La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno
en contra el dictamen a la minuta del Senado que expide el Código Nacional de
Procedimientos Penales para la implementación de un sistema oral acusatorio.
El
presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI),
destacó que la aprobación en sus términos de la minuta permitirá a los
ofendidos, las víctimas y los delincuentes obtener el respeto a sus derechos
que les consagra la Constitución con los principios de inmediatez y de
oralidad. “El
juez tendrá que estar presente en todas las audiencias de cara al acusado, las
víctimas y los fiscales, y todo esto va a permitir consolidar un sistema para
dar una mejor justicia a los mexicanos”, dijo.
Adelantó el legislador que la próxima semana el Pleno de la Cámara discutirá el dictamen
y lo someterá a su aprobación de inmediato.
Al
inicio de la reunión de trabajo, Pacheco Rodríguez indicó que la junta
directiva de la comisión acordó incorporar al apartado de la Exposición de
Motivos de la minuta, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
resolvió constitucionales las reformas hechas al artículo 133 quarter del
Código Federal de Procedimientos Penales y los artículos 16 fracción I,
apartado D y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
“Podemos
referir que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que
las reformas se encuentran en plena constitucionalidad en vista de que la
localización geográfica en tiempo real, está dirigida fundamentalmente a los
aparatos asociados a una línea telefónica y no implica de ninguna manera la
intervención de comunicaciones y de domicilios” señaló.
Durante
la discusión del dictamen, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo que su
fracción se iba a abstener de votar, ya que la reforma a pesar de que tiene
puntos positivos, necesita mejorías respecto al tema de víctimas y sobre las
contradicciones que tiene con otras leyes. “Estamos
a favor del cambio del sistema de justicia en el país; creemos que es positivo,
pero la Cámara de Diputados debe hacer un esfuerzo por sacar leyes lo más
adecuadas a la realidad y que no contravengan otras normas y sobre todo a la
Constitución Política”, precisó.
La diputada Zuleyma Huidobro González- del partido Movimiento Ciudadano-, indicó que en la
minuta del Senado persisten irregularidades en relación con la fase de
investigación, lo cual seguirá generando violaciones en los derechos humanos.
“Se dejan fuera normas que combatirían la tortura y el encarcelamiento continuo
de inocentes”. Asimismo, consideró
grave que, como alternativa a la prisión preventiva, el juez pueda embargar los
bienes del acusado, cuentas bancarias y prohibirle que salga del país o que
acuda a lugares determinados, además de que le impida el ejercicio de su
carrera profesional o lo obligue a portar un localizador electrónico.
Por su parte, el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM), aseguró que se está por concretar a
un mejor y novedoso sistema que plantea muchas incógnitas, como el de la
oralidad ya que, explicó, actualmente se cuenta con un sistema completamente
escrito y riguroso. “No
nos cabe la menor duda de que en la medida que logremos hacer un proceso penal
más ágil, transparente y apegado al valor científico de la prueba para la
exacta aplicación del Derecho en contra del responsable de la comisión de un
delito, se ofrecerá una mejor posibilidad para el establecimiento de un Estado
de derecho”, subrayó.
En
su turno, Alejandro Carbajal González, del PRD, expresó que el sistema judicial
penal de México está en crisis, desde la etapa de averiguación previa hasta el
sistema penitenciario, en donde “podemos apreciar reclusorios con hacinamientos
en la gran mayoría de los estados de la República y personas presas que no son
culpables”.
Señaló que tener
una homologación en todos los ámbitos, dará certeza, transparencia y
elementos para defender a la población; sin embargo, advirtió que el Código tiene deficiencias como el concepto de
víctima, el cual se contradice con la Ley General de Víctimas. Por ello,
exhortó a que se incluyan todas reservas que presenten los legisladores en el
Pleno.
En
tanto, la diputada Esther Quintana Salinas (PAN) destacó que tener un código procesal único abonará a la eficiencia en la impartición de
justicia.
Resaltó
que no es un cambio menor, porque se va de un sistema inquisitorio a uno
acusatorio. Sin embargo, reconoció que el documento es perfectible y “en eso
estaremos trabajando para que se vincule con otras iniciativas, de manera que
esa eficacia que se pretende, no quede nada más en aspiración y aterrice en la
realidad”.
El
diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) aseguró que tiene 90 años un
sistema inquisitorio mixto, que se ajustó a la realidad de su tiempo, pero que
ya no responde a las necesidades y circunstancias del México actual. Por ello,
dijo, con esta reforma la percepción de hacer justicia tendrá que cambiar
absolutamente para todo el mundo, porque la base de este sistema será la
cultura de la legalidad.
Detalló
que el sistema acusatorio es altamente garantista y prevé controles legales y
constitucionales; empodera al ciudadano para que la voluntad del mismo sea el
eje de la solución de sus problemas y esto generará tiempos de solución más
rápidos. Además, explicó, toda persona juzgada sabrá quién es el juez, el
acusador y cuáles son las pruebas que están imputando en su contra, y tendrá,
también la legítima defensa que harán valer sus derechos.
Durante
la discusión, el diputado Fernando Zarate Salgado (PRD) reconoció que existen
muchas virtudes en el dictamen, ya que se avanza en la certeza y seguridad jurídica;
se bajan los índices de impunidad dentro del procedimiento y se respeta el
principio de presunción de inocencia, que es uno de los principios con mayores
violaciones en la República. Sin embargo, comentó, “en la tarea todavía estamos
cortos y en eso recae en nosotros apoyar al gobierno federal y a todos los
gobiernos estatales para depurar el Ministerio Público”.
A
favor del dictamen, la diputada del PRD, Alfa Eliana González Magallanes,
señaló que la minuta fortalecerá el sistema de justicia mexicano y es un paso
importante; sin embargo, “es necesario corregir algunas deficiencias”, aclaró.
Por
el PVEM, el diputado Tomás Torres Mercado, expresó que “estamos ante una crisis
que exige la necesidad de modificar nuestro marco legal; por ello, es importante
que el dictamen no sólo reconozca un marco legal, sino pedagógico que toque la
base social”.
El
diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (PAN) resaltó que la sociedad busca
justicia, ya que desconoce cómo actúan los jueces y exige sean conocidos todos
estos asuntos.
Por
su parte, la diputada Zuleyma Huidobro González, solicitó que se incluyan en la
minuta las apreciaciones que no fueron consideradas en el Senado de la
República. “Hemos encontrado algunas deficiencias que deben corregirse y que no
se tomaron en cuenta, se dejaron fuera cuestiones fundamentales para el
desarrollo de la justicia en México”, aseguró.
El
diputado Damián Zepeda Vidales (PAN) aclaró que llevará a discusión del Pleno
su reserva sobre la justicia restaurativa, la cual, explicó, sirve para que la
ciudadanía tenga una verdadera apreciación de la aplicación de la justica y que
no es negociada, situación que sucede en la mayoría de los países con procesos
como este.
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