En
México, la letalidad desproporcionada de sus fuerzas armadas genera
preocupación
Por
AZAM AHMED y ERIC SCHMITT
The New York Times, 26 mayo 2016
CIUDAD
DE MÉXICO — En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un
combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo.
Pero
en México es al revés.
Según
las cifras del gobierno, las fuerzas armadas mexicanas matan con una eficiencia
abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad.
Las
autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los
miembros de los carteles con los que se enfrentan. Pero los expertos que
estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las fuerzas armadas mexicanas
no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.
Paul
Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del
estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que “hay
ejecuciones sumarias”.
Un
estudio sobre las guerras desde finales de los años setenta del Comité
Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de
combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro
heridos. A veces, incluso más.
De
las 4000 denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la
República (PGR) desde 2006, solo 15 han terminado con una condena.
Juan
E. Méndez, relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas, dijo que “la
tortura no solo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad. Si el
gobierno sabe que es frecuente y no se presentan cargos o aquellos que llegan a
juicio no van a ningún sitio, la culpa es del Estado”.
Las
fuerzas armadas mexicanas no respondieron a las solicitudes de entrevista. El
general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, ha exculpado a la
institución al decir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y
que, además, está ganando la batalla.
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Una
bodega en Tlatlaya, a las afueras de Ciudad de México, donde el ejército mató a
22 personas durante una confrontación en junio de 2014. La Comisión de Derechos
Humanos de México determinó que por lo menos 15 de ellos habían sido ejecutados
y que los soldados habían alterado la escena para dar la impresión que hubo un
enfrentamiento. Credit Rebecca Blackwell/Associated Press
“Estamos
en las calles porque la sociedad nos los pide”, dijo Cienfuegos al diario
Milenio este mes.
El
Ejército ha matado a alrededor de 3000 personas entre 2007 y 2012. En ese
periodo han muerto 158 soldados. Hay quienes creen que esa cifra de muertos es
puro pragmatismo. En México, donde menos del dos por ciento de los homicidios
terminan en condena, las fuerzas armadas matan a sus enemigos porque no se
puede confiar en el sistema judicial.
El
gobierno ha recibido oleadas de presión por este tema. En marzo, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento de México
en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; la
CIDH se sumó así al informe previo de Naciones Unidas que decía que la tortura
se practica de manera generalizada.
Hace
varias semanas, se hizo pública una grabación —que se volvió viral— en la que
un soldado golpea a una mujer mientras un agente de la policía le pone una
bolsa en la cabeza para asfixiarla. Hubo una petición de disculpas públicas por
parte de las fuerzas armadas, algo nunca antes visto.
Incluso
en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el papel del Ejército y la
protección con la que cuenta ha sido objeto de controversia y polarización.
Según el informe de la comisión de expertos extranjeros que investigó el caso,
la noche de la desaparición hubo soldados presentes. Sin embargo, el Ejército
no aceptó entrevistarse con los expertos y el gobierno no se lo exigió.
El
gobierno dice que se toma en serio los derechos humanos y aprueba leyes para
contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a
los soldados en tribunales civiles. Afirma que hay una política de derechos
humanos nueva en el Ejército y señala que durante la administración del
presidente actual, las quejas contra el Ejército han disminuido de manera importante.
“Cada
informe sobre violaciones de los derechos humanos es inquietante”, dijo el
gobierno. “Pero esos casos aislados no reflejan el estado general de los
derechos humanos en el país”.
Aunque
las denuncias por tortura contra las fuerzas armadas han caído desde 2011
—fecha en la que se redujo de manera importante el despliegue de tropas en el
país— la letalidad de los encuentros no ha disminuido según los datos hechos
públicos a principios de 2014.
La
relación singular entre el Ejército y el gobierno se remonta a más de 70 años,
cuando el país salió de una guerra civil. Para mantener la estabilidad, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a un acuerdo con las fuerzas
armadas: a cambio de una autonomía casi total, el Ejército no intervendría en
política.
A
diferencia de la mayoría de países de América Latina, en México nunca ha habido
un golpe de Estado. Y aunque el gobierno a menudo no ha sido generoso con el
presupuesto dedicado a la defensa, siempre ha protegido al Ejército del escrutinio
externo.
Y
esa protección se ha mostrado de vital importancia desde 2006, cuando el
Ejército salió a las calles para combatir a los carteles y como consecuencia
aumentó la violencia. A medida que las denuncias alcanzaban cifras récord, el
gobierno optó por no hacer nada por limitar al Ejército en su competencia.
Y
desde hace dos años, las fuerzas armadas dejaron de publicar las cifras de
muertos. Sin esos datos, según los expertos, es muy difícil saber el nivel de
violencia real que ha alcanzado la guerra contra el crimen organizado.
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Personal
de la Marina en una casa en las afueras de Acapulco, donde cuatro hombres
recibieron disparos en mayo. La Marina mexicana mata a aproximadamente 30
presuntos delincuentes por cada uno que hiere. Credit Enric Martí/Associated
Press
Algunos
episodios llegan a los tribunales, como un enfrentamiento en Tlatlaya, cerca de
Ciudad de México, donde el ejército mató a 22 personas en junio de 2014. El
Ejército hizo alarde de que durante el combate solo resultó herido un soldado.
El
caso se convirtió en un escándalo de inmediato. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos determinó que por lo menos 15 de las víctimas fueron
ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena para que pareciera que
hubo un combate.
Incluso
así, los tres soldados a los que se acusó por su responsabilidad en los hechos
fueron absueltos por la justicia la semana pasada. El único soldado condenado,
por desobediencia, ya cumplió su sentencia.
La
impunidad existe pese al incremento de los vínculos con el Ejército de Estados
Unidos a través de ejercicios, entrenamiento y ventas de material que tienen
como objetivo incrementar la profesionalidad y, por extensión, el respeto de
las fuerzas armadas mexicanas a los derechos humanos.
Hace
dos años, Estados Unidos aceptó vender helicópteros black hawk a México en un
acuerdo que podría valorarse en más de mil millones a lo largo de 25 años, que
también acercará al Ejército mexicano a los estándares de Estados Unidos.
“No
solo les vendimos los helicópteros”, dijo Todd M. Rosenblum, quien fuera un
alto funcionario en políticas sobre México para el Pentágono. “Les vendimos 15
años de colaboración estrecha que no hubiéramos podido tener de otra manera”.
La
cercanía ha hecho poco para suavizar las críticas en el congreso
estadounidense.
“Ni
todo el entrenamiento de mundo funcionará si no hay personas al mando que crean
en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo el
senador demócrata de Vermont, Patrick J. Leahy.
Para
mayor preocupación del gobierno de México, algunos casos de abuso han logrado
llegar a las instituciones internacionales.
El
29 de diciembre de 2009, tres personas desaparecieron en el estado de Chihuahua
y nunca se volvió a saber de ellas. Tras buscar un recurso legal a nivel
estatal, federal y militar, los familiares llevaron el caso a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en 2011.
Cinco
años después, la comisión entregó su reporte confidencial, según dos personas
que conocen el caso. Si la comisión halla responsable al Ejército de las
desapariciones, como se espera, la resolución podría ser vinculante.
También
existe otro caso ante la Corte Penal Internacional: un grupo sin fines de lucro
en Baja California recolectó más de 90 ejemplos de lo que considera tortura
realizada por el Ejército mexicano desde 2006 a 2013. La corte aún no ha
respondido a la solicitud.
El
expediente incluye el caso de Ramiro López, quien fue arrestado con otras tres
personas y torturado por el Ejército en junio de 2009. Los hombres casi fueron
asfixiados con bolsas de plástico y recibieron toques eléctricos en los
genitales antes de ser presentados como secuestradores y de que fueran
sentenciados por ello.
Pero
en 2015, tras una investigación poco común de Naciones Unidas, se resolvió que
los hombres no eran culpables. El gobierno los absolvió pero no buscó a los
responsables de dicha confesión forzada.
“Ellos
no deberían intentar justificar su trabajo con confesiones obtenidas bajo
tortura”, dijo Mayra, hermana de Ramiro López. “Pero tampoco parece que esto
vaya a cambiar pronto”.
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