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Palabas de Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

Inauguración del Foro Internacional: Equidad para las víctimas en el debido proceso
Hotel Camino Real, a 19 de julio de 2016..
Palabas de Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Muy buenas tardes.
Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto.
Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Ministra Margarita Luna Ramos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
 Distinguidas y distinguidos integrantes del Gabinete del Gobierno de la República; amigas legisladoras y legisladores; amigas y amigos todos aquí presentes.
 Agradezco la invitación que nuestra amiga Isabel Miranda de Wallace nos ha hecho para participar el día de hoy en éste tan significativo foro internacional.
 Si bien, la historia reciente de la justicia en nuestro país se corresponde con la inequidad, la falta de certeza y la desigualdad, en donde sólo aquellos quienes tienen poder o dinero pueden estar en libertad, hoy empezamos a dejar atrás este escenario y nos encontramos en una nueva fase de desarrollo institucional en nuestro país.

 Hasta hace algunos años, una de nuestras principales preocupaciones era cómo garantizar justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos; cómo desterrar la impunidad y cómo reparar, aunque fuere parcial y simbólicamente, el daño que les había sido infringido por acción o por omisión, ya sea por particulares o por el propio Estado.
 Desafortunadamente a esa preocupación, debemos añadir hoy el problema que nos plantea que algunas personas responsables de la comisión de conductas delictivas, frecuentemente se vean favorecidas por la mala operación de nuestro sistema de justicia.
 Con la publicación de la Ley General de Víctimas, el 8 de enero de 2013, y su posterior reforma del 3 de mayo del mismo año, el Estado mexicano construyó un entramado jurídico e institucional para garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos que, hasta entonces no habían sido debidamente ni reconocidos ni mucho menos protegidos.
 Esta transformación no puede entenderse, ni explicarse, sin tener presente los complicados escenarios de inseguridad y violencia que ha enfrentado nuestro país desde hace algunos años, mismos que derivaron no sólo en la victimización de numerosas personas, sino también y, principalmente, en el surgimiento de una lucha legítima de la sociedad civil por la conquista y la apropiación efectiva de sus derechos, a quienes reconocemos todo el mérito que tiene en esta labor.
En este contexto, la Ley General de Víctimas constituyó el reconocimiento del Estado a la necesidad de atender las graves consecuencias que la violencia tiene en la población, mediante la generación de mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y atención, así como de acceso a la justicia a la verdad y a la reparación integral.
Este marco jurídico y el andamiaje institucional que se puso en marcha, significaron un gran paso adelante y una postura profundamente innovadora, no sólo en el contexto mexicano, sino a nivel internacional, pues buscaba poner en el centro, precisamente, los derechos de todas las víctimas directas e indirectas.
Nadie puede negar que esta ley y la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas constituyeron, en la letra, un significativo avance en la medida en que significaron la creación de una política de Estado en la materia y porque fueron decisiones que contribuyeron a la creación de un derecho victimal que debía ser impulsado y consolidado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se creó como resultado de la misma.
Ahora bien, como ocurre con toda norma, la ley y las instituciones creadas, a partir de ella, siempre son perfectibles y sujetas a revisión y diagnóstico.
Así, a tres años de su entrada en vigor, es necesario realizar ajustes o profundas reformas, como sugiere la Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, entre otros, aparte de los que contiene seguramente la propuesta que el día de hoy se nos ha entregado, entre otros ajustes o revisiones tienen que hacerse aquellos que permitan agilizar la operación de la Comisión Ejecutiva y sus áreas sustantivas, para que cumpla, de manera más eficiente, con los procesos de atención y reparación, incluyendo la operación de sus propios recursos.
El reto sigue siendo replantear la relación del Estado con las víctimas, mediante una institución más ágil, más cercana y más efectiva, la cual les permita una apropiación eficaz de sus derechos y la recuperación de sus proyectos de vida. Condiciones imperativas para alcanzar un Estado de derecho y paz social.
Aprobada la Reforma Constitucional al Artículo 73, en Materia de Atención a Víctimas, el Congreso de la Unión deberá revisar el marco legislativo para corregir algunas de las cosas que no han funcionado como deberían, tales, entre otras, como el número de integrantes y el carácter colegiado del órgano de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por ejemplo.
 Además, la misma comisión tiene la facultad de atender y reparar a las personas víctimas de delitos del fuero federal, y de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades federales.
 Sin embargo, la mayoría de delitos que se cometen en territorio nacional corresponden al fuero local.
 La Ley General de Víctimas que se publicó el 9 de enero de 2013, mandató a los congresos locales para que en un plazo de 180 días armonizaran sus respectivos ordenamientos conforme a la ley; lo cual, incluía el establecimiento, también, de comisiones de atención a víctimas a nivel estatal.
 No obstante, a febrero de (inaudible), tan sólo 11 comisiones locales se encuentran funcionando, y únicamente seis de esas 11 cumplen con lo establecido en la ley.
 En este sentido, debido a ese déficit institucional, un importante universo de víctimas de delito de alto impacto no tiene acceso efectivo a los derechos que marca la ley general.
 Por ello, es imperativo y urgente que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito tenga intervención en la atención, y en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero local, para esto debieran establecerse claramente los supuestos en los cuales, la comisión ejecutiva podría atraer y conocer de un asunto.
 Por otro lado, la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, de 2008, estableció en el Artículo 20 Constitucional, en el Apartado A, como uno de sus principios generales, la obligación de reparar el daño a la víctima; y el Apartado B reconoció, de dicho Artículo 20, un conjunto de derechos de las víctimas u ofendidos como no se había hecho antes en nuestro país, en ningún ordenamiento constitucional.
 Por ello, hay que estar, como aquí se ha sugerido y planteado muy bien, pendientes de la implementación de este nuevo sistema penal acusatorio.
 Revisar, entre otros, el marco jurídico que lo rige de manera específica, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y viendo que forman, en la convicción plena de que forman parte de un todo único, debemos estar pendientes de la implementación del sistema integral de justicia para adolescentes, del sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
 Y poner mucha atención a lo que significa la implementación de la ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como también la implementación de la ley nacional de ejecución penal y la política nacional penitenciaria, que hace poco se aprobó.
 En este sentido es imperativo para todas y todos nosotros, y especialmente para quienes tenemos una función legislativa, estar pendientes de todo aquello que vaya en la práctica poniéndose como evidente que se requiere de revisión para que podamos armonizar y darle un cuerpo en los hechos de todo lo que se requiere, incluidos temas que están pendientes, como la discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas de despenalización del uso de la marihuana, de la regulación del uso de la fuerza y de la desmilitarización o profesionalización de las labores de seguridad pública.
 Agradeciendo de nueva cuenta y deseando que al igual que en años anteriores estas deliberaciones sean exitosas y contribuyan a seguir clarificando los grandes retos y las alternativas que seguiremos enfrentando en el corto y mediano plazo en materia de justicia, especialmente en lo que se refiere a la atención a las víctimas del delito, nos comprometemos, me comprometo en lo personal, como legislador, como diputado, a que en la Cámara correspondiente revisemos con toda responsabilidad la propuesta que el día de hoy nos ha entregado nuestra amiga Isabel Miranda de Wallace.
 Por su atención, muchas gracias.

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