Revista
Proceso # 1967, 12 de julio de 2014
Policía
Federal: discriminación y acoso sexual contra mujeres agentes/GLORIA
LETICIA DÍAZ
Hostigamiento
laboral, castigos gratuitos, reducción salarial, insultos y menosprecio ha
obtenido Griselda Montero por denunciar el ambiente misógino que impera en la
Policía Federal, donde labora. “Si eres una mujer agraciada, como policía
federal es lo peor que te pudo ocurrir. No falta el mando que te pida favores
sexuales”, afirma otra agente. Las denuncias de éstas y otras mujeres de la PF,
sin embargo, no hallan eco en ningún lado, ni siquiera en la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
Instructora
en aplicación de juicios orales y en derechos humanos de la Policía Federal
(PF), Griselda Montero, abogada con maestría en derecho penal, está castigada:
su pago quincenal se redujo a 100 pesos. Pese a sus cinco años en la
corporación y a su expediente limpio, no ha recibido notificación oficial que
justifique el que cada quincena le descuenten 7 mil 488.80 pesos.
La
única explicación, dice, es que se trata de represalias por su respaldo a sus
colegas víctimas de acosos laborales y sexuales, así como por denunciar abusos
de autoridad, discriminación de género y el hostigamiento que ella misma ha
sufrido de sus mandos.
Egresada
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y certificada como agente de seguridad
para líderes nacionales por la embajada de Estados Unidos en México, desde 2010
Montero ha ido con varias de sus compañeras a interponer quejas y denuncias
penales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía
Especializada para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas
(Fevimtra) y la Unidad de Asuntos Internos de la PF.
Montero
ha denunciado los abusos a las mujeres dentro de la institución y ha enterado
de ello al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong; al comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte
Alejandro Rubido García, y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, por medio de cartas que Proceso pudo
consultar.
“Se
trata de una policía profundamente misógina y no se hace nada por cambiar la
situación ni castigar a los responsables; al contrario, quienes nos hemos
atrevido a denunciar somos presionadas para desistirnos y somos víctimas de un
continuo hostigamiento”, asegura en entrevista.
Griselda
Montero y la policía Genoveva Ramírez, víctima de acoso sexual y quien la
acompaña en el encuentro con la reportera, revelan la existencia de un grupo de
mujeres policías –la mayoría de ellas adscritas al Agrupamiento Femenil de la
Coordinación de Restablecimiento del Orden Público (CROP), encabezado por
Epigmenia Esperanza Galicia Carrillo– que dan servicios sexuales a mandos de la
PF.
Ese
grupo es conocido como “casa de muñecas” y acude a fiestas organizadas y
pagadas por los mandos de la PF, incluso hasta en el Centro de Mando (Contel)
en Iztapalapa. “Quienes organizan las fiestas son los mismos mandos, para
quedar bien con sus superiores; Esperanza les da la materia prima: tiene un
grupo de chicas destinadas a dar esos servicios sexuales”, explica Montero.
–¿Qué
es lo que reciben a cambio? –se les pregunta.
–Sólo
salir todos los días temprano para ir a su casa y estar con sus hijos, pero
tienen que dar favores sexuales y no obtienen nada extra, sólo la garantía de
estar rélax –apunta Genoveva Ramírez.
Montero
agrega que conoce el caso de una policía –cuyo nombre se reserva– quien tras
acudir a una convocatoria de la casa de muñecas fue ascendida para compensarla
por el daño sufrido. “Lo que se sabe es que fue violada tumultuariamente y
quedó física y mentalmente muy mal; para que no denunciara le dieron una
jefatura de departamento”.
“Jefa
Cisne”
“El
40% de las mujeres que conforman esta división (el Agrupamiento Femenil) son
casadas o con una relación y con hijos”, se señala como contexto de una
entrevista que el diario Excélsior le hizo a Galicia.
Esperanza
Galicia fue policía capitalina 36 años antes de integrarse a la PF. En 1998 se
le acusó de pertenecer a un trío de jefes del Agrupamiento de Granaderos del
Distrito Federal “formados en la práctica del entre y la corrupción”, según
denuncias presentadas ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Los
otros dos señalados son Juan Pérez Pastrana y Francisco Cue Sarquís; los tres
formaban parte del equipo de quien fue secretario de Seguridad Pública en el
gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, Rodolfo Debernardi, según una información
publicada en La Jornada el 1 de junio de 1998.
La
nota agregaba que la queja contra quien entonces se hacía llamar “generala” y
era jefa del Agrupamiento de Granaderos de la delegación Venustiano Carranza,
consistía en que destinaba “patrullas fijas durante cinco horas a negocios
particulares de los mercados de La Merced, Sonora y Jamaica” a cambio de una
cuota.
Cuenta
Genoveva Ramírez: “Si eres una mujer agraciada físicamente, como policía
federal es lo peor que te pudo ocurrir, pues no falta mando que se te acerque y
te pida favores sexuales; si dices que no, te mandan al peor lugar y te traen
al pedo”.
Ramírez
interpuso denuncias por acoso sexual ante la CNDH, la Fevimtra y Asuntos
Internos de la PF contra el director de Seguridad y Protección, uno de los
exescoltas de Genaro García Luna, Dither Federico Martínez Godoy, por hechos
ocurridos en marzo de 2013.
La
mujer, alta, delgada y atractiva, se queja también del director general de
Seguridad Física, Javier Santos Plata Herrera, por proteger al agresor y tratar
de intimidarla cuando denunció los abusos ante el coordinador de Reacción y
Alerta Inmediata, José Luis Enrique Cobián López.
En
julio de 2013, Ramírez –exguardaespaldas de los nietos de Elba Esther Gordillo–
fue removida de la dirección a cargo de Plata como la culminación de un proceso
de hostigamiento por resistir el acoso sexual.
En
la narración de hechos presentada a la CNDH sostiene que cuando denunciaba ante
Cobián López lo ocurrido, Plata se acercó al acompañante de la agente y le
dijo: “Más vale que aplaques a tu noviecita; no va a ganar nada, y si sigue
como va, le va a pesar. Tú sabes cómo son las cosas aquí y no le va a ir nada
bien”.
Ramírez
fue transferida al CROP y actualmente está comisionada en Michoacán, donde vive
en condiciones inhumanas: la alojaron con otras siete mujeres en la caballeriza
de un rancho asegurado en Nueva Italia y sufre constantes enfermedades
estomacales por la comida en mal estado que le proporcionan. A cuenta de
hospedaje y alimentación la PF le descuenta 13 mil 200 de los 22 mil pesos
mensuales de sus viáticos.
Quejas
al aire
Griselda
Montero ha acudido con por lo menos 15 compañeras a presentar quejas ante
distintas instancias, y sabe de otras y otros de sus colegas que lo han hecho
individualmente. “Pero no pasa nada”, lamenta.
El
pasado 16 de junio, Proceso solicitó a la CNDH una relación de quejas presentadas
por personal de la PF contra sus mandos, de 2006 a la fecha. Hasta ahora no ha
habido respuesta del organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva.
En
diciembre de 2012, una vez que Peña Nieto llegó a la Presidencia, Montero
denunció en un texto dirigido al presidente la situación de discriminación que
viven las mujeres policías, unas 7 mil 800 de los 38 mil agentes de la
corporación.
Once
meses después envió otra comunicación, a través de la Dirección General de
Atención Ciudadana de la Presidencia, para solicitarle a Peña Nieto una
audiencia con el fin de “exponerle los demás casos de mujeres integrantes de la
Policía Federal las cuales hemos sido víctimas de violación a nuestros derechos
fundamentales, hostigamiento laboral, acoso sexual, abuso de autoridad,
discriminación entre otros”, así como de las denuncias presentadas en diversas
instancias, “sin que hasta el momento haya obtenido respuesta alguna”.
Tras
recordar su anterior comunicación pidiendo la intervención presidencial,
Montero acusa en el texto de noviembre de 2013: “Derivado de esa solicitud, se
me ha iniciado una investigación en la Policía Federal (…) para tratar de
conocer todos y cada uno de mis antecedentes, incluso tuve una entrevista con
el inspector general maestro David Ávalos Becerra, secretario particular del
titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, comisario
general Salvador Camacho Aguirre, en la cual se me preguntó por qué había
solicitado su apoyo, entre otros muchos puntos que se abordaron en esa reunión
que, lejos de brindar un apoyo, fue con la intención de intimidar por las
acciones emprendidas”.
Meses
antes de enviar la carta a la oficina presidencial, Montero sufría el rigor del
castigo por su atrevimiento. En julio de 2013, por órdenes de Plata Herrera, se
le relevó del equipo de custodia del secretario de Educación Emilio Chuayffet y
se le transfirió a la Primera Unidad de Reacción Inmediata, que forma parte de
la Dirección General de Reacción a la Operación.
En
una carta enviada al secretario de Gobernación el 8 de abril de 2014, Montero
narra algunos episodios de humillación en su contra por parte de Martínez
Godoy, Plata Herrera y el director de la Primera Unidad de Reacción Inmediata,
Rommel Dawe Santillanes.
Algunas
de las palabras que, asegura Montero, le expresaron los mandos y que reprodujo
en la carta son: “Pinche chamaquita, nomás porque dizque fuiste a la escuela
crees saber algo (…) tú no me eres útil, si tanto quieres estudiar tu pinche
maestría pues date de baja”, le dijo Martínez.
“En
cuanto te llame corres, no caminas, y te plantas frente a mí rindiéndome
honores correspondientes”, afirma que le gritó Plata Herrera luego de ordenar
arrestarla por no llevar puesta su gorra, aunque ella estaba de vacaciones;
cuando ella reclamó, el director de Seguridad Física la interrumpió: “Yo aquí
soy la ley (…) ¿quién te da derecho a opinar? No te das cuenta de que no eres
nadie aquí, de que nunca lograrás nada”.
En
diciembre de 2013 Dawe le negó una licencia ordinaria a la que tienen derecho
los policías federales, la cual Montero pidió para finiquitar los trámites de
su titulación como maestra en derecho penal. En respuesta a la petición, la
incorporó al Operativo Sureste.
Montero
no cejó en mantener vivas sus denuncias ante el comisario general Galindo
Ceballos, quien comisionó a la encargada nacional del Programa de Equidad de
Género de la PF, Liliana González Canales, para que la atendiera. “Liliana me
dijo que me aguantara tantito. Me molesté y le recordé cuál era su condición:
es concubina de Galindo, tienen un hijo y en diciembre de 2012 interpuso una
demanda en su contra por pensión alimenticia”.
En
el texto enviado a Osorio Chong, Montero denuncia que el 12 de diciembre de
2013 acudió a la oficina del responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la
PF, Edgardo Flores Campbell, con un grupo de compañeras víctimas de acoso
sexual y laboral.
Tras
exponer sus quejas, el funcionario les respondió “que no le gustaban los
chismes, que si lo que hacíamos (denunciar) era para tratar de quitar a un
mando, no lo iba a permitir”.
Un
día después de ese encuentro Montero fue transferida a la Coordinación del
Sistema de Desarrollo Policial y desde entonces recibe 100 pesos a la quincena.
En el periodo de pago del 16 al 30 de junio de 2014 se le depositaron sólo
cinco pesos. “Me descontaron el día que acudí a Proceso a denunciar”, apunta.
Montero
reemprendió su camino de denuncias hasta acercarse al comisionado Rubido, quien
la canalizó con su asistente Roselia Salgado Martínez. A las quejas por los
tratos humillantes hacia sus compañeras, Montero sumó el reclamo por los
descuentos a su salario. “Después de insistir, Roselia terminó contestándome
que ya no la molestara”, apunta.
Sostiene
que el comisario general de Fuerzas Federales, Salvador Camacho Aguirre, “ha
dicho que las mujeres no servimos para la policía, que no sabe qué hacemos ahí,
y nos ha puesto a marchar durante horas como prácticas de desfiles, a manera de
castigo”.
Lesionada
de la columna como secuela de portar una armadura inapropiada para mujeres
durante una persecución en Ciudad Juárez en 2010, Montero muestra un oficio que
pone en evidencia que en agosto de 2011, siendo coordinador de Reacción y
Alerta Inmediata, Camacho ordenó “concentrar al 100% del personal femenino para
las prácticas del desfile” del 16 de septiembre.
Recalca
que las expresiones de los altos mandos para las mujeres son “puta o lesbiana,
de ahí no nos bajan, nos tratan como lo peor de la policía”.
Paradójicamente,
agrega, Galindo Ceballos se sumó a la campaña contra la violencia y todo tipo
de discriminación hacia las mujeres, impulsada por la ONU, y que cada 25 de
noviembre se recuerda en el mundo.
Ante
la ONU
El
jueves 10, Montero acudió a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) a la conferencia de la relatora especial para la violencia contra
la mujer de la ONU, Rashida Manjoo. No desaprovechó el micrófono para denunciar
los abusos de género de Galindo Ceballos.
Esa
misma tarde recibió una llamada de la oficina de Rubido. Una mujer que se
identificó como “doctora Nora” le reprochó su exposición en la SCJN. “Me dijo
que cómo era posible que me expresara así sin haber acudido antes a la
institución, que el comisionado estaba sorprendido de los hechos; yo le recordé
que él comisionó a Roselia Salgado para atenderme y que no había recibido
respuesta”, apunta Montero en entrevista telefónica el viernes 11.
Compañeras
suyas, agrega, se comunicaron para informarle que la encargada de equidad de
género, Liliana González, les envió correos electrónicos para pedirles que
“hablen bien de ella, que le agradezcan el trabajo a favor de la mujer policía,
para contrarrestar la denuncia que hice”.
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