Templo Mayor de Reforma, 30 de junio
ALGUIEN en Los
Pinos está muy interesado en quedar bien con Televisa, o al menos eso es lo que
se dice en las negociaciones sobre el paquete de las leyes reglamentarias de
telecomunicaciones.
SE
TRATA de Humberto Castillejos, el
consejero jurídico de la Presidencia de la República, a quien PAN y PRD
identifican como el autor del regalo a la televisora para que la determinación
de preponderancia sea por sector y no por servicios.
EL
FUNCIONARIO ha concitado tan malas opiniones que, de plano, los negociadores de
la oposición ya no quieren tratar con él, por lo que el presidente Enrique Peña
Nieto decidió hacer un cambio en la jugada.
ESO
EXPLICA, dicen, que Luis Videgaray haya retomado el control de las
negociaciones, cosa que ya sabe hacer, pues fue él quien tejió la reforma
constitucional.
EN
ESTE MOMENTO la oferta del gobierno es darle copy/paste a lo que dice la
Constitución, de tal forma que sea el IFT el que determine cómo medir la
preponderancia, cosa a la que obviamente se opone el PRD y una parte del PAN
pues dicen que se corre el riesgo de que la reforma ¡no cambie nada!
*
Las
leyes secundarias confrontan a Gobernación y Hacienda/JENARO
VILLAMIL
Revista Proceso # 1975, 28 de junio de 2014
Borradores
hechos en sigilo, propuestas que van y vienen entre los legisladores de
partidos distintos y de un mismo partido, y que modifican lo ya modificado,
filtraciones, espionaje telefónico… Todo se vale en la guerra sucia que han
entablado los que aspiran a retener o apoderarse del gran negocio de las
telecomunicaciones. En el trasfondo, queda claro que hay dos bandos: uno al que
apoya el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y otro que recibe línea desde
la Secretaría de Gobernación. A punto de dictaminarse, discutirse y aprobarse
la ley secundaria, todo indica que va ganando la de siempre: Televisa.
En
absoluto sigilo, el lunes 16 de junio comenzó a circular un nuevo borrador de
la ley de telecomunicaciones, negociado entre los panistas y perredistas que
antes formaron parte del Consejo Rector del Pacto por México, junto con el
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien el presidente Enrique Peña
Nieto designó para “destrabar” esta iniciativa, paralizada en el Senado desde
finales de abril.
La
redacción del artículo 260 sobre el “agente económico preponderante” daba un
giro completo a lo que planteó la iniciativa original del Ejecutivo; era
contraria a la propuesta del panista Javier Lozano y a la versión que el
consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, había negociado con
Miguel Barbosa, coordinador del PRD, y cinco senadores más. Por primera vez el
gobierno federal, a través de Videgaray, admitía regular por servicio y no por
sector, en contra de los intereses del Grupo Televisa.
Dicho
borrador, cuya copia tiene este semanario, señala en ese artículo:
“El
IFT deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión e imponer las medidas
necesarias para evitar que se afecten la competencia y la libre concurrencia y
con ello los usuarios finales, de conformidad con lo previsto en la
Constitución y en la presente ley.”
El
mismo artículo abunda sobre medidas de regulación que afectan los intereses de
Televisa en el mercado de la televisión restringida, donde la compañía de
Emilio Azcárraga Jean tiene más de 50% de los suscriptores y el control de los
contenidos, además de que planea adquirir Cablecom, su quinta filial en este
sector.
“Entre
las medidas que el instituto podrá imponer se encuentran aquellas relacionadas
con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva,
limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en
tarifas e infraestructura de red, incluyendo la desagregación de sus elementos
esenciales, y en su caso, la separación contable, funcional o estructural del
agente respectivo en cada servicio”, se especifica en el documento.
Los
focos rojos se prendieron en la Vicepresidencia Ejecutiva de Televisa, a cargo
de Alfonso de Angoitia, el segundo hombre más poderoso en la empresa después
de Azcárraga Jean y artífice de la expansión del emporio en el sector de
telecomunicaciones a cambio de frenar a Telmex-América Móvil en el mercado del
cuádruple play.
Plan
de negocios
El
servicio de televisión restringida es la segunda fuente de ingresos de Televisa
(22%) después de la señal abierta. Su dominio sobre los contenidos
audiovisuales y las redes de distribución, en alianza con TV Azteca a través de
Iusacell, no sólo le otorga una ventaja competitiva, sino que hace posible que
mantenga y acreciente su influencia en el mercado de la información política y
las campañas electorales.
Televisa
y su socio TV Azteca son las únicas empresas que por ahora pueden dar servicios
convergentes de cuádruple play en México, es decir, video, banda ancha de
internet y telefonía fija y móvil.
Para
el último trimestre de 2013 y con la adquisición de los 915 mil 456
suscriptores de Cablecom, Televisa pasaría de 2.6 a 3.5 millones de clientes en
televisión de cable, por encima ya de Megacable, del empresario Enrique Yamuni,
lo cual representaría más de 50% de los 6.8 millones de suscriptores, según la
información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT). Con Megacable mantiene una incómoda sociedad en el
Grupo Yoo, que da servicios de cuádruple play.
Además,
el Grupo Televisa posee más de 60% de los 7.7 millones de suscriptores de
televisión vía satelital a través de la empresa Sky. Su única competencia en
este terreno es el Grupo Dish, de MVS en sociedad con Telmex y EchoStar.
El
Grupo Televisa no sólo planea expandirse en el territorio nacional, sino
competir directamente con América Móvil, de Carlos Slim, en otros países de
América Latina donde el magnate de Telmex posee empresas de televisión por
cable. La compra de DirecTV por AT&T, exsocio de Telmex, reforzará la
posición de Sky en el continente.
Sin
embargo, la compra de DirecTV, poseedora de 41% de las acciones de Sky, está
pendiente porque el IFT tendrá que analizar las condiciones del mercado y los
niveles de concentración en la televisión de paga para autorizar, rechazar o
condicionar la operación de Televisa.
Este
“plan de negocios” de Televisa es tan ambicioso que está estrechamente
vinculado al sector energético. En febrero de 2013 se creó en el emporio la
Vicepresidencia Corporativa de Telecomunicaciones, y al frente de ella quedó el
exbanquero Adolfo Lagos, quien antes trabajó para Bancomer en los tiempos de
Manuel Espinosa Yglesias, en Serfin con Adrián Sada, y con los españoles de
Banco Santander como director general de Banca Regulatoria.
Como
vicepresidente corporativo de Telecomunicaciones de Televisa, Lagos también
participa en el Consejo de Administración de Mexichem, la compañía privada con
la que Pemex firmó un convenio de coinversión de 518 millones de dólares para
quedarse con la refinería Pajaritos.
De
acuerdo con el comunicado de Televisa ante la BMV, del 21 de febrero de 2013,
la función de Lagos es “supervisar el continuo crecimiento y expansión
estratégica de la división de cable y telecomunicaciones de Televisa, que
comprende a las empresas de cable y a Bestel”.
La
alarma
El
domingo 22, en vísperas del inicio de las discusiones en el Senado sobre la
reforma a la Ley de Telecomunicaciones, el equipo de Videgaray aceptó en un
nuevo encuentro con los negociadores del PRD y del PAN el cambio del concepto
de “sector” por el de “servicio” en los artículos 260 y 262, siempre y cuando
se mantuviera el tema de la “cláusula Cablecom” porque “es un compromiso del
gobierno con Televisa”.
En
la iniciativa original de Peña Nieto, esta cláusula estaba redactada en el
cuerpo del artículo 276 de la siguiente forma: “Tratándose de nuevas
concesiones o concentraciones de agentes económicos dentro de cada uno de los
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el IFT a) Deberá reconsiderar
la existencia o no de un agente preponderante en el sector determinado con
poder sustancial”.
En
la negociación del día 22, el gobierno federal también aceptó ir más allá.
Acordaron abrir la comercialización a los medios de uso social, así como
establecer una reserva de 20% del espectro –de 10% en AM y otro tanto en FM–
para estaciones comunitarias y la posibilidad de que el IFT bajara spots de
televisoras como medidas precautorias, según confirmaron a Proceso tres fuentes
involucradas en las negociaciones.
Estos
avances iban mucho más allá de lo que Miguel Barbosa y los cinco senadores del
PRD habían negociado días antes con otra parte del gobierno federal, encabezada
por el consejero jurídico Humberto Castillejos, y también del “predictamen” que
presentó el panista Javier Lozano.
Dichos
cambios prendieron los focos rojos en las oficinas de Azcárraga Jean, pero
también en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio
Chong, y al margen de las negociaciones con Videgaray. La última versión, cuya
copia tiene Proceso, le otorga al IFT facultades para regular publicidad y
contenidos, salvo en el caso de la administración de los tiempos de Estado y La
Hora Nacional.
La
iniciativa del Ejecutivo federal (artículo 260), el predictamen del panista
Javier Lozano (artículo 254) y la versión de lo negociado por Miguel Barbosa y
el gobierno federal (artículo 254) ignoraban lo establecido en este párrafo del
artículo 8 transitorio de la reforma constitucional y convinieron en que el IFT
deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes por
sector.
El
mismo día que se presentó el documento de los “31 puntos irreductibles” de la
sociedad civil, el senador panista Javier Corral mencionó las diferentes mesas
de negociación que se abrieron con el gobierno federal, fuera del Senado y de
las comisiones dictaminadoras.
El
panista advirtió: “El gobierno federal ha logrado dividirnos a los del PAN y
del PRD. Ha abierto varios flancos de negociación para ver dónde compra más
barato y hacer pasar la segunda temporada de la Ley Televisa”.
El
escándalo de Carpinteyro
Una
de las participantes en la redacción y revisión de los documentos que el PRD
negoció con Videgaray fue la diputada Purificación Carpinteyro, cercana a
Guadalupe Acosta Naranjo y al dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano,
también involucrados en ese proceso.
Los
comentarios de Carpinteyro se observan en algunos artículos del borrador
citado. Por ejemplo, al definir al Operador Móvil Virtual (OMV), la legisladora
federal propuso “eliminar toda referencia tanto a comercializadores como OMV,
dado que lo que les brindará acceso es la condición de concesionario”.
El
OMV se definió como “toda persona que, sin contar con una concesión de espectro
radioeléctrico, proporciona servicios de telecomunicaciones a usuarios finales
mediante el uso de capacidad de una red pública de telecomunicaciones”.
El
martes 24, en la grabación de una llamada telefónica de Purificación
Carpinteyro, filtrada desde un servicio de espionaje a un medio digital y luego
retomada por todos los medios, la diputada federal del PRD habla precisamente
de hacer un negocio con un Operador Móvil Virtual, al estilo de la compañía
Virgin Mobile.
El
escándalo detonó dos días antes que la legisladora se reuniera con comisionados
del IFT que habían aceptado un encuentro con 30 diputados federales del PRD,
PAN, PT, Panal y MC.
Carpinteyro
convocó a los comisionados para que explicaran los alcances de sus atribuciones
en relación con la Ley Secundaria de Telecomunicaciones. Hasta la tarde de ese
martes habían confirmado asistir cuatro de los siete comisionados que integran
el órgano autónomo, aunque entre ellos no estaba su presidente, Gabriel
Contreras Saldívar.
La
perredista no negó la veracidad de las grabaciones, pero rechazó que se tratara
de un conflicto de interés, y afirmó: “Los verdaderos enemigos son los
monopolios, no yo”.
No
obstante, el golpe surtió efecto. El encuentro de los comisionados del IFT con
los diputados se suspendió. En el Senado, tanto la bancada del PAN como la del
PRD defendieron que se regulara la predominancia por “sector” y no por
“servicio”. Una encerrona de dos días de los 22 diputados federales del PRD no
resolvió este ni otros puntos conflictivos de la iniciativa del Ejecutivo.
La
línea de Televisa
El
otro efecto del escándalo de Carpinteyro y de las presiones de Televisa para
que se aceptara el acuerdo con Castillejos –cercano también a la línea de la
Secretaría de Gobernación– para dejar la regulación de predominancia “por
sector”, fue el deslinde del presidente nacional del PAN, Gustavo Madero.
En
un comunicado emitido el jueves 26, Madero cantinflea: “Debe aclararse que la
predominancia se declare cada vez que se presente en alguno de los servicios de
un sector y no sólo cuando se dé en el conjunto de todos los servicios del
sector”.
Y
confiesa: “Debo reconocer que sobre este dilema nunca pudimos alcanzar un
acuerdo con el gobierno federal ni con el PRI y que esto puede poner en riesgo
la eficacia del órgano regulador, al no contar con una norma jurídica que le
permita combatir a los monopolios que se pretenden someter al interés general y
a las condiciones de competencia y apertura económica para dinamizar los
sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, generar inversión, propiciar la
convergencia y beneficiar así a los 120 millones de habitantes de nuestro
país”.
En
entrevista, Javier Corral, quien apoyó a Madero en la contienda interna contra
Ernesto Cordero, no tiene dilema ni duda: “Este comunicado demuestra el poder
de Televisa. Fue la única capaz de juntar a Lozano con Madero. Y el documento
de éste es engañoso: no hay ningún dilema. La Constitución dice que debe ser
regulado por servicios”.
Y
señala: “El único dilema para Madero es si protege o no a Televisa”.
–¿Este
comunicado tendrá consecuencias en la correlación de fuerzas de la bancada del
PAN? –se le plantea.
–Por
supuesto. Ya autorizó, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN,
que un grupo de senadores del PAN le dé mayoría al PRI en este tema.
El
día que se dio a conocer el comunicado de Madero y cuando el presidente del IFT
afirmó que la preponderancia deberá ser regulada por “sector”, el Grupo
Televisa publicó un desplegado de página completa para recriminar la cobertura
periodística del diario Reforma y no dejar dudas sobre su posición:
“Reforma
no informó que la letra misma de la Constitución establece que la
preponderancia es por ‘sector’ (Octavo Transitorio, Fracción III de la
Constitución). La Carta Magna establece que: ‘El concepto de preponderancia
considera a todo un sector, a diferencia de un mercado en particular, idea que
resulta relevante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión toda
vez que se trata de economías de redes, y por el desarrollo de la convergencia
tecnológica y de infraestructuras”, señala el consorcio en el desplegado,
firmado por Alejandro Olmos Cruz como responsable de la publicación.
Televisa
afirmó que los argumentos de una preponderancia “por servicio” “son los mismos
que, el pasado 3 de abril, presentó en el Senado de la República el
representante de MVS-Dish, quien también ha representado los intereses de
Telcel y Telmex”.
La
noche de ese viernes el presidente del IFT, Gabriel Contreras, afirmó que el
organismo regulador “ya determinó que existe un agente preponderante en el
sector de telecomunicaciones y otro en el sector de radiodifusión”.
Al
ser cuestionado si debe ser regulado por “sector” o por “servicio”, Contreras
sentenció: “Nosotros, por esa razón, declaramos la existencia de un agente
económico por sector”.
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