SCJN no debe llevar su papel de arbitro“al extremo o al activismo judicial”, además de que no es momento de crear un tribunal constitucional.
Por otro lado, dejó en claro que volvería proceder de la misma manera en contra de“El Chapo” Guzmán, ya que un juez está obligado a ser congruente y consistente en la aplicación de la ley a pesar de las “consecuencias que esto traiga”.
En cuanto a la extinción de dominio la respuesta que dio fue en el sentido de que hay “cuidar mucho en el procedimiento relativo a la extinción del dominio, que no vayamos a estar utilizando esa medida confiscatoria contra personas que no está debidamente acreditada su responsabilidad en el origen de los recursos con los cuales se adquirió ese bien….”
Y sobre las preguntas del Senador Lozano, Monroy Gómez afirmó que el tripartismo, que forman las JCA, en donde están representados los trabajadores, las empresas y la autoridad laboral deben desaparecer definitivamente. “El tripartismo en la actualidad como un resabio que fue muy útil en su momento, no olvidemos que las Juntas nacieron en Yucatán con Salvador Alvarado y obedecían a términos muy prácticos, tenían como objetivo crear tribunales de conciencia, integrados de manera tripartita para resolver conflictos de la relación de trabajo”, dijo.
Las JCA ya no funcionan, se podría hacer una encuesta y diagnóstico a niveles federal y local donde los representantes de los trabajadores y patrones ya no concurren, ya no se discute el asunto y hay una situación delicada, en México se están perdiendo oportunidades de inversión por esta razón. Sobre el tema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y el SME, el magistrado no quiso pronunciarse e incluso dijo que se tomara su situación como evasión del tema, ya que para hablar específicamente de ese caso habría que tener mucho cuidado al analizarlo. En este tema, comentó, “tendría que cuidar mucho la parte de los derechos legítimos de los trabajadores, la constitucionalidad de sus derechos laborales, con la decisión que se tomó de cerrar esa paraestatal”.
Dolores Padierna (PRD) le pregunto a su juicio ¿cuál es el reto más importante que a su juicio enfrenta el Poder Judicial para instrumentar esta reforma (la del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos) de gran calado en la que tenemos forjadas muchas esperanzas?
La repuesta del juzgador fue: “creo que el reto más importante que tenemos es el de lograr un cambio de cultura, el de lograr un cambio de actitudes (…) cuando hablo de un cambio cultural, es que tengamos la perspectiva de que ahora al analizar cuestiones donde están implicados los derechos humanos, tenemos que tomar en cuenta a la Constitución, pero también a los tratados internacionales. El salto cualitativo que se está dando es considerar que en el panorama jurídico ya está presente no solamente en la ley nacional, sino la internacional en sus respectivas competencias. Creo que en esto ha sido enfática la Suprema Corte; la Suprema Corte y la misma Corte Interamericana (CIDH) ha dicho, “..Hay que aplicar la norma más favorable a la persona, principio pro hommine, pero de acuerdo con las competencias de cada organismo jurisdiccional...”.
2. En tanto, el Magistrado Alberto Pérez Dayán –favorito de la terna-, resaltó que los integrantes de la SCJN deben ser conocedores del marco jurídico y de la justicia, conscientes siempre de la pluralidad política, con visión de progreso, que les lleve a entender la evolución democrática de la sociedad y su participación activa. Además, agregó, tienen que entender siempre los derechos de las minorías y de sus necesidades diferentes, profundamente respetuosos de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, pero primordialmente honestos y valientes.
Miguel Romo Medina y Ricardo Barroso Agramont, del PRI; Carlos Mendoza Davis, del PAN, y Dolores Padierna Luna, del PRD, lo cuestionaron sobre la resolución de la SCJN respecto al fuero militar y el caso del SME.
Del mismo modo, solicitaron su opinión sobre la despenalización del aborto, la adopción de parejas del mismo sexo y los alcances de las sentencias de la CIDH en nuestro país.
En sus respuestas, Pérez Dayán dijo que la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar “abona a la seguridad jurídica, a la defensa de la víctimas y al conocimiento del juicio”.Sobre el caso del SME expresó que el recurso que se promovió y que debe resolver la Corte “tendrá que honrar los principios de la carrera judicial: objetividad, exhaustividad y la imparcialidad para alcanzar el grado de justicia que todos merecemos”.
De la despenalización del aborto, manifestó que “si esto es hoy necesario tratemos de que sea el último reducto al que tenga que llegar alguien que se vea en una circunstancia de esta naturaleza”. Seguramente, enfatizó, la propia sociedad construirá medios que permitan “no sólo pensar en esa alternativa sino cualquier otra que favorezca la vida”.
Agregó que la legislación también permite la adopción de parejas del mismo sexo y si es “debidamente vigilada y controlada creo que alcanzará sus fines”, pero“también entendamos que fortalecer la familia nos llevará finalmente a tener y crecer mejor a los hijos”.
De las sentencias de la CIDH que obligan al Estado a reabrir los casos en los que se ha incurrido en violaciones a los derechos humanos, aseguró que si se ha convenido, a través de un tratado, una obligación, es necesario honrarla y“cumplir la letra de su palabra”.
Destacó que la resolución del máximo tribunal sobre el fuero militar en el caso Radilla fue de carácter histórico y reconoció que eso da identidad a los militares.“Esta resolución de la Suprema Corte se ubica en aquellas que son de carácter histórico y hoy nos define precisamente, en tanto nosotros como país lo reconocimos al adherirnos a una convención como ella.
Éste, añadió, debe ser total y absolutamente restrictivo, única y exclusivamente para el tema de la milicia, pero siempre reconociendo que los militares deben tener ese fuero en tanto éste es el que les da identidad”.
Pérez Dayan explicó que eligió este tema para presentarlo como parte de los asuntos resueltos, porque precisamente éste viene inmerso en la condena de la CIDH respecto a México en el caso Rosendo Radilla.
De acuerdo al fallo de la Corte Interamericana, se reconoce el fuero militar y se pide “que sea restrictivo, y es precisamente la tendencia de la SCJN, de ahí la declaratoria de inconstitucionalidad del Artículo 57 del Código de Justicia Militar”, refirió.
Respecto al sistema de justicia penal, aseveró que los juicios orales se convierten en este sistema adversarial que crea nuevos paradigmas. “La SCJN debe estar muy pendiente de la reedición de los principios que rigieron el enjuiciamiento penal escrito para adaptarlos, transformarlo a nuestra nueva realidad de enjuiciamiento y que éstos no terminen por ser valladares hacia los objetivos que persigue un enjuiciamiento oral”, añadió.
También refirió que el arraigo y los testigos protegidos no deben verse como un fin sino como un medio y bien empleados deben tratar el resultado pretendido, destacó.
3. En su turno, Andrea Zambrana Castañedasubrayó que uno de los principales objetivos del Poder Judicial, en esta “época de incertidumbre y seguridad”, es recuperar la confianza de los ciudadanos en sus jueces para que se sientan protegidos y escuchados. Asimismo, afirmó que cuenta con todos los elementos y herramientas técnico-jurídicas para ser parte de la SCJN, lo que le permitiría “contribuir a la concepción del sistema de justicia que todos queremos para este país”.
Fue cuestionada por los legisladores Fayad Meneses (PRI); Gracia Guzmán (PAN); Manuel Camacho Solís (PRD), y Monreal Ávila, del PT, sobre temas relacionados con la impunidad, autonomía al Ministerio Público, derechos humanos, la figura del arraigo, testigos protegidos, aborto y el uso del polígrafo en el control de confianza.
Al respeto, Zambrana Castañeda se pronunció por una reforma penal que dé independencia al Ministerio Público, ya que esa medida garantizaría una mayor profesionalización de sus elementos, evitaría la impunidad y coadyuvaría a mejorar los controles de confianza: la labor del juez debe ser transparente, subrayó.
En cuanto a la figura del arraigo, dijo que se tiene que realizar un debate para saber si debe “permanecer o acotarse” porque hay tratados internacionales que lo consideran violatorio de derechos humanos, mientras que el sistema de testigos protegidos tendrá que ser valorado por el MP, pues “tiene ventajas y desventajas”. Mencionó que ésta debe ser revisada, ya que algunos organismos internacionales aseguran que es anticonstitucional.
Sobre el tema del aborto, se inclinó por cuidar tanto el derecho a la vida como las garantías de las mujeres, porque son dos bienes tutelados en la Constitución.
Con relación a la reforma penal también se deberá avanzar e impulsar todo el papel que juega el Poder Judicial.
Por la tarde la Comisión de Justicia, recibió a la terna de aspirantes para cubrir la vacante del ministro Guillermo Iberio Ortíz Mayagoitia: los magistrados Manuel Baráibar Constantino, Emma Meza Fonseca y Rosa María Temblador Vidrio, expusieron las razones sobre la idoneidad de sus candidaturas.
4.-En su exposición, Baráibar Constantinoresaltó que en la solución de controversias y acciones de inconstitucionalidad, la Corte procura el sano equilibrio de los poderes, “por lo que sus decisiones deben ser ponderadas con prudencia y con estricto apego” a la Carta Magna, pues“inciden en la adecuada gobernabilidad del país”.
Al resolver conflictos en materia de seguridad, economía, comunicaciones y derechos sociales, el tribunal contribuye a la paz y tranquilidad de los mexicanos y por ello sus integrantes deben actuar con la mayor sensibilidad, a fin de garantizar la convivencia --sin excepción-- de todos los gobernados.
Los senadores priistas Miguel Romo Medina y Omar Fayad Meneses preguntaron al magistrado si se deben acatar “irremediablemente” los criterios emitidos por la CIDH, que obligan al Estado a reabrir los casos en los que se haya incurrido en violaciones a los derechos humanos, o si se tiene que respetar la cosa juzgada.
Baráibar Constantino destacó que, como garante de la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, al interpretar las normas relativas el máximo tribunal debe “velar en todo momento por la supremacía constitucional en la vigencia del orden jurídico nacional”.
Ante la interrogante del senador Raúl Gracia Guzmán(PAN) sobre cómo legitimar la actuación de la SCJN ante una sociedad que requiere un Poder Judicial fuerte, expresó que las sentencias tienen que estar apegadas a la Carta Magna y a las leyes que de ella emanan, así como a los principios de transparencia y publicidad.
A su vez, los senadores perredistas Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís cuestionaron al juez sus “fallos polémicos” en los procesos de Raúl Salinas de Gortari y del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva.
En respuesta, manifestó que en sus determinaciones no toma en cuenta “nombres” ni“investiduras” y volvería a dictar las mismas resoluciones. En el caso del hermano del ex presidente, enfatizó,“no existieron las pruebas suficientes y la investigación que realizó el Ministerio Público fue eficiente”.
5.-Por su parte, la magistrada Emma Meza Fonseca señaló que es participe de “un activismo judicial mesurado que se decante por el principio de presunción de inconstitucionalidad de la ley”. Consideró que “la globalización de la justicia” no implica la pérdida de la soberanía del Estado mexicano, por lo que nuestro país debe dar cumplimiento a las resoluciones de la CIDH
Fue interrogada por los senadores Omar Fayad Meneses y Ricardo Barroso Agramont, del PRI; Raúl Gracia Guzmán, del PAN; Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís, del PRD, y David Monreal Ávila, del PT.
Los legisladores le pidieron su opinión sobre la equidad de género, ataques a la libertad de expresión, la figura del arraigo, testigos protegidos y adopción de menores por parte de los matrimonios del mismo sexo.
Al dar respuesta a los cuestionamientos, Meza Fonseca expresó que la Corte ha sido“vanguardista” en el tema de equidad de género, pues se ha sensibilizado y capacitado para atender casos con esa problemática. En cuanto a la legalización del aborto, dijo, los estados tienen libertad de legislar de acuerdo a su realidad social.
Sobre los ataques a la libertad de expresión, estimó que la subprocuraduría de Atención a Periodistas de la PGR ha resultado“insuficiente” dado que cada vez hay más periodistas muertos en el ejercicio de su función, además de que los estados de la República “no hacen nada” por sus comunicadores.
En el tema del arraigo, expuso que se trata de una figura “muy cuestionada” pero“constitucional”, por lo que debe analizarse a la luz de los tratados internacionales.
Asimismo--añadió-- se ha “abusado mucho” del tópico de testigos protegidos, debido a que la ley sobre la delincuencia organizada le otorga demasiados beneficios.
La magistrada se manifestó a favor de que los matrimonios del mismo sexo puedan adoptar a menores de edad, siempre que se busque el interés superior del niño, por lo que las leyes determinarán “con mucho cuidado” cuando puede adoptarse a una persona.
Y por último –ya noche- la Magistrada Rosa María Temblador Vidrio afirmó que no tiene preferencias políticas “con persona o institución alguna” y en el ejercicio de su carrera se ha distinguido con honorabilidad y autonomía, “lo que asegura que mis decisiones se encuentran regidas únicamente por el derecho y la justicia”.
Dijo que por equidad y género, su elección es pertinente porque en la actualidad solamente dos mujeres forman parte del pleno de la SCJN y una de ellas ya está próxima al retiro.
A pregunta del senador David Monreal (PT), la magistrada aseguró que sería procedente el juicio de amparo en contra de una reforma laboral que conculque derechos laborales establecidos en el artículo 123 constitucional, en el caso de que llegue el asunto a la SCJN y una vez que se agoten todos los medios ordinarios de la justicia laboral.
Luego de que el senador Carlos Mendoza Davis (PAN), la cuestionará sobre el alcance que tiene el derecho a la vida, recordó que en varios foros ha reiterado que desde el momento de la concepción éste se tiene que proteger, como lo establecen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.
Le preguntaron que cómo llegó ahí, cómo se entero de que había sido elegida. Ella respondió que se enteró por los periódicos, aunque reconoció que tuvo una entrevista previa- no dijo con quién-, dejo entrever que las decisiones de las ternas habían sido decididas por el Presidente Calderón y el presidente electo Enrique Peña Nieto.
Las comparecencias terminaron casi a las 10 de la noche
¿Y que sigue?
Según el procedimiento para la elección de los dos ministros, la Comisión de Justicia presentará a la consideración del pleno un dictamen por cada terna relativo a los requisitos de elegibilidad, que deberán publicarse -junto con los expedientes de los seis candidatos- en la Gaceta del Senado, por lo menos 24 horas antes de la sesión en la que se sometan a discusión.
Esta podría ser en cualquier momento, antes del 10 de noviembre que es cuando vence el plazo Constitucional.
Insisto, no se descarta –yo por lo menos- que una de las ternas sea rechazada por el pleno senatorial ya que se requiere las dos terceras partes para su aprobación tal y como lo mandata el artículo 96 Constitucional. Los aspirantes van a relevar a don Sergio Salvador Aguirre Anguiano y a don Guillermo Ortiz Mayagoitia.
No es cualquier cosa.
Hubo muchas preguntas interesantes, otras muy suaves. Algunos senadores perdieron la oportunidad de hacer preguntas de peso, con todo respeto; algunos hiceron a todos la misma pregunta.
Juzgue usted. Le recomiendo leer la versión estenográfica.
El Presidente de la Comisión de Justicia nos recuerda que “la información relativa a los expedientes de nuestros comparecientes está disponible en la web de la Comisión de Justicia, tanto la que ha sido aportada por ellos mismos como la que ha sido requerida al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”
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